Fin de ciclo K: la mudanza

Algunos pugnan por acomodarse en un nuevo cargo público; otros, por no ir a la cárcel. Algunos evalúan irse del país; otros, volver. Y mientras muchos dicen que necesitan trabajar para llegar a fin de mes -y hasta alguno volvería hacerlo en su ferretería-, otros lo harán para blanquear parte del dinero que acumularon. Son los funcionarios nacionales que, tras más de una década de kirchnerismo en el poder, encaran el final.

La mayoría de ellos, según reconstruyó lanacion durante las últimas semanas, quiere además continuar en la política profesional o, al menos, en la militancia, aunque también hay varios que dan por cerrado ese capítulo. Y no son pocos los que, por las dudas, borran todas las huellas incómodas o comprometedoras.

De hecho, las máquinas trituradoras funcionan a pleno en algunas oficinas de la Casa Rosada, al igual que los procedimientos para eliminar archivos informáticos. También en el Ministerio de Economía -donde las bolsas con papel triturado y los canastos de mudanza son ya algo común-, la Casa de Moneda -donde también se acumulan bolsas gigantescas de papel trozado, al igual que en la unidad antilavado (UIF)- y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según testimonios coincidentes de funcionarios, empleados y testigos casuales que acumuló LA NACION. También en el PAMI, según denunció la legisladora porteña Graciela Ocaña.

En múltiples organismos, como el Senado, la Inspección General de Justicia (IGJ), Migraciones o los ministerios de Salud y Agricultura, entre otros, se acumulan las designaciones masivas de nuevos empleados. Y se suma la reubicación de personas que saben demasiado. ¿Un ejemplo? A varias secretarias privadas las mudaron a dependencias satelitales, para que "los nuevos" no puedan preguntarles nada ni ellas tampoco puedan contar lo que vieron o escucharon durante estos años. ¿Otros dos ejemplos? En el PAMI, varios funcionarios de carrera se encontraron con que se habían borrado todos sus mails o incluso que les habían cambiado sus computadoras. Y en el Ministerio de Justicia, que ciertos discos rígidos fueron eliminados.

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Ciccone, quebrada + Vandenbroele, fronteras adentro

La Justicia prohibió salir del país al presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele. Así lo dispuso el juez en lo Comercial Javier Cosentino hasta el 5 de mayo próximo, período en el que se buscará esclarecer la situación patrimonial de la ex imprenta Ciccone y los créditos que adeuda.

Cosentino tomó esa decisión al declarar la quiebra de la imprenta por segunda vez desde mediados de 2010, según consta en la copia de la resolución que obtuvo LA NACION. Rebautizada Compañia de Valores Sudamericana (CVS), la ex Ciccone está intervenida por el Gobierno desde agosto del año pasado, y bajo el control directo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la jefa de la Casa de Moneda, Katya Daura, funcionaria que responde a Boudou.

La nueva quiebra, y su consiguiente inhibición general de bienes, implica otro contratiempo para los planes del Gobierno, que al intervenir la imprenta dijo que a las arcas del Estado no les costaría "ni un peso". Ahora está incluso ante un posible remate de los bienes de la compañía si no hace frente al reclamo de uno de los acreedores, Tecnología del Sur -una empresa de consultoría en sistemas-, por una deuda de $ 2,6 millones.

Para Vandenbroele, en cambio, la orden judicial llegó en un momento singular. En Uruguay, la justicia quiere indagarlo por presunto lavado de dinero después de investigar cómo canalizó fondos a través de la sociedad Dusbel SA, de ese país, con destino al misterioso fondo The Old Fund, según confirmaron fuentes tribunalicias en Montevideo. Con ese objetivo, hace un mes se envió un pedido a Buenos Aires, del que todavía no han recibido respuesta alguna.

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El "caso Ciccone" llega a la Corte Suprema

Si ya no tenía suficiente, ahora la Corte Suprema de Justicia sumará un nuevo desafío. Deberá lidiar, por primera vez, con el “caso Ciccone”. Decidirá si es constitucional que el Gobierno esté de ambos lados del mostrador a la hora de negociar si la familia fundadora de la imprenta debe cobrar una indemnización por un contrato multimillonario que rescindió la Policía Federal.

El arribo del “caso Ciccone” a la Corte se definió el martes pasado, cuando la sala D de la Cámara Comercial admitió un recurso extraordinario de la familia fundadora, que considera que, en pleno de proceso de expropiación de la imprenta, el Gobierno viola sus derechos de defensa y de propiedad, según consta en la copia de la resolución judicial.

El reclamo de los Ciccone se centra en un tramo menor de toda la madeja judicial que los rodea junto al abogado Alejandro Vandenbroele y el vicepresidente Amado Boudou, pero que se convirtió en la senda para la discusión de fondo. Pero abarca una fortuna. Los Ciccone le reclaman a la Policía Federal una indemnización de $ 86,2 millones por los bienes y equipos de la compañía que la fuerza utilizó durante varios años para confeccionar los pasaportes y cédulas de identidad, para luego, de improviso, prescindir del servicio.

Al caerse el contrato, los Ciccone reclamaron por la vía administrativa, que incluyó una firma de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Hasta que tras casi dos años de idas y vueltas, la Policía concluyó el 16 de agosto pasado que correspondía indemnizarlos con sólo 13.203 pesos.

El bajísimo monto otorgado podría responder al contexto temporal. Para entonces, el escándalo por el “caso Ciccone” ya superaba los seis meses y había provocado la apertura de una investigación penal en la que Boudou se encuentra imputado por la presunta comisión de múltiples delitos. Y nueve días antes de la decisión de la Policía, el Gobierno había anunciado la intervención oficial de la imprenta, que por entonces imprimía decenas de millones de billetes de 100 pesos.

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La denuncia vs los Ciccone, cual pelota de rugby

La intentona no duró. El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer enviar la denuncia penal que presentó la intervención de la imprenta Ciccone contra la familia fundadora y algunos de sus acreedores a la justicia ordinaria, para que se investigue allí en vez de en los tribunales federales de Comodoro Py, como pretendió el Gobierno.

Ercolini tomó esa decisión en línea con la recomendación del fiscal federal Federico Delgado, quien había concluido que la denuncia por el presunto vaciamiento de la empresa y un supuesto lavado de activos por parte de la familia Ciccone no debía continuar en el fuero federal, aun cuando también había sugerido algunas medidas de prueba iniciales dada la “urgencia del caso”.

Ercolini solicitó entonces a distintos jueces del fuero comercial que le informaran los expedientes que tramitaban en contra de la imprenta con reclamos de acreedores para determinar los pasos por seguir, decisión que adoptó ayer.

La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, meses antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele, quien quedó fuera de la presentación oficial.

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Ciccone - ahí les va esta denuncia

Ahora sí, la guerra es casi, casi, total. (Qué lindo cuando al fin vuelen los tortazos, si es que eso algún día ocurre).

Sólo días después de que la familia Ciccone acudió a la Justicia con un amparo contra la expropiación de la imprenta llegó la respuesta del Gobierno. Radicó una denuncia por el presunto vaciamiento de la compañía cuando ya afrontaba el concurso preventivo de acreedores, como así también un supuesto lavado millonario de activos ilícitos.

La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, radicó la denuncia como interventor de la empresa, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), a la que consideró que los Ciccone intentaron vaciar con prácticas propias de una supuesta administración fraudulenta.

Algunos nombres ya quedaron bajo la lupa. En su denuncia, el Gobierno apuntó a la presidenta de la imprenta –Olga Beatriz Ciccone, hija de uno de los hermanos fundadores, Nicolás Ciccone–, al contador y al síndico de la empresa, y a los tres ejecutivos que celebraron aquellas operaciones bajo sospecha. Esos ejecutivos son Roberto Molina, un abogado ya fallecido que era de extrema confianza de la familia fundadora, Pablo Amato, esposo de Olga y yerno de Nicolás, y Federico Schmid.

Ahora, con la denuncia penal del Gobierno llegó el último capítulo en los Tribunales, aunque fuera de la presentación oficial quedaron Vandenbroele, “nuevo accionista” y luego sólo presidente de The Old Fund, y el supuesto dueño de ese fondo, Guillermo Reinwick, el otro yerno de Nicolás Ciccone. 

Desde que estalló el escándalo, Reinwick se mantiene en silencio. Sólo apareció en una solicitada pública, el 29 de febrero de 2012, que él dejó trascender que jamás firmó.

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La ex Ciccone, bajo el riesgo de otra quiebra

La ex Ciccone Calcográfica va cuesta abajo en la rodada comercial y se dirige hacia su quiebra si la intervención oficial no logra al menos triplicar los ingresos de la compañía. Así surge del último escrito que presentó el síndico de su concurso de acreedores, quien pidió que se celebre una audiencia con el Ministerio de Economía y de la Casa de Moneda para buscar una salida.

El síndico Martín Stolkiner emitió su alerta al presentar su revisión trimestral más reciente de los números de la empresa, en los que detalló las deudas que la imprenta comenzó a incumplir con sus acreedores privados y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros.

Los incumplimientos de la ex Ciccone comenzaron a acumularse durante los últimos meses de Alejandro Vandenbroele al frente de la empresa a cargo de imprimir cientos millones de billetes de 100 pesos. Pero continuaron con el arribo de la intervención oficial, bajo la batuta del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura [foto, arriba], que registró ingresos mucho más bajos que los gastos previstos.

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Los Ciccone se despegan - fase 2

La familia Ciccone dio otro paso para despegarse del escándalo que protagoniza el vicepresidente Amado Boudou. Ahora se presentó ante la Justicia en lo Comercial, donde atacó por “ilegítima” la intervención oficial de la empresa y repudió los acuerdos que firmó su teórico representante, Alejandro Vandenbroele, con el ex banquero Raúl Moneta hasta endeudar la empresa en más de $ 35 millones.

La familia Ciccone concretó  ese paso a través de un escrito que presentó con la firma de su fundador, Nicolás [foto, arriba], en el expediente del concurso y quiebra de la imprenta y que continúa abierto tras la intervención estatal de la planta. Se suma así al escrito que presentó el 20 de diciembre ante el Ministerio de Economía para reclamarle informes sobre la intervención, exigir el llamado a una asamblea de accionistas y anticiparle que evaluaba iniciarle juicios a Vandenbroele y al Estado por sus acciones de los últimos años.

Ante el silencio oficial del ministro de Economía e interventor en la empresa, Hernán Lorenzino, los Ciccone optaron ahora por iniciar su despegue en el ámbito judicial. Al punto que en su escrito encuadraron la intervención de la empresa como una “ocupación temporaria anormal” que calificaron como “absolutamente ilegítima”.

Apenas recibido el escrito, el juez en lo Comercial Javier Cosentino ordenó la apertura de un incidente -que corre en paralelo al expediente principal- y trasladó el planteo al Palacio de Hacienda y a The Old Fund, la firma que preside Vandenbroele, para que expresen sus argumentos antes de que el magistrado tome una decisión.

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Los Ciccone se despegan

Apenas horas después de que se conociera el fallo de la Cámara Federal que rechazó derrumbar la investigación en contra del vicepresidente Amado Boudou, la familia Ciccone dio su primer gesto formal de distanciamiento del Gobierno y del grupo al que califica como “los usurpadores”. Le pidió al ministro de Economía e interventor en la imprenta, Hernán Lorenzino, que le rinda cuentas de su labor en la empresa por expropiar desde hace meses.

La inesperada presentación lleva las firmas de Nicolás Ciccone [foto, abajo] y de Silvia, una de las hijas del otro fundador de la empresa, Héctor, que juntos retienen el 30% de las acciones que no quedó bajo el control de The Old Fund. Juntos, también, le pidieron a Lorenzino que convoque a una asamblea societaria en menos de 40 días.

El objetivo de los Ciccone para esa asamblea elevará la presión arterial de unos cuantos: quieren iniciar un “juicio de responsabilidad contra el accionista The Old Fund y sus controlantes”, como así también radicar una “acción judicial para invalidad actos de la sociedad celebrados en violación” de la Ley de Sociedades Comerciales. Es decir, contra el propio yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, contra Alejandro Vandenbroele y, según cómo haya actuado la intervención oficial, contra el Estado nacional.

El escrito de los Ciccone marca, así, el primer gesto público y formal de distanciamiento desde que estalló el escándalo en febrero del año pasado. Para eso, optaron por la vía comercial, pero sólo luego de que la investigación penal aportara una primera señal firme de consistencia, con la validación de las pruebas por la Cámara Federal en contra de las pretensiones de Boudou.

Las firmas de Nicolás y Silvia Ciccone dejaron en evidencia, además, la ausencia de otra rúbrica. Faltó la del yerno de Ciccone y dueño en los papeles de The Old Fund, Reinwick, señalado por una parte de la propia familia como “el traidor” que habría facilitado el desembarco de Vandenbroele en la empresa.

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Vandenbroele cobró en apenas 80 horas

No debió esperar durante meses como otros consultores financieros. Su trámite de pago no debió pasar por múltiples despachos de varios organismos provinciales. No cobró títulos públicos o, siquiera, con un cheque. Y ni siquiera debió esperar que la provincia a la que asesoraba cerrara la reestructuración para la cual en teoría se lo convocó. El presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, cobró mucho antes mediante una transferencia bancaria.

Vandenbroele cobró los $ 7,6 millones de "comisión" del gobierno de Formosa el 21 de mayo de 2010 en una cuenta de The Old Fund en el Banco Macro, apenas 80 horas después que el Palacio de Hacienda diera su último paso relevante y emitiera un proyecto de resolución, según surge de la hoja de ruta del expediente administrativo en el que se tramitó el canje de la deuda formoseña que obtuvo LA NACION.

El cobro resultó tan veloz que Vandenbroele embolsó el dinero por adelantado. Siete meses antes de que se concretara el canje con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda (126/2010) y de Finanzas (41/2010), que lideraba el actual ministro Hernán Lorenzino.

El hallazgo de esa transferencia por $ 7,6 millones, que los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py derivaron en una denuncia penal presentada por el senador radical Luis Naidenoff. Pero quedó radicada en Formosa, donde el juez federal Eduardo Valiente la derivó por competencia a la justicia provincial, sospechada desde hace años de connivencia con el gobernador Gildo Insfrán.

La operación se concretó cinco meses antes de que el ex banquero Raúl Moneta se hiciera cargo de The Old Fund, en octubre de 2010, según declaró Vandenbroele ante la Justicia. ¿Quién obtuvo entonces el negocio? ¿El otro supuesto dueño de esa firma, el yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, quien gestiona cafeterías en distintos shoppings de la ciudad de Buenos Aires?

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100 días, el mismo misterio

Cien días después de la intervención de la ex Ciccone Calcográfica, el misterio continúa. Se ignora aún quiénes son sus verdaderos dueños, no se sabe cuánto le costará al Estado quedarse con la imprenta, la ruta de los $ 50 millones que se utilizó para financiar la desembarco de Alejandro Vandenbroele todavía muestra zonas negras y el juicio de expropiación aún no se inició.

La Casa Rosada logró, sin embargo, el objetivo central que se trazó al intervenir la compañía el martes 7 de agosto. Sacó al “caso Ciccone” de la agenda pública más caliente y redujo las revelaciones que sacudían al vicepresidente Amado Boudou.

Aquella “intervención transitoria” por 60 días se dispuso, sin embargo, sin que mediara una orden judicial previa. Se ordenó a través del decreto 1338/2012, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero en el que no se mencionó quiénes son los dueños de la empresa, ni explicitó los motivos para ordenar el avance oficial.

Para el Gobierno es innecesario resolver ese acertijo. “Nosotros no tenemos que avanzar sobre los dueños de Ciccone. Como máximo, cuando se tome una decisión administrativa se le notificará a quien figura en los papeles como representante legal de la compañía, como se hace con cualquier otra empresa”, argumentó una alta fuente oficial ante LA NACION.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

El "elemento" de los Ciccone

Dicen los allegados a la defensa legal del vicepresidente Amado Boudou: “No existió ninguna reunión de Boudou con Héctor Ciccone. Es falso. […] En todo caso lo que puede estar sucediendo aquí es que alguien pretende sugerir que tiene un elemento que va a generar preocupación y con ello quiere presionar ante los anuncios de que no recibirían ni un solo peso del Estado. Pretenden forzar un arreglo que no va a suceder”.

Añaden los allegados al vicepresidente que sectores de la familia Ciccone “están amenazando y poniendo el grito en el cielo ante la intervención y el proyecto oficial de expropiación de la empresa, y ante el hecho de que –según adelantó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino– el Estado no tendrá que pagar para tomar el control de la firma, ya que la deuda de ésta con la AFIP es mayor a su valor”.

Es decir, que la familia Ciccone está “amenazando” o “quiere presionar” con un "elemento". Acaso el elemento que falta para comprender la trama Ciccone-Vandenbroele-NúñezCarmona-Boudou. Una suerte de "quinto elemento", cual imaginó Luc Besson, allá por 1997. Y, en concreto, los Ciccone bordearían así la figura penal de la extorsión. Prevista en el Código Penal:

ARTICULO 168. - Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.

ARTICULO 169. - Será reprimido con prisión o reclusión de tres a ocho años, el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo precedente.

Ahora bien, la familia Ciccone sólo podría amenazar con ventilar algo si –y sólo si– hay algo que ventilar. O como dicen los allegados a Boudou “un elemento que va a generar preocupación”. ¿Cuál es ese elemento? ¿Pueden los Ciccone apretar con algo al vicepresidente de la Nación?

pd: el texto completo publicado en Página 12, acá.

Ciccone: cero guita, ¿pero un ventilador?

No importa el valor llave de la empresa, ni que se encuentre en pleno proceso de producción, ni la tasación del “fondo de comercio” o sus máquinas y el predio de Don Torcuato. Para la familia Ciccone, que sólo retuvo el 30% de las acciones para beneficio del misterioso The Old Fund, la expropiación se resumirá en una sola palabra: cero. Eso es lo que esperan cobrar por la que fue su multimillonaria compañía, según dos miembros del círculo íntimo familiar y dos profesionales que los asesoran desde hace años.

“Ya nos quitaron la empresa, nos quitaron nuestras fuentes de trabajo y nos quitaron a Héctor”, graficaron desde la familia. Atribuyen la muerte de uno de los dos fundadores, Héctor Ciccone, al desgaste que comenzó dos años atrás con el desembarco de Alejandro Vandenbroele y The Old Fund con sus $ 50 millones que aún se ignora de dónde salieron.

Héctor Ciccone, fallecido el 3 de junio último

Los Ciccone también comienzan a dejar trascender ciertos datos. Como el presunto encuentro entre el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, y el fallecido Héctor. Habría ocurrido en un bar de Puerto Madero, según reveló ayer Clarín (ver la GRAN pieza periodística, acá). Apenas uno de muchos datos más que la familia amenaza con ventilar.

Cero es, en tanto, el objetivo trazado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, flamante interventor de la ex Ciccone (rebautizada Compañía de Valores Sudamericana), cuando anunció su ingreso y el proyecto de expropiación. Pero lograrlo dependerá de una compleja fórmula que posicionará como protagonistas decisivos al Tribunal de Tasaciones y al concurso de acreedores que se instruye desde hace años en la Justicia.

pd. el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Ciccone - en los detalles se cuela el diablo

Tras el anuncio del Ministerio de Economía sobre la intervención de la ex Ciccone Calcográfica resta conocer los detalles, la letra chica, de cómo se impulsará su expropiación. Detalles que pueden resultar multimillonarios o por demás incómodos. Entre otros, los siguientes ocho:

Primero, porque según cómo se expropie la ex Ciccone (es decir, cómo se calcule lo que vale, y se apunte a los “activos físicos” –las máquinas–, al “valor empresa en marcha”, al “fondo de comercio”, al “valor llave” o las acciones), puede significar que los misteriosos dueños de la imprenta completen su último gran negocio antes de entregarle las llaves al Estado.

Segundo, porque hay que ver también quién terminará por cobrar el cheque del Estado (si es que siquiera debe resarcirla, según cuál sea la tasación que se fije y restado su pasivo tributario con la Nación y la provincia de Buenos Aires que supera los $ 400 millones).

pd: el resto del análisis publicado hoy en LA NACIÓN, acá; otra nota adicional, acá.

ALERTA: cayó Ciccone

Comunicado del Ministerio de Economía:

De: Prensa Ministerio de Economía [mailto:meconprensa@gmail.com]
Enviado el: Martes, 07 de Agosto de 2012 02:43 p.m.
Asunto: PRENSA MECON -Intervención y declaración de utilidad pública de Compañía de Valores Sudamericana S.A.

(SE ADJUNTA COMUNICADO)

Intervención y declaración de utilidad pública de Compañía de Valores Sudamericana S.A.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que en el día de la fecha el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia  número 1338/12 mediante el cual se dispone la intervención de Compañía de Valores Sudamericana S.A. y ha enviado al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación  de la empresa mediante el mensaje número 1337/12. La intervención estará a cargo del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino y de la Presidenta de Casa de Moneda Katya Daura.

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