Cristóbal López, al borde de la cesación de pagos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) teme que Cristóbal López extienda la cesación de pagos a todo casi todo el Grupo Indalo. Le preocupa que se declare insolvente y que jamás devuelva los $ 8000 millones que le debe al Estado nacional. Por eso lo denunció y la Justicia le dio, aunque de manera sólo preliminar, el primer visto bueno. Pero acaso sea ya demasiado tarde, según surge de los balances de las tres empresas clave del Grupo Indalo y documentos internos de ese holding que obtuvo LA NACION y analizó con expertos contables.

Esos balances y documentos reflejan la operatoria que López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, desarrollaron durante años. A tal punto de que, fruto de algunas maniobras ahora cuestionadas, las tres firmas clave dentro del holding -Oil Combustibles, Inversora M&S y Oil M&S-, enfrentan diversos niveles de turbulencia, que pueden extenderse a otras empresas del grupo. Entre ellas, la constructora CPC, la planta Álcalis de la Patagonia o sus medios de comunicación.

Esas maniobras bajo la lupa incluyen créditos cruzados entre compañías del grupo -sin interés ni fecha de devolución o con intereses, pero que terminan capitalizados porque no se abonaron durante años-, sustanciales revaluaciones contables de los bienes de uso en al menos dos de ellas, la acumulación de pérdidas por cientos de millones de pesos, año tras año, la decisión de no pagar impuestos ni aportes previsionales para acogerse luego a planes de pago de la AFIP, y más.

Consultados por LA NACION, voceros del Grupo Indalo negaron cualquier posibilidad de una cesación de pagos que se extienda a todo el holding. "Ésta es una situación temporal y acotada a Oil Combustibles", indicó un vocero. "Si algo ha demostrado todo lo que ha salido a la luz sobre la operatoria de Cristóbal López es que no sacaron un solo peso del país y que todos los fondos los reinvirtieron en sus empresas", abundó.

La operatoria cuestionada, que para la AFIP podría confirmar el vaciamiento total o parcial del Grupo Indalo, se encuentra ya bajo la lupa de la justicia en lo Penal Económico, Contencioso Administrativo Federal y Comercial, y registró sus primeras consecuencias. Oil Combustibles se presentó en concurso de acreedores, apenas tres semanas después de que LA NACION revelara que acumuló más de $ 7600 millones de deuda fiscal, al no abonar durante años el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). Ello se sumó a las deudas fiscales que acumularon otras empresas del Grupo, hasta superar los $ 8000 millones.

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Cristóbal, a un paso del concurso de acreedores

Cristóbal López colocó a su petrolera Oil Combustibles a un paso de la convocatoria de acreedores al ordenar a los bancos con los que opera que no le debiten más el dinero requerido para hacer frente a las cuotas mensuales de los planes de pago que acordó con la AFIP. Así, ya no devolverá los $ 8000 millones que adeuda en impuestos.

La indicación de López -conocida en la jerga bancaria como "poner un stop debit" a los pagos desde una cuenta- se produjo en los últimos días. En paralelo, el empresario aceleró los trámites para mudar la sede de la petrolera desde sus oficinas porteñas hasta Comodoro Rivadavia, su pago chico, donde confía en que recibirá un mejor trato judicial.

López y su socio y lugarteniente en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, decidieron que sólo pagarán lo que corresponda a partir de ahora por el Impuesto a las transferencias de los combustibles (ITC) en todas sus estaciones de servicio, pero no los $ 8000 millones que adeudan por no haber abonado ese tributo en los últimos años del kirchnerismo. Y, al mismo tiempo, comenzaron a rever sus relaciones comerciales con varios de sus acreedores -a los que les piden tiempo- y proveedores, que replantearon sus condiciones.

Contactados por LA NACION, voceros del Grupo Indalo indicaron que consultarían a López y a De Sousa, pero hasta anoche no habían respondido. Ambos empresarios les dijeron durante los últimos días a sus allegados que se sentían víctimas de una "persecución política".

Pese al incumplimiento, el stop debit a través de una clave bancaria uniforme (CBU) por esa multimillonaria deuda fiscal no conllevará la caducidad automática de los planes de pago, ya que la letra chica de esos regímenes incluyen un par de meses de gracia. De todas maneras, implica una nueva señal sobre cuál es la estrategia que adoptó el Grupo Indalo.

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Lázaro Báez, tras los pasos de Américo Gualtieri

La sombra de Victorio Américo Gualtieri se cierne sobre Lázaro Báez. Al borde del precipicio financiero, el empresario ultrakirchnerista sumó un nuevo problema. La Justicia ordenó embargar sus cuentas por más de $ 12,3 millones en el Banco Nación debido a las deudas que arrastra con la firma que aseguraba los riesgos de trabajo de sus empleados.

La orden de embargo la impartió días atrás el juez subrogante en lo Comercial N° 4, Héctor Vitale, a favor de la aseguradora Provincia ART, que acumuló reclamos por $ 11,8 millones más otros $ 500.000 en concepto de intereses, y terminó por presentarse en Tribunales ante la falta de respuestas de la principal empresa de Báez, Austral Construcciones. Al menos 1100 de los 1800 empleados de la firma recibieron telegramas de despido en los últimos días.

"Por las sumas indicadas precedentemente decrétese embargo preventivo sobre los fondos que tenga el demandado en el Banco de la Nación Argentina", dispuso Vitale.

En su resolución, del 21 de diciembre, el magistrado aclaró que el congelamiento del dinero deberá exceptuar "los fondos que pudieran corresponder a salarios o sueldos".

La orden judicial representa un nuevo traspié para Báez, quien acumula múltiples indicios de problemas económicos y financieros en su grupo de empresas, así como también judiciales y administrativos, que lo dejan cada vez más cerca del concurso de acreedores y de la quiebra, algo que a su lado dicen que quieren evitar.

El otrora empleado raso del Banco de Santa Cruz, no obstante, no es el único empresario ultrakirchnerista que afronta una tormenta financiera desde la salida del poder de la presidenta Cristina Fernández. También el Grupo 23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

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