"Greed is good", by Gordon Gekko.MADRID.-La Argentina sabe que se estrellará contra un muro desde hace dos años, por lo menos. Lo sabe el Gobierno, lo sabe la oposición, lo saben los fiscales, lo saben bancos y también las casas de cambio, las sociedades bursátiles y muchos, muchos más. Lo sabe, por supuesto, el resto del mundo.
El cable de la embajada de Estados Unidos en la Argentina que detalla la ineficiente lucha contra el lavado del dinero en el país –y el desinterés explícito de toda la clase política por combatirlo- sólo reafirma lo que también expuso el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su última reunión plenaria en París.
Reunidos para analizar la evaluación que un grupo de expertos desarrollaron sobre la Argentina, los delegados de los países miembros del GAFI no sólo convalidaron las pésimas calificaciones obtenidas por el país, sino que las redujeron aún más. De ese modo, la Argentina cosechó el informe más duro en la historia del Grupo sobre uno de sus países miembros.
Por supuesto que hay otros países –en particular, los paraísos fiscales- que cosecharían peores evaluaciones si se sometieran al GAFI. La diferencia es que a esos países no les importa el GAFI, ni sus conclusiones. La Argentina, en cambio, dice querer pertenecer al club de los países que luchan contra el lavado, pidió su admisión y prometió acatar sus normas, sólo para luego incumplirlas durante años como quedó en evidencia.
Ahora, toda la clase política –no sólo el Gobierno- debería impulsar múltiples reformas legislativas a contrarreloj ya que el país será sometido a otra revisión en febrero próximo. Si le va mal, se iniciará el proceso que podría terminar con su ingreso en la “lista gris” de países que no demuestran su compromiso político contra el lavado.
La clave, sin embargo, excede las reformas legislativas en la que la Argentina es experta. Sanciona múltiples leyes de avanzada a sabiendas que luego nunca se aplicarán. Lo que exige el GAFI es, por el contrario, evidencias de un compromiso real contra el lavado. Algo difícil si se considera, como coincide la mayoría de los expertos locales e internacionales, que quizá la principal actividad del lavado en la Argentina se deriva de los actos de corrupción.
¿Cómo se entiende, si no es por la falta de compromiso político, que la Argentina aún no tenga una red federal de información sobre los registros de la propiedad inmueble? ¿O sobre las personas jurídicas? ¿O que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) compartimenten su información como si los otros organismos públicos fueran enemigos?
El problema no obstante es que dada la utilización política de la información que maneja cada uno de esos organismos, acaso hoy sea preferible que continúen compartimentados. De ese modo, al menos el daño que infligen es menor, aunque aún así es sustancial. Tanto para el individuo que luego es extorsionado, como también para el país. ¿Un ejemplo de eso? La unidad antilavado norteamericana lleva un año y medio sin colaborar con la UIF ya que la información que le envió se utilizó para atacar a un rival electoral de la Casa Rosada, Francisco de Narváez.
Y algo más: pasados 10 años desde la creación de la UIF, la Argentina aún no registra condenas por ese delito. No es casualidad. Es consecuencia de un esfuerzo sistemático y sistémico de múltiples sectores políticos y económicos que impiden que ese delito se investigue en el país. Siempre es más fácil detener a un “trapito” en la calle que a un gentleman de corbata de seda y billetera inexplicable.
pd: la versión redux/editada en LA NACION, acá.
como van a hacer para dibujar algo antes de febrero? porque van a exigir evidencias, lo unico que nos falta es entrar en la lista gris..
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