Cuarto peritaje - y pasó la bala, nomás

El cuarto peritaje sobre los polémicos chalecos antibala que impulsa el Gobierno arrojó este jueves el peor de los resultados posibles: una bala traspasó uno de los chalecos probados y otro proyectil causó un trauma por encima del máximo permitido en otro chaleco, confirmaron fuentes al tanto del análisis que se completó, en secreto, en un área del Ejército durante los últimos días.

Los resultados del peritaje complicaron así los planes de los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social. Esperaban obtener la venia para poner otra vez en circulación más de 1500 chalecos entre los agentes de la Policía Federal y ampliar la distribución a otros 10.000 efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval.

Además de las vidas de miles de agentes, sin embargo, el rechazo de esos chalecos también puso en riesgo el cobro de millones de pesos por sus fabricantes, que son la Sastrería Militar y cooperativas convocadas por el Ministerio de Desarrollo Social que lidera Alicia Kirchner.

El precio de venta de cada chaleco ronda los $ 2000, según fuentes del sector, en tanto que su costo total entre los materiales del panel balístico y la funda exterior, más la confección requerida, ronda los $ 1009; por lo que reportaría una ganancia neta de $ 990 por unidad.

En el cuarto peritaje, sin embargo, al completar la prueba con balas del calibre .44 milímetros, la cuarta bala traspasó el chaleco. Pese a que se hizo sobre una muestra seca –en vez de húmeda o mojada–, sobre un chaleco talle “L” y con un tiro recto –en vez de a 30 o 45 grados–, tres condiciones que debería haber mejorado los resultados.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.

Te devuelvo los chalecos, gracias

Durante las últimas horas, la Policía Federal devolvió cerca de 1500 chalecos antibalas que presentaban serias deficiencias de protección y que podían causarle serios traumatismos o incluso poner en riesgo la vida de sus agentes, confirmaron fuentes de esa fuerza a LA NACION, que reveló este domingo esos problemas.

La decisión de la Policía Federal se adoptó horas después de recibir los resultados del tercer peritaje balístico que completó el Laboratorio de Armamentos de la Escuela Técnica del Ejército sobre cuatro de esos chalecos, con pésimos resultados, a pesar de los intereses del Ministerio de Seguridad de Nilda Garré y Sergio Berni.

El costo para el Estado por esos 1500 chalecos fallidos de la Sastrería Militar asciende al menos a $ 3 millones, tras una compleja operatoria que incluyó la importación del insumo básico como “material bélico secreto” gracias al aporte del Ministerio de Industria, para así reducir los controles aduaneros y evitar el pago de impuestos.

El tercer y definitivo peritaje resultó, sin embargo, aún peor que los dos primeros. Arrojó un trauma balístico de 44.4 milímetros, confirmaron ayer fuentes al tanto de los resultados. Quedó así por encima del límite trazado de 25 milímetros por las fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería y Prefectura) para las compras de chalecos en las últimas dos licitaciones (la 31/06 y 43/08) y del máximo fijado por el Registro Nacional de Armas (Renar) con 44 milímetros.

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Chalecos antibalas... ¿que no paran las balas?

Durante las últimas cinco semanas, el Ministerio de Seguridad comenzó a distribuir 1900 chalecos antibala entre los agentes de la Policía Federal que en ciertas zonas no detendrían los proyectiles y generan traumas superiores a los máximos hoy permitidos, según surge de los análisis practicados por el Ejército Argentino que obtuvo LA NACION, que los cotejó con tres expertos en esos materiales y un ex alto funcionario del sector.

Los problemas de los chalecos se concentran en los tramos que unen al panel central con los insertos simulados en cada lateral, a la altura de los riñones, mediante velcros desmontables. Eso pone en riesgo a los policías que los utilicen, ya que cada chaleco debería consistir en una sola pieza, en forma de “T” invertida, de acuerdo a las normas hoy vigentes del Registro Nacional de Armas (RENAR).

Los chalecos registran además un “trauma” –es decir, el área y la profundidad de absorción del impacto de un proyectil– que supera los límites fijados para la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval en sus últimas licitaciones de 2006 y 2008, con 25 y 32 milímetros para las categorías pautadas, lo que aumenta el riesgo para los agentes que los porten.

Aún así, los primeros 1900 chalecos de una partida total de 5000 elaborados por la Sastrería Militar ya arribaron a la Federal por orden del Ministerio de Seguridad. Sostuvo que ofrecen una protección de tercer nivel, de uso militar (en la jerga, RB3), lo que es cierto, aunque con un modelo aprobado en 2005. Ese chaleco, el “JAF3”, siguió las exigencias de calidad impuestas en 2001 y ya derogadas, en vez del nivel RB2, actualizado, que usa la Policía Federal para enfrentar las armas habituales de los delincuentes.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Y conste que te avisaron

Pa’ qué te viá decir qui no, si sí, sería la cuestión. Porque, en efecto, los bancos y el Gobierno supieron de las tropelías de Sergio Schoklender desde mucho antes de que estallara el escándalo.

En el caso de los bancos, optaron por enviarle reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) –Nuevo Banco de Santiago del Estero y Supervielle-, o de acotarle sus operaciones –Credicoop-, o incluso cerrarle la cuenta en la que operaba –otra vez, por ejemplo, la entidad santiagueña-.

En Santiago del Estero (BSE), “se observaron movimientos extraños y al contado, por lo que se emitió el ROS”, el 6441/2010. Y en el Supervielle el 8047/2010, al tiempo que requirió más información. Así fue como la empresa de Schoklender presentó el supuesto contrato de Meldorek con la presunta firma de Bonafini, fechado el 28 de diciembre de 2010, que un peritaje calcográfico de la Gendarmería concluyó que era falsa.

¿Qué reacción mostró el Gobierno ante las primeras luces amarillas? Bueno… según el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, comenzó a cerrarle el grifo dinerario al entonces apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo. Pero no radicó ninguna denuncia penal.

Y en el caso de la unidad antilavado, su reacción resultó endeble y polémica. Una vez más. En el caso del reporte del banco santiagueño –de marzo de 2010-, consideraron “justificado” su movimiento de dinero. Y en el caso del Supervielle –de septiembre del año pasado-, lo investigaron con paso cansino… Tan lento que sólo luego de que estalló el escándalo –y sólo porque estalló el escándalo- lo remitieron a la Justicia.

Cuando los papeles -tras más de un año- llegaron a las manos del fiscal general, Raúl Pleé, el proceso se aceleró. Sólo tardó 24 horas en impulsar una denuncia penal con información sobre los ROS del BSE y del Supervielle. Eso ya incluso se había publicado en la prensa; lo que se ignoraba hasta ahora es que el BSE además cerró la cuenta problemática, que el Supervielle pidió más info (y así apareció el contrato maldito de Meldorek) y todo lo ocurrido con el Credicoop ("intercambio violento" con Schoklender incluido).

pd: más datos, en el artículo y recuadro publicados ayer en LA NACION (acá y acá).

Falsas o auténticas

Sergio Schoklender jura que las firmas que aparecen de Hebe de Bonafini son auténticas. Que ella rubricó las tres carillas de ese contrato con Meldorek SA, el 28 de diciembre de 2010.

Madres de Plaza de Mayo lo niega. Afirma que su presidenta jamás lo firmó, que no conoce al socio de Meldorek que aparece en ese contrato, Alejandro Gotkin, y que para esa fecha, ella ni siquiera estaba en Buenos Aires.

Schoklender retruca con que Bonafini miente.

Y las Madres replican, como un latigazo, que el que miente es y ha sido, siempre, Schoklender, quien incluso les ocultó información (y activos por vaaaarios millones de pesos) a la entidad durante años.

Un peritaje caligráfico de la Gendarmería [copia facsímil, abajo] ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide concluyó que las firmas son, en efecto, falsas.

Schoklender considera que esa es la demostración cabal de que el Gobierno le soltó la mano, que será el chivo expiatorio del escándalo y por eso decidió redoblar la apuesta y hablar ante los medios de comunicación y en el Congreso.

El ex apoderado de la fundación Madres reclama, además, que se practique un nuevo peritaje caligráfico de esas firmas, que Bonafini redacte un "cuerpo de escritura" completo, que asista a la audiencia un perito suyo e insiste, una vez más, con que las firmas son auténticas. Pero si esto fuera fútbol, por ahora Schoklender viene perdiendo 2 a 0. Y, encima, de visitante.

Y mientras Schoklender habla, sin embargo, las Madres continúan con su labor y aportan cada semana más documentos, material y elementos de prueba al expediente. Que ya superó las 10.000 fojas.

A todo esto, el juez Oyarbide mantiene el expediente bajo secreto de sumario. Lleva más de 90 días. Algo muy inusual, incluso para los particulares tiempos que suelen manejarse en Comodoro Py. La medida le permite controlar el flujo de información. Aunque las filtraciones, de vez en cuando, ocurran. Como esta vez.

En la edición de hoy del diario LA NACIÓN revelamos tanto el peritaje de la Gendarmería, como así también el supuesto contrato de la discordia (un instrumento privado, sin participación de un escribano público fedatario) con las supuestas firmas de Bonafini.

El texto resulta una prueba clave y comprometedora. Sea porque las supuestas firmas de Bonafini son auténticas (y en ese caso la titular de Madres estaría en problemas) o porque como el peritaje indica (y validan todas las pruebas indiciarias hasta ahora conocidas), son falsas. Y en ese caso, como hasta ahora, el que estaría en problemas es Schoklender.

pd: el artículo en LA NACIÓN, acá.