De Macri y los buitres, a Kirchner, Lázaro y Cristóbal

El gobierno de Mauricio Macri acordó con los fondos buitre que como condición previa al cobro de sus acreencias deberán cerrar todos los juicios que iniciaron alrededor del mundo contra la Argentina. Y, entre ellos, los que abrieron en Estados Unidos y las islas Seychelles para investigar a la familia Kirchner, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Así surge del preacuerdo que ambas partes firmaron durante la negociación y al que accedió LA NACION.

El acuerdo entre el Gobierno y Paul Singer abarca, de manera específica, los juicios que se tramitan en Nevada, Florida y las Seychelles. En ellos, los holdouts reclamaron que Mossack Fonseca & Co. -una empresa especializada en crear de sociedades en paraísos fiscales- entregara datos sobre 123 firmas sospechadas de integrar la "ruta del dinero K".

El cierre de esos juicios en el exterior impactará, de concretarse, en las investigaciones locales que se tramitan hoy en los tribunales de Comodoro Py. Harían caer, por ejemplo, los exhortos que envió el juez federal Sebastián Casanello para obtener la información que se acumuló en Nevada.

Desde el Gobierno replican que el fin de esas pesquisas sobre Báez y López -y, en última instancia, los Kirchner- resulta una "consecuencia no buscada" en su camino para volver a los mercados internacionales de crédito. Su objetivo, sostienen, era cerrar todos los reclamos en los que por vía directa o indirecta el Estado nacional podía terminar como último pagador de las sentencias y las costas de esos juicios, incluidos los multimillonarios honorarios de los abogados.

Así, los negociadores argentinos acordaron con los holdouts que debían cerrar sus reclamos judiciales en Bélgica, Francia, Ghana y en varios estados de Estados Unidos. Entre ellos, en California -contra la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y Chevron-, en Texas, y en Florida y Nevada, contra Mossack Fonseca, las "sociedades Báez" y Val de Loire, una sociedad vinculada a Federico de Achával, al que identifican como socio de Cristóbal López. El acuerdo también llega hasta el océano Índico, ya que los fondos buitre también deberán cerrar sus dos pedidos de información que llegaron hasta la Corte Suprema de las islas Seychelles.

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Lázaro & los Kirchner, en la "Ciudad del Pecado"

En Nevada, a 4000 kilómetros del estrado del juez federal Thomas Griesa, el fondo NML Capital dio otro paso en su lucha por encontrar activos millonarios vinculados de algún modo a la Argentina que pueda, acaso, ejecutar. Cosechó anteayer una pequeña victoria contra 123 sociedades que sospecha son del empresario patagónico y socio presidencial Lázaro Báez.

Los abogados del fondo NML lograron que el juez federal con sede en Las Vegas Cam Ferenbach intimara a 123 sociedades radicadas en el estado de Nevada, sobre la costa oeste de Estados Unidos, para que antes del 12 de septiembre entreguen datos adicionales sobre sus apoderados, ejecutivos y, en lo posible, sus verdaderos dueños.

El juez Ferenbach así lo dispuso anteayer, tras considerar que NML "hizo una demostración sustancial de que Báez lavó dinero a través de 123 sociedades", para beneficio del "sórdido trío", como lo caracterizaron los abogados del fondo, que Báez conformó junto a la presidenta Cristina Kirchner y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Para esas supuestas operaciones de lavado por US$ 65 millones, según refrendó el juez en su fallo, Báez pasó a controlar las 123 sociedades por medio del estudio jurídico y contable Mossack & Fonseca, con sede en Panamá y sucursales en distintos paraísos fiscales alrededor el mundo.

El magistrado también estimó que NML aportó evidencias suficientes para sospechar que dos firmas de las islas Seychelles, Aldyne y Gairns, también pertenecerían a Báez, quien siempre desmintió esa acusación a través de sus voceros.

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Báez, Aldyne & un tano - el viento los amontona

Otra sombra se cierne sobre el “caso Báez”. Un fiscal italiano pidió una condena efectiva de prisión contra uno de los pocos rostros visibles que aparecen en el complejo entramado de sociedades que rodean al empresario patagónico Lázaro Báez.

El fiscal Antonio Bianco solicitó 7 años y cuatro meses de prisión para el financista ítalo-suizo Giampiero Addis Melaiu, por liderar una supuesta asociación ilícita destinada a lavar dinero y cometer fraudes y desfalcos por cerca de 50 millones de euros, según informó la prensa. Ya arrastraba una condena por tráfico internacional de armas.

Addis Melaiu [foto, arriba] figura como uno de los dos directores de la sociedad Aldyne, un eslabón clave en las Islas Seychelles entre la firma suiza Helvetic Services Group y una red de 148 empresas fantasmas que los investigadores argentinos sospechan que  habría lavado millones de dólares de Báez alrededor del mundo.

El juicio penal que afronta Addis Melaiu en Italia, sin embargo, no representa una novedad para el financista. En 2007 fue condenado por su rol en un tráfico de armas y en 2009 afrontó reclamos tributarios de los fiscos italiano y suizo por otra firma, domiciliada en Las Vegas, Estados Unidos.

Tras el estallido del “caso Báez” en la Argentina, en tanto, la firma Aldyne en la que aparece Addis Melaiu ordenó el cierre de al menos cinco de esas 148 sociedades.

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