Cuarto peritaje - y pasó la bala, nomás

El cuarto peritaje sobre los polémicos chalecos antibala que impulsa el Gobierno arrojó este jueves el peor de los resultados posibles: una bala traspasó uno de los chalecos probados y otro proyectil causó un trauma por encima del máximo permitido en otro chaleco, confirmaron fuentes al tanto del análisis que se completó, en secreto, en un área del Ejército durante los últimos días.

Los resultados del peritaje complicaron así los planes de los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social. Esperaban obtener la venia para poner otra vez en circulación más de 1500 chalecos entre los agentes de la Policía Federal y ampliar la distribución a otros 10.000 efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval.

Además de las vidas de miles de agentes, sin embargo, el rechazo de esos chalecos también puso en riesgo el cobro de millones de pesos por sus fabricantes, que son la Sastrería Militar y cooperativas convocadas por el Ministerio de Desarrollo Social que lidera Alicia Kirchner.

El precio de venta de cada chaleco ronda los $ 2000, según fuentes del sector, en tanto que su costo total entre los materiales del panel balístico y la funda exterior, más la confección requerida, ronda los $ 1009; por lo que reportaría una ganancia neta de $ 990 por unidad.

En el cuarto peritaje, sin embargo, al completar la prueba con balas del calibre .44 milímetros, la cuarta bala traspasó el chaleco. Pese a que se hizo sobre una muestra seca –en vez de húmeda o mojada–, sobre un chaleco talle “L” y con un tiro recto –en vez de a 30 o 45 grados–, tres condiciones que debería haber mejorado los resultados.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.

Te devuelvo los chalecos, gracias

Durante las últimas horas, la Policía Federal devolvió cerca de 1500 chalecos antibalas que presentaban serias deficiencias de protección y que podían causarle serios traumatismos o incluso poner en riesgo la vida de sus agentes, confirmaron fuentes de esa fuerza a LA NACION, que reveló este domingo esos problemas.

La decisión de la Policía Federal se adoptó horas después de recibir los resultados del tercer peritaje balístico que completó el Laboratorio de Armamentos de la Escuela Técnica del Ejército sobre cuatro de esos chalecos, con pésimos resultados, a pesar de los intereses del Ministerio de Seguridad de Nilda Garré y Sergio Berni.

El costo para el Estado por esos 1500 chalecos fallidos de la Sastrería Militar asciende al menos a $ 3 millones, tras una compleja operatoria que incluyó la importación del insumo básico como “material bélico secreto” gracias al aporte del Ministerio de Industria, para así reducir los controles aduaneros y evitar el pago de impuestos.

El tercer y definitivo peritaje resultó, sin embargo, aún peor que los dos primeros. Arrojó un trauma balístico de 44.4 milímetros, confirmaron ayer fuentes al tanto de los resultados. Quedó así por encima del límite trazado de 25 milímetros por las fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería y Prefectura) para las compras de chalecos en las últimas dos licitaciones (la 31/06 y 43/08) y del máximo fijado por el Registro Nacional de Armas (Renar) con 44 milímetros.

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Chalecos antibalas... ¿que no paran las balas?

Durante las últimas cinco semanas, el Ministerio de Seguridad comenzó a distribuir 1900 chalecos antibala entre los agentes de la Policía Federal que en ciertas zonas no detendrían los proyectiles y generan traumas superiores a los máximos hoy permitidos, según surge de los análisis practicados por el Ejército Argentino que obtuvo LA NACION, que los cotejó con tres expertos en esos materiales y un ex alto funcionario del sector.

Los problemas de los chalecos se concentran en los tramos que unen al panel central con los insertos simulados en cada lateral, a la altura de los riñones, mediante velcros desmontables. Eso pone en riesgo a los policías que los utilicen, ya que cada chaleco debería consistir en una sola pieza, en forma de “T” invertida, de acuerdo a las normas hoy vigentes del Registro Nacional de Armas (RENAR).

Los chalecos registran además un “trauma” –es decir, el área y la profundidad de absorción del impacto de un proyectil– que supera los límites fijados para la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval en sus últimas licitaciones de 2006 y 2008, con 25 y 32 milímetros para las categorías pautadas, lo que aumenta el riesgo para los agentes que los porten.

Aún así, los primeros 1900 chalecos de una partida total de 5000 elaborados por la Sastrería Militar ya arribaron a la Federal por orden del Ministerio de Seguridad. Sostuvo que ofrecen una protección de tercer nivel, de uso militar (en la jerga, RB3), lo que es cierto, aunque con un modelo aprobado en 2005. Ese chaleco, el “JAF3”, siguió las exigencias de calidad impuestas en 2001 y ya derogadas, en vez del nivel RB2, actualizado, que usa la Policía Federal para enfrentar las armas habituales de los delincuentes.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Un contrato que incomoda

La empresa RDS SA defiende las licitaciones como “ejemplares”, defiende los sistemas en danza, su excelencia técnica y sus precios, pero por las dudas se despega, mediante un comunicado de prensa, de “toda cuestión política”.

Sabe de lo que habla.

La compra y posterior orden de anulación de un millonario sistema de identificación balística automatizada para informatizar los datos del Registro Nacional de Armas (Renar) desató una ola de acusaciones cruzadas entre funcionarios durante las últimas 48 horas, hasta alcanzar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y sus colaboradores.

Así, la adjudicación del contrato cuya cancelación se anunció menos de 24 horas después de que llamó LA NACION al Ministerio de Justicia, desató pases de facturas en las sombras entre la gente de Julio Alak, el titular del Renar, Andrés Meiszner [foto arriba, juntos]], el Ministerio de Seguridad, de Nilda Garré, y la Jefatura de Gabinete.

Así, mientras que desde RDS recuerdan que los proyectos llevan 4 años de elaboración y cubren algunos objetivos trazados por el ex presidente Néstor Kirchner para combatir la inseguridad, los pases de facturas (y la puja de poder) entre funcionarios alrededor de este negocio parece que recién comenzó...

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Adjudicación, consulta y marcha atrás

El primer dato me llegó a través de un colega.

“Mirá”, dijo, y me mostró dos papeles.

El primero era la copia impresa del Boletín Oficial del 13 de junio, con la decisión administrativa 422/2011. El segundo; otra copia del Boletín Oficial, del 23 de noviembre, con otra decisión administrativa, la 1253/2011. Una por US$ 2,7 millones; la otra por US$ 14,8 millones.

Comencé a hurgar, a llamar por teléfono y a preguntar. ¿Por qué por lo que aparentaba el mismo sistema, comprado a la misma empresa, un organismo del Estado pagaba casi seis veces más que otro organismo público, sólo cinco meses después?

Luego, como suele ocurrir, esa primera pregunta se difuminó, pero la bola continuó en movimiento.

Y así, 24 horas después del primer llamado “sensible” al Gobierno para consultar y dar el derecho a réplica, llegó la reacción, que hoy publico en LA NACION.

Y dice:

Apenas una semana después de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación de un multimillonario contrato para instalar un “sistema de identificación balística automatizado” (IBIS) en el Registro Nacional de Armas (Renar), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Con la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak, el contrato fue otorgado a RDS, una firma líder en el sector de suministros para fuerzas armadas y de seguridad, para que instalara ese sistema en el Renar a cambio de 14,8 millones de dólares, unos 63,5 millones de pesos al tipo de cambio actual. Pero menos de 24 horas después de que LA NACION consultó al Ministerio por esa compra, trascendió la orden de cancelarla, confirmaron cinco fuentes oficiales y del sector de seguridad.

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