Adiós a "Coimas en el Senado"

Quince años y meses después de que estalló el escándalo, la causa penal por las "coimas en el Senado" es historia. Se cerró por el mero transcurso del tiempo, cuando se encontraba a un paso de llegar a la Corte Suprema, confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Anticorrupción (OA).

El golpe de gracia para la investigación penal llegó en los últimos días antes de la feria judicial de verano, después de que la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmara las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda". Es decir, que los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley laboral.

Tras ese fallo de la Casación, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, tras entender que los plazos procesales se agotaron de manera inexorable.

De Luca presentó un escrito en el expediente en el que explicó por qué no presentaría un recurso extraordinario que llevara el expediente hasta la Corte. Sostuvo que la acusación fiscal por la que los sospechados habían ido a juicio oral era por cohecho, con una pena prevista de 6 años, y que ese plazo -contado desde que se citó a todos a juicio- vencía el 18 de diciembre. "No habrá tiempo material para que se tramite un eventual recurso [ante la Corte] que logre la revocación de la absolución, ordene desarrollar un nuevo debate y se concluya en una sentencia condena", planteó en su escrito De Luca, que tampoco ahorró críticas a los 15 años que insumió la investigación.

El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que LA NACION revelara las negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley "de Reforma Laboral".

Así, quedaron bajo la lupa judicial el entonces presidente De la Rúa, su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique -al que se le adjudicó decir "para los senadores tengo la Banelco"-, el presidente provisional del Senado, Alberto Tell, y los legisladores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros.

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Irán en la Casación - la trama secreta

Después de largos meses cajoneado en el máximo tribunal penal del país, el expediente al fin se acercaba a la sentencia. Uno de los camaristas, Juan Carlos Gemignani, iba a afirmar que el cuestionado pacto entre la Casa Rosada y el régimen de Teherán violaba la Constitución Nacional. Su colega Ana María Figueroa sostendría lo contrario. Y el tercero y decisivo camarista, Luis María Cabral, el único de los tres que era subrogante, sólo buscaba ganar tiempo, mientras negociaba con el Gobierno. En especial, con el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Hasta que cometió un error. Para él, que salió eyectado de la Cámara de Casación, y para el expediente, que ahora quedó bajo el control de una Sala reformulada según el gusto del oficialismo.

Ésta es la historia secreta de cómo durante más de doce meses la Cámara de Casación manejó con parámetros políticos en vez de jurídicos uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno de los últimos años. ¿Su objetivo? Postergar el fallo hasta después de las elecciones de octubre, según reconstruyó LA NACION sobre la base de los testimonios de seis actores principales o secundarios de esa causa -incluidos el propio Cabral y otros dos camaristas-, en la que funcionarios del Ejecutivo se involucraron de lleno.

Parte de la trama es pública; lo relevante, no. En diciembre de 2013, el juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó el amparo que habían presentado la AMIA y la DAIA contra el memorándum con Irán. Pero por razones formales, sin definir si era constitucional. Seis meses después, en mayo de 2014, la Cámara Federal porteña sí se metió de lleno y concluyó que no lo era, por lo que el Gobierno apeló y el expediente quedó en la Sala II de la Casación.

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Boudou, a un paso del juicio oral

Excluido de las listas y sin fueros a partir de diciembre, el vicepresidente Amado Boudou quedó ayer a un paso del juicio oral y público en el caso Ciccone por presuntos actos de corrupción y negociaciones incompatibles con su función pública.

El máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación, rechazó su último recurso y confirmó su procesamiento y los de otros cinco protagonistas de la operatoria, por lo que ahora depende del juez federal Ariel Lijo definir cuándo cerrar este primer tramo de su pesquisa y enviarlo a un tribunal oral.

Lijo deberá correr vista al fiscal federal Jorge Di Lello y escuchar luego a las defensas, para después enviar la causa a sorteo, para que se defina qué tribunal quedará a cargo de la causa, lo que podría ocurrir antes de fin de año, según estimaron fuentes judiciales ante la consulta de LA NACION.

El fallo se conoció tres años y cuatro meses después de que Laura Muñoz revelara que su marido, Alejandro Vandenbroele, trabajaba para Boudou y su socio, José María Núñez Carmona, con el objetivo de quedarse con Ciccone Calcográfica, a la que acudió la Casa de Moneda para imprimir los billetes de 100 pesos.

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Contado con liqui - la City, de fiesta

La Cámara en lo Penal Económico concluyó que las operaciones de contado con liquidación con que miles de ahorristas e inversores escapan del cepo cambiario no constituyen un delito, como sostiene el Gobierno desde hace años en un intento de detener o desacelerar la fuga de divisas.

La Sala B de esa cámara consideró, mediante un fallo unánime de sus tres integrantes, que aplicarle el régimen penal cambiario a ese tipo de operaciones financieras viola el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución nacional.

El fallo -que se firmó el miércoles, pero recién trascendió anoche- resulta un traspié para el Gobierno, que ya anticipó que lo apelará ante la Cámara de Casación Penal. Considera que su denuncia contra el banco BBVA Francés es un "caso testigo" de una operatoria sistémica delictual que permitió la fuga de miles de millones de dólares durante los últimos años.

"El llamado «contado con liqui» es una maniobra lícita en principio y si se trata de una operación aislada, individual; pero cuando resulta parte de un patrón conductual, sistemático y sostenido en el tiempo, consideramos que se trata de un abuso, un fraude a la ley", indicaron desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a LA NACION.

Sin embargo, con el voto decisivo del camarista Roberto Hornos -al cual suscribieron sus colegas Marcos Gravibker y Nicanor Repetto-, la Sala B consideró que las operaciones bajo sospecha no pueden considerarse delito mediante "una interpretación extensiva y una aplicación analógica" de las leyes penales vigentes.

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El "caso Antonini" mira a la Corte Suprema

El "caso Antonini", pese a todo lo que se dijo durante las últimas dos semanas, sigue vivo. La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Gabriela Baigún, abrió la puerta para que sea la Corte Suprema la que defina si debe continuar abierta la investigación que durante años sacudió a los gobiernos de la Argentina y Venezuela.

La fiscal recurrió la decisión de la Sala II de la Casación, que el 2 de febrero pasado había considerado "inadmisible" un planteo que había llegado del fuero penal económico para impedir que prescribiera la causa. Baigún consideró que la Casación se equivocó y presentó un recurso -que continúa pendiente- para que sea la Corte la que defina si la investigación debe mantenerse abierta.

La pesquisa se inició el 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk detectó en el Aeroparque al menos US$ 800.000 dentro de un maletín que se le adjudicó a Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario de doble nacionalidad venezolana y estadounidense.

Antonini Wilson integraba una comitiva de funcionarios chavistas y argentinos que poco antes de aterrizar se identificó ante la torre de control como un vuelo de "Presidencia argentina". Y 60 horas después del decomiso, el supuesto "valijero" ingresó a la Casa Rosada, con la ayuda de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, para participar en un acto de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

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Casación y una disputa por el pacto con Irán

El máximo tribunal penal del país protagoniza una sorda disputa interna desde hace semanas para definir si es constitucional o no el acuerdo que el Gobierno firmó con Irán. Deben definirlo tres jueces enfrentados entre sí por las repercusiones que ese fallo podrían tener sobre la causa AMIA y la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Los protagonistas son tres camaristas de la Cámara Federal de Casación Penal: Ángela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y el subrogante Luis María Cabral. Juntos deben resolver si confirman el fallo de la Cámara Federal porteña, que en mayo del año pasado determinó que ese acuerdo violaba la Constitución.

Las diferencias de criterio entre los tres son conocidas entre sus pares, según fuentes judiciales. Por un lado, Gemignani se muestra proclive a ratificar que el pacto con Irán es inconstitucional, mientras que Cabral -de buen diálogo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti- se ubica en una posición más ambigua.

El tercer y decisivo voto es, por ahora, el de Ledesma, quien también considera endeble la posición de la Casa Rosada, pero con la que mantiene una buena sintonía. Y por ese motivo busca postergar la decisión o apartarse del expediente que se encuentra desde noviembre pasado a la espera de que la propia Ledesma -como presidenta de la sala- convoque a la audiencia prevista en el Código Procesal Penal para ese recurso.

La tensión entre los camaristas llegó a tal punto que Ledesma solicitó una licencia por "estudios" por cuatro meses que Lorenzetti le concedió el 23 del mes pasado -con una velocidad inusual-, pero efectiva recién desde el próximo martes, por lo que Ledesma decidió también enviar una consulta a las Naciones Unidas (ONU) que podría postergar el fallo durante meses o, incluso, años.

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Boudou apuesta un pleno a Casación

Mientras avanza la investigación en manos del juez federal Ariel Lijo, la defensa del vicepresidente, Amado Boudou, centra sus esperanzas en la máxima instancia penal del país, la Cámara de Casación, que debe definir su recurso para que se declare la excepción de falta de acción.

El pedido de Boudou, que de ser admitido podría rescatarlo del caso Ciccone, debe ser analizado por la sala IV de la Casación, integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (foto abajo, en ese orden), luego de que los dos últimos camaristas rechazaron la recusación del primero que había solicitado el vicepresidente.

Gemignani, el recusado que sigue; Hornos y Borinsky

La defensa de Boudou que en la investigación no existen pruebas suficientes para acusarlo de negociaciones incompatibles con la función pública u otros delitos y que, además, se ha vulnerado la garantía de la que goza todo imputado de ser juzgado en un plazo razonable.

Su planteo ya fue rechazado en primera instancia por el juez Lijo y por la Cámara Federal de Apelaciones, por lo que sus defensores Diego Pirota y Eduardo Durañona recurrieron ante la tercera instancia, la Casación, que aceptó analizar su recurso aún cuando había quedado desierto porque los letrados omitieron mantenerlo como lo impone el Código Procesal Penal.

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Caso Ciccone - ¿y ahora, qué?

Por primera vez, un actor central del "caso Ciccone" comprometió directamente a Amado Boudou ante la Justicia al detallar cómo el vicepresidente se reunió al menos dos veces con uno de los fundadores de la imprenta, Nicolás Ciccone, para dar inicio a las negociaciones que buscaban resucitar la empresa.

Esa es la síntesis de lo que declaró ayer Guillermo Reinwick (foto, arriba, a la derecha, junto a su abogado Carlos Indalecio Vela), el nexo entre los Ciccone y Boudou. Más datos sobre su testimonio, en el que aportó detalles y explicaciones, acá.

Ahora bien, ¿qué ocurrirá ahora con la investigación judicial? El testimonio de Reinwick tendrá múltiples efectos. Entre otros, complicar la estrategia judicial y política de Boudou.

¿Por qué? 

Para empezar, porque dificulta el salvataje del vicepresidente en la Casación Penal. Y porque fortalece las declaraciones de otros que ya hablaron (como el director de Boldt, Guillermo Gabella) y de otros por venir. Más, acá.

Caso Ciccone - luz verde desde la Casación

Con un fallo unánime cargado de duros cuestionamientos, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó ayer la validez de la investigación abierta por el caso Ciccone contra el vicepresidente Amado Boudou; su socio José María Núñez Carmona, y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

La Sala IV de la Casación rechazó con los votos de sus tres miembros los argumentos jurídicos de Vandenbroele, con los que buscaba nulificar varias medidas de prueba, pero que terminaron por resultarle contraproducentes. Se topó con duras críticas por las prácticas "dilatorias" de su defensa, al decir de la Casación, con el aparente único fin de retrasar el avance de la pesquisa penal.

El voto de uno de los miembros de la Sala IV de la Casación, Juan Carlos Gemignani, fue el más contundente. Tras recordar las amenazas que sufrió Muñoz durante los últimos años, solicitó al juez federal del caso Ciccone, Ariel Lijo, que les otorgue la máxima protección posible a ella y a sus hijos. Según Gemignani, Muñoz puede encontrarse en serio riesgo tras declarar sobre "un grupo que, en consideración del cargo público ostentado por uno de sus integrantes [en alusión a Boudou], podía razonablemente asignársele una capacidad operativa de significativa trascendencia" para lastimarla (ver aparte).

El testimonio de Muñoz que buscó anular Vandenbroele incluye frases que el abogado monotributista consideraba funcionales a la fiscalía, como "Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou".

pd: el resto del material acá y acá; para una visión opuesta del fallo, acá.

Cartel (y cara) de cemento

La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó los reclamos de los abogados del Estado y declaró la "nulidad absoluta" de un fallo previo que la propia Cámara había adoptado en beneficio de las principales empresas cementeras del país, acusadas de actuar de manera "cartelizada" para fijar los precios del sector.

La inusual decisión fue adoptada el lunes pasado por la sala IV de la Casación, el máximo tribunal penal del país, que de ese modo anuló el fallo que había dejado sin efecto la aplicación de multas por más de $ 300 millones contra Loma Negra, Juan Minetti SA, Cementos Avellaneda SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA y Cemento San Martín SA, como también a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland.

Los camaristas Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Eduardo Riggi declararon la nulidad absoluta de la resolución anterior, dictada apenas tres meses atrás, ya que concluyeron que no se notificó al Ministerio de Economía, por lo que se privó a sus abogados de ejercer el derecho a "defender los intereses del Estado Nacional".

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El Mundial de la Impunidad

Cuatro años después de asumir al frente del Juzgado a cargo de la pesquisa sobre los US$ 800.000 de la valija, el juez Daniel Petrone le dice adiós a Guido Alejandro Antonini Wilson, a Claudio Uberti, a Vicky “Azafata” Bereziuk, a María Lorena “Tengo-Mi-Línea-De-Valijas” Telpuk y al incómodo expediente.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de medio centenar de nuevos jueces y fiscales. Para eso publicó los decretos respectivos con acuerdo del Senado en el Boletín Oficial. Obvio, con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Justicia, Julio Alak.

Así, Petrone dejará atrás el fuero en lo Penal Económico y también los tribunales de Inmigrantes. Se marchará al Conurbano, para asumir como flamante juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín.

La puerta de salida, de todos modos, alcanza a otro protagonista de la investigación, aunque de menor exposición que Petrone. Se trata del hasta ahora titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (alias Ufitco), Mariano Borinsky [foto] que sirvió de apoyo a la fiscal a cargo diario de la investigación, María Luz Rivas Diez.

En el caso de Borinsky, su ascenso fue hasta la cumbre misma. Será vocal de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal del país en esa rama del Derecho, sólo por debajo de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos, vale aclarar, son estupendos penalistas y profesionales. Merecidos sus ascensos, pues. Pero, y mientras tanto, ¿qué pasará con la investigación?

Pues hay una canción futbolera que dice:

“Pasan los años, pasan los jugadores,
[equipo X o, en este caso, la Justicia] que pobre institución,
pensar que muchos viejos se murieron,
y no pudieron ver a [otra vez al equipo o en este caso, la causa] campeón".

En este caso, ni campeón, ni subcampeón. Salvo que la impunidad sea un campeonato y en ese caso, la Justicia argentina está pa' pelearle al Barca el Mundial de Clubes en Dubai (junto a IBM-Banco Nación, Skanska, Thales, Alderete -varios-, Alsogaray -varios, también-, Tandanor, Menem y Predio de La Rural, IBM - Anses, y Yoma, entre otras muchas)...