Las balas pican cada día más cerca.
La
Justicia ordenó ayer el levantamiento del “cepo informativo” que impuso el
Gobierno dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) como parte de la red
de protección que montó alrededor del vicepresidente Amado Boudou y las
sociedades que lo rodean en el “caso Ciccone”.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal concluyó que la IGJ no puede imponer ninguna condición para entregar
información sobre las sociedades registradas bajo su órbita, ni mucho menos
exigir un “interés legítimo” para acceder a esos datos.
“No
se necesita ningún requisito especial para que una persona, sea cual fuere su
calidad, pueda solicitar, acceder y recibir información, como así tampoco
existe impedimento alguno para ello”.
concluyeron, en un fallo unánime, los camaristas Jorge Alemany, Guillermo
Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.
“Cada
ciudadano –sin importar su condición– tiene derecho a estar informado y obtener
la información contenida en los documentos y registros públicos”, añadieron los
camaristas, que le dieron 10 días a la IGJ para que le entregue la
documentación que había solicitado, dos veces, el diputado nacional (UCR)
Ricardo Gil Lavedra [foto, arriba].
La Justicia admitió así el amparo presentado por el
titular del bloque de diputados radicales, luego de que las autoridades de la
IGJ, que responden a La Cámpora, rechazaran sus pedidos de información pública
por carecer de “interés legítimo”.
“Es un mensaje claro de que no puede tolerarse este
funcionamiento de la IGJ, un organismo que el Gobierno usó y sigue usando a su
antojo para borrar las huellas de la corrupción de sus funcionarios más
representativos”, afirmó Gil Lavedra.
Boudou, ¡teléfono!
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.
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