Quince años y meses después de que estalló el escándalo, la causa penal por las "coimas en el Senado" es historia. Se cerró por el mero transcurso del tiempo, cuando se encontraba a un paso de llegar a la Corte Suprema, confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Anticorrupción (OA).
El golpe de gracia para la investigación penal llegó en los últimos días antes de la feria judicial de verano, después de que la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmara las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda". Es decir, que los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley laboral.
El golpe de gracia para la investigación penal llegó en los últimos días antes de la feria judicial de verano, después de que la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmara las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda". Es decir, que los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley laboral.
Tras ese fallo de la Casación, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, tras entender que los plazos procesales se agotaron de manera inexorable.
De Luca presentó un escrito en el expediente en el que explicó por qué no presentaría un recurso extraordinario que llevara el expediente hasta la Corte. Sostuvo que la acusación fiscal por la que los sospechados habían ido a juicio oral era por cohecho, con una pena prevista de 6 años, y que ese plazo -contado desde que se citó a todos a juicio- vencía el 18 de diciembre. "No habrá tiempo material para que se tramite un eventual recurso [ante la Corte] que logre la revocación de la absolución, ordene desarrollar un nuevo debate y se concluya en una sentencia condena", planteó en su escrito De Luca, que tampoco ahorró críticas a los 15 años que insumió la investigación.
El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que LA NACION revelara las negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley "de Reforma Laboral".
Así, quedaron bajo la lupa judicial el entonces presidente De la Rúa, su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique -al que se le adjudicó decir "para los senadores tengo la Banelco"-, el presidente provisional del Senado, Alberto Tell, y los legisladores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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