Cristóbal López, al borde de la cesación de pagos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) teme que Cristóbal López extienda la cesación de pagos a todo casi todo el Grupo Indalo. Le preocupa que se declare insolvente y que jamás devuelva los $ 8000 millones que le debe al Estado nacional. Por eso lo denunció y la Justicia le dio, aunque de manera sólo preliminar, el primer visto bueno. Pero acaso sea ya demasiado tarde, según surge de los balances de las tres empresas clave del Grupo Indalo y documentos internos de ese holding que obtuvo LA NACION y analizó con expertos contables.

Esos balances y documentos reflejan la operatoria que López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, desarrollaron durante años. A tal punto de que, fruto de algunas maniobras ahora cuestionadas, las tres firmas clave dentro del holding -Oil Combustibles, Inversora M&S y Oil M&S-, enfrentan diversos niveles de turbulencia, que pueden extenderse a otras empresas del grupo. Entre ellas, la constructora CPC, la planta Álcalis de la Patagonia o sus medios de comunicación.

Esas maniobras bajo la lupa incluyen créditos cruzados entre compañías del grupo -sin interés ni fecha de devolución o con intereses, pero que terminan capitalizados porque no se abonaron durante años-, sustanciales revaluaciones contables de los bienes de uso en al menos dos de ellas, la acumulación de pérdidas por cientos de millones de pesos, año tras año, la decisión de no pagar impuestos ni aportes previsionales para acogerse luego a planes de pago de la AFIP, y más.

Consultados por LA NACION, voceros del Grupo Indalo negaron cualquier posibilidad de una cesación de pagos que se extienda a todo el holding. "Ésta es una situación temporal y acotada a Oil Combustibles", indicó un vocero. "Si algo ha demostrado todo lo que ha salido a la luz sobre la operatoria de Cristóbal López es que no sacaron un solo peso del país y que todos los fondos los reinvirtieron en sus empresas", abundó.

La operatoria cuestionada, que para la AFIP podría confirmar el vaciamiento total o parcial del Grupo Indalo, se encuentra ya bajo la lupa de la justicia en lo Penal Económico, Contencioso Administrativo Federal y Comercial, y registró sus primeras consecuencias. Oil Combustibles se presentó en concurso de acreedores, apenas tres semanas después de que LA NACION revelara que acumuló más de $ 7600 millones de deuda fiscal, al no abonar durante años el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). Ello se sumó a las deudas fiscales que acumularon otras empresas del Grupo, hasta superar los $ 8000 millones.

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Cristóbal, a un paso del concurso de acreedores

Cristóbal López colocó a su petrolera Oil Combustibles a un paso de la convocatoria de acreedores al ordenar a los bancos con los que opera que no le debiten más el dinero requerido para hacer frente a las cuotas mensuales de los planes de pago que acordó con la AFIP. Así, ya no devolverá los $ 8000 millones que adeuda en impuestos.

La indicación de López -conocida en la jerga bancaria como "poner un stop debit" a los pagos desde una cuenta- se produjo en los últimos días. En paralelo, el empresario aceleró los trámites para mudar la sede de la petrolera desde sus oficinas porteñas hasta Comodoro Rivadavia, su pago chico, donde confía en que recibirá un mejor trato judicial.

López y su socio y lugarteniente en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, decidieron que sólo pagarán lo que corresponda a partir de ahora por el Impuesto a las transferencias de los combustibles (ITC) en todas sus estaciones de servicio, pero no los $ 8000 millones que adeudan por no haber abonado ese tributo en los últimos años del kirchnerismo. Y, al mismo tiempo, comenzaron a rever sus relaciones comerciales con varios de sus acreedores -a los que les piden tiempo- y proveedores, que replantearon sus condiciones.

Contactados por LA NACION, voceros del Grupo Indalo indicaron que consultarían a López y a De Sousa, pero hasta anoche no habían respondido. Ambos empresarios les dijeron durante los últimos días a sus allegados que se sentían víctimas de una "persecución política".

Pese al incumplimiento, el stop debit a través de una clave bancaria uniforme (CBU) por esa multimillonaria deuda fiscal no conllevará la caducidad automática de los planes de pago, ya que la letra chica de esos regímenes incluyen un par de meses de gracia. De todas maneras, implica una nueva señal sobre cuál es la estrategia que adoptó el Grupo Indalo.

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Cristóbal López, $ 8000 millones y la AFIP

Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.

El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.

Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.

LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.

Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".

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Banco Nación: trato premium para Lázaro Báez

El Banco Nación otorgó un trato preferencial al grupo de empresas de Lázaro Báez. Así logró financiarse por la vía de excepción y por encima de los límites preacordados, incluso con operaciones que ordenaron personas que no estaban autorizadas para ese fin. No sólo eso. La entidad demoró en actualizar su clasificación como deudor mientras que al mismo tiempo evitó reportar una operación por US$ 7,5 millones a la unidad antilavado (UIF), según surge de tres informes del BCRA cuya copia obtuvo LA NACION.

Ese trato singular otorgado al socio de Cristina Kirchner ocurrió durante el último año de Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Nación, lo que quedó expuesto en dos de esos informes que redactaron los técnicos del BCRA, la entidad que ahora preside el propio Fábrega.

El primero de esos informes, titulado "Memorando de Observaciones Preliminares" y fechado el 14 de agosto pasado, también alerta que el Banco Nación carecía de toda la información que exige la normativa antilavado de la UIF sobre Oil Combustibles, la petrolera del también empresario patagónico y "zar del juego", Cristóbal López.

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Cristóbal compra con los impuestos (que licúa)

El empresario patagónico Cristóbal López compró los activos de Petrobras en la Argentina y fondeó su holding de compañías con más de$1200 millones en impuestos que dejó de pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo durante más de un año y luego incluyó esta deuda tributaria en un plan de pagos a 10 años, que licua lo adeudado gracias a una tasa de interés inferior a la inflación.

La compra de Petrobra Argentina por parte de López repitió así la estrategia con que la familia Eskenazi, también de estrecho vínculo con el kirchnerismo, ingresó en YPF, cuando pagó a Repsol con las utilidades futuras de la propia petrolera. En el caso de López, acordó pagar en cuotas a 30, 60 y 90 días que solventó, no con las ganancias de la refinería y las estaciones de servicio que recibió el 2 de mayo de 2011, sino con los impuestos que no giró a la AFIP.

López y su socio Fabián de Sousa también usaron el fondeo generado por esos impuestos impagos para financiar empresas del Grupo Indalo, entre otras, la Inversora M&S y Oil M&S, con las que pagaron los salarios en Paraná Metal y completaron la llegada al Banco Finansur y a medios que eran del empresario Daniel Hadad.

La maniobra tributaria quedó registrada en los balances de Oil Combustibles, según verificó la nacion. Allí consta que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes después del ingreso de López y De Sousa, el rojo tributario subió a $ 179,9 millones, y saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la empresa cerró su último balance.

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Cristóbal + Petrobras + ¿coimas? = Brasil

La maquinaria institucional brasileña comenzó a moverse. El Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TUC) anunciaron ayer que investigarán el presunto pago de sobornos multimillonarios y otras supuestas irregularidades reportadas en tres operaciones internacionales de la petrolera estatal de ese país, Petrobras. Una de ellas, la venta de sus activos al empresario patagónico Cristóbal López.

La investigación de las autoridades brasileñas buscará determinar si los supuestos delitos e irregularidades generaron un perjuicio para las arcas públicas o derivaron en un actuar imprudente o una gestión antieconómica de la petrolera.

La pesquisa se acumulará a un expediente ya abierto por el Ministerio Público y el TCU que se centraba hasta ahora en distintas operaciones bajo la lupa de una refinería en Pasadena, Texas, Estados Unidos, con un sobreprecio que se sospecha que podría superar en US$ 1180 millones los valores de mercado.

El fiscal Marinus Marsico [foto, arriba], según se informó ayer, pedirá documentación sobre los tres contratos bajo sospecha de Petrobras a los que se refirió el operador político João Augusto Henriques en el último número de la revista brasileña Época, con nombres, datos y cifras sobre los supuestos sobornos pagados a políticos y ejecutivos de ese país para destrabar tres operaciones. 

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