Lázaro Báez, tras los pasos de Américo Gualtieri

La sombra de Victorio Américo Gualtieri se cierne sobre Lázaro Báez. Al borde del precipicio financiero, el empresario ultrakirchnerista sumó un nuevo problema. La Justicia ordenó embargar sus cuentas por más de $ 12,3 millones en el Banco Nación debido a las deudas que arrastra con la firma que aseguraba los riesgos de trabajo de sus empleados.

La orden de embargo la impartió días atrás el juez subrogante en lo Comercial N° 4, Héctor Vitale, a favor de la aseguradora Provincia ART, que acumuló reclamos por $ 11,8 millones más otros $ 500.000 en concepto de intereses, y terminó por presentarse en Tribunales ante la falta de respuestas de la principal empresa de Báez, Austral Construcciones. Al menos 1100 de los 1800 empleados de la firma recibieron telegramas de despido en los últimos días.

"Por las sumas indicadas precedentemente decrétese embargo preventivo sobre los fondos que tenga el demandado en el Banco de la Nación Argentina", dispuso Vitale.

En su resolución, del 21 de diciembre, el magistrado aclaró que el congelamiento del dinero deberá exceptuar "los fondos que pudieran corresponder a salarios o sueldos".

La orden judicial representa un nuevo traspié para Báez, quien acumula múltiples indicios de problemas económicos y financieros en su grupo de empresas, así como también judiciales y administrativos, que lo dejan cada vez más cerca del concurso de acreedores y de la quiebra, algo que a su lado dicen que quieren evitar.

El otrora empleado raso del Banco de Santa Cruz, no obstante, no es el único empresario ultrakirchnerista que afronta una tormenta financiera desde la salida del poder de la presidenta Cristina Fernández. También el Grupo 23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

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Ciccone, la eterna quebrada

Más de tres años después de haber estallado el escándalo alrededor de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que imprime los billetes de 100 pesos se mantiene como un dolor de cabeza para la Casa Rosada. Ahora, otra vez, en el fuero comercial.

La Cámara Nacional de Apelaciones de ese fuero confirmó este martes la quiebra de la imprenta que se declaró en noviembre de 2013, tras rechazar el recurso de apelación que presentó Alejandro Vandenbroele como presidente de la compañía.

Con el voto unánime de sus integrantes -Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan José Dieuzeide-, la Sala D de la Cámara consideró que la apelación de Vandenbroele mostraba "endeblez técnica y argumentativa", por lo que decidió confirmar el fallo del juez del fuero, Javier Cosentino.

Los camaristas recordaron además que el Congreso aprobó la expropiación de ciertos bienes de la ex Ciccone por cerca de $ 275,7 millones, mientras que la empresa con sus activos remanentes debe afrontar un pasivo estimado en una primera fase en $ 332,6 millones, monto al que restan añadir deudas más recientes.

"Siendo ello así, parece claro que, en un preliminar pero necesario acercamiento -indicaron los camaristas-, la mencionada indemnización no alcanzaría a cubrir lo adeudado por la fallida."

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Ciccone, quebrada + Vandenbroele, fronteras adentro

La Justicia prohibió salir del país al presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele. Así lo dispuso el juez en lo Comercial Javier Cosentino hasta el 5 de mayo próximo, período en el que se buscará esclarecer la situación patrimonial de la ex imprenta Ciccone y los créditos que adeuda.

Cosentino tomó esa decisión al declarar la quiebra de la imprenta por segunda vez desde mediados de 2010, según consta en la copia de la resolución que obtuvo LA NACION. Rebautizada Compañia de Valores Sudamericana (CVS), la ex Ciccone está intervenida por el Gobierno desde agosto del año pasado, y bajo el control directo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la jefa de la Casa de Moneda, Katya Daura, funcionaria que responde a Boudou.

La nueva quiebra, y su consiguiente inhibición general de bienes, implica otro contratiempo para los planes del Gobierno, que al intervenir la imprenta dijo que a las arcas del Estado no les costaría "ni un peso". Ahora está incluso ante un posible remate de los bienes de la compañía si no hace frente al reclamo de uno de los acreedores, Tecnología del Sur -una empresa de consultoría en sistemas-, por una deuda de $ 2,6 millones.

Para Vandenbroele, en cambio, la orden judicial llegó en un momento singular. En Uruguay, la justicia quiere indagarlo por presunto lavado de dinero después de investigar cómo canalizó fondos a través de la sociedad Dusbel SA, de ese país, con destino al misterioso fondo The Old Fund, según confirmaron fuentes tribunalicias en Montevideo. Con ese objetivo, hace un mes se envió un pedido a Buenos Aires, del que todavía no han recibido respuesta alguna.

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