Tres meses después de la
primera publicación en LA NACIÓN, Lázaro Báez sumó ayer una nueva causa penal
en su contra.
La Justicia investigará si
utilizó su nave insignia, la empresa Austral Construcciones, para evadir
impuestos y lavar dinero por medio de facturas truchas y la adulteración de los
balances contables.
La decisión la tomó el fiscal en lo Penal Tributario, Claudio Navas
Rial, tras evaluar
la denuncia que presentó un abogado en base a una serie de notas
que publicó el diario a partir de junio. El fiscal estimó que corresponde
investigar si Báez y un grupo de familiares y colaboradores recurrieron a
Austral Construcciones para evadir cientos de millones de pesos en perjuicio de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
LA NACION había revelado cómo
Báez ocultó pérdidas por más de $ 250 millones y recurrió a diversas técnicas
de contabilidad creativa en los balances de Austral Construcciones entre los
años 2008 y 2011.
Entre otras inconsistencias que ahora deberá evaluar el juez del fuero,
Javier López Biscayart, figuró el ingreso extraordinario de $ 254,3 millones que
en teoría arribaron desde Uruguay y Belice durante 2011, aunque también incluyó
supuestos aportes recibidos desde otras de sus empresas, o incluso la suma
errónea de $ 32 millones de más durante el ejercicio de 2008.
La investigación penal abarcará así a Báez y a dos de sus hijos, Martín
y Leandro, como así también al presidente de la constructora, Julio Mendoza, y
a los contadores Daniel Pérez Gadín -también investigado por su actuación en la
financiera SGI, conocida como "La Rosadita"- y César Andrés.
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