Los 'koverny' periodísticos

Carlos Dada, el gran director del estupendo portal de noticias e investigación de América Central, El Faro, recibió el premio Anna Politkovskaya, por la labor periodística de todo su equipo en situaciones de altísimo riesgo.

A Politkovskaya la asesinaron por su labor periodística. Por denunciar al poder político y económico de su país, la Rusia de Vladimir Putin y sus ami-socios.

Por eso es valioso el premio, por eso es bueno recordar, como lo hizo el portal El Puerco Espín, el discurso de aceptación de Dada.

¿Qué dijo?

“En su última columna, llamada 'De qué soy culpable', Politkovskaya hablaba del ejercicio periodístico realizado en estas condiciones, en las que los independientes, los que retienen los principios y las razones que nos trajeron a este trabajo, son los menos ante un ejército de periodistas complacientes y entregados a los intereses de los poderosos. Los koverny, les llamaba ella. Payasos rusos cuyo trabajo era entretener al público mientras el escenario era cambiado”.

Más adelante, Dada agrega sobre Politkovskaya:

“Mantenía probablemente esta idea romántica de que podemos cambiar el mundo con nuestro trabajo, de que la publicación de esas historias evitará más muertes, más atropellos; de que la denuncia es una manera efectiva de combatir la impunidad.

No sé si es efectiva, pero es la única que tenemos”.

Para leer, meditar, cargar pilas y refrescar ciertas premisas de este oficio.

pd: el link al discurso completo, acá y acá.

La ex Ciccone, bajo el riesgo de otra quiebra

La ex Ciccone Calcográfica va cuesta abajo en la rodada comercial y se dirige hacia su quiebra si la intervención oficial no logra al menos triplicar los ingresos de la compañía. Así surge del último escrito que presentó el síndico de su concurso de acreedores, quien pidió que se celebre una audiencia con el Ministerio de Economía y de la Casa de Moneda para buscar una salida.

El síndico Martín Stolkiner emitió su alerta al presentar su revisión trimestral más reciente de los números de la empresa, en los que detalló las deudas que la imprenta comenzó a incumplir con sus acreedores privados y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros.

Los incumplimientos de la ex Ciccone comenzaron a acumularse durante los últimos meses de Alejandro Vandenbroele al frente de la empresa a cargo de imprimir cientos millones de billetes de 100 pesos. Pero continuaron con el arribo de la intervención oficial, bajo la batuta del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura [foto, arriba], que registró ingresos mucho más bajos que los gastos previstos.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

IGJ - dos precisiones

Ayer, domingo, publiqué un artículo en el diario LA NACIÓN sobre las sociedades que operan bajo la órbita de la Inspección General de Justicia (IGJ) y que cuentan con personas fallecidas (en ciertos casos hace muchos años) entre sus directores, accionistas, etcétera (la nota, acá y acá).

Tras la publicación, un par de personas me planteó un dato que no es menor. Y que debí incluir en el texto para mayor precisión. Esto es: que la IGJ no se encarga de verificar si quienes firman están, en efecto, vivas, sino que eso es responsabilidad de los profesionales (abogados o escribanos) involucrados en los actos jurídicos de dicha sociedad.

Sin embargo, esa precisión requiere otra precisión, que explica por qué apunté a la IGJ y no tanto sobre abogados y escribanos (sobre los cuales, de todos modos, di dos ejemplos).

Dicha precisión de la precisión es la siguiente: la IGJ queda bajo la lupa desde que en 2012 cruzó su base de datos con los disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), de donde surgió la primera y preliminar conclusión de que operaban 22.000 sociedades con fallecidos (el link a su anuncio del hallazgo, acá).

Esa primera y preliminar conclusión, tal y como consigné en la nota, derivó luego (tras la depuración final) en que las sospechas alcanzan a 24.200 sociedades, de las cuales más de 600 eran de alto riesgo.

El problema es, además, qué hizo a partir de ese hallazgo la IGJ, es decir, desde que supo tras una iniciativa propia que operaban esas 24.200 sociedades (y, en particular, las más de 600 de alto riesgo). Debió iniciar sumarios, radicar denuncias penales, notificar a los colegios de escribanos y de abogados, etcétera. Pero en su mayoría, por una decisión política, no lo hizo.

Precisada la precisión, avancemos.

IGJ - todos tus muertos

La Inspección General de Justicia (IGJ) detectó más de 600 sociedades que ampliaron su capital, modificaron su domicilio o incluso se constituyeron con personas fallecidas hasta 15 años atrás. Mucho peor que González. Aun así, por razones políticas, la IGJ no tomó medidas contra la mayoría de esas sociedades, a las que sólo en ciertas ocasiones denunció ante la Justicia, según reconstruyó LA NACION.

La información surgió de registros oficiales y de fuentes del organismo estatal. La desidia de la IGJ sobre esas sociedades fantasma se debe al temor a toparse con otro "caso Skanska", con proveedores de facturas truchas, sobreprecios y presuntos sobornos, o con empresas de fantasía como las que sirvieron para el cobro de subsidios irregulares en la Oncca, según relataron fuentes del organismo.

En esa línea, un amplio porcentaje de las sociedades constituidas por muertos son "consultoras", con objetos sociales amplios, en tanto que los fallecidos figuran inscriptos ante la AFIP en ese rubro. Más aún, en la mayoría el difunto apareció como se presidente, para después cambiar las autoridades y desaparecer del Boletín Oficial. Es decir, prácticas habituales entre las usinas de facturas falsas para la evasión de impuestos y el ocultamiento de pagos de sobornos.

pd: el resto de la nota y el recuadro publicados hoy en LA NACIÓN, acá y acá.