Lázaro y el encubrimiento desde el Estado

Por triplicado, la diputada Margarita Stolbizer avanzó otro paso sobre la familia Kirchner y su supuesto socio y testaferro Lázaro Báez. Ahora les pidió al Gobierno y a la Justicia que investiguen el entramado de complicidades dentro del Estado nacional que le habrían permitido al empresario, afirmó, amasar fortunas sin ningún tipo de control ni contratiempo durante la última década. En particular, en el Banco Nación y en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Stolbizer sostuvo que el banco y la IGJ facilitaron que Báez instrumentara el paulatino blanqueo de la fortuna de la familia Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Así lo planteó en tres escritos complementarios. Dos los presentó ayer, ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; y el restante lo entregará hoy, al juez federal Sebastián Casanello.

Según Stolbizer, el primer paso del presunto contubernio se plasmó cuando "el Gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas de Báez y a su vez le otorgaba créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias". Y luego, añadió, "como garantía Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata". De ese modo, resumió, "el Estado daba las obras, el Estado le pagaba cifras millonarias por las obras, el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar. Lázaro Báez no puso un peso en estos años para pagar los préstamos".

Mientras eso ocurría dentro del Banco Nación, la legisladora y ex candidata a presidenta sostuvo que la IGJ toleró múltiples "irregularidades e incumplimientos" a la empresa Austral Construcciones. Entre otros, que no inscribiera sus autoridades, no presentara sus estados contables y fijara un capital social "ridículo para afrontar las millonarias deudas" que acumuló, mientras que, al mismo tiempo, recibió más de $ 8800 millones de fondos nacionales en obra pública, según un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal que reveló LA NACION en agosto.

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Hotesur - la Cámara define si aparta a Rafecas

La Cámara Federal porteña deberá definir si admite la recusación del juez federal Daniel Rafecas en el "caso Hotesur" que presentó la diputada nacional Margarita Stolbizer por supuesta parcialidad e incumplimiento de las normas vigentes.

El contrapunto llegó hasta la Sala I de la Cámara luego de que Rafecas rechazara in limine el planteo de Stolbizer, a la que le indicó que ni siquiera puede plantear ese reclamo ya que, aunque denunciante, no es parte en el expediente, además de que presentó su reclamo fuera de término.

Por ahora, sin embargo, la legisladora continúa en la causa contra la presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, mientras se define si puede, en efecto, asumir el rol de "querellante".

El propio Rafecas también expuso su rechazo a esa pretensión y los indicios que ofreció ayer mismo la Cámara tampoco son alentadores para Stolbizer. Con el voto unánime de sus tres miembros, la Sala I convalidó la posición del juez y le negó la posibilidad de participar como "querellante", lo que forzará a la legisladora a recurrir a la Cámara de Casación -la máxima instancia penal- en un último intento por revertir su suerte.

Ya no por unanimidad, sin embargo, sino por 2 votos contra 1, la Cámara también redobló sus críticas sobre la investigación y concentró sus dardos sobre las supuestas imprecisiones en su "objeto procesal", es decir, qué se investiga en el expediente.

Según los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, la pesquisa debe concentrarse en las presuntas irregularidades registrales de la sociedad Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ), mientras que para el tercer integrante de la Sala I, Eduardo Farah, se debe verificar si se está ante presuntas maniobras de lavado de dinero a través del hotel Alto Calafate.

Freiler y Ballestero llevaron más lejos sus críticas, al sostener que después de tantos meses de trabajo todavía "no existe definición alguna acerca de cuál es el acontecimiento histórico reñido con la ley penal" que se investiga en el expediente, por lo que "se carece de precisiones sobre la plataforma fáctica de la que se trata". Y esto, a su vez, "impide establecer qué bien tutelado jurídicamente se ha visto afectado".

Farah coincidió con sus colegas en que Stolbizer no puede asumir el rol de querellante en el expediente, pero discrepó con ellos sobre cuál es el objeto de la pesquisa. Según él, resulta indiscutible que se investiga una posible operatoria de lavado por parte de las empresas hoteleras de la familia presidencial. Y que el dinero negro que se buscó blanquear podría ser un retorno de la obra pública con que la Casa Rosada favoreció a Báez, operatoria que se desarrollaría por medio de una simulación en la facturación de las habitaciones en los hoteles de los Kirchner a Báez, sin importar si se ocuparon o no.

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Stolbizer vs Rafecas x Lázaro = Hotesur

La diputada Margarita Stolbizer (GEN) reclamó ayer al juez federal Daniel Rafecas que vuelva sobre sus pasos y revea su decisión de permitir que Lázaro Báez acceda al material informático secuestrado en la investigación sobre los hoteles de la familia Kirchner por presunto lavado.

Stolbizer le planteó a Rafecas (foto, abajo) que debe ordenar la nulidad de la resolución que firmó el jueves pasado, cuando autorizó a los abogados de Báez que, sin supervisión ni control alguno, obtengan una copia de un dispositivo que se descubrió durante los allanamientos realizados en Río Gallegos, a mediados de julio. Consideró que, de concretarse la medida, podrían "contaminar" las evidencias de manera irreversible.

Sin embargo, Stolbizer alertó que el material al que pretende acceder Báez se encontraba en realidad oculto en las oficinas de otra firma, Diagonal Sur SA, mientras que Austral Agro no es parte de la investigación penal en curso.

Más relevante, la legisladora que actúa en la causa como "pretensa querellante" le recordó a Rafecas que el argumento de los abogados de Báez choca con un límite insalvable: según los datos oficiales de la Inspección General de Justicia (IGJ), Austral Agro SA no registra movimientos desde hace años. "Resulta un contrasentido autorizar a esta empresa con el argumento de seguir con el giro normal y habitual cuando figura inactiva para el Estado y se puede advertir fácilmente con solo consultar la web de la IGJ", argumentó Stolbizer. 

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Hotesur - más problemas con los domicilios

Pasan los años, pero la Justicia sigue sin lograr verificar dónde se encuentra la sede social de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate. Intenta ubicarla para llevarse toda la documentación societaria y contable, pero la última vez que lo intentó se topó con otra sorpresa más, según consta en las actas de los operativos que obtuvo LA NACION.

El último intento de ubicar a Hotesur se registró el 13 de julio pasado, aunque hasta ahora no había logrado trascender. El juez federal Claudio Bonadio firmó una serie de allanamientos y órdenes de presentación que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, apenas unos días antes de que la Cámara Federal porteña decidiera apartarlo definitivamente de ese expediente sensible.

Con la causa ya en sus manos, el juez Daniel Rafecas tuvo la posibilidad de acceder a esos libros societarios y contables. Pero aquello fue sólo cuando la titular del directorio de Hotesur y sobrina de la Presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, había decidido entregarlos. Ahora hay que verificar, entre otros puntos, si esos documentos son auténticos.

Antes, uno de los operativos de Bonadio que había pasado hasta ahora por debajo de los radares de la prensa, fue en el tercero y último domicilio en Buenos Aires que Hotesur había declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Es decir, la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.

Al llegar a esa supuesta sede, sin embargo, los agentes de la Policía Metropolitana que estaban a cargo del operativo se toparon con una respuesta negativa. Uno de los abogados que trabajan en la oficina declarada, Martín Tassero, les informó "que allí no funciona ni posee su dirección la empresa Hotesur SA",

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IGJ, Lázaro y sus seis firmas "inactivas"

Siete meses atrás, bajo acusaciones de que protegía a la sociedad presidencial Hotesur, la Inspección General de Justicia (IGJ) anunció la creación del Registro de Entidades Inactivas (REI). Y prometió que para fines de abril de este año abarcaría a todas las firmas paralizadas o fantasmas bajo su órbita, las que procedería a liquidar.

De ese modo, con una iniciativa general que bloqueó las acusaciones de favoritismo, las autoridades de la IGJ les permitieron a los Kirchner acomodar los papeles de su hotel Alto Calafate. Pero los creadores del REI nunca imaginaron con qué se toparían: ahora tienen que impulsar la muerte jurídica de seis empresas de Lázaro Báez, entre ellas, la constructora Gotti Hermanos y Epelco, la firma con la que el ex empleado bancario compró la casa de los Kirchner en Río Gallegos.

Sin embargo, la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, hasta ahora no dio orden alguna para proceder al cierre de las empresas en las cuales encontró irregularidades.

La lista de firmas afectadas es por demás sensible, según pudo corroborar LA NACION durante las últimas semanas. Incluye también las financieras Invernes y Credisol, de Ernesto Clarens, uno de los operadores de los "fondos de Santa Cruz". Y aparece Austral Agro SA, con la que Báez, que comparte negocios con la familia presidencial, escrituró estancias que quedarán bajo el agua con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. O sus hermanas Austral Desarrollos Inmobiliarios SA y Austral Atlántica SA, con las que pagó alquileres a los Kirchner por varios inmuebles situados en la capital santacruceña.

A esas sociedades inactivas -y a los problemas de la nave insignia de Báez, Austral Construcciones con otra usina más de facturas truchas (ver aparte)-, se suma una sexta firma del empresario de renombre público. Se trata de Top Air SA, la empresa de taxis aéreos cuyos pilotos declararon ante la Justicia que llevaron al "valijero" Leonardo Fariña al menos una vez hasta Río Gallegos.

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IGJ - el legajo no aparece (irregularidades sobran)

La misteriosa desaparición del legajo societario de The Old Fund dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) en pleno estallido del caso Ciccone es un dolor de cabeza permanente para el Gobierno. Ahora, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) reveló las múltiples fallas que detectó en el sumario que abrió ese organismo para determinar cómo ocurrió el robo o extravío, pero que terminó por reflejar los esfuerzos oficiales por tapar todo.

"Deberá volver a reconstruirse el legajo, ya que la reconstrucción no se ha realizado correctamente, según informes que surgen del propio sumario", alertó la Fiscalía, que indicó que el legajo "tendría que tener 22 hojas, mientras que el trámite por el que se tiene por reconstruido cuenta sólo de tres hojas", remarcó uno de los fiscales que integran la FIA, Ricardo Renom, y analizó las actuaciones.

Las objeciones de Renom constan en un informe de la Fiscalía, el órgano de la Procuración que por ley debe investigar actos de corrupción y las irregularidades cometidas por el personal de la administración pública, cuya copia obtuvo LA NACIÓN.

El informe aparece fechado el 19 de noviembre pasado, pero sólo se conoció ahora y de manera fortuita, anexado a un expediente que, a su vez, obtuvo la Justicia durante su investigación sobre la IGJ, el organismo que debe controlar a las sociedades locales o extranjeras, asociaciones y fundaciones que se registran en la ciudad de Buenos Aires, pero que dependen del Ministerio de Justicia nacional.

A lo largo de 12 carillas, el fiscal Renom reflejó inconsistencias, lagunas y faltantes en el sumario interno de la IGJ, y reclamó respuestas rápidas. "Esta FIA considera de vital importancia que se imprima la máxima urgencia a la reconstrucción, practicando las averiguaciones conducentes a ese fin para lograrla", exhortó.

Cuatro meses y medio después del dictamen de la Fiscalía, sin embargo, la IGJ no siguió sus recomendaciones ni corrigió el sumario. Por el contrario, se presentó ante la Justicia, donde pidió ser querellante en la investigación sobre las desapariciones de ese legajo y el de la ex Ciccone, por los que responsabiliza a la ex directora del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez -quien ya colaboró con la Justicia en dos investigaciones y asesora a la diputada Margarita Stolbizer-; al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a otro empleado de esa área.

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La séptima víctima del Caso Ciccone

Un ex empleado de la Inspección General de Justicia (IGJ) se convirtió en la séptima persona que sufre represalias derivadas del "caso Ciccone". A otros los amenazaron; él fue cesanteado de la administración pública nacional. Por eso, a los 49 años y sin opciones para reinsertarse en el mercado laboral local, decidió irse del país con su mujer, portorriqueña, y su hija.

Se trata de Javier Marcelo Ramos Villaverde, que llevaba 29 años como empleado raso en la IGJ, donde, según su propia definición, no era más que un "perejil". Por eso, alegó ante la Justicia, lo utilizaron para tapar delitos.

"Yo soy una víctima sacrificada a los intereses de personas poderosas con las que no tengo nada que ver", se lamentó Ramos en un escrito que quedó en manos de los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda Servini de Cubría (a cargo de las pesquisas sobre el "caso Ciccone" y las irregularidades detectadas dentro de la IGJ), y añadió que teme más represalias.

"La pura lógica me indica que carece de sentido haberme inventado una cesantía relacionada con el caso Ciccone y con el vicepresidente de la Nación [por Amado Boudou], si ello no se piensa usar en otras instancias, y entiendo conveniente ponerme a disposición de la Justicia", planteó el ya ex empleado de la IGJ.

Ramos se sumó así a una lista creciente de amenazados o perseguidos desde que estalló el escándalo, en febrero de 2012. Incluye a Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele; un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; un ex socio de José María Núñez Carmona, Luis Scolari; una enfermera de Héctor Ciccone; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, y la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez.

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Ministerio de Justicia, de ambos lados del mostrador

El Ministerio de Justicia podrá ser querellante en la causa por la desaparición del expediente de The Old Fund dentro de las instalaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) semanas después de que estalló el "caso Ciccone", según resolvió la Cámara Federal.

Con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, la sala I de la Cámara resolvió que el Ministerio de Justicia puede pedir medidas de prueba e impulsar el expediente, tras considerar que su rol como tal no pondrá en riesgo la investigación en la que se encuentran bajo sospecha algunos funcionarios de esa misma cartera.

La Cámara Federal revocó así la decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien rechazó el pedido del Ministerio. Consideró que aceptar a los funcionarios del Ministerio liderado por Julio Alak (foto) como querellantes podía poner en riesgo o al menos entorpecer su pesquisa, que también abarca el armado de un "cepo informativo" en la IGJ.

Uno de los tres camaristas, Eduardo Farah, compartió el criterio de Servini, y estimó que otorgarle "la calidad de querellante solicitada [por el Ministerio de Justicia] resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado". Sin embargo, Farah quedó en minoría, ya que Freiler y Ballestero compartieron el criterio de que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública", según establece el artículo 4 de la ley 17.516.

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IGJ - adulteran un sumario vs una ex funcionaria

El Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.

La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez (foto, abajo), quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.

El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".

La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.

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Hotesur - sin reporte antilavado desde IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) no emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de activos ante las irregularidades detectadas en la sociedad de la familia Kirchner Hotesur SA, pese a las normativas de la propia IGJ y de la unidad antilavado (UIF). Pero para el organismo que depende del Ministerio de Justicia se trató de apenas una "falta administrativa leve", punible con una multa.

La obligación de emitir esa alerta surge de dos resoluciones de la UIF y de un manual de procedimientos que emitió la IGJ. Las tres normativas imponen reportar a las autoridades antilavado cuando una sociedad oculta información interna que está obligada a entregar o entrega datos falsos. Por ejemplo, sobre su domicilio, sus balances o sus beneficiarios finales.

Ese reporte de operación sospechosa (ROS) debió abarcar a la sociedad en sí, Hotesur SA, como también a sus accionistas, de modo de abrirle la puerta a la UIF para que analizara por su cuenta si correspondía iniciar una investigación por presunto lavado.

La obligación de la IGJ respecto de Hotesur debió incluso ser superior a la normal porque la normativa antilavado así lo dispone cuando algún protagonista bajo sospecha es una "persona políticamente expuesta", como la presidenta Cristina Kirchner y sus familiares.

Sin embargo, la posición oficial sobre la sociedad hotelera de la familia Kirchner es una "irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo", según la caracterizó anteayer el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

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Hotesur (Kirchner) admite, promete y ataca

En un duro comunicado sin firma de ninguno de sus accionistas o directivos, la sociedad hotelera de la familia Kirchner, Hotesur SA, admitió ayer que incurrió en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque afirmó que inició "un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable".

Hotesur relativizó esas falencias y criticó a los medios. Los acusó de "presentar como delictivo" el incumplimiento de trámites ante la IGJ como el cambio de domicilio de la sociedad. También criticó al juez de la causa, Claudio Bonadio, y, sin mencionarla, a la diputada Margarita Stolbizer, que radicó la denuncia penal ante el juez, sin sorteo de por medio. Días después, Bonadio allanó la IGJ y una sede "fantasma" de la empresa.

Pese a que Hotesur es una empresa privada, su comunicado se difundió a través de tres canales oficiales: la agencia Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter. Ocurrió horas después de que LA NACION y Clarín revelaran múltiples faltantes, irregularidades e inconsistencias de esa sociedad ante la IGJ. Para la empresa de Cristina Kirchner, fueron "notas aparecidas en forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al Gobierno".

Con sus explicaciones, sin embargo, Hotesur confirmó que adeuda el pago de tasas, no presenta los balances y varios otros trámites ante la IGJ, como impone la ley, y dejó al descubierto nuevas contradicciones y faltantes.

Entre otras, sostuvo que en marzo de 2010 se decidió mudar el domicilio legal a la provincia de Santa Cruz con la firma de uno de sus socios, el ex presidente Néstor Kirchner. Pero tanto su hijo, Máximo Kirchner, durante una asamblea celebrada en 2011, como el presidente del directorio, Osvaldo Sanfelice, al firmar una declaración jurada en 2012, reafirmaron el domicilio social en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, que la Justicia ya verificó que para entonces ya no ocupaban. ¿Ambos presentaron documentos ante la IGJ con un domicilio falso, según el propio comunicado de Hotesur?

Con respecto a los balances, la firma indicó que está en un "proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable de los períodos 2011, 2012 y 2013", que de todos modos aclaró que fue presentada "en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI".

Pero ambos organismos cumplen distintas funciones dentro de la administración pública, con regulaciones y prácticas distintas. Mientras los documentos presentados ante la AFIP quedan protegidos por el "secreto fiscal" -sin que terceros puedan acceder a ellos-, la IGJ actúa por ley como un Registro Público de Comercio y cualquier particular podría pedir copia de la documentación, aun cuando el "cepo" informativo que se montó desde el "caso Ciccone" lo impide en la práctica.

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Hotesur irregular; Máximo protagonista

El balance más reciente de la sociedad presidencial Hotesur SA que tiene la Inspección General de Justicia (IGJ) es de 2010. No sólo eso. Apenas recibió una fotocopia de ese supuesto balance, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, se aprobó en una presunta asamblea en la que en teoría participó Máximo Kirchner, pero que arrastra un pecado original: se celebró en una oficina en la que desde hacía un año ya no estaba esa sociedad.

Esas y otras inconsistencias surgen de documentos inscriptos en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a Hotesur, pero que no le aplicó las sanciones que prevé la ley hasta quitarle su personería, según reconstruyó LA NACION, y que el juez federal Claudio Bonadio obtuvo durante el allanamiento de este jueves.

La escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. El funcionario, en su conferencia de prensa de anteayer, habló de "hostigamiento judicial" y de "golpismo activo del Poder Judicial", términos que fueron duramente criticados.

"Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria", afirmó Capitanich, quien planteó que "la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente".

Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas.

No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley.

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Hotesur & IGJ - inconsistencias expuestas

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ayer ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial Hotesur dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad.

La declaración de Martínez ocurrió sólo un día después de que el juez federal Claudio Bonadío allanara la sede de la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia, y verificara que el domicilio legal declarado por Hotesur no era más que un departamento vacío.

Martínez precisó además cómo debió ser la reacción de la IGJ, según lo dispone la ley, ante los múltiples incumplimientos por parte de los responsables de la firma presidencial, que adeudaría los balances de los últimos años y el pago de las tasas. Además, habría presentado una declaración jurada de actualización de datos vencido el plazo legal y no inscribió el cambio de su sede social, entre otras obligaciones.

Esos faltantes salieron a la luz por primera vez en diciembre de 2013, cuando LA NACION reveló que Hotesur "adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos", así como informó que presentó su declaración jurada fuera de término.

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Hotesur - una firma clave, en una trama millonaria

Dos son las sociedades clave para entender el entramado de negocios y sospechas que une a Cristina Kirchner con el empresario patagónico Lázaro Báez. Una es Hotesur; la otra, Valle Mitre. Y ambas se encuentran bajo la lupa judicial por los presuntos delitos de lavado de activos y evasión tributaria, y otras figuras que se ciernen sobre los funcionarios que deberían controlarlas.

Hotesur SA es la firma que con que la familia Kirchner controla sus hoteles en el Sur. El más importante es el Alto Calafate. Pero sus números se mantienen en las sombras. Entre otros motivos, porque incumplió con varias exigencias de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debe controlar a las sociedades creadas o domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires, y que depende del Ministerio de Justicia.

Valle Mitre SA, en tanto, pertenece a Báez. ¿Por qué es relevante esa firma? Porque durante años se encargó de gerenciar los hoteles de la Presidenta y garantizarle ingresos multimillonarios a través de los contratos que firmaron al menos ocho empresas del propio Báez para pagar cientos de habitaciones sin jamás usarlas, tal como reveló LA NACION en diciembre y enero pasados.

¿Cómo era esa operatoria? Ocho firmas de Báez firmaron convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta superar las 1100 habitaciones por mes durante años, que él pagó, sin obtener una tarifa corporativa ni descuento alguno y sin importar que sus empleados usaran o no esas reservas o si se trataba de temporada alta o baja.

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Boudou, Núñez Carmona y facturas truchas

Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la presunta evasión de impuestos a través de facturas apócrifas a las que recurrió para reducir sus pagos por IVA y Ganancias.

La operatoria irregular, que involucraría un monto cercano al medio millón de pesos, se concentra en Action Media SA, la firma en la que aparece como dueño el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, pero que Boudou incorporó como parte del mismo grupo económico en documentos societarios que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Macro, por lo que comparten sus beneficios.

Action Media no aparece aún en el listado con más de 1200 "usinas" o empresas "usuarias" de facturas truchas que la AFIP subió a Internet luego de que LA NACION reveló que empresas de Bahía Blanca emitieron documentos falsos por decenas de millones de pesos, que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez.

Eso se debe a que el reclamo de la AFIP aún no tiene sentencia. El caso se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 14 de febrero de 2013. Se registró con el número 37253-I, y quedó en la Sala D, que integran Edith Gómez -asumió en el Tribunal gracias a una polémica renovación impulsada desde el Palacio de Hacienda- e Ignacio Buitrago, como subrogante.

La AFIP detectó la operatoria irregular años antes, cuando inspectores de la Regional Mar del Plata del organismo analizaron la contabilidad de Action Media, hasta que en diciembre de 2012 completaron lo que en la jerga interna se denomina una "determinación de oficio" sobre cuál sería la deuda acumulada por Ganancias e IVA.

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The Old Fund - te faltan 18 para el legajo

Para la Inspección General de Justicia (IGJ), el legajo "extraviado" de The Old Fund es algo del pasado. Afirma que logró reconstruirlo y así se lo comunicó a la justicia federal. Pero el tramo clave del legajo "reconstruido" tiene apenas cuatro fojas cuando el original tenía 22. Faltan dictámenes, observaciones de los inspectores, formularios, firmas, sellos y otros pasos del desembarco de la firma uruguaya Dusbel en el fondo que controló la ex Ciccone Calcográfica.

El material faltante se suma, así, a documentos registrales de The Old Fund que, como reveló LA NACION el 18 de agosto pasado, acumulan una docena de indicios sobre su posible falsedad. Y arroja nuevas sospechas, por ejemplo, sobre la fecha real en que la firma uruguaya Dusbel -con acciones al portador- aportó US$ 620.000 para adquirir el 50% de The Old Fund, en reemplazo de Sergio Gustavo Martínez, el prófugo de la justicia de Estados Unidos y amigo del vicepresidente Amado Boudou y de su socio, José María Núñez Carmona.

En su último comunicado público vinculado al "caso Ciccone", sin embargo, la IGJ negó incluso que se haya desaparecido el legajo de The Old Fund, sino que sólo se extravió de un "trámite", cuya reconstrucción "fue concluida en un breve lapso", lo que se logró "a partir de copias digitalizadas". Pero las "copias digitalizadas" con las que IGJ dio por cerrada la reconstrucción de The Old Fund, sin embargo, dejaron afuera más material sensible.

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IGJ + The Old Fund = desmentida del Ministerio

El Ministerio de Justicia negó ayer "categóricamente" que la Inspección General de Justicia (IGJ) haya participado en "supuestas maniobras de adulteración de documentación" de la sociedad The Old Fund para proteger al vicepresidente Amado Boudou, y acusó a la nacion de abordar con "ligereza y desinformación un tema de suma relevancia institucional".

Desde el Ministerio que conduce Julio Alak indicaron que fue la propia IGJ la que detectó el extravío "de un trámite", ordenó su reconstrucción y abrió un sumario para determinar las responsabilidades.

Sin embargo, el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, indicó que la IGJ extravió un "expediente" -no un "trámite"- en su último informe a la Cámara de Diputados, en tanto que el Ministerio omitió precisar que la desaparición ocurrió luego de que estallara el escándalo del caso Ciccone y que la IGJ lo detectó a raíz de los pedidos de informes que presentaron legisladores y periodistas, ante quienes estableció y mantiene un "cepo" informativo.

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Según el Ministerio, la reconstrucción "fue concluida en un breve lapso", en base a las copias del material desaparecido que conservaba la propia IGJ, por lo que indicó que "no fue necesario requerir documental en poder de la sociedad".

El Ministerio omitió detallar que en los protocolos digitales de la IGJ no estaba toda la información necesaria para la reconstrucción. Faltaron las publicaciones en el Boletín Oficial, el dictamen precalificado, el dictamen contable referido al aumento de capital y a la prima de emisión, los formularios y las propias observaciones que cursó la IGJ, entre otros pasos.

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IGJ - desmentida que no desmiente (pero confunde)

El Ministerio de Justicia emitió hoy un comunicado con el objetivo de desmentir "categóricamente" lo que publiqué el lunes en LA NACIÓN.

Para simplificar la lectura, lo que publiqué está acá, acá y acá.

El comunicado completo del Ministerio, está acá.

Y para quien quiera precisiones sobre la "desmentida" que no es tal, a continuación mecho el comunicado con algunos (se pueden hacer varios más) comentarios EN MAYÚSCULA.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desmiente categóricamente los términos de la nota periodística publicada el día lunes 18 de agosto en el diario La Nación, suscripta por Hugo Alconada Mon, y replicada el día martes 19 por el matutino Clarín, que dan cuenta de supuestas maniobras de adulteración de documentación en la Inspección General de Justicia con el supuesto objetivo de “proteger” al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
Esta cartera debe volver a insistir sobre algunas cuestiones que fueron reiteradamente aclaradas ante la Justicia, pese a lo cual en ningún momento han sido difundidas o al menos explicadas por esos medios de prensa.

EN RIGOR, ES EL MINISTERIO O LA IGJ O AMBOS LOS QUE TIENEN QUE SALIR A DAR EXPLICACIONES CUANDO SUCEDEN IRREGULARIDADES, PERDIDAS DE EXPTES, Y VARIAS CAUSAS JUDICIALES EN TRAMITE.

Al respecto vale destacar, una vez más, que efectivamente en el mes de marzo de 2012 las propias autoridades de la IGJ detectaron el extravío de un trámite (y no de “el legajo” como de manera insistente y falaz se refiere) correspondiente a la sociedad The Old Fund.
EL PROPIO JEFE DE GABINETE, JORGE CAPITANICH, CALIFICÓ DE "EXPEDIENTE" -NO DE SIMPLE "TRÁMITE"- LO QUE DESAPARECIÓ DE LA IGJ EN SU ÚLTIMO INFORME ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL 4 DE JUNIO PASADO.

De manera inmediata se ordenó su reconstrucción y la sustanciación de las actuaciones sumariales tendientes a esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Actualmente el sumario administrativo se encuentra en pleno trámite y sus conclusiones –finalizada la obligación de mantener el secreto de sumario- serán dadas a conocer.
ES CIERTO QUE LO DETECTARON LAS PROPIAS AUTORIDADES, PERO FUE A RAIZ DE QUE LOS MEDIOS REVELARON QUE THE OLD FUND INGRESO A CICCONE CALCOGRAFICA. Y A RAIZ DE ESA REVELACION, INGRESARON NUMEROSOS PEDIDOS DE INFORMES DE PERIODISTAS, DIPUTADOS Y OFICIOS DE JUZGADOS Y FISCALIAS. UNA VEZ DETECTADO LOS “TRAMITES” EXTRAVIADOS DE LAS 3 PRINCIPALES SOCIEDADES INVOLUCRADAS EN EL TEMA (THE OLD FUND, CICCONE Y LONDON) SE ORDENO SU RECONSTRUCCIÓN E INMEDIATAMENTE EL CEPO INFORMATIVO PARA DENEGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES INSCRIPTAS EN IGJ, DANDO FORMA AL "CEPO" INFORMATIVO".  ADEMÁS, LA IGJ  DEBE COMUNICAR ANTE LA JUSTICIA LOS AVANCES DEL SUMARIO O DIRECTAMENTE DEJARLO EN MANOS DE LA JUSTICIA, YA QUE SE ESTA INVESTIGANDO EL MISMO TEMA (YA NO COMO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SINO PENAL).

Por su parte, la reconstrucción del trámite extraviado fue concluida en un breve lapso. En esta clase de actuaciones, la reconstrucción puede realizarse por dos vías: o bien con las copias que obren en la IGJ o, si no resulta suficiente, se requiere a la sociedad que aporte documentación adicional.
En este caso, no fue necesario requerir documental en poder de la sociedad, toda vez que en el archivo de protocolos digitales de la IGJ se encontraban debidamente digitalizados los instrumentos contenidos en el trámite extraviado oportunamente inscripto.
LA NACION EXPUSO LO MISMO. ES DECIR, QUE EN POCO TIEMPO SE RECONSTRUYO. LO QUE NO ES CIERTO ES QUE EN LOS PROTOCOLOS DIGITALES SE ENCONTRARA TODO LO NECESARIO PARA SU DEBIDA RECONSTRUCCION. YA QUE FALTA LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL, EL DICTAMEN PRECALIFICADO, EL DICTAMEN CONTABLE REFERIDO AL AUMENTO DE CAPITAL Y A LA PRIMA DE EMISION, LOS FORMULARIOS, PRESENTACIONES ADICIONALES QUE HACEN AL TRAMITE PERO NO SE INSCRIBEN COMO CONTESTACIONES DE VISTAS, AUTORIZACIONES, ETC Y POR ULTIMO LAS PROPIAS OBSERVACIONES CURSADAS POR LA IGJ. ARTICULO 105 REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DECRETO 1883/91.

Según la versión periodística “los documentos y registros que se usaron para hacerlo tienen por lo menos una docena de indicios sobre su falsedad, según surge de copias de libros societarios que cotejó La Nación durante los últimos tres meses”. Pero esto es falso y malintencionado.
¿COMO SABEN QUE ES FALSO Y MALINTENCIONADO SI, SEGÙN EL COMUNICADO, SE TRATA DE DOCUMENTACION QUE NO LES CORRESPONDE COTEJAR? (ver más abajo)

En efecto, los trámites en cuestión han sido correctamente inscriptos en el Registro Público de Comercio, siguiendo el proceso de control de legalidad que establece la normativa de la Inspección General de Justicia. Ninguna de las supuestas “irregularidades” denunciadas resultan cuestiones cuyo análisis competa a la IGJ como paso previo a su inscripción.
EN RIGOR, NO ES ASI, SI UNA PERSONA TRANSCRIBE UN ACTA A LOS 3 MESES DE QUE OCURRA ES COMPETENCIA DE LA IGJ. EL INSTRUMENTO INSCRIPTO ES FALSO…EN LA NACION SE EXPUSO, POR EJEMPLO, QUE EL ABOGADO ALBERT CHAMORRO TRANSCRIBIO EL 6 DE JULIO DE 2010 UNA ACTA QUE OCURRIRIA EL 29 DE OCTUBRE DE 2010…3 MESES Y MEDIO DESPUES. Y ASI SE INSCRIBIO..LUEGO ESTE TRAMITE SE PERDIO…LUEGO SE RECONSTRUYO Y ASI QUEDO. 

TAMPOCO SE MENCIONA EN EL COMUNICADO LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL CAMBIO DE SEDE (PUBLICACION QUE SE HIZO DESPUES DE INICIADO EL TRAMITE EN IGJ, CUANDO ES UN REQUISITO PREVIO).

Las notas periodísticas en cuestión se basan esencialmente en el acceso a los libros societarios de The Old Fund, entre ellos el de accionistas. Sin embargo, en primer lugar, la IGJ no está facultada por ley a llevar el registro de los accionistas de las sociedades comerciales. Tampoco se requiere la presentación de los libros societarios para la realización de trámites registrales, toda vez que el contenido de dichos libros es transcripto en su parte pertinente en el dictamen de precalificación suscripto por el profesional autorizado para sustanciar el trámite. Esta normativa, no fue establecida por este gobierno, sino que fue promovida e históricamente defendida por los colegios profesionales de abogados, contadores y escribanos.
ES CIERTO QUE LA IGJ NO LLEVA LIBRO DE ACCIONISTA. PERO LA IGJ DEBE EFECTUAR EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS QUE LE TRAEN A INSCRIBIR. Y CHEQUEAR QUE LO QUE YA ESTE INSCRIPTO COINCIDA CON LO QUE LE TRAEN A INSCRIBIR. SINO CUALQUIERA INSCRIBE CUALQUIER COSA. Y EL CONTROL DE LEGALIDAD QUE EJERCE ES SUSTANCIAL (NO MERAMENTE FORMAL), ES DECIR, DEBE ADENTRARSE EN EL NEGOCIO JURIDICO SUBYACENTE, PUEDE PEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS LIBROS CUANDO TUVIERE DUDAS SOBRE SU LEGALIDAD O COMO INFORMACION COMPLEMETARIA.. AHORA BIEN, LOS LIBROS NO SE TRANSCRIBEN EN EL DICTAMEN DE PRECALIFICACION SINO EN EL INSTRUMENTO QUE SE INSCRIBE (EN EL CASO, CHAMORRO LO TRANSCRIBIO 3 MESES Y MEDIO ANTES DE QUE OCURRA, ERGO NUNCA SUCEDIÓ? LO INSCRIBO IGUAL?). DICHO DICTAMEN ES UN PRE CONTROL POR PARTE DE UN PROFESIONAL PERO EL CONTROL DE LEGALIDAD ES DE LA IGJ. NADIE DICE NADA EN CONTRA DE LA NORMATIVA.

La referencia a la ausencia de los “hilos o pelos” en la foja de seguridad, que certificarían la autenticidad de dichos documentos en el trámite reconstruido, obedece a que la reconstrucción se realizó a partir de copias digitalizadas en poder del organismo. El original de la foja de seguridad, que es el documento que contiene los aludidos “hilos o pelos” es una constancia que retira el interesado, una vez que el trámite fue inscripto.
ESTO NO ES ASI…LA NACION NO PUBLICÓ QUE FALTAN LOS PELOS A LA RECONSTRUCCION. SE REVELÓ QUE ALEJANDRO VANDENBROELE PRESENTÓ ANTE LA JUSTICIA UNA COPIA INSCRIPTA DE THE OLD FUND A LA QUE LE FALTAN LOS HILOS Y PELOS QUE CERTIFICARIAN SU AUTENTICIDAD.

En suma, las reconstrucciones se llevaron a cabo con las copias de los documentos que obran en los libros protocolares de la IGJ. No hay posibilidad alguna de alterar su contenido. Ninguna de las supuestas “irregularidades” que ligeramente se mencionan como reveladoras de una maniobra de adulteración documental, son tales. Cada uno de ellas tiene una explicación clara, que todos aquellos que con alguna frecuencia realizan trámites ante el organismo conocen perfectamente, por lo que no cabe más que lamentar que se trate con tanta ligereza y desinformación un tema de suma relevancia institucional.
COINCIDIMOS AL FINAL. SE TRATA DE UN TEMA "DE SUMA RELEVANCIA INSTITUCIONAL".

pd: más datos en la edición de mañana de LA NACION.

The Old Fund - 12 indicios para un legajo pirata

Los indicios son muchos más que doce. Pero basten estos como síntesis del cúmulo de sospechas que rodea al legajo de The Old Fund que se "extravió" dentro de la Inspección General de Justicia" (IGJ) y que el organismo que depende del Ministerio de Justicia dio por "reconstruído" apenas un mes después:

1. En los libros societarios, Vandenbroele figuró como "accionista" durante meses, pero se tachó y sobrescribió como "presidente", y así figura en la Inspección General de Justicia

2. La asamblea en que el fondo holandés Tierras International Investments se convirtió en accionista ocurrió en marzo de 2010, pero se sobrescribió "abril", y al inscribirla ante la IGJ se colocó una tercera fecha

3. Vandenbroele se presentó el 28/2/12 ante una escribana a certificar una asamblea que en teoría ocurrió el 1/9/09

4.Una imprenta que abrió sus puertas a fines de 2011 y se inscribió ante la AFIP a principios de 2012 se encargó de volcar en los libros movimientos societarios ocurridos meses antes del escándalo

5. En junio de 2012, cuatro meses después de que la Justicia empezara a investigar el caso Ciccone, Vandenbroele entregó los libros societarios a la Justicia

6. Vandenbroele no presentó el libro de "depósito y asistencia de asambleas"; sólo aportó una copia, en papel suelto, de la asamblea clave de The Old Fund que en teoría ocurrió el 29/10/2010

7. En la asamblea del 29/10/10, irrumpió la sociedad uruguaya Dusbel como accionista con Albert Chamorro Hernández como su representante, pero en Uruguay consta que recién asumió como tal el 13/6/2011

8. La irrupción de Dusbel en The Old Fund ocurrió ocho meses antes de que la sociedad uruguaya se nacionalizara en el país, como impone la legislación argentina

9.Al informar a la IGJ sobre la asamblea del 29/10/2010, Chamorro afirmó bajo juramento que transcribió lo ocurrido el 6/7/2010, es decir, tres meses y medio antes de que se celebrara la asamblea

10. El folio de seguridad de la copia de la inscripción ante la IGJ de la asamblea del 29/10/2010 no tiene los hilos o "pelos" que certifican su autenticidad

11.La publicación en el Boletín Oficial del cambio de domicilio de The Old Fund ocurrió 9 días después de presentar el trámite ante la IGJ, cuando debe ser previo, no posterior

12. El folio de seguridad que acompaña al documento para otro cambio de domcilio en marzo de 2012 tampoco tiene los "hilos" que deben certificarlo

pd: el texto publicado en LA NACIÓN, acá.

IGJ - un legajo alterado para The Old Fund

Dos meses después de que estallara el caso Ciccone, en febrero de 2012, manos anónimas robaron de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) el legajo original de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta y que era liderado por Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro de Amado Boudou. Un mes más tarde, el organismo dio por completada su "reconstrucción". Pero los documentos y registros que se usaron para hacerlo tienen por lo menos una docena de indicios sobre su falsedad, según surge de copias de libros societarios que cotejó LA NACION durante los últimos tres meses.

Los indicios se centran en los accionistas, los apoderados y algunas firmas, fechas y domicilios de quienes aparecen en The Old Fund, como también en los sellos y los folios de seguridad que la IGJ debe adosar a ciertos documentos para certificar su autenticidad. Así, si la información reconstruida no es la que constaba en el documento original, una pregunta queda en el aire: ¿qué datos o nombres sensibles había en aquel legajo?

pd: el resto del material publicada hoy en LA NACIÓN, acá y acá.