En
una tácita admisión de la red de protección que en la cúpula de la Cancillería
rodeó al funcionario Hugo Merlo, acusado de racista, las denuncias en su contra y
de sus colaboradores se reactivaron sólo horas después de que LA NACION
expusiera los presuntos delitos e irregularidades que protagonizaron durante
más de un año.
El
despertar de esas denuncias, sin embargo, es sólo parcial. Por lo menos un
expediente administrativo continúa paralizado en la Secretaría de Cooperación
Internacional (Secin) de la Cancillería, que controla Paula Verónica Ferraris,
la pareja del funcionario que ya fue removido, según consta en las "hojas
de ruta" de las actuaciones.
Esa
decisión contrasta con las reacciones que trascendieron desde la Cancillería
durante los días que siguieron a las revelaciones periodísticas. Primero se
informó que Merlo había presentado su renuncia y que el canciller Héctor
Timerman pidió "disculpas en relación con las situaciones
denunciadas" desde hace más de un año por la Asociación Trabajadores del
Estado (ATE) por "maltrato laboral".
Ferraris,
incluso, habría presentado su renuncia ante Timerman, quien no la aceptó, por
lo menos por ahora, según trascendió en el Palacio San Martín, a la espera de
las conclusiones de los sumarios administrativos que ordenó abrir para
deslindar responsabilidades.
Los
movimientos en la Cancillería de los expedientes en los que se acumularon las
denuncias, desde mediados de 2012, pueden aportar luz para determinar cómo
actuaron esos funcionarios.
pd:
el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.
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