Casa de Moneda: ganancias supuestas; rojo real

Lejos de las grandes declaraciones, la Casa de Moneda está fundida. Registra un patrimonio neto negativo que supera los $ 320 millones y arrastra un rojo impagable con fondos propios. En total, la gestión de Katya Daura, la lugarteniente de Amado Boudou que se marchó el 10 de diciembre, acumuló deudas por más de $ 1300 millones, según documentos contables oficiales a los que accedió LA NACION.

Los números oficiales de Casa de Moneda contrastan con el panorama que Daura informó durante años, incluso a la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien elogió su gestión por cadena nacional y llegó a celebrar que el organismo mostrara, remarcó, un "crecimiento muy importante" en sus ganancias.

Ahora se sabe, sin embargo, que eso no es verdad. El primer año de Daura al frente de la Casa de Moneda fue el último, a su vez, en que esa sociedad estatal mostró números en verde. A partir de allí, ocurrió todo lo contrario: perdió $ 63 millones en 2012, otros $ 165 millones en 2013, $ 173 millones en 2014 y superó los $ 375 millones en 2015, según cálculos preliminares que se manejan hoy en el organismo.

Los grandes números esconden, además, algunas sorpresas. Por ejemplo, que Daura pagó el servicio de custodia de su hogar con fondos de Casa de Moneda, incluidos tres empleados del organismo abocados sólo a eso. ¿Costo estimado?: $ 2 millones por año.

Pero allí no se acaban las sorpresas...

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Boudou + Senado = 2035 ñoquis (por lo menos)

La escoba llegó al Senado de la Nación. La vicepresidenta y titular de la Cámara, Gabriela Michetti, dispuso dar de baja los polémicos nombramientos en planta permanente de 2035 empleados que su antecesor Amado Boudou designó a lo largo de 2015 y que colocaron en rojo las cuentas de la Cámara. Entre ellos, un protagonista del "caso Ciccone" y amigos varios del marplatense.

Michetti también decidió avanzar sobre otro cuestionado legado de Boudou: 2317 recategorizaciones de personal que el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner firmó en la recta final de su mandato, y que ahora serán analizadas, una por una, por una comisión revisora. 

"Hablamos con los presidentes de distintos bloques del Senado y acordamos que no convalidaremos el despilfarro del dinero público", indicó Michetti a LA NACION, minutos antes de comunicar la depuración, que comenzó con la firma de un decreto durante las últimas horas de 2015. "Estamos hablando de más de 1000 millones de pesos que se gastarían en sueldos que podrían y deberían destinarse a otros fines", afirmó la vicepresidenta. Continúa en la página 12

Los nombramientos objetados se acumularon en tres decretos que firmó Boudou, pero que jamás se publicaron en la página oficial del Senado en Internet. Durante meses, LA NACION buscó y solicitó de manera formal las copias de esos textos, pero el ex vicepresidente se negó a entregarlas. Son los decretos 128 y 129, del 26 de enero del año pasado, y el 1682, del 3 de noviembre último.

Mediante esos tres decretos, Boudou designó o recategorizó a miles de personas que engrosaron la plantilla del Senado. La mayoría figura desde enero de 2015 -los restantes, desde el 1° de octubre-, aunque no se descarta que el ex vicepresidente haya conservado bajo llave esos decretos para así incluir de manera retroactiva en sus anexos a los diversos candidatos que se sumaron a lo largo de 2015.

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Ciccone: Moneta se abre la ruta del dinero

Casi cuatro años después de que estalló el "caso Ciccone", el supuesto financista Raúl Moneta se abrió de la operatoria y complicó aún más las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Moneta desistió de su amparo contra el Estado nacional que tramitaba en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y dejó así de reclamar los millones de pesos que tanto él como Vandenbroele sostenían hasta entonces que habían servido para financiar la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica por parte de la sociedad The Old Fund.

El abandono de Moneta -quien afronta muy serios problemas de salud y cuenta ahora con una curadora judicial- reavivó así los dos grandes misterios detrás de la empresa que imprimió millones de billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda: ¿quiénes son los verdaderos dueños detrás de The Old Fund?, ¿quién aportó el dinero para ese polémico desembarco?

La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. Según el juez federal Ariel Lijo -y confirmó luego la Cámara Federal porteña-, el verdadero dueño detrás de The Old Fund sería Boudou. En tanto, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió varias medidas de prueba para determinar si el titular del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo, fueron los financistas que aún permanecen en las sombras.

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No tan amado, ni por propios ni extraños...

"Poder es impunidad", es la máxima que cinceló para siempre Alfredo Yabrán, que mucho sabía sobre eso. Y a las evidencias hay que remitirse: las investigaciones judiciales sobre corrupción en la Argentina tardan, en promedio, una década en llegar a la instancia de juicio oral; la mayoría de esas causas se cierra por prescripción; y apenas el 3% de los involucrados en 750 grandes casos locales de corrupción analizados durante un cuarto de siglo terminaron condenados.

El problema para el ya ex vicepresidente Amado Boudou es, sin embargo, que él podría ayudar a engordar ese escuálido porcentaje. ¿Por qué?

Porque varios indicios apuntan en esa dirección. Primero, porque a lo largo de estos años acumuló demasiadas causas penales. Segundo, porque se convirtió en uno de los funcionarios kirchneristas que genera más tirria pública. Tercero, porque sembró enemigos que esperaban su oportunidad para cobrársela. Cuarto, porque el peronismo no lo defenderá, porque no lo siente propio. Y quinto, porque llegó demasiado alto, sin una red propia de protección. Es decir, los mismos factores que convirtieron a María Julia Alsogaray en el ícono máximo del menemismo a la hora de recorrer los Tribunales.

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Fin de ciclo K: la mudanza

Algunos pugnan por acomodarse en un nuevo cargo público; otros, por no ir a la cárcel. Algunos evalúan irse del país; otros, volver. Y mientras muchos dicen que necesitan trabajar para llegar a fin de mes -y hasta alguno volvería hacerlo en su ferretería-, otros lo harán para blanquear parte del dinero que acumularon. Son los funcionarios nacionales que, tras más de una década de kirchnerismo en el poder, encaran el final.

La mayoría de ellos, según reconstruyó lanacion durante las últimas semanas, quiere además continuar en la política profesional o, al menos, en la militancia, aunque también hay varios que dan por cerrado ese capítulo. Y no son pocos los que, por las dudas, borran todas las huellas incómodas o comprometedoras.

De hecho, las máquinas trituradoras funcionan a pleno en algunas oficinas de la Casa Rosada, al igual que los procedimientos para eliminar archivos informáticos. También en el Ministerio de Economía -donde las bolsas con papel triturado y los canastos de mudanza son ya algo común-, la Casa de Moneda -donde también se acumulan bolsas gigantescas de papel trozado, al igual que en la unidad antilavado (UIF)- y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según testimonios coincidentes de funcionarios, empleados y testigos casuales que acumuló LA NACION. También en el PAMI, según denunció la legisladora porteña Graciela Ocaña.

En múltiples organismos, como el Senado, la Inspección General de Justicia (IGJ), Migraciones o los ministerios de Salud y Agricultura, entre otros, se acumulan las designaciones masivas de nuevos empleados. Y se suma la reubicación de personas que saben demasiado. ¿Un ejemplo? A varias secretarias privadas las mudaron a dependencias satelitales, para que "los nuevos" no puedan preguntarles nada ni ellas tampoco puedan contar lo que vieron o escucharon durante estos años. ¿Otros dos ejemplos? En el PAMI, varios funcionarios de carrera se encontraron con que se habían borrado todos sus mails o incluso que les habían cambiado sus computadoras. Y en el Ministerio de Justicia, que ciertos discos rígidos fueron eliminados.

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Caso Ciccone - la Justicia le dice no a Moneta (y a Boudou)

La Justicia le propinó un nuevo revés a la versión del vicepresidente Amado Boudou sobre el caso Ciccone. Ahora le dijo que no al ex banquero Raúl Moneta, quien pretendía figurar como el supuesto financista y "socio capitalista" que aportó $ 35,5 millones para el desembarco de Alejandro Vandenbroele y The Old Fund en la imprenta.

El juez en lo Comercial Javier Cosentino le dijo que no a Moneta, que a través de su firma Mayer Business Corporation buscaba presentarse en la quiebra de la ex Ciccone como un acreedor perjudicado por la debacle de la imprenta -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS)- y su posterior intervención y estatización por el Gobierno.

Para el juez Cosentino, sin embargo, la supuesta operación financiera que Vandenbroele y Moneta acordaron días antes de la intervención oficial es "ineficaz", por lo que Moneta no puede sumarse al resto de los acreedores afectados por la quiebra de la ex Ciccone, según le notificó por cédula el 16 de este mes.

La decisión del magistrado implica un nuevo revés para las estrategias defensivas de Boudou y de Vandenbroele, señalado como su presunto testaferro, para quedarse con el 70% de las acciones de la compañía que imprime los billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda.

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Naidenoff: "Pertenecer tiene sus privilegios"

Entrevista al senador nacional y precandidato a gobernador de Formosa, Luis Naidenoff: "Cuando los autoritarismos ganan terreno, nadie lo siente".

Boudou, largo y solitario ¿final?

Transcurridos más de quince años desde el último día del menemismo en el poder, María Julia Alsogaray y Víctor Alderete aún desfilan por los tribunales. Ahora Amado Boudou deberá mirarse en ese espejo.

Ex titular de la Anses, ex ministro de Economía y actual vicepresidente de la Nación, Boudou sabe que lo esperan en Comodoro Py, donde los operadores judiciales del Gobierno lo abandonaron a su suerte. Y él, encima, acumuló promesas incumplidas.

No sólo eso. Boudou se quedó sin el estudio jurídico "premium" que lo defendía. Porque en plena pelea entre la Casa Rosada, la ex SIDE y el "Partido Judicial", como calificó la Presidenta a los jueces y fiscales díscolos a principios de este año, el estudio de Darío Richarte y Diego Pirota optó por preservar sus puentes con Tribunales y renunció a la defensa del vicepresidente. Así, Boudou quedó abandonado a su suerte. Descastado.

Lo sabe él y lo avizora su socio, José María Núñez Carmona, con muchos kilos más y algunos problemas cardíacos, que comenzó a invertir en Málaga, España. Y lo sabe y lo avizora Alejandro Vandenbroele, que ya sobrellevó 26 días detenido en una celda sin luz natural en Mendoza, a pedido de la justicia uruguaya, que reclama su extradición para indagarlo por presunto lavado de activos.

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Boudou, a un paso del juicio oral

Excluido de las listas y sin fueros a partir de diciembre, el vicepresidente Amado Boudou quedó ayer a un paso del juicio oral y público en el caso Ciccone por presuntos actos de corrupción y negociaciones incompatibles con su función pública.

El máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación, rechazó su último recurso y confirmó su procesamiento y los de otros cinco protagonistas de la operatoria, por lo que ahora depende del juez federal Ariel Lijo definir cuándo cerrar este primer tramo de su pesquisa y enviarlo a un tribunal oral.

Lijo deberá correr vista al fiscal federal Jorge Di Lello y escuchar luego a las defensas, para después enviar la causa a sorteo, para que se defina qué tribunal quedará a cargo de la causa, lo que podría ocurrir antes de fin de año, según estimaron fuentes judiciales ante la consulta de LA NACION.

El fallo se conoció tres años y cuatro meses después de que Laura Muñoz revelara que su marido, Alejandro Vandenbroele, trabajaba para Boudou y su socio, José María Núñez Carmona, con el objetivo de quedarse con Ciccone Calcográfica, a la que acudió la Casa de Moneda para imprimir los billetes de 100 pesos.

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Ciccone, la eterna quebrada

Más de tres años después de haber estallado el escándalo alrededor de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que imprime los billetes de 100 pesos se mantiene como un dolor de cabeza para la Casa Rosada. Ahora, otra vez, en el fuero comercial.

La Cámara Nacional de Apelaciones de ese fuero confirmó este martes la quiebra de la imprenta que se declaró en noviembre de 2013, tras rechazar el recurso de apelación que presentó Alejandro Vandenbroele como presidente de la compañía.

Con el voto unánime de sus integrantes -Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan José Dieuzeide-, la Sala D de la Cámara consideró que la apelación de Vandenbroele mostraba "endeblez técnica y argumentativa", por lo que decidió confirmar el fallo del juez del fuero, Javier Cosentino.

Los camaristas recordaron además que el Congreso aprobó la expropiación de ciertos bienes de la ex Ciccone por cerca de $ 275,7 millones, mientras que la empresa con sus activos remanentes debe afrontar un pasivo estimado en una primera fase en $ 332,6 millones, monto al que restan añadir deudas más recientes.

"Siendo ello así, parece claro que, en un preliminar pero necesario acercamiento -indicaron los camaristas-, la mencionada indemnización no alcanzaría a cubrir lo adeudado por la fallida."

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IGJ - el legajo no aparece (irregularidades sobran)

La misteriosa desaparición del legajo societario de The Old Fund dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) en pleno estallido del caso Ciccone es un dolor de cabeza permanente para el Gobierno. Ahora, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) reveló las múltiples fallas que detectó en el sumario que abrió ese organismo para determinar cómo ocurrió el robo o extravío, pero que terminó por reflejar los esfuerzos oficiales por tapar todo.

"Deberá volver a reconstruirse el legajo, ya que la reconstrucción no se ha realizado correctamente, según informes que surgen del propio sumario", alertó la Fiscalía, que indicó que el legajo "tendría que tener 22 hojas, mientras que el trámite por el que se tiene por reconstruido cuenta sólo de tres hojas", remarcó uno de los fiscales que integran la FIA, Ricardo Renom, y analizó las actuaciones.

Las objeciones de Renom constan en un informe de la Fiscalía, el órgano de la Procuración que por ley debe investigar actos de corrupción y las irregularidades cometidas por el personal de la administración pública, cuya copia obtuvo LA NACIÓN.

El informe aparece fechado el 19 de noviembre pasado, pero sólo se conoció ahora y de manera fortuita, anexado a un expediente que, a su vez, obtuvo la Justicia durante su investigación sobre la IGJ, el organismo que debe controlar a las sociedades locales o extranjeras, asociaciones y fundaciones que se registran en la ciudad de Buenos Aires, pero que dependen del Ministerio de Justicia nacional.

A lo largo de 12 carillas, el fiscal Renom reflejó inconsistencias, lagunas y faltantes en el sumario interno de la IGJ, y reclamó respuestas rápidas. "Esta FIA considera de vital importancia que se imprima la máxima urgencia a la reconstrucción, practicando las averiguaciones conducentes a ese fin para lograrla", exhortó.

Cuatro meses y medio después del dictamen de la Fiscalía, sin embargo, la IGJ no siguió sus recomendaciones ni corrigió el sumario. Por el contrario, se presentó ante la Justicia, donde pidió ser querellante en la investigación sobre las desapariciones de ese legajo y el de la ex Ciccone, por los que responsabiliza a la ex directora del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez -quien ya colaboró con la Justicia en dos investigaciones y asesora a la diputada Margarita Stolbizer-; al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a otro empleado de esa área.

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El complicado cuadro judicial de Vandenbroele

Alejandro Vandenbroele no imaginó jamás que afrontaría el panorama judicial que hoy padece. Detenido en una celda sin luz natural desde el viernes 20 de febrero, la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por su presunto rol en el caso Ciccone. Y afronta tres citaciones a indagatoria simultáneas en la Argentina y en Uruguay, que reclama su inmediata extradición.

Pero sus problemas no comenzaron ahora. Tampoco cuando estalló el caso Ciccone, en febrero de 2012. Su suerte empezó a cambiar hace casi seis años, cuando se reconectó con José María Núñez Carmona, el ex novio de una prima suya de Mar del Plata que ensayaba múltiples negocios de la mano de su íntimo amigo y socio, Amado Boudou, por entonces ministro de Economía.

Vandenbroele se sumó entonces como "operativo", mezcla entre abogado y gestor, a esos proyectos de "Nariga". Juntos movieron dinero dentro y fuera del país; juntos contactaron al gobierno de Formosa; y juntos se involucraron en la resurrección de la ex Ciccone.

Los dos años siguientes a su reencuentro con Núñez Carmona se asemejaron a un sueño. Vandenbroele pasó a presidir la máquina de hacer billetes de $ 100 de la Argentina, mientras Núñez Carmona viajaba por el mundo y Boudou asumía como vicepresidente.

Con el estallido del caso Ciccone, sin embargo, el sueño expiró.

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Vandenbroele comienza hoy a definir su futuro

Tras dos días y tres noches detenido en una celda aislada y sin luz solar, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, comenzará hoy a decidir si su futuro inmediato será en la Argentina o en Uruguay, donde lo reclama la justicia contra el crimen organizado por sospechas de lavado. 

El juez federal con competencia en Mendoza, Walter Bento, mantendrá por la mañana su primer encuentro con Vandenbroele, para notificarle de manera formal el requerimiento de la justicia uruguaya, en tanto se espera que su defensa solicite su inmediata excarcelación.

Según las leyes argentinas, Vandenbroele puede acceder al pedido de la justicia uruguaya, en cuyo caso sería extraditado de inmediato. Pero también puede rechazar ese pedido, en cuyo caso se abriría un proceso formal cuya suerte definiría Bento. Como tercera opción, su defensa también podría solicitar que se lo juzgue en la Argentina por los delitos que se le imputan en Montevideo.

Bento debe recibir, además, un informe de la cancillería argentina sobre la petición de las autoridades uruguayas, que llegará a sus manos a través de un informe que le enviará su colega de los tribunales federales de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi.

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Vandenbroele, arrestado nomás

Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, fue arrestado anoche en Mendoza a pedido de la justicia uruguaya, que reclama su extradición por las presuntas operatorias de lavado de activos que le adjudican en ese país para financiar luego su desembarco en la ex Ciccone Calcográfica.

La detención de Vandenbroele se concretó en Chacras de Coria, Mendoza, horas después de que efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Policía Federal comenzaran a buscarlo en esa provincia y en la ciudad de Buenos Aires, tras recibir vía Interpol la orden de captura internacional.

El juez uruguayo contra el Crimen Organizado, Néstor Valetti, había ordenado su captura tras dos intentos fallidos de indagarlo, ya que Vandenbroele -cuyo procesamiento en el caso Ciccone confirmó anteayer la Cámara Federal porteña- nunca se presentó a declarar en Montevideo.

El arresto se concretó minutos después de que llevara a su hija hasta la casa de su ex mujer, Laura Muñoz. Al salir, agentes de la PSA lo detuvieron sin esposarlo, y lo trasladaron a la celda que la fuerza mantiene en el aeropuerto provincial a la espera de órdenes del juzgado federal con competencia en Mendoza.

Horas antes de que se concretara el arresto de Vandenbroele, el juez Valetti había confirmado ante la prensa su "pedido de captura internacional, con alerta roja", aunque se mostró cauto sobre los tiempos judiciales: "Una vez que lo detengan, los tiempos para que esta persona sea extraditada dependerán de la justicia argentina o de la del país donde sea detenido".

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Boudou - el mañana siempre llega

Amado Boudou siempre se movió como si no hubiera un mañana. Así fue como dejó un tendal de heridos en Mar del Plata. Y así se movió cuando, ya en Buenos Aires y desesperado, abrazó al kirchnerismo que hasta segundos antes criticaba por lo bajo.

En la Anses, como ministro de Economía y como vicepresidente, Boudou siempre confió en que en la Casa Rosada le darían la cobertura para avanzar sin consecuencias, en línea con la frase legendaria de Alfredo Yabrán: "Poder es impunidad".

El problema es que el poder tiene fecha de vencimiento en toda democracia. Se evapora con el fin de mandato, o antes. Pero Boudou apostó a que el kirchnerismo cerraría todas las causas penales que acumuló en la función pública.

Boudou tuvo motivos para esperar ese blindaje judicial. Creyó que podía mirarse en el espejo del matrimonio Kirchner, que logró que el juez Norberto Oyarbide los sobreseyera en cuestión de meses en la causa por enriquecimiento ilícito.

Pero Boudou, claro, no integra la familia presidencial. Por eso, mientras los Kirchner acumularon sobreseimientos en un expediente tras otro, Boudou comenzó a ver cómo los meses trocaron en años sin que el "caso Ciccone" se cayera.

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Boudou, procesamiento confirmado

Menos de 24 horas después de concluida la Marcha del Silencio y mientras la presidenta Cristina Kirchner celebraba su cumpleaños en Chapadmalal, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de su número dos, Amado Boudou, en el caso Ciccone. 

En un fallo unánime de sus tres integrantes, la sala I de la Cámara consideró probado que Boudou, que ayer mismo afrontó nuevos pedidos de juicio político, se quedó con el 70% de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que ganó el contrato para imprimir los billetes de 100 pesos. Y que lo hizo a través de la firma The Old Fund como parte de una coima, para lo cual incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo de ministro de Economía, entre 2009 y 2011.

La Cámara confirmó también los procesamientos del socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su jefe de gabinete en el Palacio de Hacienda, Guido Forcieri.

El fallo resultó un revés completo para Boudou, luego de que su abogado Diego Pirota renunciara días atrás a su defensa. La Cámara no sólo consideró probada "claramente" su relación con Vandenbroele, sino que también validó las múltiples reuniones que el entonces ministro de Economía mantuvo con los Ciccone en los estudios del canal Telefé, el bar I Fresh Market y el hotel Hilton de Puerto Madero.

En una resolución de 81 carillas, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah también decidieron que continúen procesados el empresario dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de gabinete del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

El jefe de la AFIP quedó, a su vez, un paso más cerca de su llamado a indagatoria por el juez federal de primera instancia, Ariel Lijo. Así lo reclamó uno de los camaristas, Farah, que también pidió que se ahonde en la actuación del Banco Macro, de Jorge Brito, en la operatoria bajo sospecha.

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La séptima víctima del Caso Ciccone

Un ex empleado de la Inspección General de Justicia (IGJ) se convirtió en la séptima persona que sufre represalias derivadas del "caso Ciccone". A otros los amenazaron; él fue cesanteado de la administración pública nacional. Por eso, a los 49 años y sin opciones para reinsertarse en el mercado laboral local, decidió irse del país con su mujer, portorriqueña, y su hija.

Se trata de Javier Marcelo Ramos Villaverde, que llevaba 29 años como empleado raso en la IGJ, donde, según su propia definición, no era más que un "perejil". Por eso, alegó ante la Justicia, lo utilizaron para tapar delitos.

"Yo soy una víctima sacrificada a los intereses de personas poderosas con las que no tengo nada que ver", se lamentó Ramos en un escrito que quedó en manos de los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda Servini de Cubría (a cargo de las pesquisas sobre el "caso Ciccone" y las irregularidades detectadas dentro de la IGJ), y añadió que teme más represalias.

"La pura lógica me indica que carece de sentido haberme inventado una cesantía relacionada con el caso Ciccone y con el vicepresidente de la Nación [por Amado Boudou], si ello no se piensa usar en otras instancias, y entiendo conveniente ponerme a disposición de la Justicia", planteó el ya ex empleado de la IGJ.

Ramos se sumó así a una lista creciente de amenazados o perseguidos desde que estalló el escándalo, en febrero de 2012. Incluye a Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele; un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; un ex socio de José María Núñez Carmona, Luis Scolari; una enfermera de Héctor Ciccone; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, y la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez.

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Formosa - Ministro vs Vicepresidente

Sin llamar la atención a su paso por los pasillos, como a lo largo de toda su gestión en el Palacio de Hacienda, el ex ministro de Economía Carlos Fernández declaró anteayer en los tribunales de Comodoro Py. Pero, bajo juramento, dejó contra las cuerdas al vicepresidente Amado Boudou en la causa por el canje de la deuda de Formosa con el fisco nacional.

Fernández declaró que era innecesario que la sociedad The Old Fund, cuyo único rostro visible es Alejandro Vandenbroele, participara como consultora en la negociación que la provincia de Formosa completó cuando Boudou ya lo había reemplazado como ministro.

El ex funcionario declaró como testigo a pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, por su experiencia en la administración bonaerense y nacional durante dos décadas. Comenzó en 1989 como director nacional de Coordinación Fiscal con las provincias durante la presidencia de Carlos Menem, y terminó en julio de 2009 con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando renunció como ministro de Economía (había asumido en abril de 2008).

Fernández planteó que durante su gestión ninguna provincia contrató a una consultora para negociar su deuda, ni era necesario. "Las reestructuraciones de deuda de las provincias con el gobierno nacional se llevan a cabo a nivel institucional", explicó, y diferenció ese tipo de negociaciones con el frente exterior. "Distinto es la emisión de un bono internacional, donde ahí participan otros actores, como bancos colocadores, estudios jurídicos, calificadoras de riesgo, allí es distinto", indicó.

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"Aimè" y "el Negro", dos viejos rivales

Se conocen desde hace 30 años y se recelan desde entonces. El vicepresidente Amado Boudou y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acumulan chicanas, zancadillas y acusaciones cruzadas por negocios indebidos, según reconstruyó LA NACION de allegados a ambos funcionarios durante meses.

Ambos militaban en Mar del Plata, dentro de la UPAU, pero con perfiles muy distintos. "El Negro" descollaba en la Facultad de Derecho por sus frases incendiarias. Y "Aimé" dividía su tiempo entre la Facultad de Ciencias Económicas y su pasión por pasar música en boliches.

Echegaray se recibió de abogado y enfiló hacia Punta Alta, donde debió sobrellevar su primera tormenta por el llamado Grupo Los Cóndores. El cabecilla, Roberto Nicolás Lucero, se fugó con los ahorros y tiempo después la Justicia lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión. Y Echegaray enfiló luego hacia el Sur, donde pronto se contactó con Rudy Ulloa y ejerció como abogado de Gotti Hermanos, la firma que luego adquirió Lázaro Báez y que terminó siendo investigada por la AFIP por facturación falsa por más de $ 400 millones.

Boudou, mientras tanto, sobrellevó sus propios contratiempos en Mar del Plata, donde además de trabajar como disc-jockey asumió como gerente y luego gerente general de la empresa monopólica de recolección de basura de la ciudad, Venturino, que terminó por quebrar. Pero ya recibido, él siguió su camino entre el Municipio de la Costa -donde afrontó sus primeros traspiés con la Justicia y el Tribunal de Cuentas bonaerense-, y la Anses.

El punto de inflexión -y de reencuentro- para ambos llegó con el kirchnerismo, al que ninguno de los dos adscribía.

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Boudou, Núñez Carmona y facturas truchas

Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la presunta evasión de impuestos a través de facturas apócrifas a las que recurrió para reducir sus pagos por IVA y Ganancias.

La operatoria irregular, que involucraría un monto cercano al medio millón de pesos, se concentra en Action Media SA, la firma en la que aparece como dueño el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, pero que Boudou incorporó como parte del mismo grupo económico en documentos societarios que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Macro, por lo que comparten sus beneficios.

Action Media no aparece aún en el listado con más de 1200 "usinas" o empresas "usuarias" de facturas truchas que la AFIP subió a Internet luego de que LA NACION reveló que empresas de Bahía Blanca emitieron documentos falsos por decenas de millones de pesos, que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez.

Eso se debe a que el reclamo de la AFIP aún no tiene sentencia. El caso se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 14 de febrero de 2013. Se registró con el número 37253-I, y quedó en la Sala D, que integran Edith Gómez -asumió en el Tribunal gracias a una polémica renovación impulsada desde el Palacio de Hacienda- e Ignacio Buitrago, como subrogante.

La AFIP detectó la operatoria irregular años antes, cuando inspectores de la Regional Mar del Plata del organismo analizaron la contabilidad de Action Media, hasta que en diciembre de 2012 completaron lo que en la jerga interna se denomina una "determinación de oficio" sobre cuál sería la deuda acumulada por Ganancias e IVA.

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