De Macri y los buitres, a Kirchner, Lázaro y Cristóbal

El gobierno de Mauricio Macri acordó con los fondos buitre que como condición previa al cobro de sus acreencias deberán cerrar todos los juicios que iniciaron alrededor del mundo contra la Argentina. Y, entre ellos, los que abrieron en Estados Unidos y las islas Seychelles para investigar a la familia Kirchner, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Así surge del preacuerdo que ambas partes firmaron durante la negociación y al que accedió LA NACION.

El acuerdo entre el Gobierno y Paul Singer abarca, de manera específica, los juicios que se tramitan en Nevada, Florida y las Seychelles. En ellos, los holdouts reclamaron que Mossack Fonseca & Co. -una empresa especializada en crear de sociedades en paraísos fiscales- entregara datos sobre 123 firmas sospechadas de integrar la "ruta del dinero K".

El cierre de esos juicios en el exterior impactará, de concretarse, en las investigaciones locales que se tramitan hoy en los tribunales de Comodoro Py. Harían caer, por ejemplo, los exhortos que envió el juez federal Sebastián Casanello para obtener la información que se acumuló en Nevada.

Desde el Gobierno replican que el fin de esas pesquisas sobre Báez y López -y, en última instancia, los Kirchner- resulta una "consecuencia no buscada" en su camino para volver a los mercados internacionales de crédito. Su objetivo, sostienen, era cerrar todos los reclamos en los que por vía directa o indirecta el Estado nacional podía terminar como último pagador de las sentencias y las costas de esos juicios, incluidos los multimillonarios honorarios de los abogados.

Así, los negociadores argentinos acordaron con los holdouts que debían cerrar sus reclamos judiciales en Bélgica, Francia, Ghana y en varios estados de Estados Unidos. Entre ellos, en California -contra la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y Chevron-, en Texas, y en Florida y Nevada, contra Mossack Fonseca, las "sociedades Báez" y Val de Loire, una sociedad vinculada a Federico de Achával, al que identifican como socio de Cristóbal López. El acuerdo también llega hasta el océano Índico, ya que los fondos buitre también deberán cerrar sus dos pedidos de información que llegaron hasta la Corte Suprema de las islas Seychelles.

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De bolsos de $$, Báez y el director de la DGI

Acaso sea una mera (e infortunada) coincidencia, pero... Al mismo tiempo que iba y venía con bolsos cargados de dólares, Martín Báez, el hijo del empresario patagónico Lázaro Báez, voló desde y hacia Río Gallegos con el entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Angel Rubén Toninelli, en tiempos de Ricardo Echegaray.

¿Cómo es eso?

Martín Báez y Toninelli volaron juntos el jueves 1° de noviembre de 2012 rumbo a la capital santacruceña. Lo hicieron en el avión de los Báez, matrícula LV-ZSZ. Y volaron junto al hijo del funcionario de la AFIP, Federico Toninelli, cuyo estudio colaboraba desde las sombras con la defensa jurídica y contable del dueño de Austral Construcciones.

Así, Martín Báez y los Toninelli protagonizaron un viaje relámpago. El jueves 1° partieron del aeropuerto de San Fernando –conocido en el ambiente por sus controles más laxos– y retornaron al día siguiente, el viernes 2 de noviembre, según surge de los registros de vuelo.

El problema es que, horas después de retornar a Buenos Aires con los Toninelli, según surge de las cámaras de video que difundió Telenoche esta semana, Martín Báez aparece junto al contador de su padre, Daniel Pérez Gadín, contando cerca de US$ 3,5 millones en la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita” de Puerto Madero.

Martín Báez, parado, a la izquierda de la imagen, con fajos en su mano.

Pero Martín Báez no se quedó quieto. Porque ese mismo viernes 2, voló otra vez rumbo a Río Gallegos, a bordo del jet LV-ZSZ, que también utilizó el valijero Leonardo Fariña y que tiempo después terminaría por incendiarse.

Esto, en rigor, no debiera ser una sorpresa. Porque el viaje que compartieron los Toninelli y el hijo de Lázaro Báez consta en documentos que recabó la Justicia. El fiscal federal Guillermo Marijuán incluso aludió a esos periplos cuando le pidió al juez Sebastián Casanello que citara a los Báez a indagatoria.

“Del registro de aeronaves y pasajeros de vuelos no regulares”, sostuvo Marijuán, “se demostraría la vinculación entre Jorge Leonardo Fariña, Ángel Rubén Toninelli, Federico Toninelli, Martín Báez y Melina Báez; y todos ellos con el imputado Lázaro Antonio Báez”.

La relación entre los Toninelli y los Báez también comenzó a salir a la luz años atrás, cuando en LA NACION expusimos varios puntos de contacto. Y vale aclarar, Echegaray (hoy en la AGN) siempre reafirmó en su cargo. Entre otros:

- Báez constituyó su domicilio legal para litigar contra la AFIP ante el Tribunal Fiscal en las oficinas privadas del propio titular de la Dirección General Impositiva (DGI), según consta en las copias del expediente interno de la AFIP que obtuvo LA NACION.

- la abogada de Báez, Paola Martínez Naifleisch, también consignó como el teléfono de su estudio jurídico en ese expediente un número que en algunas guías telefónicas aún figuraba a nombre del hijo del funcionario, el también abogado Federico Toninelli.

- Báez y su letrada Martínez Naifleisch fijaron su domicilio legal en las oficinas de Toninelli en el expediente administrativo de la AFIP en el que el propio Báez... detalló cómo traían valijas con dinero desde el Uruguay -incluso por Buquebus-, para capitalizar Badial SA, una de sus firmas constructoras.

Ángel Toninelli

Molesto con las publicaciones de LA NACION, Toninelli envió entonces una carta al diario, en la que se desligó de cualquier vínculo con los Báez y sostuvo que ignoraba cuál era la cartera de clientes de su hijo, cuya esposa trabajaba a su vez dentro de la AFIP... en el área de litigios.

¿Un par de perlas más?

- el Learjet en que los Toninelli con Martín Báez tiene su propia historia singular. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez lo compró en 2007. Pagó US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión.

- ese mismo avión entraría luego en un cono de sombras cuando Fariña y el ex dueño de “La Rosadita” detallaron cómo se utilizaba para transportar bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay.

- ese mismo avión terminó inutilizado por un incendio.

Y, de remate, dos datos más: Toninelli también aparece en el entramado de las facturas truchas que rodean a Lázaro Báez en Bahía Blanca y que terminaron con el cierre... de la regional Bahía Blanca de la AFIP durante varios meses, Y también, según los datos que empiezan a salir a la luz, resultó decisivo en el entramado que le permitió a Cristóbal López acumular $ 8000 millones de deuda fiscal.

Hotesur: Rafecas quiere abrirse

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente ayer para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles de la familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini.

Rafecas decidió quedarse, sin embargo, con otros tres tramos del expediente. El primero, centrado en el controvertido acuerdo comercial que el hotel Alto Calafate mantiene con Aerolíneas Argentinas; el segundo, los supuestos delitos cometidos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) para obviar las inconsistencias de la sociedad Hotesur, y por último, las supuestas falencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta.

Ercolini debe analizar ahora si acepta el planteo de Rafecas y se queda con el tramo de la causa Hotesur, que llega hasta Lázaro Báez, Cristóbal López y el fallecido Juan Carlos Relats, entre otros, o si, por el contrario, rechaza la decisión de su colega. En ese caso, será la Cámara Federal porteña la que definirá quién asumirá la instrucción.

La decisión de Rafecas de declararse incompetente para investigar la licitud de esa operatoria llegó en un momento sensible de la pesquisa. Ocurrió después de que el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió que ordenara un peritaje contable sobre toda la actividad sospechada. Y en momentos en que la Sala I de la Cámara de Casación Penal -integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana Figueroa-, la máxima instancia penal del país, se apresta a resolver tres incidentes simultáneos de competencia.

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Lázaro Báez, tras los pasos de Américo Gualtieri

La sombra de Victorio Américo Gualtieri se cierne sobre Lázaro Báez. Al borde del precipicio financiero, el empresario ultrakirchnerista sumó un nuevo problema. La Justicia ordenó embargar sus cuentas por más de $ 12,3 millones en el Banco Nación debido a las deudas que arrastra con la firma que aseguraba los riesgos de trabajo de sus empleados.

La orden de embargo la impartió días atrás el juez subrogante en lo Comercial N° 4, Héctor Vitale, a favor de la aseguradora Provincia ART, que acumuló reclamos por $ 11,8 millones más otros $ 500.000 en concepto de intereses, y terminó por presentarse en Tribunales ante la falta de respuestas de la principal empresa de Báez, Austral Construcciones. Al menos 1100 de los 1800 empleados de la firma recibieron telegramas de despido en los últimos días.

"Por las sumas indicadas precedentemente decrétese embargo preventivo sobre los fondos que tenga el demandado en el Banco de la Nación Argentina", dispuso Vitale.

En su resolución, del 21 de diciembre, el magistrado aclaró que el congelamiento del dinero deberá exceptuar "los fondos que pudieran corresponder a salarios o sueldos".

La orden judicial representa un nuevo traspié para Báez, quien acumula múltiples indicios de problemas económicos y financieros en su grupo de empresas, así como también judiciales y administrativos, que lo dejan cada vez más cerca del concurso de acreedores y de la quiebra, algo que a su lado dicen que quieren evitar.

El otrora empleado raso del Banco de Santa Cruz, no obstante, no es el único empresario ultrakirchnerista que afronta una tormenta financiera desde la salida del poder de la presidenta Cristina Fernández. También el Grupo 23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

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Lázaro y el encubrimiento desde el Estado

Por triplicado, la diputada Margarita Stolbizer avanzó otro paso sobre la familia Kirchner y su supuesto socio y testaferro Lázaro Báez. Ahora les pidió al Gobierno y a la Justicia que investiguen el entramado de complicidades dentro del Estado nacional que le habrían permitido al empresario, afirmó, amasar fortunas sin ningún tipo de control ni contratiempo durante la última década. En particular, en el Banco Nación y en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Stolbizer sostuvo que el banco y la IGJ facilitaron que Báez instrumentara el paulatino blanqueo de la fortuna de la familia Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Así lo planteó en tres escritos complementarios. Dos los presentó ayer, ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; y el restante lo entregará hoy, al juez federal Sebastián Casanello.

Según Stolbizer, el primer paso del presunto contubernio se plasmó cuando "el Gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas de Báez y a su vez le otorgaba créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias". Y luego, añadió, "como garantía Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata". De ese modo, resumió, "el Estado daba las obras, el Estado le pagaba cifras millonarias por las obras, el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar. Lázaro Báez no puso un peso en estos años para pagar los préstamos".

Mientras eso ocurría dentro del Banco Nación, la legisladora y ex candidata a presidenta sostuvo que la IGJ toleró múltiples "irregularidades e incumplimientos" a la empresa Austral Construcciones. Entre otros, que no inscribiera sus autoridades, no presentara sus estados contables y fijara un capital social "ridículo para afrontar las millonarias deudas" que acumuló, mientras que, al mismo tiempo, recibió más de $ 8800 millones de fondos nacionales en obra pública, según un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal que reveló LA NACION en agosto.

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Facturas truchas: ahora Cristóbal cruza a Lázaro

Furioso por lo que interpretó como un intento por meterlo en otra causa judicial, el "zar del juego" Cristóbal López salió al cruce del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y desmintió que una de sus empresas opere o haya operado con una firma de Bahía Blanca sospechada de funcionar como usina de facturas truchas.

El inesperado cortocircuito entre dos empresarios icónicos de la década kirchnerista ocurrió luego de que la nacion revelara que Báez afirmó que la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones, no acumulaba facturas truchas en sus balances ni operaba con sociedades fantasmas. Y para eso sostuvo que la firma cuestionada, Grupo Penta y Cía SA, era real y que otras siete empresas comerciaban con ella, como Tsuyoi SA, la concesionaria de López.

El problema es que el "zar del juego" desmintió a Báez. "Chequeamos todas las cuentas corrientes y nos da como resultante [que] Grupo Penta y Cía no figura como proveedor de Tsuyoi en todo nuestro historial; [y] Grupo Penta y Cía no figura como cliente de Tsuyoi", afirmó el gerente general de esa concesionaria, Juan Menestrina, en una carta que debió enviarle a Toyota para fijar su posición, según una copia que facilitaron colaboradores de López a la nacion.

"Me molesta tremendamente la poca seriedad con la que se involucra el buen nombre de Tsuyoi en un caso ajeno a nosotros", lamentó Menestrina, quien también consideró malintencionada la publicación de la nacion. "Tsuyoi, desde su constitución en el año 1994, ha sido honesta y transparente en todos sus actos y tiene todos sus números disponibles para ser auditados en cualquier momento, sin tener que ocultar nada, ya que su operatoria es ciento por ciento en blanco", añadió.

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Facturas truchas: Lázaro mete a Cristóbal

Dispuesto a todo para defenderse, el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca, según consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuya copia obtuvo LA NACION.

Baéz señaló a una de las empresas más queridas por el "zar del juego", Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti. 

Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.

El argumento de Báez es sencillo: Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le "abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas" -como Tsuyoi-, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por tanto, las facturas que emitió Penta son reales.

Tsuyoi es una de las empresas más queridas por Cristóbal López. La creó en 1994 junto con su esposa e hijos, y se convirtió en la primera concesionaria de la marca Toyota en la Patagonia. Allí Carlos Zannini, compró su camioneta, según consta en la última declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después de que LA NACION reveló la operatoria bajo sospecha, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización. 

Durante aquella conferencia de prensa, sin embargo, Echegaray evitó detallar los resultados de la pesquisa de sus sabuesos locales.

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Báez - ahora Casanello apura a la AFIP

El juez federal Sebastián Casanello intimó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a que entregue "en el plazo de 72 horas" toda la información que posea sobre Lázaro Báez y todo el conglomerado de colaboradores y empresas que lo rodean para avanzar con el análisis contable de toda su operatoria.

Casanello (foto, abajo) había impartido esa orden a mediados de septiembre, pero recién se concretó esta semana, previa a la segunda vuelta electoral, cuando el oficio llegó a la sede de la AFIP para que aporte el material "imprescindible" que necesitan los peritos para analizar la solidez de las cuentas del empresario ultrakirchnerista.

La AFIP recibió, así, la orden de informar el "legajo completo con toda la información (compras, ventas, consumos relevantes, acreditaciones bancarias) obrante en la base de datos de la AFIP sobre cada una de las personas jurídicas (suman 22) y físicas (14)", según indicó el magistrado, que está a cargo de investigar la llamada "ruta del dinero K".
Los documentos

En especial, abundó Casanello, la AFIP deberá remitir "las copias de cada una de las distintas declaraciones juradas impositivas y las impresiones de pantallas que muestran la composición de cada uno de los rubros que integran tales declaraciones", durante el "período 2008 -2013".

Esos son los años en que se sospecha que Báez habría canalizado fondos negros de la familia presidencial Kirchner.

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De Macri a Cristóbal... y de Scioli a Suris

Dos notas dos salen en la edición de hoy del diario LA NACIÓN. Ambas centradas en los candidatos presidenciales. Ambas, incómodas. Una sobre el líder de Cambiemos, Mauricio Macri, quien se reunió en secreto con el "zar del juego" Cristóbal López. La otra, sobre el postulante del Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, al que las facturas truchas del Juan Suris le pegan demasiado cerca...

El arranque del primer texto dice: "En plena campaña electoral, el candidato presidencial Mauricio Macri y el "zar del juego", Cristóbal López, abrieron canales reservados de diálogo con la intención de bajar los niveles de confrontación pública, confirmaron colaboradores de ambos sectores a LA NACION".

El arranque del segundo texto dice: "Las facturas truchas del bahiense Juan Ignacio Suris no sólo llegan hasta Lázaro Báez. Desde Bahía Blanca, también alcanzan a Juan Carlos Mancinelli, un empresario bonaerense que en los últimos años exhibió capacidad de llegada a la estructura del gobierno provincial, según confirmó LA NACION sobre la base de registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), documentos judiciales, testimonios de empresarios y fuentes al tanto de la operatoria".

pd: el resto de la nota sobre Macri-Cristóbal, acá; la de Scioli-Suris, acá.

"Que nos dejen investigar"

-¿Qué se necesita para investigar al poder?

-Que nos dejen tranquilos; que nos dejen trabajar. Que el poder político nos deje trabajar.

Tras 21 años en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Claudio Bonadio defendió ayer su trabajo en investigaciones sensibles para la Casa Rosada y planteó que no se necesitan reformas legales sustanciales para investigar al poder, sea político o económico. Falta, eso sí, una señal hacia el Poder Judicial.



"Si el juez tiene la voluntad, hace las cosas bien y no tiene nada que ocultar", planteó Bonadio, el Consejo de la Magistratura no representa un escollo relevante. Y eso, añadió durante una entrevista para el ciclo Conversaciones en la redacción del diario LA NACIÓN, que ese organismo fue "impiadoso" con él.

"Nunca dejé de hacer algo por eso", planteó Bonadio, tras repasar el trato que recibió del Consejo de la Magistratura mientras avanzaba con el caso Hotesur, en el que investigaba presuntas maniobras de lavado de dinero a través de los hoteles de la familia Kirchner con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

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Un avión (de Lázaro) en llamas

Lima Víctor-Zulú Sierra Zulú. El ya legendario Learjet matrícula LV-ZSZ del empresario patagónico Lázaro Báez se incendió ayer en el aeropuerto de San Fernando, minutos después de padecer problemas en uno de sus motores y despistarse.

El incidente ocurrió a las 6.40 de la mañana, cuando el avión -sospechado de servir durante los últimos años para el transporte de dinero en efectivo, de funcionarios del Gobierno y de "valijeros" como Leonardo Fariña- se aprestaba a despegar rumbo a Río Gallegos para buscar a la esposa y la hija de Báez.

La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil inició una investigación para determinar el origen de la falla en el motor. "La aeronave realizó una excursión de pista, en la cual colapsó el conjunto del tren de aterrizaje y se desprendió parcialmente uno de los tanques de combustible de puntera, hecho que inició el incendio", precisó la Junta en un comunicado, y aclaró que dentro del avión, que quedó destruido, sólo se encontraban el piloto y el copiloto, que salieron "por sus propios medios, sin sufrir lesiones". La aeronave quedaría bajo la lupa judicial.

Báez adquirió el Learjet en 2007 en US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión (ver aparte).

Fariña y Federico Elaskar, el dueño de SGI, una financiera ubicada en Puerto Madero y que se conocía como "la Rosadita", aportaron datos sobre la supuesta "ruta del dinero K" y sobre cómo se transportaban presuntas bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay a bordo de esa aeronave -que se encuentra a nombre de la firma Top Air, de la que es accionista Austral Construcciones-. Además, ambos dieron otros detalles sobre una presunta operatoria de lavado por más de 55 millones de euros.

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Caso Hotesur - piden apartar a Rafecas

La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió ayer la recusación del juez federal a cargo del "caso Hotesur", Daniel Rafecas. Lo acusó de perder la imparcialidad propia de un magistrado e incumplir con las normas vigentes para instruir el expediente que protagonizan la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Stolbizer consideró que Rafecas violó "las garantías de juez imparcial" por dos motivos. El primero, por los modos ofensivos y prejuiciosos con que abordó sus planteos en el expediente, en el que la legisladora figura como "pretensa querellante". El segundo, porque estimó que el magistrado incumplió con las normas desde que reemplazó como juez de esa causa a su colega Claudio Bonadio.

En Tribunales, se descuenta ahora que Rafecas rechazará los planteos de Stolbizer, por lo que será la Cámara Federal la que deberá definir si el juez conserva el expediente o si lo suma a Bonadio en la lista de jueces apartados de la investigación en marcha por presunto lavado de activos en el hotel Alto Calafate de los Kirchner.

Salvo que Rafecas admita su recusación, el planteo de Stolbizer terminará en la Cámara, donde los integrantes de la Sala I -Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- definirán qué hacer.

En la Cámara, sin embargo, Stolbizer afrontará otro desafío. Al reafirmar que el expediente debe continuar en Buenos Aires -en vez de girarse a Río Gallegos, como pretendían Báez y la familia presidencial-, tanto Ballestero como Freiler ya expresaron duras críticas sobre la causa, al punto que el segundo llegó a caracterizarla como una "excursión de pesca" (ver aparte).

De todos modos, el propio Freiler también afronta sus propios problemas judiciales. Por un lado, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi admitió la primera tanda de medidas de prueba que requirió el fiscal Ramiro González para determinar si el camarista se enriqueció de manera ilegal, como denunció Ricardo Monner Sans.

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Los Kirchner, Lázaro y sus empleados viajeros

El empresario patagónico Lázaro Báez afirmó que contrató cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para hospedar al personal jerárquico de sus empresas a cargo de la ejecución de varias obras públicas. Pero con un detalle: esas obras se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros del hotel presidencial, según surge de los datos aportados por el propio Báez ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obtuvo LA NACION.

Báez argumentó que optó por alojar en El Calafate a los responsables de dirigir y controlar esas obras por "la calidad de los servicios, infraestructura y conectividad" de esa ciudad turística, al mismo tiempo que afirmó que sus constructoras Kank y Costilla SA y Loscalzo y del Curto SA no contaban "con alojamiento y/o obradores para tal fin ni en los parajes próximos" a las obras, en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre.

Ese argumento choca, sin embargo, con la realidad. Primero, porque Báez pudo alojar a sus colaboradores en hoteles más cercanos en cada una de esas localidades. O pudo mantenerlos en Río Gallegos -sede central de sus empresas- en vez de alojarlos en El Calafate, que se encuentra a similar o incluso mayor distancia de las obras que la capital santacruceña.

En efecto, Piedrabuena se encuentra a 280 kilómetros de El Calafate por ruta de ripio -intransitable la mayor parte del año- o 470 kilómetros por asfalto -el más utilizado por los locales-, pero a 231 kilómetros de Río Gallegos. Y lo mismo se repite con Puerto San Julián, que queda a 404 kilómetros de Calafate por ripio o a 592 por asfalto, pero a 360 kilómetros de Gallegos.

Por su parte, Río Turbio queda a 252 kilómetros de El Calafate y a 261 kilómetros de la capital provincial, y, por último, 28 de Noviembre queda a 249 kilómetros de la ciudad turística y a 250 kilómetros de Gallegos, según los datos oficiales de Vialidad Provincial que difunde a través del área de Turismo.

Del análisis elaborado por los técnicos de la AFIP, identificado como "actuación 10780-1041-2014", que obtuvo LA NACION, surge por qué Báez se inclinó por alojar a su personal jerárquico en el Alto Calafate en vez de optar por otros hoteles más baratos en El Calafate. De hecho, en esa ciudad pudo optar por otros 13 establecimientos de 4 o 5 estrellas con características similares al hotel de los Kirchner, bajo investigación de la Justicia por sospechas de lavado.

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Stolbizer vs Rafecas x Lázaro = Hotesur

La diputada Margarita Stolbizer (GEN) reclamó ayer al juez federal Daniel Rafecas que vuelva sobre sus pasos y revea su decisión de permitir que Lázaro Báez acceda al material informático secuestrado en la investigación sobre los hoteles de la familia Kirchner por presunto lavado.

Stolbizer le planteó a Rafecas (foto, abajo) que debe ordenar la nulidad de la resolución que firmó el jueves pasado, cuando autorizó a los abogados de Báez que, sin supervisión ni control alguno, obtengan una copia de un dispositivo que se descubrió durante los allanamientos realizados en Río Gallegos, a mediados de julio. Consideró que, de concretarse la medida, podrían "contaminar" las evidencias de manera irreversible.

Sin embargo, Stolbizer alertó que el material al que pretende acceder Báez se encontraba en realidad oculto en las oficinas de otra firma, Diagonal Sur SA, mientras que Austral Agro no es parte de la investigación penal en curso.

Más relevante, la legisladora que actúa en la causa como "pretensa querellante" le recordó a Rafecas que el argumento de los abogados de Báez choca con un límite insalvable: según los datos oficiales de la Inspección General de Justicia (IGJ), Austral Agro SA no registra movimientos desde hace años. "Resulta un contrasentido autorizar a esta empresa con el argumento de seguir con el giro normal y habitual cuando figura inactiva para el Estado y se puede advertir fácilmente con solo consultar la web de la IGJ", argumentó Stolbizer. 

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Cristóbal también gatilla $$$

Dos socios de Máximo Kirchner recibieron casi $ 1.200.000 por mes del empresario patagónico Cristóbal López por el alquiler de inmuebles y maquinarias, y por brindarle "asesoramiento inmobiliario", según surge de constancias que obtuvo LA NACION durante las últimas semanas.

Los receptores de esos pagos son Osvaldo Sanfelice, responsable de la gerenciadora del hotel Alto Calafate en la actualidad, y el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho, ambos socios del hijo de la Presidenta en una inmobiliaria de Río Gallegos.

Los movimientos se hicieron a través de una sociedad que en la actualidad figura con el CUIT inhabilitado por la AFIP y en la que figura como socio un ex docente fallecido meses atrás. Sanfelice y Sancho recibieron esos millones del bolsillo personal del propio López y de tres de sus empresas del Grupo Indalo: la petrolera Oil M&S, la fábrica Álcalis de la Patagonia y la constructora CPC SA.

Esos pagos aportan así un nuevo vínculo comercial entre el llamado "zar del juego" y el entorno más íntimo de la familia presidencial. Se suman así a los alquileres de dos departamentos y cinco cocheras de la Presidenta en el complejo Madero Center de Puerto Madero, y el histórico departamento de la familia Kirchner en la esquina de Uruguay y Juncal, en Recoleta.

Consultados por LA NACION, desde el Grupo Indalo confirmaron la veracidad de esos pagos, a los que restaron cualquier arista política. "Cristóbal conoce desde hace años a Sanfelice y mantiene vínculos personales y comerciales con él", indicó uno de sus voceros, que indicó que las facturas corresponden a "servicios" que prestó el socio en común que López mantiene con Máximo Kirchner. "Entre todas las empresas del Grupo [Indalo] tenemos alquilados más de 400 equipos de una larga lista de proveedores, no sólo de Sanfelice", explicaron.

Para recibir dinero de López, Sanfelice y Sancho recurrieron en especial a la firma Agosto SA, una sociedad constituida con fines inmobiliarios y comerciales, para la construcción y hasta como agencia de viajes, según consta en los registros societarios que obtuvo LA NACION.

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Kirchner y Báez - repaso de una relación

"Si soy amiga de él, necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta una de las pocas veces que aludió a Lázaro Báez en público, aunque sin nombrarlo, mientras lo comparaba con otros contratistas de obra pública que, según el Ministerio de Planificación Federal, recibieron más fondos del Estado nacional.

Otros empresarios reciben, en efecto, más dinero de las arcas públicas nacionales que Báez. Pero ninguno acumula tantos lazos con la familia presidencial como él. Tantos, que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, al intentar desmentir que fueran "socios", admitió que mantienen múltiples "vínculos comerciales" entre sí.

Parte de esos vínculos aparecieron en cajones del escritorio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, Negocios Inmobiliarios SA, en el allanamiento que el juez Claudio Bonadio ordenó a mediados de julio. Días después lo apartó la Sala I de la Cámara Federal porteña -la más cercana al Gobierno-.

¿Qué encontraron los colaboradores de Bonadio? Facturas, cheques, poderes y contratos de alquiler cruzados entre Báez y Néstor Kirchner, una relación comercial que siguió con Máximo, según surge del acta del allanamiento, cuya copia reveló LA NACION a mediados de agosto.

Pero la relación es más profunda. Al mismo tiempo que Báez pagaba por miles de habitaciones y salones en los hoteles de la familia Kirchner, se convertía en condómino con la Presidenta en un terreno de El Calafate, prestaba millones de Austral Construcciones al ex presidente -sin cobrarle intereses-, y compraba la casa familiar en Río Gallegos.

Mientras Báez colaboraba con los ingresos familiares de los Kirchner, el Gobierno le otorgó más de $ 8800 millones en contratos de obra pública, en particular a través de Austral Construcciones, creada días antes del ingreso de los patagónicos en la Casa Rosada, en mayo de 2003, y que terminó de registrarse ante la AFIP semanas después.

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Lázaro y sus US$ 6,2 millones para los Kirchner

Lázaro Báez reconoció ante la AFIP lo que en público calla. Admitió que pagó por un total de 2300 habitaciones en el hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia presidencial a lo largo de tres años, al mismo tiempo que alquiló dos de sus salones, según consta en los convenios confidenciales que entregó al órgano recaudador y cuya copia obtuvo LA NACION.

Fruto de esa operatoria hotelera, los Kirchner recaudaron por lo menos US$ 4 millones, más otros $ 11,5 millones entre fines de 2008 y mediados de 2013 a través de Hotesur, la firma con que controlan el hotel Alto Calafate, según surge de documentación adicional del grupo de empresas de Báez a la que accedió LA NACION. Es decir, un total cercano a los US$ 6,2 millones según la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo ese período.

La operatoria que admitió Báez alcanzó a siete de sus empresas, según consta en esos y otros documentos a los que accedió este diario, que exponen una maniobra con dos grandes pasos. El primero fue que esas empresas firmaran convenios con Valle Mitre, la firma del propio Báez con la que gerenció el Alto Calafate entre 2008 y 2013. Y el segundo paso ocurrió cuando Valle Mitre, con los $ 23,7 millones que le aportaron esas siete empresas, comenzó a justificar los millones que empezó a pagarles a los Kirchner.

¿Qué decían esos tres contratos? Según reconstruyó la AFIP sobre la base de los documentos que aportó el propio Báez ante distintos organismos públicos, el primer contrato se selló el 10 de noviembre de 2008.

Es decir, apenas tres días después de que los Kirchner tomaron el control del Alto Calafate a través de Hotesur SA. Entonces firmaron un contrato "de locación" con Báez, quien aceptó pagarles US$ 80.000 más IVA por mes a los Kirchner entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, cerca de US$ 2,5 millones, más IVA.

Con el segundo contrato -"de cesión de explotación"- entre Báez y Hotesur, en tanto, el contratista de obra pública acordó un pago inicial de US$ 100.000 más otros US$ 40.000 por mes, también entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, otros 1,34 millones de dólares. Por último, con el tercero contrato "de locación" que reemplazó al primero y rigió entre mayo de 2011 y hasta su rescisión en julio de 2013, los Kirchner y Báez establecieron un canon de $ 408.000 por mes, más un seguro de US$ 5 millones. Es decir, casi $ 11,5 millones adicionales (cerca de US$ 2,4 millones según la evolución del tipo de cambio), más el seguro.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

De los Kirchner a Lázaro, vía un escritorio

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Mi respuesta a la "desmentida" oficial

Tras la nota que publicamos hoy con Mariela Arias​ (Lázaro recibió $ 8000 M del Gobierno nacional), la Casa Rosada ordenó salir a desmentirnos (el comunicado, acá). De ese comunicado, sin embargo, surge que:

1. Las empresas de Lázaro Báez recibieron más $ 8000M (las UTE, salvo una, eran con firmas propias);

2. Aníbal Fernández paró la enumeración en el 5° puesto del listado; ¿el 6to? Marcelo Odebrecht, detenido en Brasil por corrupción;

3. En el listado de grandes beneficiarios aparecen junto a Lázaro, otros beneficiarios del "capitalismo de amigos" como Cristóbal López, Juan Carlos Relats, Electroingeniería, Esuco, Calcaterra, etc;

4. En el listado faltan varios grandes; x ej, IMPSA; y en el caso de Eurnekian, ¿sumaron obras públicas futuras (para inflar lo suyo) que aún no se desembolsaron?;

5. Según el Ministerio de Planificación, la mayoría de las obras fue EJECUTADA x las provincias; en informe a la Justicia se detalló el FONDEO;

6. Según el Ministerio de Planificación, el fondeo a Lázaro Báez no fue de $ 8000 millones; fue de $ 8866 millones;

7. Si el Ministerio de Planificación deslinda en las provincias las obras de Lázaro Báez HAY QUE RECORDAR POR QUÉ RENUNCIÓ ACEVEDO (ver acá);

Por todo esto, y a la luz de la reacción oficial, cuál será la valía de Lázaro Báez para el Gobierno que fue capaz de anteponer a Cristóbal López, Electroingeniería, Eskenazi, etc, en su listado...

¿Más? En la edición de mañana del diario La Nación.

Lázaro y el piso de los $ 8000 millones

Después de años de especulaciones y cálculos oficiosos, el Gobierno al fin informó cuánto dinero le entregó a Lázaro Báez. Mientras el empresario, socio de los Kirchner, pagaba (sin usar) cientos de habitaciones y salones en los hoteles de la familia presidencial, la Casa Rosada le otorgó más de $ 8000 millones en decenas de contratos de obra pública durante la última década. Así consta en un informe reservado que el Gobierno envió a la Justicia, del cual LA NACION obtuvo una copia.

Hay de todo. Desde pavimentación de calles hasta construcción de hospitales, cloacas y escuelas. Pero su fuerte son las obras viales: cientos de cuadras, rutas, avenidas, rotondas, empalmes y circunvalaciones. Casi 60 obras a un valor promedio de $ 146 millones por contrato.

Los montos son variados. Van de $ 3,1 millones a $ 637 millones, con decenas de contratos, casi todos firmados por Austral Construcciones, la nave insignia del grupo Báez. Entre otros, para obras en la cuenca del río Salado, en la inundada provincia de Buenos Aires, por $ 239,1 millones, en sociedad con Ecodyma, una constructora que atravesó turbulencias por facilitarle un helicóptero al vicepresidente Amado Boudou.

Fechado el 15 de marzo pasado, el informe oficial, de diez carillas, duerme dentro de la causa sobre los negocios y sociedades de la familia presidencial que empezó con la denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer e instruyó durante meses el juez federal Claudio Bonadio. Hasta que la Cámara Federal porteña le quitó el expediente, que quedó en manos de su colega Daniel Rafecas.

¿Por qué pidió Bonadio ese informe? Porque quería verificar si existía un circuito de dinero entre los Kirchner y Báez. ¿Cuál era la hipótesis? Que el Gobierno le giraba fortunas en obra pública a Báez, que luego entregaba parte de esos fondos a la familia presidencial mediante los alquileres de las habitaciones y los salones de los hoteles, y de los inmuebles de los Kirchner en El Calafate y Río Gallegos.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.