El "caso Ciccone" llega a la Corte Suprema

Si ya no tenía suficiente, ahora la Corte Suprema de Justicia sumará un nuevo desafío. Deberá lidiar, por primera vez, con el “caso Ciccone”. Decidirá si es constitucional que el Gobierno esté de ambos lados del mostrador a la hora de negociar si la familia fundadora de la imprenta debe cobrar una indemnización por un contrato multimillonario que rescindió la Policía Federal.

El arribo del “caso Ciccone” a la Corte se definió el martes pasado, cuando la sala D de la Cámara Comercial admitió un recurso extraordinario de la familia fundadora, que considera que, en pleno de proceso de expropiación de la imprenta, el Gobierno viola sus derechos de defensa y de propiedad, según consta en la copia de la resolución judicial.

El reclamo de los Ciccone se centra en un tramo menor de toda la madeja judicial que los rodea junto al abogado Alejandro Vandenbroele y el vicepresidente Amado Boudou, pero que se convirtió en la senda para la discusión de fondo. Pero abarca una fortuna. Los Ciccone le reclaman a la Policía Federal una indemnización de $ 86,2 millones por los bienes y equipos de la compañía que la fuerza utilizó durante varios años para confeccionar los pasaportes y cédulas de identidad, para luego, de improviso, prescindir del servicio.

Al caerse el contrato, los Ciccone reclamaron por la vía administrativa, que incluyó una firma de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Hasta que tras casi dos años de idas y vueltas, la Policía concluyó el 16 de agosto pasado que correspondía indemnizarlos con sólo 13.203 pesos.

El bajísimo monto otorgado podría responder al contexto temporal. Para entonces, el escándalo por el “caso Ciccone” ya superaba los seis meses y había provocado la apertura de una investigación penal en la que Boudou se encuentra imputado por la presunta comisión de múltiples delitos. Y nueve días antes de la decisión de la Policía, el Gobierno había anunciado la intervención oficial de la imprenta, que por entonces imprimía decenas de millones de billetes de 100 pesos.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Chalecos - 400 en las calles

Mientras altos funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Defensa definen los pasos a seguir, al menos 400 agentes de la Policía Federal utilizan chalecos antibalas que no les ofrecen la mínima protección balística necesaria, confirmaron fuentes al tanto de las deliberaciones, que también obtuvo copias del último peritaje que efectuó el Ejército.

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La cúpula de la Policía Federal ya ordenó la devolución de 1500 chalecos antibalas a la Sastrería Militar, tal como reveló LA NACION. Los fabricó junto a cooperativas de trabajo convocadas por el Ministerio de Desarrollo Social que lidera Alicia Kirchner como parte de una compra que debía llegar a las 5000 unidades.

Al menos otros 400 chalecos, sin embargo, continúan en las manos de los policías destinados a los recorridos por los barrios en patrulleros. Corren, hoy, con los mayores riesgos de recibir lesiones que podrían resultar mortales.

Los funcionarios involucrados chocaron con otra luz roja. El informe “ARM 95” del Laboratorio del Ejército [facsímil, arriba] determinó que la muestra testeada de 4 chalecos “no cumple balísticamente con las exigencias como blindaje antibala para el nivel RB3”.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Te devuelvo los chalecos, gracias

Durante las últimas horas, la Policía Federal devolvió cerca de 1500 chalecos antibalas que presentaban serias deficiencias de protección y que podían causarle serios traumatismos o incluso poner en riesgo la vida de sus agentes, confirmaron fuentes de esa fuerza a LA NACION, que reveló este domingo esos problemas.

La decisión de la Policía Federal se adoptó horas después de recibir los resultados del tercer peritaje balístico que completó el Laboratorio de Armamentos de la Escuela Técnica del Ejército sobre cuatro de esos chalecos, con pésimos resultados, a pesar de los intereses del Ministerio de Seguridad de Nilda Garré y Sergio Berni.

El costo para el Estado por esos 1500 chalecos fallidos de la Sastrería Militar asciende al menos a $ 3 millones, tras una compleja operatoria que incluyó la importación del insumo básico como “material bélico secreto” gracias al aporte del Ministerio de Industria, para así reducir los controles aduaneros y evitar el pago de impuestos.

El tercer y definitivo peritaje resultó, sin embargo, aún peor que los dos primeros. Arrojó un trauma balístico de 44.4 milímetros, confirmaron ayer fuentes al tanto de los resultados. Quedó así por encima del límite trazado de 25 milímetros por las fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería y Prefectura) para las compras de chalecos en las últimas dos licitaciones (la 31/06 y 43/08) y del máximo fijado por el Registro Nacional de Armas (Renar) con 44 milímetros.

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Shh! Chalecos secretos!

El material clave para fabricar los polémicos chalecos antibalas que el Ministerio de Seguridad comenzó a entregar a la Policía Federal ingresó al país como material bélico secreto, lo que redujo los controles aduaneros y evitó además el pago de impuestos.

La operatoria incluyó la participación de los ministerios de Seguridad, Industria, Justicia y Desarrollo Social, que convocó a cooperativas para que colaboren con la Sastrería Militar en la confección de los chalecos que afrontaron luego serios problemas cuando el Laboratorio de Armamentos del Ejército los sometió a por lo menos tres peritajes balísticos [abajo].

De todos esos ministerios, sin embargo, fue el de Desarrollo Social que lidera Alicia Kirchner el que asumió un rol protagónico para reducir los potenciales planteos e impugnaciones contra los chalecos antibalas. Lo hizo su secretario de Economía Social, Carlos Cipolla, según consta en un reporte de Registro Nacional de Armas (Renar), el órgano oficial de contralor.

Así, pese a los elevados “traumas” o niveles de impacto que mostraron esos chalecos durante los testeos del Laboratorio de Armamentos, el Ministerio de Seguridad comenzó a repartir los primeros 1900 chalecos entre los agentes de la Policía Federal durante las últimas cinco semanas, según reveló ayer LA NACION.

pd: el resto de la nota publicada hoy, acá; la de ayer, acá.

Chalecos antibalas... ¿que no paran las balas?

Durante las últimas cinco semanas, el Ministerio de Seguridad comenzó a distribuir 1900 chalecos antibala entre los agentes de la Policía Federal que en ciertas zonas no detendrían los proyectiles y generan traumas superiores a los máximos hoy permitidos, según surge de los análisis practicados por el Ejército Argentino que obtuvo LA NACION, que los cotejó con tres expertos en esos materiales y un ex alto funcionario del sector.

Los problemas de los chalecos se concentran en los tramos que unen al panel central con los insertos simulados en cada lateral, a la altura de los riñones, mediante velcros desmontables. Eso pone en riesgo a los policías que los utilicen, ya que cada chaleco debería consistir en una sola pieza, en forma de “T” invertida, de acuerdo a las normas hoy vigentes del Registro Nacional de Armas (RENAR).

Los chalecos registran además un “trauma” –es decir, el área y la profundidad de absorción del impacto de un proyectil– que supera los límites fijados para la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval en sus últimas licitaciones de 2006 y 2008, con 25 y 32 milímetros para las categorías pautadas, lo que aumenta el riesgo para los agentes que los porten.

Aún así, los primeros 1900 chalecos de una partida total de 5000 elaborados por la Sastrería Militar ya arribaron a la Federal por orden del Ministerio de Seguridad. Sostuvo que ofrecen una protección de tercer nivel, de uso militar (en la jerga, RB3), lo que es cierto, aunque con un modelo aprobado en 2005. Ese chaleco, el “JAF3”, siguió las exigencias de calidad impuestas en 2001 y ya derogadas, en vez del nivel RB2, actualizado, que usa la Policía Federal para enfrentar las armas habituales de los delincuentes.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Un contrato que incomoda

La empresa RDS SA defiende las licitaciones como “ejemplares”, defiende los sistemas en danza, su excelencia técnica y sus precios, pero por las dudas se despega, mediante un comunicado de prensa, de “toda cuestión política”.

Sabe de lo que habla.

La compra y posterior orden de anulación de un millonario sistema de identificación balística automatizada para informatizar los datos del Registro Nacional de Armas (Renar) desató una ola de acusaciones cruzadas entre funcionarios durante las últimas 48 horas, hasta alcanzar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y sus colaboradores.

Así, la adjudicación del contrato cuya cancelación se anunció menos de 24 horas después de que llamó LA NACION al Ministerio de Justicia, desató pases de facturas en las sombras entre la gente de Julio Alak, el titular del Renar, Andrés Meiszner [foto arriba, juntos]], el Ministerio de Seguridad, de Nilda Garré, y la Jefatura de Gabinete.

Así, mientras que desde RDS recuerdan que los proyectos llevan 4 años de elaboración y cubren algunos objetivos trazados por el ex presidente Néstor Kirchner para combatir la inseguridad, los pases de facturas (y la puja de poder) entre funcionarios alrededor de este negocio parece que recién comenzó...

pd: la nota completa, acá.

Todo tiene un límite

Todo tiene un límite, muchachos.

Eso es lo primero que pensé al enterarme, el martes, que amigos de la información ajena hackearon las cuentas privadas de correo electrónico del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y de sus colegas de Economía (y actual candidato a vicepresidente), Amado Boudou; de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Defensa (ahora en Seguridad), Nilda Garré, y el ministro de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, entre otros.

La mayoría de esos e-mails, aunque reitero que almacenados en casillas privadas, abordan asuntos públicos, lo cual marca una inconsistencia, un malhacer y un riesgo (precisamente, de hackeos). Pero no me importa lo que digan. Representan lo que en Derecho se llaman frutos del árbol envenenado. ¿Qué significa? Que el pecado original de cómo fueron obtenidos vicia su contenido y eventual publicación. La manzana podrida te pudre el árbol.

Digo esto aún cuando el material sobre De Vido o Timerman, entre otros funcionarios, podría resultarme valioso, quizá, para alguna investigación. Pero no lo sé porque en cuanto comprendí el tenor del material, dejé de leer. No por petulante o falsa moralina, sino porque no me agrada la idea de meterme así en la vida privada de alguien.

Y digo esto, además, a sabiendas de que accedí (y publiqué) los mails de Manuel Vázquez (caso Ricardo Jaime) y hasta de Wikileaks. Pero hay diferencias entre esos casos y estos: en el caso de Vázquez, los recuperó la Justicia (y luego se filtraron a la prensa); y en el caso de Julian Assange, los obtuvo un hacker, pero se centran en cables diplomáticos de asuntos del orden público (aunque fueron confidenciales o hasta secretos), no emails.

Hay entre aquellos dos casos (Vázquez/Jaime y Wikileaks) y este caso otra diferencia sustancial: en aquellos, el periodismo sirvió de "filtro" de la información; en este se subió todo (lo que los hackers quisieron, vaya a saberse si eso es realmente todo) a Internet. Podrán argumentar que la labor de los periodistas orilla pues con la censura, pero disiento: es sólo evaluar lo que es de interés público y eliminar aquello que es de la estricta vida privada de las personas, aún cuando son funcionarios públicos.

Todo esto, lo sé, debe abordarse de manera más amplia; volveré.

Precisiones aduaneras (¡O Tiririca!)

Avión gringo.

Operativo de Aduana, la Policía de Seguridad Aeroporturaria (PSA) y otras fuerzas.

Los agentes encuentran algo que no estaba declarado.

Ergo, debe abrirse un sumario. Con dos opciones: delito o infracción aduanera.

Si, luego, un jefe de la Aduana declara ante la Justicia que no radicaron una denuncia penal porque no se trataba de un delito, pues entonces queda la otra opción: una infracción.

Ergo, lo mismo que ocurrió en el caso de Guido Alejandro Antonini Wilson y la maleta que es (o no es) suya por casi US$ 800.000.

En aquel caso, si Antonini Wilson se presentaba ante la Aduana y pagaba una multa por el 50% del valor, se llevaba la maleta con el resto de dinero.

Y como no lo hizo, la maleta (y el dinero) siguen bajo custodia a la espera de que alguien la quiera como propia y se presente a retirarla.

Dado aquel antecedente (incómodo para el Gobierno), ¿por qué tanto énfasis ahora para sostener que lo decomisado en el avión sí puede ser destruido?

O como me escribió un experto que me ayudó en unas cuantas investigaciones vinculadas al mundo aduanero, donde conoce a medio mundo (y el otro medio lo conoce a él).

“Los medios de transporte de guerra extranjeros (y el avión de EE.UU. lo es) tienen un régimen especial en el Código Aduanero cuando ingresan a nuestro país que está sujeto a la reciprocidad de tratamiento (v. ap. 2 art. 472). En ese caso la descarga de los pertrechos puede realizarse sin permiso ni requisito aduanero alguno (art. 473), comunicando previamente al servicio aduanero (art. 475)”.

“Hasta aquí cabe la pregunta a la DGA: ¿Hay reciprocidad de tratamiento con EE. UU. y si la hay por qué no se actuó en consecuencia?”.

“De todos modos, si no se diera este régimen especial, existe otro régimen para el arribo de la mercadería por vía aérea que obliga a presentar a la llegada del la aeronave los manifiestos originales de la carga (v. art. 160) y cuando al concluir la descarga resulta mercadería no declarada se puede justificar las diferencias sin problemas dentro del plazo de 24 hs. y de acuerdo a la reglamentación (art. 163 C.A. y 22 del decreto 1001/82)”.

“De no darse las condiciones establecidas para los distintos regímenes se daría una infracción aduanera muy común cuando hay errores en la declaración general de la carga, incluso la gente que representó a la aeronave (se supone un agente de transporte), si no se daba la aplicación del régimen para transporte de guerra, pudo antes que el servicio aduanero tomara conocimiento del error presentarse espontáneamente y pagar la multa (v. art. 917), sin necesidad de proceder a la apertura de un sumario”.

“Una vez que el servicio aduanero toma conocimiento de las diferencias, entonces sí formaliza un sumario y, en este caso, se debe pagar la multa correspondiente y permitir al ‘dueño’ de la mercadería disponer de ella. Obviamente si el ‘dueño’ nunca reclama la mercadería el Estado puede disponer de ella, incluso para su destrucción”.

“Como verás, por el desconocimiento de las normas o un mal asesoramiento, los ministros están hablando sin sentido y la bola de nieve sigue creciendo. Además, desde EE.UU. se reclama la mercadería. Pues bien, si lo hacen formalmente a través de la Mesa de Entradas de la DGA, pagarán la multa y se la tendrán que devolver, sí o sí”.

“La verdad, el tratamiento de los funcionarios argentinos sobre este tema hace que la equivocación del payaso Tiririca al votar en Brasil parezca una nimiedad. En este caso bien se podría decir que Aníbal Fernández, Héctor Timerman y Nilda Garré serían Tiriricas ilustrados”.

Aclarados los puntos aduaneros, pues, continuemos con la confusión bilateral.