Fin de ciclo K: la mudanza

Algunos pugnan por acomodarse en un nuevo cargo público; otros, por no ir a la cárcel. Algunos evalúan irse del país; otros, volver. Y mientras muchos dicen que necesitan trabajar para llegar a fin de mes -y hasta alguno volvería hacerlo en su ferretería-, otros lo harán para blanquear parte del dinero que acumularon. Son los funcionarios nacionales que, tras más de una década de kirchnerismo en el poder, encaran el final.

La mayoría de ellos, según reconstruyó lanacion durante las últimas semanas, quiere además continuar en la política profesional o, al menos, en la militancia, aunque también hay varios que dan por cerrado ese capítulo. Y no son pocos los que, por las dudas, borran todas las huellas incómodas o comprometedoras.

De hecho, las máquinas trituradoras funcionan a pleno en algunas oficinas de la Casa Rosada, al igual que los procedimientos para eliminar archivos informáticos. También en el Ministerio de Economía -donde las bolsas con papel triturado y los canastos de mudanza son ya algo común-, la Casa de Moneda -donde también se acumulan bolsas gigantescas de papel trozado, al igual que en la unidad antilavado (UIF)- y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según testimonios coincidentes de funcionarios, empleados y testigos casuales que acumuló LA NACION. También en el PAMI, según denunció la legisladora porteña Graciela Ocaña.

En múltiples organismos, como el Senado, la Inspección General de Justicia (IGJ), Migraciones o los ministerios de Salud y Agricultura, entre otros, se acumulan las designaciones masivas de nuevos empleados. Y se suma la reubicación de personas que saben demasiado. ¿Un ejemplo? A varias secretarias privadas las mudaron a dependencias satelitales, para que "los nuevos" no puedan preguntarles nada ni ellas tampoco puedan contar lo que vieron o escucharon durante estos años. ¿Otros dos ejemplos? En el PAMI, varios funcionarios de carrera se encontraron con que se habían borrado todos sus mails o incluso que les habían cambiado sus computadoras. Y en el Ministerio de Justicia, que ciertos discos rígidos fueron eliminados.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

IGJ - el legajo no aparece (irregularidades sobran)

La misteriosa desaparición del legajo societario de The Old Fund dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) en pleno estallido del caso Ciccone es un dolor de cabeza permanente para el Gobierno. Ahora, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) reveló las múltiples fallas que detectó en el sumario que abrió ese organismo para determinar cómo ocurrió el robo o extravío, pero que terminó por reflejar los esfuerzos oficiales por tapar todo.

"Deberá volver a reconstruirse el legajo, ya que la reconstrucción no se ha realizado correctamente, según informes que surgen del propio sumario", alertó la Fiscalía, que indicó que el legajo "tendría que tener 22 hojas, mientras que el trámite por el que se tiene por reconstruido cuenta sólo de tres hojas", remarcó uno de los fiscales que integran la FIA, Ricardo Renom, y analizó las actuaciones.

Las objeciones de Renom constan en un informe de la Fiscalía, el órgano de la Procuración que por ley debe investigar actos de corrupción y las irregularidades cometidas por el personal de la administración pública, cuya copia obtuvo LA NACIÓN.

El informe aparece fechado el 19 de noviembre pasado, pero sólo se conoció ahora y de manera fortuita, anexado a un expediente que, a su vez, obtuvo la Justicia durante su investigación sobre la IGJ, el organismo que debe controlar a las sociedades locales o extranjeras, asociaciones y fundaciones que se registran en la ciudad de Buenos Aires, pero que dependen del Ministerio de Justicia nacional.

A lo largo de 12 carillas, el fiscal Renom reflejó inconsistencias, lagunas y faltantes en el sumario interno de la IGJ, y reclamó respuestas rápidas. "Esta FIA considera de vital importancia que se imprima la máxima urgencia a la reconstrucción, practicando las averiguaciones conducentes a ese fin para lograrla", exhortó.

Cuatro meses y medio después del dictamen de la Fiscalía, sin embargo, la IGJ no siguió sus recomendaciones ni corrigió el sumario. Por el contrario, se presentó ante la Justicia, donde pidió ser querellante en la investigación sobre las desapariciones de ese legajo y el de la ex Ciccone, por los que responsabiliza a la ex directora del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez -quien ya colaboró con la Justicia en dos investigaciones y asesora a la diputada Margarita Stolbizer-; al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a otro empleado de esa área.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Ministerio de Justicia, de ambos lados del mostrador

El Ministerio de Justicia podrá ser querellante en la causa por la desaparición del expediente de The Old Fund dentro de las instalaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) semanas después de que estalló el "caso Ciccone", según resolvió la Cámara Federal.

Con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, la sala I de la Cámara resolvió que el Ministerio de Justicia puede pedir medidas de prueba e impulsar el expediente, tras considerar que su rol como tal no pondrá en riesgo la investigación en la que se encuentran bajo sospecha algunos funcionarios de esa misma cartera.

La Cámara Federal revocó así la decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien rechazó el pedido del Ministerio. Consideró que aceptar a los funcionarios del Ministerio liderado por Julio Alak (foto) como querellantes podía poner en riesgo o al menos entorpecer su pesquisa, que también abarca el armado de un "cepo informativo" en la IGJ.

Uno de los tres camaristas, Eduardo Farah, compartió el criterio de Servini, y estimó que otorgarle "la calidad de querellante solicitada [por el Ministerio de Justicia] resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado". Sin embargo, Farah quedó en minoría, ya que Freiler y Ballestero compartieron el criterio de que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública", según establece el artículo 4 de la ley 17.516.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

IGJ - desmentida que no desmiente (pero confunde)

El Ministerio de Justicia emitió hoy un comunicado con el objetivo de desmentir "categóricamente" lo que publiqué el lunes en LA NACIÓN.

Para simplificar la lectura, lo que publiqué está acá, acá y acá.

El comunicado completo del Ministerio, está acá.

Y para quien quiera precisiones sobre la "desmentida" que no es tal, a continuación mecho el comunicado con algunos (se pueden hacer varios más) comentarios EN MAYÚSCULA.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desmiente categóricamente los términos de la nota periodística publicada el día lunes 18 de agosto en el diario La Nación, suscripta por Hugo Alconada Mon, y replicada el día martes 19 por el matutino Clarín, que dan cuenta de supuestas maniobras de adulteración de documentación en la Inspección General de Justicia con el supuesto objetivo de “proteger” al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
Esta cartera debe volver a insistir sobre algunas cuestiones que fueron reiteradamente aclaradas ante la Justicia, pese a lo cual en ningún momento han sido difundidas o al menos explicadas por esos medios de prensa.

EN RIGOR, ES EL MINISTERIO O LA IGJ O AMBOS LOS QUE TIENEN QUE SALIR A DAR EXPLICACIONES CUANDO SUCEDEN IRREGULARIDADES, PERDIDAS DE EXPTES, Y VARIAS CAUSAS JUDICIALES EN TRAMITE.

Al respecto vale destacar, una vez más, que efectivamente en el mes de marzo de 2012 las propias autoridades de la IGJ detectaron el extravío de un trámite (y no de “el legajo” como de manera insistente y falaz se refiere) correspondiente a la sociedad The Old Fund.
EL PROPIO JEFE DE GABINETE, JORGE CAPITANICH, CALIFICÓ DE "EXPEDIENTE" -NO DE SIMPLE "TRÁMITE"- LO QUE DESAPARECIÓ DE LA IGJ EN SU ÚLTIMO INFORME ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL 4 DE JUNIO PASADO.

De manera inmediata se ordenó su reconstrucción y la sustanciación de las actuaciones sumariales tendientes a esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Actualmente el sumario administrativo se encuentra en pleno trámite y sus conclusiones –finalizada la obligación de mantener el secreto de sumario- serán dadas a conocer.
ES CIERTO QUE LO DETECTARON LAS PROPIAS AUTORIDADES, PERO FUE A RAIZ DE QUE LOS MEDIOS REVELARON QUE THE OLD FUND INGRESO A CICCONE CALCOGRAFICA. Y A RAIZ DE ESA REVELACION, INGRESARON NUMEROSOS PEDIDOS DE INFORMES DE PERIODISTAS, DIPUTADOS Y OFICIOS DE JUZGADOS Y FISCALIAS. UNA VEZ DETECTADO LOS “TRAMITES” EXTRAVIADOS DE LAS 3 PRINCIPALES SOCIEDADES INVOLUCRADAS EN EL TEMA (THE OLD FUND, CICCONE Y LONDON) SE ORDENO SU RECONSTRUCCIÓN E INMEDIATAMENTE EL CEPO INFORMATIVO PARA DENEGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES INSCRIPTAS EN IGJ, DANDO FORMA AL "CEPO" INFORMATIVO".  ADEMÁS, LA IGJ  DEBE COMUNICAR ANTE LA JUSTICIA LOS AVANCES DEL SUMARIO O DIRECTAMENTE DEJARLO EN MANOS DE LA JUSTICIA, YA QUE SE ESTA INVESTIGANDO EL MISMO TEMA (YA NO COMO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SINO PENAL).

Por su parte, la reconstrucción del trámite extraviado fue concluida en un breve lapso. En esta clase de actuaciones, la reconstrucción puede realizarse por dos vías: o bien con las copias que obren en la IGJ o, si no resulta suficiente, se requiere a la sociedad que aporte documentación adicional.
En este caso, no fue necesario requerir documental en poder de la sociedad, toda vez que en el archivo de protocolos digitales de la IGJ se encontraban debidamente digitalizados los instrumentos contenidos en el trámite extraviado oportunamente inscripto.
LA NACION EXPUSO LO MISMO. ES DECIR, QUE EN POCO TIEMPO SE RECONSTRUYO. LO QUE NO ES CIERTO ES QUE EN LOS PROTOCOLOS DIGITALES SE ENCONTRARA TODO LO NECESARIO PARA SU DEBIDA RECONSTRUCCION. YA QUE FALTA LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL, EL DICTAMEN PRECALIFICADO, EL DICTAMEN CONTABLE REFERIDO AL AUMENTO DE CAPITAL Y A LA PRIMA DE EMISION, LOS FORMULARIOS, PRESENTACIONES ADICIONALES QUE HACEN AL TRAMITE PERO NO SE INSCRIBEN COMO CONTESTACIONES DE VISTAS, AUTORIZACIONES, ETC Y POR ULTIMO LAS PROPIAS OBSERVACIONES CURSADAS POR LA IGJ. ARTICULO 105 REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DECRETO 1883/91.

Según la versión periodística “los documentos y registros que se usaron para hacerlo tienen por lo menos una docena de indicios sobre su falsedad, según surge de copias de libros societarios que cotejó La Nación durante los últimos tres meses”. Pero esto es falso y malintencionado.
¿COMO SABEN QUE ES FALSO Y MALINTENCIONADO SI, SEGÙN EL COMUNICADO, SE TRATA DE DOCUMENTACION QUE NO LES CORRESPONDE COTEJAR? (ver más abajo)

En efecto, los trámites en cuestión han sido correctamente inscriptos en el Registro Público de Comercio, siguiendo el proceso de control de legalidad que establece la normativa de la Inspección General de Justicia. Ninguna de las supuestas “irregularidades” denunciadas resultan cuestiones cuyo análisis competa a la IGJ como paso previo a su inscripción.
EN RIGOR, NO ES ASI, SI UNA PERSONA TRANSCRIBE UN ACTA A LOS 3 MESES DE QUE OCURRA ES COMPETENCIA DE LA IGJ. EL INSTRUMENTO INSCRIPTO ES FALSO…EN LA NACION SE EXPUSO, POR EJEMPLO, QUE EL ABOGADO ALBERT CHAMORRO TRANSCRIBIO EL 6 DE JULIO DE 2010 UNA ACTA QUE OCURRIRIA EL 29 DE OCTUBRE DE 2010…3 MESES Y MEDIO DESPUES. Y ASI SE INSCRIBIO..LUEGO ESTE TRAMITE SE PERDIO…LUEGO SE RECONSTRUYO Y ASI QUEDO. 

TAMPOCO SE MENCIONA EN EL COMUNICADO LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL CAMBIO DE SEDE (PUBLICACION QUE SE HIZO DESPUES DE INICIADO EL TRAMITE EN IGJ, CUANDO ES UN REQUISITO PREVIO).

Las notas periodísticas en cuestión se basan esencialmente en el acceso a los libros societarios de The Old Fund, entre ellos el de accionistas. Sin embargo, en primer lugar, la IGJ no está facultada por ley a llevar el registro de los accionistas de las sociedades comerciales. Tampoco se requiere la presentación de los libros societarios para la realización de trámites registrales, toda vez que el contenido de dichos libros es transcripto en su parte pertinente en el dictamen de precalificación suscripto por el profesional autorizado para sustanciar el trámite. Esta normativa, no fue establecida por este gobierno, sino que fue promovida e históricamente defendida por los colegios profesionales de abogados, contadores y escribanos.
ES CIERTO QUE LA IGJ NO LLEVA LIBRO DE ACCIONISTA. PERO LA IGJ DEBE EFECTUAR EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS QUE LE TRAEN A INSCRIBIR. Y CHEQUEAR QUE LO QUE YA ESTE INSCRIPTO COINCIDA CON LO QUE LE TRAEN A INSCRIBIR. SINO CUALQUIERA INSCRIBE CUALQUIER COSA. Y EL CONTROL DE LEGALIDAD QUE EJERCE ES SUSTANCIAL (NO MERAMENTE FORMAL), ES DECIR, DEBE ADENTRARSE EN EL NEGOCIO JURIDICO SUBYACENTE, PUEDE PEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS LIBROS CUANDO TUVIERE DUDAS SOBRE SU LEGALIDAD O COMO INFORMACION COMPLEMETARIA.. AHORA BIEN, LOS LIBROS NO SE TRANSCRIBEN EN EL DICTAMEN DE PRECALIFICACION SINO EN EL INSTRUMENTO QUE SE INSCRIBE (EN EL CASO, CHAMORRO LO TRANSCRIBIO 3 MESES Y MEDIO ANTES DE QUE OCURRA, ERGO NUNCA SUCEDIÓ? LO INSCRIBO IGUAL?). DICHO DICTAMEN ES UN PRE CONTROL POR PARTE DE UN PROFESIONAL PERO EL CONTROL DE LEGALIDAD ES DE LA IGJ. NADIE DICE NADA EN CONTRA DE LA NORMATIVA.

La referencia a la ausencia de los “hilos o pelos” en la foja de seguridad, que certificarían la autenticidad de dichos documentos en el trámite reconstruido, obedece a que la reconstrucción se realizó a partir de copias digitalizadas en poder del organismo. El original de la foja de seguridad, que es el documento que contiene los aludidos “hilos o pelos” es una constancia que retira el interesado, una vez que el trámite fue inscripto.
ESTO NO ES ASI…LA NACION NO PUBLICÓ QUE FALTAN LOS PELOS A LA RECONSTRUCCION. SE REVELÓ QUE ALEJANDRO VANDENBROELE PRESENTÓ ANTE LA JUSTICIA UNA COPIA INSCRIPTA DE THE OLD FUND A LA QUE LE FALTAN LOS HILOS Y PELOS QUE CERTIFICARIAN SU AUTENTICIDAD.

En suma, las reconstrucciones se llevaron a cabo con las copias de los documentos que obran en los libros protocolares de la IGJ. No hay posibilidad alguna de alterar su contenido. Ninguna de las supuestas “irregularidades” que ligeramente se mencionan como reveladoras de una maniobra de adulteración documental, son tales. Cada uno de ellas tiene una explicación clara, que todos aquellos que con alguna frecuencia realizan trámites ante el organismo conocen perfectamente, por lo que no cabe más que lamentar que se trate con tanta ligereza y desinformación un tema de suma relevancia institucional.
COINCIDIMOS AL FINAL. SE TRATA DE UN TEMA "DE SUMA RELEVANCIA INSTITUCIONAL".

pd: más datos en la edición de mañana de LA NACION.

También Zannini, en la puja por la ex Ciccone

Antes de que la misteriosa empresa The Old Fund desembarcara en Ciccone Calcográfica y de que estallara el escándalo consecuente, el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, impulsó un plan para que la imprenta quedara bajo la órbita de la Casa de Moneda, pero fracasó en el intento.

Terminó derrotado por la mejor oferta que presentó la firma Boldt y por la desidia -o directamente el sabotaje interno- que exhibieron desde otras áreas del Gobierno, según reconstruyó LA NACION sobre la base del relato de funcionarios, documentos públicos y fuentes del sector privado que consultó durante las últimas semanas.

Zannini se involucró en el destino de la ex Ciccone a mediados de 2010, cuando la Justicia dispuso la quiebra de la compañía. Le pidió al ministro de Justicia, Julio Alak, que hiciera lo necesario para que la Casa de Moneda tomara el control de la imprenta y así alcanzar dos objetivos: potenciar a la alicaída imprenta estatal y mantener la estratégica impresión de papel moneda bajo el control total del Gobierno.

El tándem de Zannini y Alak afrontó, sin embargo, fuertes resistencias internas. Algunos funcionarios se mostraron muy afines a los intereses de Boldt, que pretendía quedarse con la planta de la ex Ciccone, mientras que el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, comenzaba a desmarcarse junto a su socio José María Núñez Carmona.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Sbattella, con espaldas oficiales

A pesar de las denuncias y críticas que acumuló durante su gestión, el Gobierno postuló ayer al actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, para que continúe otros cuatro años al frente del organismo que debe combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en todo el país.

La decisión se explicitó a través de una solicitada que el Ministerio de Justicia publicó ayer en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y BAE, con una breve síntesis del currículum de Sbattella, así como del economista Germán Saller, el candidato a asumir como vicepresidente de la UIF.

La postulación de Sbattella para presidir la UIF por un segundo mandato, que LA NACION anticipó este domingo, amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto a la Casa Rosada, que deberá publicar sus antecedentes por tres días, para luego abrir una ventana de quince días para recibir eventuales notas de apoyo o impugnaciones.

El diputado por el Frente Renovador, Adrián Pérez, anticipó ayer que impugnará el pliego de Sbattella, algo que el senador radical Ernesto Sanz ya dejó claro que podría provocarle otro dolor de cabeza a la presidenta Cristina Kirchner.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

IGJ - una desmentida que entierra

La verdad sea dicha. Durante este fin de semana desconecté el cerebro. Ergo, recién ahora comienzo a reengancharme con mi oficio. Por eso, a su vez, recién ahora abordo el intento de desmentida de mi última nota sobre unos "premios" en la IGJ (ver acá) que el Ministerio de Justicia difundió a través de la agencia oficial Télam.

Para mayor simpleza, a continuación incluyo el cable en minúsculas (el texto completo puede leerse acá) y algunas aclaraciones EN MAYÚSCULA para facilitar la lectura.

El Ministerio de Justicia desmintió una nota publicada por el diario La Nación en la que se señala que personal de la Inspección General de Justicia habría percibido un "polémico premio" de medio millón de pesos, al catalogar la versión como "terminante y manifiestamente falsa". Desde la cartera que conduce Julio Alak afirmaron que, al contrario de lo publicado por La Nación, "los funcionarios involucrados integran la planta de la IGJ desde hace décadas y, como tantos otros que ascendieron a un cargo ejecutivo, percibieron las sumas adicionales correspondientes a la nueva función, muy inferiores a las señaladas.

SIN EMBARGO, EL DECRETO DE DESIGNACIÓN NO DICE ESO, NI ASÍ TAMPOCO EL EXPEDIENTE HABLA DE ASCENSO EN NINGÚN MOMENTO. ERGO, O DIBUJARON EL EXPEDIENTE (CUYA COPIA TENGO) Y EL DECRETO O DIBUJARON EL COMUNICADO.

En ese sentido, se señaló que Susana Graciela Junqueira, quien tiene una antigüedad de 24 años en el organismo y es mencionada en la nota de La Nación, "fue designada en el cargo de Directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ con carácter retroactivo al 1° de noviembre de 2012, razón por la cual percibió retroactivamente a esa fecha el adicional por función ejecutiva correspondiente a ese cago, de conformidad con lo establecido por el decreto 2098/08, que en el caso concreto alcanzó la suma total de 174.520,07 pesos netos".

LA ANTIGÜEDAD NO ES DE 24 AÑOS SINO DE 34. ¿POR QUÉ? PARA QUE NO PAREZCA QUE ESTÁ EN EDAD DE JUBILARSE. MÁS AÚN: JUNQUEIRA TIENE UNA LETRA C10 (ASÍ SURGE DEL EXPEDIENTE) Y AHORA LE DAN POR DECRETO UNA B0 CON FUNCIÓN EJECUTIVA. ES DECIR, QUE LE ASIGNAN FUNCIÓN. MÁS ALLÁ DE ESO, EL EXPEDIENTE NO HABLA DEL PAGO DE LA DIFERENCIA SINO DEL TOTAL Y QUE HAY PARTIDAS SUFICIENTE PARA ABONAR (EL DICTAMEN DE FS. 142 Y 143 HABLA DE LETRA)

Junqueira integra la planta permanente del organismo, al que ingresó el 6 de agosto de 1979. Con anterioridad a su ascenso se desempeñaba a cargo del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales. Cuenta además con vasta experiencia docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como Profesora Adjunta Regular de la asignatura Sociedades Civiles y Comerciales", detallaron.

AL DETALLAR ESTO, NO OBSTANTE, ES MÁS LO QUE CALLA EL COMUNICADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE LO QUE DICE. ¿POR QUÉ? PORQUE NADA DICE SOBRE LA EDAD DE JUNQUEIRA, QUE YA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE JUBILARSE, NI SOBRE SUS DECLARACIONES JURADAS FALSAS.

En cuanto a la antigüedad de su certificado de aptitud física, señala el comunicado, "el régimen de empleo público sólo lo exije al ingreso del personal, no al producirse ascensos u otros desplazamientos internos dentro de la carrera administrativa, por lo que carecen de sentido las dudas al respecto".

SIN EMBARGO, ¿POR QUÉ LO AGREGARON AL EXPEDIENTE SI NO ERA NECESARIO? MÁS AÚN, TODOS LOS DICTÁMENES (DE LA OFICINA DE EMPLEO PÚBLICO; LEGAL Y TÉCNICA; MINISTERIO DE ECONOMÍA) SE REFIEREN A LOS CERTIFICADOS AGREGADOS COMO APTOS PARA EL INGRESO AL MINISTERIO. PARA HACERSE EFECTIVO EL ASCENSO DEBE ABRIRSE A CONCURSO EL REFERIDO CARGO. HOY ESTÁ DESIGNADA TRANSITORIAMENTE EN ESE CARGO Y LETRA.

Por otra parte, y en lo que respecta a la situación de la Contadora Cecilia García y del doctor Ariel Fernández Lang, el texto señala que "se desempeñaron hasta marzo de 2013 en la IGJ con carácter de contratados". "Anteriormente, a mediados de 2012 habían sido propuestos para integrar la planta transitoria del organismo por medio del correspondiente proyecto de Decreto Presidencial. En marzo de 2013 ambos renunciaron tanto al contrato que los ligaba a la IGJ como a la propuesta de nombramiento en la planta transitoria, razón por la cual su designación en tal carácter nunca se llevó a cabo", resalta el comunicado.

¿ENTONCES POR QUÉ SALIO EL DECRETO? O DICHO DE OTRO MODO, ¿DESIGNAN A UNA PERSONA QUE NO VA A DESEMPEÑARSE? ¿ACASO LE HICIERON FIRMAR AL VICEPRESIDENTE AMADO BOUDOU LAS DESIGNACIONES DE DOS PERSONAS QUE RENUNCIARON?

"Por otra parte, ninguna de las personas mencionadas ha ejercido más de una función simultáneamente y, de ningún modo, han incurrido en situaciones laborales irregulares".

SIN EMBARGO, EN DISTINTOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE FIRMÓ JUNQUEIRA (Y CUYA COPIA TAMBIÉN TENGO) CONSTA SU FIRMA COMO JEFA DE SOCIEDADES COMERCIALES EL 28 DE NOVIEMBRE Y 3 DE DICIEMBRE QUE ACREDITA QUE EJERCIÓ EL CARGO DE JEFA DE SOCIEDADES COMERCIALES. ENTONCES, ¿EN QUÉ QUEDAMOS?

Por esa razón, se puntualizó que "es de lamentar que con semejante liviandad se pretenda poner en duda la rectitud y honorabilidad de profesionales de reconocida trayectoria y mérito, además de intentar desbaratar el prestigio de una institución más que centenarias".

EL PRESTIGIO SE GANA Y SE PIERDE CADA DÍA. SI NO, ¿DE QUÉ SE TRATA EL "CEPO" INFORMATIVO, LOS RECLAMOS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS, LOS PLANTEOS FORMALES DE LOS GESTORES, EL FALLO DE LA CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, LA DESAPARICIÓN (O ROBO) DE LOS LEGAJOS DE THE OLD FUND, LONDON SUPPLY Y CICCONE CALCOGRÁFICA, LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL, ENTRE OTROS PERCANCES REGISTRADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS?

MEJOR LO CIERRO ACÁ. ESTA SEMANA RECIÉN COMIENZA Y APENAS SI ME ESTOY REENGANCHANDO CON LA COBERTURA...

Y ahora... "premios" en la IGJ

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Rodolfo Tailhade, premió con medio millón de pesos a la funcionaria que pasó a ocupar el puesto clave en ese organismo, que se encontraba vacante desde que su titular fue desplazada por negarse a convalidar el "cepo" informativo por el "caso Ciccone", que también incluyó el robo o pérdida de los legajos de The Old Fund, de la ex imprenta Ciccone Calcográfica y de la firma London Supply.

La designación recayó en Susana Graciela Junqueira, quien asumió al frente de la Dirección del Registro Nacional de Sociedades, tras un proceso que se plasmó en el expediente administrativo S04:0057251/2012, plagado de supuestas irregularidades y que ya derivó en la radicación de una denuncia penal por la presunta comisión de cinco delitos.

Junqueira quedó como directora de manera retroactiva al 1° de noviembre de 2012, aún cuando por entonces se desempeñaba como jefa del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales. Es decir que pasó a ocupar dos cargos y, además, cobró de manera retroactiva un segundo salario en la función pública, algo que está prohibido por ley.

Sin embargo, la orden de pago siguió adelante, por cerca de medio millón de pesos, hasta contar con el visto bueno del Ministerio de Economía, lo que así quedó plasmado en el decreto de designación 1430/2013 que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre pasado. El expediente administrativo incluye, de todos modos, otras presuntas irregularidades.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Boudou & Báez - la IGJ retacea lo que sabe

La Inspección General de Justicia (IGJ) es un organismo politizado, que maneja de manera arbitraria, mediante el miedo, la información que controla sobre miles de sociedades comerciales. Así, puede negarle (o al menos retrasar) las respuestas requeridas a jueces, fiscales, legisladores y periodistas, pese a que debería ser un registro público de comercio.

Así lo afirma Silvina Alejandra Martínez, quien hasta mediados del año pasado fue la directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Ocupó ese cargo desde febrero de 2010 y hasta que se enfrentó con sus superiores por negarse a acatar ciertas órdenes que, para ella, podían configurar delitos. ¿Resultado? Le redujeron el salario y luego la echaron. Por eso presentó un amparo, que ahora tramita en la Justicia.

Las irregularidades dentro de la IGJ abarcan un amplio abanico, según reconstruyó LA NACION durante el último año. ¿Por qué? Para proteger, entre otros, al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. A Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. O, en estos momentos, acotar la información disponible sobre las sociedades de Lázaro Báez.

 “Los oficios que se consideraban de alguna manera ‘complicados’ porque tenían repercusiones mediáticas o involucraban a determinados funcionarios del Gobierno nacional o porque ellos los consideraran distintos eran frenados”, denuncia Martínez. “Tenían que ser evaluados por Varela y por la gente que trabaja con él en el Ministerio”.

-¿Recuerda algún ejemplo?
-Sí, particularmente todo lo que tenía que ver con el caso Ciccone.

 pd: el resto de la entrevista publicada ayer en LA NACION, acá.

Una UIF reloaded

En plena tormenta política y judicial por el presunto cajoneo de los reportes de operaciones sospechosas de lavado que recibió durante los últimos años sobre Lázaro Báez, Leonardo Fariña y otros supuestos valijeros, financistas y banqueros, el Gobierno jerarquizó y potenció ayer a la Unidad de Información Financiera (UIF), con cargos más altos, más presupuesto y más áreas.

La reforma y ampliación de la UIF se plasmó en el decreto 269/2013, que se publicó en el Boletín Oficial con el fin declamado de otorgarle a la unidad "una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación". Es decir, "prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo".

El decreto, que lleva la firma de la Presidenta, elevó además al jefe de la UIF, José Sbattella, al rango de secretario de Estado, aunque en la práctica se mueve con plena autonomía de su superior jerárquico, el ministro de Justicia, Julio Alak. Llegados ambos de La Plata, donde aún residen, Sbattella mantiene una sorda disputa con Alak, al igual que con el titular de la (AFIP), Ricardo Echegaray, con quien puja por el control de las bases de datos bancarias, financieras, patrimoniales y tributarias.

En la práctica, el decreto representa, además, un claro respaldo presidencial a Sbattella, quien arrastra varias denuncias penales y una investigación en manos del fiscal federal Carlos Stornelli por la presunta politización del organismo, la designación de familiares y amigos, la selección discrecional de las investigaciones para perseguir a "enemigos" del Gobierno y proteger a distintos aliados.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

"No somos lavadores", dice... el jefe antilavado

Horas después de que LA NACION reveló ayer el desplazamiento de expertos antilavado de la Unidad de Información Financiera (UIF) y su reemplazo con militantes, parientes y amigos, el titular del organismo, José Sbattella, admitió que contrató a varios familiares, pero defendió su “capacidad técnica y profesional para el cargo”.

Sbattella reconoció incluso que tanto él como sus principales colaboradores cuentan con una dilatada experiencia en combatir la evasión tributaria, pero que no lo son en el flagelo que debe prevenir y combatir el organismo. “No somos especialistas en temas de lavado”, confesó.

Peor aún, y sin que mediara una pregunta, el jefe de la unidad antilavado sorprendió a los periodistas con una aclaración inesperada. “Bueno, en el tema de lavado, no somos lavadores de dinero”, precisó, lo que generó una irónica respuesta de la entrevistadora. “¡Gracias a Dios no son lavadores de dinero, si no estaríamos en serios problemas!”.

Y fue aún más lejos. Porque Sbattella aportó otra definición inesperada. “Este sistema nos ha permitido salir de la lista de persecución o de sanción que teníamos por no estar en el estándar internacional”, remarcó. Y confirmó así que la Argentina había ingresado a la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), situación que había negado desde que LA NACION lo reveló en junio de 2011, lo que también provocó entonces una furibunda negativa por televisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llegó a sostener días días, el 5 de julio, que no existía tal lista.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Pesquisa = expropiación

Por lo bajo, dentro del Gobierno admiten que la sorpresiva orden de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica responde a los avances de la causa penal que mantiene como centro al vicepresidente Amado Boudou. Una pesquisa que también alcanza al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y temen que podría extender sus ramificaciones hacia el Banco Central (BCRA), según indicaron altas fuentes oficiales.

La decisión de intervenir la empresa por 60 días mediante el decreto de necesidad y urgencia 1338/2012, pero sin la orden previa de un juez competente, también responde a otro motivo: cortar con el escándalo. "No podía defenderse a la imprenta por la calidad de sus productos porque algunos eran pésimos", indicó uno de los funcionarios consultados, que señaló también la percepción social de corrupción: "Ciccone se estaba convirtiendo en un ícono para este gobierno".

La idea de expropiar la ex Ciccone -rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana (CVS)- circula desde hace meses por los despachos del oficialismo y de la oposición. Puertas adentro, lo había planteado el ministro de Justicia, Julio Alak, mientras que los diputados Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), los peronistas Graciela Camaño y Felipe Solá, y Fabián Rogel (UCR), presentaron un proyecto el 12 de abril. Seis días después, y en el Senado, el cordobés Luis Juez (FAP) impulsó otra propuesta similar.

"Quizá debió impulsarse meses atrás y cortar de raíz con el escándalo, pero es lo que es", cortó uno de los funcionarios. "La sensación es que ahora no se podía parar el frente judicial y que no hay mucho margen para el juez, ni tampoco en la Cámara Federal", estimó.

pd1: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

pd2: y a todas estas razones hay que añadirle, sobra aclarar, que se cortó el financiamiento para The Old Fund/ex Ciccone. Hubo alguien que dijo basta. ¿Jorge Brito, acaso?

GAFI - bien, pero no te apures

El principal foro intergubernamental del mundo para la lucha contra el lavado elogió ayer los “pasos sustanciales” dados por el Gobierno para prevenir y combatir el blanqueo de activos, pero decidió mantener al país bajo el proceso de revisión especial, conocida en la jerga como “lista gris”. Así lo dispuso luego de que la delegación argentina intentó acelerar los tiempos y abrió una discusión que terminó por resultarle contraproducente, indicaron testigos del encuentro.

La Argentina quedó así en una situación incómoda al concluir la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Roma. Por un lado cosechó un elogio contundente por sus avances, pero provocó que el foro rechazara su pedido para que una nueva delegación oficial del propio foro visite el país. Más aún, agudizó sus diferencias con algunos países clave, incluido Estados Unidos, que definieron la posición del plenario.

El error estratégico de apurar los tiempos de la comitiva local provocó algo más dentro del GAFI. “Generó molestia y fue considerado como un acto de soberbia que empañó lo que habría sido un resultado más favorable”, detalló un informante, que consignó que Brasil empezó por apoyar la moción argentina hasta que derivó en un enfrentamiento abierto con varias delegaciones

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Un contrato que incomoda

La empresa RDS SA defiende las licitaciones como “ejemplares”, defiende los sistemas en danza, su excelencia técnica y sus precios, pero por las dudas se despega, mediante un comunicado de prensa, de “toda cuestión política”.

Sabe de lo que habla.

La compra y posterior orden de anulación de un millonario sistema de identificación balística automatizada para informatizar los datos del Registro Nacional de Armas (Renar) desató una ola de acusaciones cruzadas entre funcionarios durante las últimas 48 horas, hasta alcanzar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y sus colaboradores.

Así, la adjudicación del contrato cuya cancelación se anunció menos de 24 horas después de que llamó LA NACION al Ministerio de Justicia, desató pases de facturas en las sombras entre la gente de Julio Alak, el titular del Renar, Andrés Meiszner [foto arriba, juntos]], el Ministerio de Seguridad, de Nilda Garré, y la Jefatura de Gabinete.

Así, mientras que desde RDS recuerdan que los proyectos llevan 4 años de elaboración y cubren algunos objetivos trazados por el ex presidente Néstor Kirchner para combatir la inseguridad, los pases de facturas (y la puja de poder) entre funcionarios alrededor de este negocio parece que recién comenzó...

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Adjudicación, consulta y marcha atrás

El primer dato me llegó a través de un colega.

“Mirá”, dijo, y me mostró dos papeles.

El primero era la copia impresa del Boletín Oficial del 13 de junio, con la decisión administrativa 422/2011. El segundo; otra copia del Boletín Oficial, del 23 de noviembre, con otra decisión administrativa, la 1253/2011. Una por US$ 2,7 millones; la otra por US$ 14,8 millones.

Comencé a hurgar, a llamar por teléfono y a preguntar. ¿Por qué por lo que aparentaba el mismo sistema, comprado a la misma empresa, un organismo del Estado pagaba casi seis veces más que otro organismo público, sólo cinco meses después?

Luego, como suele ocurrir, esa primera pregunta se difuminó, pero la bola continuó en movimiento.

Y así, 24 horas después del primer llamado “sensible” al Gobierno para consultar y dar el derecho a réplica, llegó la reacción, que hoy publico en LA NACION.

Y dice:

Apenas una semana después de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación de un multimillonario contrato para instalar un “sistema de identificación balística automatizado” (IBIS) en el Registro Nacional de Armas (Renar), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Con la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak, el contrato fue otorgado a RDS, una firma líder en el sector de suministros para fuerzas armadas y de seguridad, para que instalara ese sistema en el Renar a cambio de 14,8 millones de dólares, unos 63,5 millones de pesos al tipo de cambio actual. Pero menos de 24 horas después de que LA NACION consultó al Ministerio por esa compra, trascendió la orden de cancelarla, confirmaron cinco fuentes oficiales y del sector de seguridad.

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GAFI: bien, pero avancen "con urgencia"

Con urgencia. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió hoy dos comunicados en los que destacó los “progresos” observados en el sistema antilavado local, pero destacó asimismo que continúan vigentes “algunas preocupaciones”. Por eso, convocó a la Argentina a resolver “urgentemente” las “deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado y financiación del terrorismo”, tal como anticipó ayer LA NACION.

La posición oficial del GAFI –el principal foro intergubernamental antilavado del mundo- se conoció hoy, al término de su reunión plenaria celebrada en París, en la que una comitiva liderada por el ministro de Justicia, Julio Alak, obtuvo cuatro meses para implementar las reformas y medidas pendientes.

El GAFI reconoció, en esa línea, el “continuo compromiso político” para fortalecer el sistema local, que continúa dentro de su llamada “lista gris”, y celebró el envió al Congreso del proyecto de penalización de la financiación del terrorismo, aunque alertó que evidencia “algunas deficiencias que deberían resolverse antes de promulgarse” la ley.

Es decir, y tal como salió acá, que estamos mal, pero vamos bien; y que todo marcha mejor según lo decís, pero mostrame cómo lo concretás (ver, acá). En otras palabras, lejos de supuestos "espaldarazos" y otros calificativos superlativos, y más cerca del trabajo y la retórica habitual de este tipo de organismos multilaterales.

Las dos declaraciones oficiales del GAFI, que están disponibles en su página de Internet, indican además que el organismo “continuará monitoreando” los avances locales y, “más específicamente, trabajará con la Argentina en las medidas y parámetros para evaluar la efectiva implementación de su criminalización del lavado de dinero”.

pd1: los links a las comunicados oficiales, acá y acá.

pd2: el artículo completo en lanacion.com, acá.

GAFI: mostrame cómo

Tras meses de negociaciones y gestos contrarreloj desde la Argentina, el principal foro antilavado del mundo le concedió hasta febrero al Gobierno para que avance con las reformas de su sistema antilavado. Hasta entonces continuará dentro de su "lista gris" de revisión especial.

La decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se definió ayer, durante su reunión plenaria en París, tras la exposición del jefe de la comitiva argentina, el ministro de Justicia, Julio Alak, quien informó sobre las reformas aplicadas y pendientes desde la anterior reunión, de junio último.

Los dos ejes del debate fueron la nueva ley antilavado que aprobó la Argentina y el proyecto de ley que persigue la financiación del terrorismo, un viejo reclamo internacional al que se resistió el Gobierno, pero al que decidió ceder ante el riesgo concreto de ser expulsado del GAFI.

Para verificar la ejecución "real" de las reformas -a lo cual aludieron como el "plan de implementación" de la ley antilavado-, el GAFI evalúa incluso enviar una nueva misión a Buenos Aires. Una visita como la que ya comandó el entonces presidente del foro, el mexicano Luis Urrutia Corral, en diciembre de 2010. Es decir, no me digas qué, sino mostrame cómo.

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.

GAFI: están mal, pero van mejor

Con palabras más diplomáticas, el mensaje que recibió la delegación del Gobierno que viajó hasta París fue sencillo: “Estamos mal, pero vamos bien”. La comitiva fue hasta la capital francesa para defender el “caso argentino” en la reunión plenaria del principal foro intergubernamental antilavado del mundo y, aunque con algunos machucones, lo logró.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó las reformas impulsadas en el sistema local por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el jefe de la unidad antilavado local (UIF), José Sbattella [foto, archivo]. Y tras un debate que incluyó algunas críticas, pero también elogios ante los avances registrados en algunas áreas, aprobó concederles cuatro meses más al país para que continúen con los procesos ya en marcha.

De este modo, la Argentina mantendrá su “status-quo” como país bajo observación especial, dentro de la llamada “lista gris” del GAFI, pero logró evitar la difusión de una "declaración pública" internacional (que en la jerga del organismo no es lo mismo que un comunicado) con críticas a la situación local. Más aún, también se difuminó la discusión sobre su permanencia dentro del foro.

pd1: el resto de la nota publicada en lanacion.com, acá.

pd: sobre la Argentina y la "lista gris" del GAFI, acá.