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lunes, 8 de enero de 2018

NYTimes: Lo que hay que tener

La noticia pasó de largo en los medios de comunicación y agencias de noticias de la Argentina y el resto de América Latina. Apenas un par de cables, del 22 de diciembre, informaron que un ex ejecutivo de la multinacional alemana Siemens se declaró “no culpable” ante una Corte Federal en Nueva York de lavar dinero para pagar coimas en la Argentina y, por tanto, afrontará un juicio oral en Estados Unidos en julio de este año.



Dicho de otro modo, la justicia de Estados Unidos detuvo y juzgará a un alemán por presuntos delitos cometidos en la Argentina, donde esos crímenes siguen impunes desde hace ya veinte años. O: la justicia de Estados Unidos juzgará lo que la de la Argentina no pudo o no quiso juzgar durante las últimas dos décadas. Y eso nos lleva a algo más profundo que el “caso Siemens”, algo más sistémico y generalizado que solo un caso en la Argentina.

¿Cuál es el remedio para ese flagelo permanente? No hay una receta universal. Pero Lava Jato aporta algunos indicios que pueden llenar el vacío y ser imitados en toda América Latina: mejores herramientas legales y más presupuesto, sí, pero también contar con instituciones que seleccionen, promuevan y protejan a jueces y fiscales que tengan, como decía Tom Wolfe, “lo que hay que tener”.

pd. el resto de la columna publicada hoy en el NYTimes, acá.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Paradise Papers - ¿por qué publicamos?

¿Operar en los paraísos fiscales o ser el dueño de una sociedad offshore es delito? No. Recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Pero si el "beneficiario final" de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Entonces, ¿por qué publicamos los nombres de ciertas personas y empresas?


Aquí van algunos criterios que sustentan nuestra decisión de publicar:

1. Porque el sujeto investigado (sea funcionario o trabaje en el sector privado) se trata de una persona políticamente expuesta (PEP)

2. Porque hay un claro interés público. ¿Acaso no merecen los lectores saber que un empresario, ahora, o un funcionario (en su anterior etapa laboral en el mundo privado) movió decenas de millones de dólares (de dudosa legalidad) por algunos de los paraísos fiscales más oscuros del planeta?

3. Porque el caso en sí es noticiable. ¿Un paralelo posible? El ministro español Juan Manuel Soria renunció el año pasado cuando se publicó que había operado una sociedad en un paraíso fiscal y sus explicaciones no eran contundentes.

4. Porque podemos estar ante un caso de incompatibilidad o, en el caso de un funcionario, de una potencial violación de la Ley de Ética Pública.

5. Porque la información registra una clara cercanía con el lector.

6. Porque puede tratarse, en efecto, de un acto ilícito. ¿Esa persona o empresa declaró ante la AFIP los fondos que operó en un paraíso fiscal?

7. Porque el contexto político internacional avanza contra los paraísos fiscales. El grupo de las 20 naciones más poderosas del planeta (el G-20) impulsa una campaña desde hace años en contra de la operatoria secreta que impera en esos territorios (ver, entre otros, estos artículos sobre las últimas reuniones del G-20 en 2016: http://www.elmundo.es/internacional/2016/09/05/57cd8cddca4741580f8b46b6.html y http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/16/57116f5ee5fdeac5298b4575.html). Y vale recordar aquí que la Argentina asumirá la presidencia del G-20 en apenas 26 días, el 1° de diciembre.

8. Porque, en efecto, en ciertos casos, sí evadieron.

9. En el caso de empresas y/o empresarios (sean argentinos o de otros países), se suman otros argumentos posibles:
- porque, en ciertos casos, sí evaden o evadieron o no declararon toda la operatoria ante las autoridades locales de sus respectivos países.
- porque mantienen vínculos diversos con el Estado (son contratistas públicos, operan concesiones)
- porque mantienen vínculos con la clase política (son donantes de campaña, etc)
- porque son o han sido investigados por la Justicia local o de otros países y distintos organismos públicos (por ejemplo, por presunto lavado)


BONUS TRACK: la legalidad de las operaciones offshore de una persona o empresa es apenas una de las muchas preguntas sobre las que basamos la investigación. Muchas aristas del mundo offshore son “legales” pero eso no quiere decir que no escondan historias  tremendas de hipocresía, conflicto de interés, falta de transparencia y más. En los “Panamá Papers”, por ejemplo, la sociedad offshore del ex primer ministro islandés no era necesariamente ilegal pero le costó el puesto por lo que significaba en el contexto de su país tener una firma offshore asociada con inversiones en los bancos que casi tiraron abajo la economía mundial. Ahora, en los “Paradise Papers”, hemos detectado empresas offshore del secretario de comercio de Trump que tampoco son ilegales, pero el hecho de que el este lucrando de una relación comercial con el círculo íntimo de Vladimir Putin y que apenas haya declarado la empresa en un footnote constituye una gran historia en el contexto político actual de Estados Unidos. Después de los “Panamá Papers”, el presidente Barack Obama dijo que la mayoría de las estructuras son legales, sí, y ese, precisamente, es el problema...

viernes, 12 de mayo de 2017

Lava Jato en la Argentina - algunas respuestas para algunas preguntas (y mucha opereta)

Una vez más, personas que no saben, no quieren saber, no leen, ni quieren leer, opinan sobre mi trabajo. Esta vez, sobre el capítulo argentino del "Lava Jato":



Van, pues, algunas aclaraciones:

1. Leonardo Meirelles es apenas UNO de los muchos “cueveros” –“doleiros” en Brasil– que trabajaron para Odebrecht u otras empresas brasileñas para pagar las coimas dentro y fuera de Brasil. Ya fuera transfiriendo a cuentas en paraísos fiscales o transportando el dinero como “valijeros”

2. ¿Es Meirelles el único que sabe sobre las coimas que se pagaron en la Argentina? No. Hay muchos más. Entre ellos, Marcio Farías e Hilberto Mascarenhas, por el pago de coimas a funcionarios argentinos para obtener “ventajas indebidas” en los proyectos de redes troncales de gas. Escribí sobre ellos acá.

3. ¿Por qué Meirelles sólo habló sobre Arribas? Las razones pueden ser varias. Entre otras, que Odebrecht (u otra empresa brasileña) lo haya convocado para esa operación, pero no para otra otras, que encargó a otros “doleiros” (como, por ejemplo, Mascarenhas, el del punto 2).

4. ¿Lava Jato sólo se acota a Odebrecht? No. Y ya han surgido indicios sobre el pago de coimas de Cristóbal López para quedarse con activos de Petrobras (sobre lo que publiqué, por ejemplo, acá); y de las coimas pagadas a De Vido y Roberto Dromi para que Electroingeniería se quedara con Transener (sobre lo que publiqué, por ejemplo, acá).

5. ¿Eso es todo? No. Hay mucho más. Por ejemplo, sobre las coimas que cobró, en cuotas, Manuel Vázquez, quien se autocalificó como “testaferro” del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Y a eso aludí acá.

6. Pero entonces, ¿eso sí es todo? No, ni mucho menos. Porque también surgieron indicios sobre las coimas pagadas a dos argentinos a los que dentro de Odebrecht sólo identificaron por los apodos “Festanca” (“fiestero” o “festivo”) y “Duvidoso” (“dudoso” o “dubitativo”). Ver, por ejemplo, acá.

7. Dicho todo esto (y no escribí todo por falta de tiempo), ¿sabremos alguna vez toda la verdad sobre los US$ 35 millones en coimas que Odebrecht reconoció en Brasil y en Estados Unidos que pagó en la Argentina? PROBABLEMENTE NO.

8. ¿Por qué es probable que nunca sepamos sobre esas coimas? Porque la legislación argentina complica más que facilita saberlo, porque muchos jueces y fiscales NO quieren investigar, porque la clase política no quiere replicar el terremoto que viven los políticos brasileños, porque los empresarios argentinos hacen lobby para boicotear investigaciones y reformas legales, y porque muchos periodistas tampoco quieren saber.

Ante cualquier nueva duda, ampliaré el post.

Salutes y hasta la próxima,

hugo

pd: y no olvidar dos factores sustanciales (y sustanciosos): aportes de campañas + sobres... 

jueves, 25 de febrero de 2016

Hotesur: Rafecas quiere abrirse

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente ayer para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles de la familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini.

Rafecas decidió quedarse, sin embargo, con otros tres tramos del expediente. El primero, centrado en el controvertido acuerdo comercial que el hotel Alto Calafate mantiene con Aerolíneas Argentinas; el segundo, los supuestos delitos cometidos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) para obviar las inconsistencias de la sociedad Hotesur, y por último, las supuestas falencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta.


Ercolini debe analizar ahora si acepta el planteo de Rafecas y se queda con el tramo de la causa Hotesur, que llega hasta Lázaro Báez, Cristóbal López y el fallecido Juan Carlos Relats, entre otros, o si, por el contrario, rechaza la decisión de su colega. En ese caso, será la Cámara Federal porteña la que definirá quién asumirá la instrucción.

La decisión de Rafecas de declararse incompetente para investigar la licitud de esa operatoria llegó en un momento sensible de la pesquisa. Ocurrió después de que el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió que ordenara un peritaje contable sobre toda la actividad sospechada. Y en momentos en que la Sala I de la Cámara de Casación Penal -integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana Figueroa-, la máxima instancia penal del país, se apresta a resolver tres incidentes simultáneos de competencia.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

domingo, 21 de febrero de 2016

Scioli - la Justicia analiza anular su sobreseimiento

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata analizará si anula el sobreseimiento exprés del ex gobernador y ex candidato a presidente Daniel Scioli, en la polémica causa que afrontó por presunto enriquecimiento ilícito.

Esa pesquisa incluye múltiples posibles anormalidades. No se ordenó un peritaje contable, pero tampoco una valuación de los bienes de Scioli, ni se convocó a su pareja, Karina Rabolini, ni a su hija, Lorena, ni se analizó a su entorno directo o la verdad material de sus declaraciones juradas, entre otras prácticas habituales en investigaciones de delitos económicos, según cotejó LA NACION, que accedió al expediente tras una búsqueda de seis meses.


Resguardado con celo por el juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, que lo mantenía en la caja fuerte de su despacho, el expediente 16.230/15 llegó a la Cámara tras la presentación de un abogado particular, Marcelo Peña, quien pidió acceder a la investigación y también la nulidad del sobreseimiento -dispuesto entre las primarias de agosto y la primera vuelta electoral de octubre-, por considerar que no se había completado una verdadera investigación.

El juez Raele rechazó la petición del letrado, tras considerar que carecía de legitimidad para siquiera presentarse en el expediente, pero Peña apeló ante la Cámara. Recayó en la Sala IV, donde ya hubo un primer movimiento: uno de los camaristas, Carlos Ocampo, se excusó de intervenir por ser el suegro de Raele.

El expediente, sin embargo, salió de la esfera controlada por el magistrado de primera instancia, y ahora se encuentra en manos de los camaristas, que afrontarán una disyuntiva.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

martes, 26 de enero de 2016

Entrevista a Juan Belikow - narcoEstado y narcoinstituciones

El especialista en crimen y narcotráfico, Juan Belikow, afirma que "hoy el crimen regula a la Policía". Y enfatiza que "en la Argentina tenemos un abandono de las políticas públicas de seguridad de más de 40 años".




pd: el link a la entrevista completa del ciclo Conversaciones, acá.

lunes, 25 de enero de 2016

Casa de Moneda: ganancias supuestas; rojo real

Lejos de las grandes declaraciones, la Casa de Moneda está fundida. Registra un patrimonio neto negativo que supera los $ 320 millones y arrastra un rojo impagable con fondos propios. En total, la gestión de Katya Daura, la lugarteniente de Amado Boudou que se marchó el 10 de diciembre, acumuló deudas por más de $ 1300 millones, según documentos contables oficiales a los que accedió LA NACION.

Los números oficiales de Casa de Moneda contrastan con el panorama que Daura informó durante años, incluso a la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien elogió su gestión por cadena nacional y llegó a celebrar que el organismo mostrara, remarcó, un "crecimiento muy importante" en sus ganancias.


Ahora se sabe, sin embargo, que eso no es verdad. El primer año de Daura al frente de la Casa de Moneda fue el último, a su vez, en que esa sociedad estatal mostró números en verde. A partir de allí, ocurrió todo lo contrario: perdió $ 63 millones en 2012, otros $ 165 millones en 2013, $ 173 millones en 2014 y superó los $ 375 millones en 2015, según cálculos preliminares que se manejan hoy en el organismo.

Los grandes números esconden, además, algunas sorpresas. Por ejemplo, que Daura pagó el servicio de custodia de su hogar con fondos de Casa de Moneda, incluidos tres empleados del organismo abocados sólo a eso. ¿Costo estimado?: $ 2 millones por año.

Pero allí no se acaban las sorpresas...

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

miércoles, 13 de enero de 2016

Lázaro y el encubrimiento desde el Estado

Por triplicado, la diputada Margarita Stolbizer avanzó otro paso sobre la familia Kirchner y su supuesto socio y testaferro Lázaro Báez. Ahora les pidió al Gobierno y a la Justicia que investiguen el entramado de complicidades dentro del Estado nacional que le habrían permitido al empresario, afirmó, amasar fortunas sin ningún tipo de control ni contratiempo durante la última década. En particular, en el Banco Nación y en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Stolbizer sostuvo que el banco y la IGJ facilitaron que Báez instrumentara el paulatino blanqueo de la fortuna de la familia Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Así lo planteó en tres escritos complementarios. Dos los presentó ayer, ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; y el restante lo entregará hoy, al juez federal Sebastián Casanello.


Según Stolbizer, el primer paso del presunto contubernio se plasmó cuando "el Gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas de Báez y a su vez le otorgaba créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias". Y luego, añadió, "como garantía Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata". De ese modo, resumió, "el Estado daba las obras, el Estado le pagaba cifras millonarias por las obras, el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar. Lázaro Báez no puso un peso en estos años para pagar los préstamos".

Mientras eso ocurría dentro del Banco Nación, la legisladora y ex candidata a presidenta sostuvo que la IGJ toleró múltiples "irregularidades e incumplimientos" a la empresa Austral Construcciones. Entre otros, que no inscribiera sus autoridades, no presentara sus estados contables y fijara un capital social "ridículo para afrontar las millonarias deudas" que acumuló, mientras que, al mismo tiempo, recibió más de $ 8800 millones de fondos nacionales en obra pública, según un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal que reveló LA NACION en agosto.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

martes, 12 de enero de 2016

Diego Iglesias: "El narcotráfico va por todo"

Entrevista a Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) para el ciclo Conversaciones. ¿Temas? Penetración del narco en el poder político, la Justicia y las fuerzas de seguridad; el desembarco de los carteles colombianos y mexicanos en la Argentina; las herramientas que faltan para combatirlos; la Triple Fuga...



pd: el link a la entrevista completa, acá.

lunes, 4 de enero de 2016

Adiós a "Coimas en el Senado"

Quince años y meses después de que estalló el escándalo, la causa penal por las "coimas en el Senado" es historia. Se cerró por el mero transcurso del tiempo, cuando se encontraba a un paso de llegar a la Corte Suprema, confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Anticorrupción (OA).

El golpe de gracia para la investigación penal llegó en los últimos días antes de la feria judicial de verano, después de que la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmara las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda". Es decir, que los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley laboral.


Tras ese fallo de la Casación, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, tras entender que los plazos procesales se agotaron de manera inexorable.

De Luca presentó un escrito en el expediente en el que explicó por qué no presentaría un recurso extraordinario que llevara el expediente hasta la Corte. Sostuvo que la acusación fiscal por la que los sospechados habían ido a juicio oral era por cohecho, con una pena prevista de 6 años, y que ese plazo -contado desde que se citó a todos a juicio- vencía el 18 de diciembre. "No habrá tiempo material para que se tramite un eventual recurso [ante la Corte] que logre la revocación de la absolución, ordene desarrollar un nuevo debate y se concluya en una sentencia condena", planteó en su escrito De Luca, que tampoco ahorró críticas a los 15 años que insumió la investigación.

El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que LA NACION revelara las negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley "de Reforma Laboral".

Así, quedaron bajo la lupa judicial el entonces presidente De la Rúa, su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique -al que se le adjudicó decir "para los senadores tengo la Banelco"-, el presidente provisional del Senado, Alberto Tell, y los legisladores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

domingo, 20 de diciembre de 2015

Oficina Anticorrupción, ruinoso presente

La antenita, imantada, se adhiere a la bisagra superior de una puerta que no abre. Cuando capta la señal -porque de a ratos resulta una ilusión-, deja ver las señales de la televisión digital abierta (TDA). Y lo poco que llega hay que verlo en una tele gris y cuadrada de principios de los 90, época de la videocassetera que sobrevive a su lado. Ambas reliquias dominan el despacho de quien fue el titular kirchnerista de la Oficina Anticorrupción (OA) hasta hace unos días, Julio Vitobello, que también dejó al marcharse una computadora de hace 10 años a la que nunca actualizaron el sistema operativo y cuyo antivirus está vencido. A su lado, la plantilla sobre la que reposa su mouse... es un almanaque de 2009.


Creada por el gobierno de la Alianza en 1999 para relanzar la ética en la administración pública y ponerle un freno a las tentaciones tras la "fiesta menemista", los tiempos dorados de la Oficina Anticorrupción duraron poco. Su ocaso comenzó incluso antes de la caída de Fernando de la Rúa en 2001, hasta llegar al cuadro actual, casi terminal. Porque el desinterés del kirchnerismo por combatir la corrupción desde las entrañas del Ejecutivo se refleja en la OA. Tanto si se observan sus grandes números, como sus detalles, muchos de los cuales recién ahora salen a la luz.

Cuestión de prioridades, en su último año como presidenta, Cristina Kirchner destinó 140 veces más dinero a Fútbol para Todos que a la Oficina Anticorrupción. En contante y sonante: $1800 millones versus $13 millones. La contundencia de los números no se agota allí. La planta de personal de la Oficina es de 95 empleados, de los que sólo 8 figuran en planta permanente. El resto se reparte entre transitorios y contratados. De hecho, el último concurso para nombrar nuevo personal languideció en 2007 cuando el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, lo dejó sin efecto.

Incluso la distribución de esos pocos empleados resultó sintomática: 6 de los 95 estaban para asistir a Vitobello, ya fueran como secretarias privadas (4) o como choferes (2), en tanto que otros 6 corresponden a maestranza e intendencia. Mientras tanto, el área de Investigaciones contaba con apenas 2 contadores y el área de Transparencia con sólo un "analista contable".

pd: el resto de la crónica publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

sábado, 12 de diciembre de 2015

No tan amado, ni por propios ni extraños...

"Poder es impunidad", es la máxima que cinceló para siempre Alfredo Yabrán, que mucho sabía sobre eso. Y a las evidencias hay que remitirse: las investigaciones judiciales sobre corrupción en la Argentina tardan, en promedio, una década en llegar a la instancia de juicio oral; la mayoría de esas causas se cierra por prescripción; y apenas el 3% de los involucrados en 750 grandes casos locales de corrupción analizados durante un cuarto de siglo terminaron condenados.


El problema para el ya ex vicepresidente Amado Boudou es, sin embargo, que él podría ayudar a engordar ese escuálido porcentaje. ¿Por qué?

Porque varios indicios apuntan en esa dirección. Primero, porque a lo largo de estos años acumuló demasiadas causas penales. Segundo, porque se convirtió en uno de los funcionarios kirchneristas que genera más tirria pública. Tercero, porque sembró enemigos que esperaban su oportunidad para cobrársela. Cuarto, porque el peronismo no lo defenderá, porque no lo siente propio. Y quinto, porque llegó demasiado alto, sin una red propia de protección. Es decir, los mismos factores que convirtieron a María Julia Alsogaray en el ícono máximo del menemismo a la hora de recorrer los Tribunales.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

miércoles, 9 de diciembre de 2015

Fin de ciclo: balance del kirchnerismo y Justicia

Néstor Kirchner miró a la cámara y pidió, por cadena nacional, que el Congreso hiciera su "aporte a la calidad institucional" tras la crisis de 2001. Planteó que la "mayoría automática" de la Corte de Carlos Menem debía marcharse, pero estableció un límite: "No es nuestro deseo contar con una Corte adicta". Fue el 4 de junio de 2003. Era el noveno día del kirchnerismo en el poder. Doce años y medio después, el balance muestra claroscuros, zonas grises, reformas positivas y múltiples intentos de avasallar al Poder Judicial para garantizar impunidad a funcionarios investigados por corrupción.


El kirchnerismo planteó dos visiones contrapuestas sobre el Poder Judicial: muchos jueces se definieron como parte de un contrapoder constitucional y se reconocen como un límite republicano a la Casa Rosada; pero otros y muchos kirchneristas, incluida la Presidenta, entienden que integran una corporación elitista que por momentos actuó como un "partido judicial" y que en otros flirteó con promover un "golpismo judicial".

La discusión política que instaló el Gobierno sobre el rol del Poder Judicial obligó a jueces y fiscales a mostrarse como actores políticos, con intereses propios. Los obligó a dejar el bronce y mezclarse en el barro de la lucha política. Y los mostró capaces de salir a la calle para defenderse u honrar a los suyos, como en las marchas por los fiscales José María Campagnoli y Alberto Nisman.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN junto a Hernán Cappiello, acá.

viernes, 4 de diciembre de 2015

Entrevista a Federico Di Pasquale

"La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos los ciudadanos", afirma el ex director de la Unidad Fiscal Antilavado, Federico di Pasquale. "La ley del arrepentido sirve", añade, aunque aclara que para investigar al poder se necesita transparencia.



pd: la entrevista completa del ciclo Conversación de LA NACIÓN, acá.

sábado, 21 de noviembre de 2015

Báez - ahora Casanello apura a la AFIP

El juez federal Sebastián Casanello intimó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a que entregue "en el plazo de 72 horas" toda la información que posea sobre Lázaro Báez y todo el conglomerado de colaboradores y empresas que lo rodean para avanzar con el análisis contable de toda su operatoria.

Casanello (foto, abajo) había impartido esa orden a mediados de septiembre, pero recién se concretó esta semana, previa a la segunda vuelta electoral, cuando el oficio llegó a la sede de la AFIP para que aporte el material "imprescindible" que necesitan los peritos para analizar la solidez de las cuentas del empresario ultrakirchnerista.


La AFIP recibió, así, la orden de informar el "legajo completo con toda la información (compras, ventas, consumos relevantes, acreditaciones bancarias) obrante en la base de datos de la AFIP sobre cada una de las personas jurídicas (suman 22) y físicas (14)", según indicó el magistrado, que está a cargo de investigar la llamada "ruta del dinero K".
Los documentos

En especial, abundó Casanello, la AFIP deberá remitir "las copias de cada una de las distintas declaraciones juradas impositivas y las impresiones de pantallas que muestran la composición de cada uno de los rubros que integran tales declaraciones", durante el "período 2008 -2013".

Esos son los años en que se sospecha que Báez habría canalizado fondos negros de la familia presidencial Kirchner.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

jueves, 5 de noviembre de 2015

"Que nos dejen investigar"

-¿Qué se necesita para investigar al poder?

-Que nos dejen tranquilos; que nos dejen trabajar. Que el poder político nos deje trabajar.

Tras 21 años en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Claudio Bonadio defendió ayer su trabajo en investigaciones sensibles para la Casa Rosada y planteó que no se necesitan reformas legales sustanciales para investigar al poder, sea político o económico. Falta, eso sí, una señal hacia el Poder Judicial.



"Si el juez tiene la voluntad, hace las cosas bien y no tiene nada que ocultar", planteó Bonadio, el Consejo de la Magistratura no representa un escollo relevante. Y eso, añadió durante una entrevista para el ciclo Conversaciones en la redacción del diario LA NACIÓN, que ese organismo fue "impiadoso" con él.

"Nunca dejé de hacer algo por eso", planteó Bonadio, tras repasar el trato que recibió del Consejo de la Magistratura mientras avanzaba con el caso Hotesur, en el que investigaba presuntas maniobras de lavado de dinero a través de los hoteles de la familia Kirchner con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá. Y el video completo, acá.

martes, 20 de octubre de 2015

Un avión (de Lázaro) en llamas

Lima Víctor-Zulú Sierra Zulú. El ya legendario Learjet matrícula LV-ZSZ del empresario patagónico Lázaro Báez se incendió ayer en el aeropuerto de San Fernando, minutos después de padecer problemas en uno de sus motores y despistarse.

El incidente ocurrió a las 6.40 de la mañana, cuando el avión -sospechado de servir durante los últimos años para el transporte de dinero en efectivo, de funcionarios del Gobierno y de "valijeros" como Leonardo Fariña- se aprestaba a despegar rumbo a Río Gallegos para buscar a la esposa y la hija de Báez.


La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil inició una investigación para determinar el origen de la falla en el motor. "La aeronave realizó una excursión de pista, en la cual colapsó el conjunto del tren de aterrizaje y se desprendió parcialmente uno de los tanques de combustible de puntera, hecho que inició el incendio", precisó la Junta en un comunicado, y aclaró que dentro del avión, que quedó destruido, sólo se encontraban el piloto y el copiloto, que salieron "por sus propios medios, sin sufrir lesiones". La aeronave quedaría bajo la lupa judicial.

Báez adquirió el Learjet en 2007 en US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión (ver aparte).

Fariña y Federico Elaskar, el dueño de SGI, una financiera ubicada en Puerto Madero y que se conocía como "la Rosadita", aportaron datos sobre la supuesta "ruta del dinero K" y sobre cómo se transportaban presuntas bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay a bordo de esa aeronave -que se encuentra a nombre de la firma Top Air, de la que es accionista Austral Construcciones-. Además, ambos dieron otros detalles sobre una presunta operatoria de lavado por más de 55 millones de euros.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

viernes, 2 de octubre de 2015

Scioli y su sobreseimiento express

En silencio, a contra reloj y sin ordenar un peritaje contable previo, la justicia bonaerense sobreseyó al gobernador y candidato presidencial Daniel Scioli en la investigación por su presunto enriquecimiento ilícito, según confirmó ayer el abogado defensor de Scioli a LA NACION.

El juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, dispuso su sobreseimiento a principios de septiembre, pero evitó difundir la noticia. Por el contrario, dio órdenes tajantes a sus colaboradores de que no trascendiera la resolución, y se tomó una licencia hasta este fin de semana.

El sobreseimiento de Scioli se tornó irrevocable, ya que no llegó a la Cámara de Apelaciones. El fiscal a cargo de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini, que meses atrás afrontó amenazas vinculadas a otro expediente sensible sobre funcionarios platenses, decidió no apelar la decisión del juez.



"Mi cliente [por Scioli] fue sobreseído y el fiscal no apeló", confirmó ayer el letrado Miguel Marcos Sorá en un breve encuentro con LA NACION en su estudio jurídico de La Plata. "Presentamos toda la documentación que demostró que su incremento patrimonial estaba justificado, con una auditoría incluida", añadió el defensor, mientras que con sus manos gesticuló como si tuviera una pila de papeles de 30 centímetros de alto.

Sin embargo, según reconstruyó LA NACION, la "auditoría" a la que aludió Sorá -especializado en derecho bancario y comercial- consistió en realidad en la presentación de balances y documentos societarios de distintas compañías. Pero el juez Raele tomó su decisión sin ordenar un peritaje contable que analizara la evolución patrimonial del actual gobernador, que pasó de declarar un patrimonio negativo de $ 45.273 en 2005 a informar $ 13,6 millones en 2014, en la primera declaración jurada que difundió en ocho años, el 21 de agosto pasado

Tras firmar el sobreseimiento, el magistrado hizo algo más: evitó difundir la resolución y guardó la causa en su despacho. "Es un expediente sensible. Lo tiene el juez y sólo lo maneja el juez", indicaron en su juzgado a LA NACION, en alusión a la causa 16.230/15, que tenía a Scioli como imputado. Precisaron que Raele retornará el lunes a su despacho en el segundo piso de los tribunales penales de La Plata.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Entrevista a Fernando Dozo

"Argentina ha desperdiciado esta década en cuestiones de transporte aeronáutico", afirma Fernando Dozo. Ex gerente de Política Aérea de Aerolíneas Argentinas (1990 - 2009) y ex presidente de la Cámara de Transporte Aerocomercial (JURCA), afirma que "Aerolíneas no se ha muerto porque han habido subsidios" y que "la industria aerocomercial argentina primero compra aviones y después ve a dónde los manda".


pd: el link a la entrevista completa, acá.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Entrevista a Alicia López

Alicia López, veedora oficial en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), analiza el entramado de corrupción, impunidad y lavado imperante. "La obra pública es un foco de corrupción nunca tratado", afirma.


pd: el link a la entrevista completa, acá.