Después de largos meses cajoneado en el máximo tribunal penal del país, el expediente al fin se acercaba a la sentencia. Uno de los camaristas, Juan Carlos Gemignani, iba a afirmar que el cuestionado pacto entre la Casa Rosada y el régimen de Teherán violaba la Constitución Nacional. Su colega Ana María Figueroa sostendría lo contrario. Y el tercero y decisivo camarista, Luis María Cabral, el único de los tres que era subrogante, sólo buscaba ganar tiempo, mientras negociaba con el Gobierno. En especial, con el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Hasta que cometió un error. Para él, que salió eyectado de la Cámara de Casación, y para el expediente, que ahora quedó bajo el control de una Sala reformulada según el gusto del oficialismo.
Ésta es la historia secreta de cómo durante más de doce meses la Cámara de Casación manejó con parámetros políticos en vez de jurídicos uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno de los últimos años. ¿Su objetivo? Postergar el fallo hasta después de las elecciones de octubre, según reconstruyó LA NACION sobre la base de los testimonios de seis actores principales o secundarios de esa causa -incluidos el propio Cabral y otros dos camaristas-, en la que funcionarios del Ejecutivo se involucraron de lleno.
Parte de la trama es pública; lo relevante, no. En diciembre de 2013, el juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó el amparo que habían presentado la AMIA y la DAIA contra el memorándum con Irán. Pero por razones formales, sin definir si era constitucional. Seis meses después, en mayo de 2014, la Cámara Federal porteña sí se metió de lleno y concluyó que no lo era, por lo que el Gobierno apeló y el expediente quedó en la Sala II de la Casación.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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