Cristóbal López, al borde de la cesación de pagos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) teme que Cristóbal López extienda la cesación de pagos a todo casi todo el Grupo Indalo. Le preocupa que se declare insolvente y que jamás devuelva los $ 8000 millones que le debe al Estado nacional. Por eso lo denunció y la Justicia le dio, aunque de manera sólo preliminar, el primer visto bueno. Pero acaso sea ya demasiado tarde, según surge de los balances de las tres empresas clave del Grupo Indalo y documentos internos de ese holding que obtuvo LA NACION y analizó con expertos contables.

Esos balances y documentos reflejan la operatoria que López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, desarrollaron durante años. A tal punto de que, fruto de algunas maniobras ahora cuestionadas, las tres firmas clave dentro del holding -Oil Combustibles, Inversora M&S y Oil M&S-, enfrentan diversos niveles de turbulencia, que pueden extenderse a otras empresas del grupo. Entre ellas, la constructora CPC, la planta Álcalis de la Patagonia o sus medios de comunicación.

Esas maniobras bajo la lupa incluyen créditos cruzados entre compañías del grupo -sin interés ni fecha de devolución o con intereses, pero que terminan capitalizados porque no se abonaron durante años-, sustanciales revaluaciones contables de los bienes de uso en al menos dos de ellas, la acumulación de pérdidas por cientos de millones de pesos, año tras año, la decisión de no pagar impuestos ni aportes previsionales para acogerse luego a planes de pago de la AFIP, y más.

Consultados por LA NACION, voceros del Grupo Indalo negaron cualquier posibilidad de una cesación de pagos que se extienda a todo el holding. "Ésta es una situación temporal y acotada a Oil Combustibles", indicó un vocero. "Si algo ha demostrado todo lo que ha salido a la luz sobre la operatoria de Cristóbal López es que no sacaron un solo peso del país y que todos los fondos los reinvirtieron en sus empresas", abundó.

La operatoria cuestionada, que para la AFIP podría confirmar el vaciamiento total o parcial del Grupo Indalo, se encuentra ya bajo la lupa de la justicia en lo Penal Económico, Contencioso Administrativo Federal y Comercial, y registró sus primeras consecuencias. Oil Combustibles se presentó en concurso de acreedores, apenas tres semanas después de que LA NACION revelara que acumuló más de $ 7600 millones de deuda fiscal, al no abonar durante años el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). Ello se sumó a las deudas fiscales que acumularon otras empresas del Grupo, hasta superar los $ 8000 millones.

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Cristóbal, también $ 300 millones de aportes

El empresario Cristóbal López no sólo retuvo $ 8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y otros 250 millones de pesos del cobro de peajes como concesionario de autopistas, más otros 520 millones de pesos en multas.

Durante años, junto con su socio Fabián de Sousa, también se quedó con aportes previsionales de sus propios empleados, por al menos otros $ 300 millones. Usó esos fondos para comprar nuevos activos y financiar operaciones, según surge de registros oficiales, expedientes administrativos y judiciales, y los relatos de afectados que recabó LA NACION.

Fabián de Sousa (izquierda) y Cristóbal López

La retención de los aportes se extiende por múltiples empresas del Grupo Indalo, el holding de López y De Sousa, que ahora quedó en la mira de la AFIP. Sólo por los medios de comunicación que controlan, esa deuda supera ya los $ 60 millones, entre capital, intereses y multas.

La acumulación de la deuda previsional, sin embargo, no respondió a problemas financieros del Grupo Indalo, que ante la consulta de LA NACION fijó esa cifra en "unos 140 millones" de pesos. Por el contrario, se debe a una decisión estratégica de López y De Sousa, que optaron por destinar lo "ahorrado" en sus empresas a comprar nuevas firmas o financiar operaciones de las que ya tenían.

¿En qué empresas no pagaron los aportes a la Seguridad Social? La lista es larga. Entre otras, en Inversora M&S, la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra, Ideas del Sur -la productora que creó Marcelo Tinelli- y varios medios de comunicación, según los registros que cotejó LA NACION.

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Cristóbal también gatilla $$$

Dos socios de Máximo Kirchner recibieron casi $ 1.200.000 por mes del empresario patagónico Cristóbal López por el alquiler de inmuebles y maquinarias, y por brindarle "asesoramiento inmobiliario", según surge de constancias que obtuvo LA NACION durante las últimas semanas.

Los receptores de esos pagos son Osvaldo Sanfelice, responsable de la gerenciadora del hotel Alto Calafate en la actualidad, y el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho, ambos socios del hijo de la Presidenta en una inmobiliaria de Río Gallegos.

Los movimientos se hicieron a través de una sociedad que en la actualidad figura con el CUIT inhabilitado por la AFIP y en la que figura como socio un ex docente fallecido meses atrás. Sanfelice y Sancho recibieron esos millones del bolsillo personal del propio López y de tres de sus empresas del Grupo Indalo: la petrolera Oil M&S, la fábrica Álcalis de la Patagonia y la constructora CPC SA.

Esos pagos aportan así un nuevo vínculo comercial entre el llamado "zar del juego" y el entorno más íntimo de la familia presidencial. Se suman así a los alquileres de dos departamentos y cinco cocheras de la Presidenta en el complejo Madero Center de Puerto Madero, y el histórico departamento de la familia Kirchner en la esquina de Uruguay y Juncal, en Recoleta.

Consultados por LA NACION, desde el Grupo Indalo confirmaron la veracidad de esos pagos, a los que restaron cualquier arista política. "Cristóbal conoce desde hace años a Sanfelice y mantiene vínculos personales y comerciales con él", indicó uno de sus voceros, que indicó que las facturas corresponden a "servicios" que prestó el socio en común que López mantiene con Máximo Kirchner. "Entre todas las empresas del Grupo [Indalo] tenemos alquilados más de 400 equipos de una larga lista de proveedores, no sólo de Sanfelice", explicaron.

Para recibir dinero de López, Sanfelice y Sancho recurrieron en especial a la firma Agosto SA, una sociedad constituida con fines inmobiliarios y comerciales, para la construcción y hasta como agencia de viajes, según consta en los registros societarios que obtuvo LA NACION.

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Cristóbal compra con los impuestos (que licúa)

El empresario patagónico Cristóbal López compró los activos de Petrobras en la Argentina y fondeó su holding de compañías con más de$1200 millones en impuestos que dejó de pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo durante más de un año y luego incluyó esta deuda tributaria en un plan de pagos a 10 años, que licua lo adeudado gracias a una tasa de interés inferior a la inflación.

La compra de Petrobra Argentina por parte de López repitió así la estrategia con que la familia Eskenazi, también de estrecho vínculo con el kirchnerismo, ingresó en YPF, cuando pagó a Repsol con las utilidades futuras de la propia petrolera. En el caso de López, acordó pagar en cuotas a 30, 60 y 90 días que solventó, no con las ganancias de la refinería y las estaciones de servicio que recibió el 2 de mayo de 2011, sino con los impuestos que no giró a la AFIP.

López y su socio Fabián de Sousa también usaron el fondeo generado por esos impuestos impagos para financiar empresas del Grupo Indalo, entre otras, la Inversora M&S y Oil M&S, con las que pagaron los salarios en Paraná Metal y completaron la llegada al Banco Finansur y a medios que eran del empresario Daniel Hadad.

La maniobra tributaria quedó registrada en los balances de Oil Combustibles, según verificó la nacion. Allí consta que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes después del ingreso de López y De Sousa, el rojo tributario subió a $ 179,9 millones, y saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la empresa cerró su último balance.

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Cristóbal + Petrobras + ¿coimas? = Brasil

La maquinaria institucional brasileña comenzó a moverse. El Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TUC) anunciaron ayer que investigarán el presunto pago de sobornos multimillonarios y otras supuestas irregularidades reportadas en tres operaciones internacionales de la petrolera estatal de ese país, Petrobras. Una de ellas, la venta de sus activos al empresario patagónico Cristóbal López.

La investigación de las autoridades brasileñas buscará determinar si los supuestos delitos e irregularidades generaron un perjuicio para las arcas públicas o derivaron en un actuar imprudente o una gestión antieconómica de la petrolera.

La pesquisa se acumulará a un expediente ya abierto por el Ministerio Público y el TCU que se centraba hasta ahora en distintas operaciones bajo la lupa de una refinería en Pasadena, Texas, Estados Unidos, con un sobreprecio que se sospecha que podría superar en US$ 1180 millones los valores de mercado.

El fiscal Marinus Marsico [foto, arriba], según se informó ayer, pedirá documentación sobre los tres contratos bajo sospecha de Petrobras a los que se refirió el operador político João Augusto Henriques en el último número de la revista brasileña Época, con nombres, datos y cifras sobre los supuestos sobornos pagados a políticos y ejecutivos de ese país para destrabar tres operaciones. 

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López, Petrobras y un "conector" bajo la lupa

Grupo Indalo, el imperio que lidera el empresario patagónico Cristóbal López, negó ayer haber pagado coimas a políticos y ejecutivos de la petrolera estatal brasileña Petrobras para comprar sus activos en la Argentina. Pero las dudas persisten sobre el destino final de US$ 8,8 millones que el Grupo admite que desembolsó.

La desmentida de Indalo llegó horas después de que LA NACION profundizara la información que durante el fin de semana difundió la revista brasileña Época en base al testimonio del operador político Joao Augusto Henriques, al que cerca de López anticiparon que exigirán que se retracte y que lo demandarán.

Ante la consulta de LA NACION, dos de los máximos colaboradores de López defendieron la “legalidad” de la operación. Negaron cualquier irregularidad y aportaron copias de los documentos y facturas por US$ 2,8 millones que cobró el operador argentino Jorge Rottemberg en concepto de “honorarios por la gestión de representación en la comisión de la compra y adquisición” de los activos locales de Petrobras.

De esos mismos documentos surge, sin embargo, que López y su mano derecha, Fabián de Sousa, también se comprometieron a pagarle a Rottemberg –mediante su firma uruguaya Millfox– otros US$ 8 millones por el 50% de las acciones de Vía Cuántica SA, una sociedad que pretendían utilizar para el “trading de combustibles a nivel global”.

De ese modo, el operador argentino embolsaría un total de US$ 10,8 millones. Es decir, poco más que el mismo monto que, según Augusto, se canalizó a través de otra firma uruguaya de Rottemberg para el pago de sobornos a ejecutivos de Petrobras y políticos brasileños.

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