De Macri y los buitres, a Kirchner, Lázaro y Cristóbal

El gobierno de Mauricio Macri acordó con los fondos buitre que como condición previa al cobro de sus acreencias deberán cerrar todos los juicios que iniciaron alrededor del mundo contra la Argentina. Y, entre ellos, los que abrieron en Estados Unidos y las islas Seychelles para investigar a la familia Kirchner, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Así surge del preacuerdo que ambas partes firmaron durante la negociación y al que accedió LA NACION.

El acuerdo entre el Gobierno y Paul Singer abarca, de manera específica, los juicios que se tramitan en Nevada, Florida y las Seychelles. En ellos, los holdouts reclamaron que Mossack Fonseca & Co. -una empresa especializada en crear de sociedades en paraísos fiscales- entregara datos sobre 123 firmas sospechadas de integrar la "ruta del dinero K".

El cierre de esos juicios en el exterior impactará, de concretarse, en las investigaciones locales que se tramitan hoy en los tribunales de Comodoro Py. Harían caer, por ejemplo, los exhortos que envió el juez federal Sebastián Casanello para obtener la información que se acumuló en Nevada.

Desde el Gobierno replican que el fin de esas pesquisas sobre Báez y López -y, en última instancia, los Kirchner- resulta una "consecuencia no buscada" en su camino para volver a los mercados internacionales de crédito. Su objetivo, sostienen, era cerrar todos los reclamos en los que por vía directa o indirecta el Estado nacional podía terminar como último pagador de las sentencias y las costas de esos juicios, incluidos los multimillonarios honorarios de los abogados.

Así, los negociadores argentinos acordaron con los holdouts que debían cerrar sus reclamos judiciales en Bélgica, Francia, Ghana y en varios estados de Estados Unidos. Entre ellos, en California -contra la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y Chevron-, en Texas, y en Florida y Nevada, contra Mossack Fonseca, las "sociedades Báez" y Val de Loire, una sociedad vinculada a Federico de Achával, al que identifican como socio de Cristóbal López. El acuerdo también llega hasta el océano Índico, ya que los fondos buitre también deberán cerrar sus dos pedidos de información que llegaron hasta la Corte Suprema de las islas Seychelles.

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Hotesur: Rafecas quiere abrirse

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente ayer para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles de la familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini.

Rafecas decidió quedarse, sin embargo, con otros tres tramos del expediente. El primero, centrado en el controvertido acuerdo comercial que el hotel Alto Calafate mantiene con Aerolíneas Argentinas; el segundo, los supuestos delitos cometidos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) para obviar las inconsistencias de la sociedad Hotesur, y por último, las supuestas falencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta.

Ercolini debe analizar ahora si acepta el planteo de Rafecas y se queda con el tramo de la causa Hotesur, que llega hasta Lázaro Báez, Cristóbal López y el fallecido Juan Carlos Relats, entre otros, o si, por el contrario, rechaza la decisión de su colega. En ese caso, será la Cámara Federal porteña la que definirá quién asumirá la instrucción.

La decisión de Rafecas de declararse incompetente para investigar la licitud de esa operatoria llegó en un momento sensible de la pesquisa. Ocurrió después de que el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió que ordenara un peritaje contable sobre toda la actividad sospechada. Y en momentos en que la Sala I de la Cámara de Casación Penal -integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana Figueroa-, la máxima instancia penal del país, se apresta a resolver tres incidentes simultáneos de competencia.

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Espionaje ilegal en tiempos K

La puja por las escuchas excede a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Apunta a los doce años previos del kirchnerismo en el poder y a la forma en que manejaron las intervenciones telefónicas (y los carpetazos) cuando las manejaba (y manipulaba) la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE).

Fueron años en que el entonces presidente Néstor Kirchner se movió a gusto con la información que le pasaban los espías liderados por Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, al que los santacruceños mimaron y potenciaron durante una decada.

CFK, Pocino y Stiuso

Fueron años, además, en los que el kirchnerismo disfrutó de montar operaciones de desprestigio en cada campaña electoral, como las que padecieron Enrique Olivera o Francisco de Narváez, entre otros. Y fueron años en los que las escuchas (las legales y las otras) quedaron bajo la órbita de la infame "Ojota" de la ex SIDE, que se ganó su apodo gracias a sus iniciales formales: O. J.

Ese statu quo sólo comenzó a cambiar cuando, ya en su último año en la Casa Rosada, el kirchnerismo rompió con sus socios para los trabajos desagradables. Y no rompió por un súbito ataque de conciencia. La causa fue más práctica: la entonces presidenta Cristina Kirchner sospechó que los muchachos eran más fieles a si mismos que a ella y su poder.

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Fin de ciclo K: la mudanza

Algunos pugnan por acomodarse en un nuevo cargo público; otros, por no ir a la cárcel. Algunos evalúan irse del país; otros, volver. Y mientras muchos dicen que necesitan trabajar para llegar a fin de mes -y hasta alguno volvería hacerlo en su ferretería-, otros lo harán para blanquear parte del dinero que acumularon. Son los funcionarios nacionales que, tras más de una década de kirchnerismo en el poder, encaran el final.

La mayoría de ellos, según reconstruyó lanacion durante las últimas semanas, quiere además continuar en la política profesional o, al menos, en la militancia, aunque también hay varios que dan por cerrado ese capítulo. Y no son pocos los que, por las dudas, borran todas las huellas incómodas o comprometedoras.

De hecho, las máquinas trituradoras funcionan a pleno en algunas oficinas de la Casa Rosada, al igual que los procedimientos para eliminar archivos informáticos. También en el Ministerio de Economía -donde las bolsas con papel triturado y los canastos de mudanza son ya algo común-, la Casa de Moneda -donde también se acumulan bolsas gigantescas de papel trozado, al igual que en la unidad antilavado (UIF)- y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según testimonios coincidentes de funcionarios, empleados y testigos casuales que acumuló LA NACION. También en el PAMI, según denunció la legisladora porteña Graciela Ocaña.

En múltiples organismos, como el Senado, la Inspección General de Justicia (IGJ), Migraciones o los ministerios de Salud y Agricultura, entre otros, se acumulan las designaciones masivas de nuevos empleados. Y se suma la reubicación de personas que saben demasiado. ¿Un ejemplo? A varias secretarias privadas las mudaron a dependencias satelitales, para que "los nuevos" no puedan preguntarles nada ni ellas tampoco puedan contar lo que vieron o escucharon durante estos años. ¿Otros dos ejemplos? En el PAMI, varios funcionarios de carrera se encontraron con que se habían borrado todos sus mails o incluso que les habían cambiado sus computadoras. Y en el Ministerio de Justicia, que ciertos discos rígidos fueron eliminados.

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Otro desafío judicial a CFK: ahora por el Tribunal Fiscal

La Justicia sumó otro desafío al kirchnerismo que se va. Ahora suspendió el concurso para llenar las vacantes en el estratégico Tribunal Fiscal, sólo horas antes de que la presidenta Cristina Kirchner firmara las designaciones pendientes de nueve jueces y se publicaran en el Boletín Oficial. La jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra, le impuso ese brusco freno a la Casa Rosada, al admitir la petición de otro concursante que reclamaba transparentar el concurso y que el Gobierno explicara cómo escogió a los ganadores.

Marra tomó su decisión días antes del ballottage del domingo 22, ante el riesgo concreto de que las designaciones para el Tribunal Fiscal se publicaran el lunes 23 o el martes 24 en el Boletín Oficial, mientras que el país concentraba su atención en los resultados electorales.

La decisión de Marra provocó la reacción inmediata del Ministerio de Economía, que pretende apurar los tiempos procesales al mínimo y levantar la medida cautelar antes del 10 de este mes. De ese modo, la Presidenta podría colocar a los candidatos que ella desea en el Tribunal Fiscal en vez de dejarle esa oportunidad a Mauricio Macri.

La urgencia del kirchnerismo con el Tribunal Fiscal tiene una explicación. Ese organismo funciona como ámbito de apelación de las decisiones que toma la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presunta evasión o discusiones impositivas y aduaneras, ya sea con personas o empresas, a menudo con consecuencias multimillonarias.

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Báez - ahora Casanello apura a la AFIP

El juez federal Sebastián Casanello intimó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a que entregue "en el plazo de 72 horas" toda la información que posea sobre Lázaro Báez y todo el conglomerado de colaboradores y empresas que lo rodean para avanzar con el análisis contable de toda su operatoria.

Casanello (foto, abajo) había impartido esa orden a mediados de septiembre, pero recién se concretó esta semana, previa a la segunda vuelta electoral, cuando el oficio llegó a la sede de la AFIP para que aporte el material "imprescindible" que necesitan los peritos para analizar la solidez de las cuentas del empresario ultrakirchnerista.

La AFIP recibió, así, la orden de informar el "legajo completo con toda la información (compras, ventas, consumos relevantes, acreditaciones bancarias) obrante en la base de datos de la AFIP sobre cada una de las personas jurídicas (suman 22) y físicas (14)", según indicó el magistrado, que está a cargo de investigar la llamada "ruta del dinero K".
Los documentos

En especial, abundó Casanello, la AFIP deberá remitir "las copias de cada una de las distintas declaraciones juradas impositivas y las impresiones de pantallas que muestran la composición de cada uno de los rubros que integran tales declaraciones", durante el "período 2008 -2013".

Esos son los años en que se sospecha que Báez habría canalizado fondos negros de la familia presidencial Kirchner.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

10 claves del ballottage (y lo que viene)

Las boletas aún no terminaron de contarse (y falta el recuento definitivo), pero los resultados de anoche ya ofrecen varios indicios valiosos. Entre otros, estos 10:

1. Aunque Mauricio Macri se alzó esta madrugada con una victoria "psicológica" o de "percepción", la elección nacional no está definida aún. ¿Cómo votarán ahora los seguidores de Sergio Massa? ¿Y muchos militantes de La Cámpora, que anoche ni fueron al acto de Daniel Scioli y prefirieron quedarse junto a Aníbal Fernández? ¿Y los votantes de Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez Saá?

2. ¿Cuánto del subidón de Macri se debe más al voto anti-Aníbal, cuánto al voto "útil" y cuánto al voto "vergonzante" (ahora que nadie me ve en el cuarto oscuro, lo voto)?

3. A la luz de los resultados, Aníbal encarnó un "activo tóxico" en la boleta oficialista. ¿Cuántos votantes entraron al cuarto oscuro afirmando que podían "bancarse" un Daniel Scioli presidente, pero no al jefe de Gabinete kirchnerista como gobernador?

pd: las claves restantes, en la nota publicada en lanacion.com.ar, acá.

Caso Hotesur - piden apartar a Rafecas

La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió ayer la recusación del juez federal a cargo del "caso Hotesur", Daniel Rafecas. Lo acusó de perder la imparcialidad propia de un magistrado e incumplir con las normas vigentes para instruir el expediente que protagonizan la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Stolbizer consideró que Rafecas violó "las garantías de juez imparcial" por dos motivos. El primero, por los modos ofensivos y prejuiciosos con que abordó sus planteos en el expediente, en el que la legisladora figura como "pretensa querellante". El segundo, porque estimó que el magistrado incumplió con las normas desde que reemplazó como juez de esa causa a su colega Claudio Bonadio.

En Tribunales, se descuenta ahora que Rafecas rechazará los planteos de Stolbizer, por lo que será la Cámara Federal la que deberá definir si el juez conserva el expediente o si lo suma a Bonadio en la lista de jueces apartados de la investigación en marcha por presunto lavado de activos en el hotel Alto Calafate de los Kirchner.

Salvo que Rafecas admita su recusación, el planteo de Stolbizer terminará en la Cámara, donde los integrantes de la Sala I -Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- definirán qué hacer.

En la Cámara, sin embargo, Stolbizer afrontará otro desafío. Al reafirmar que el expediente debe continuar en Buenos Aires -en vez de girarse a Río Gallegos, como pretendían Báez y la familia presidencial-, tanto Ballestero como Freiler ya expresaron duras críticas sobre la causa, al punto que el segundo llegó a caracterizarla como una "excursión de pesca" (ver aparte).

De todos modos, el propio Freiler también afronta sus propios problemas judiciales. Por un lado, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi admitió la primera tanda de medidas de prueba que requirió el fiscal Ramiro González para determinar si el camarista se enriqueció de manera ilegal, como denunció Ricardo Monner Sans.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Entrevistas sobre los presidenciables - Scioli

"Scioli no es peronista, se escudó en el peronismo", dicen Pablo Ibañez y Walter Schmidt, autores de la biografía no autorizada sobre el gobernador bonaerense, "Scioli Secreto".

El candidato presidencial por el Frente para la Victoria "es un obsesivo", afirman, y su relación con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "no es de lo mejor".

pd: la entrevista completa, acá.

Los Kirchner, Lázaro y sus empleados viajeros

El empresario patagónico Lázaro Báez afirmó que contrató cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para hospedar al personal jerárquico de sus empresas a cargo de la ejecución de varias obras públicas. Pero con un detalle: esas obras se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros del hotel presidencial, según surge de los datos aportados por el propio Báez ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obtuvo LA NACION.

Báez argumentó que optó por alojar en El Calafate a los responsables de dirigir y controlar esas obras por "la calidad de los servicios, infraestructura y conectividad" de esa ciudad turística, al mismo tiempo que afirmó que sus constructoras Kank y Costilla SA y Loscalzo y del Curto SA no contaban "con alojamiento y/o obradores para tal fin ni en los parajes próximos" a las obras, en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre.

Ese argumento choca, sin embargo, con la realidad. Primero, porque Báez pudo alojar a sus colaboradores en hoteles más cercanos en cada una de esas localidades. O pudo mantenerlos en Río Gallegos -sede central de sus empresas- en vez de alojarlos en El Calafate, que se encuentra a similar o incluso mayor distancia de las obras que la capital santacruceña.

En efecto, Piedrabuena se encuentra a 280 kilómetros de El Calafate por ruta de ripio -intransitable la mayor parte del año- o 470 kilómetros por asfalto -el más utilizado por los locales-, pero a 231 kilómetros de Río Gallegos. Y lo mismo se repite con Puerto San Julián, que queda a 404 kilómetros de Calafate por ripio o a 592 por asfalto, pero a 360 kilómetros de Gallegos.

Por su parte, Río Turbio queda a 252 kilómetros de El Calafate y a 261 kilómetros de la capital provincial, y, por último, 28 de Noviembre queda a 249 kilómetros de la ciudad turística y a 250 kilómetros de Gallegos, según los datos oficiales de Vialidad Provincial que difunde a través del área de Turismo.

Del análisis elaborado por los técnicos de la AFIP, identificado como "actuación 10780-1041-2014", que obtuvo LA NACION, surge por qué Báez se inclinó por alojar a su personal jerárquico en el Alto Calafate en vez de optar por otros hoteles más baratos en El Calafate. De hecho, en esa ciudad pudo optar por otros 13 establecimientos de 4 o 5 estrellas con características similares al hotel de los Kirchner, bajo investigación de la Justicia por sospechas de lavado.

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Kirchner y Báez - repaso de una relación

"Si soy amiga de él, necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta una de las pocas veces que aludió a Lázaro Báez en público, aunque sin nombrarlo, mientras lo comparaba con otros contratistas de obra pública que, según el Ministerio de Planificación Federal, recibieron más fondos del Estado nacional.

Otros empresarios reciben, en efecto, más dinero de las arcas públicas nacionales que Báez. Pero ninguno acumula tantos lazos con la familia presidencial como él. Tantos, que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, al intentar desmentir que fueran "socios", admitió que mantienen múltiples "vínculos comerciales" entre sí.

Parte de esos vínculos aparecieron en cajones del escritorio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, Negocios Inmobiliarios SA, en el allanamiento que el juez Claudio Bonadio ordenó a mediados de julio. Días después lo apartó la Sala I de la Cámara Federal porteña -la más cercana al Gobierno-.

¿Qué encontraron los colaboradores de Bonadio? Facturas, cheques, poderes y contratos de alquiler cruzados entre Báez y Néstor Kirchner, una relación comercial que siguió con Máximo, según surge del acta del allanamiento, cuya copia reveló LA NACION a mediados de agosto.

Pero la relación es más profunda. Al mismo tiempo que Báez pagaba por miles de habitaciones y salones en los hoteles de la familia Kirchner, se convertía en condómino con la Presidenta en un terreno de El Calafate, prestaba millones de Austral Construcciones al ex presidente -sin cobrarle intereses-, y compraba la casa familiar en Río Gallegos.

Mientras Báez colaboraba con los ingresos familiares de los Kirchner, el Gobierno le otorgó más de $ 8800 millones en contratos de obra pública, en particular a través de Austral Construcciones, creada días antes del ingreso de los patagónicos en la Casa Rosada, en mayo de 2003, y que terminó de registrarse ante la AFIP semanas después.

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Lázaro y sus US$ 6,2 millones para los Kirchner

Lázaro Báez reconoció ante la AFIP lo que en público calla. Admitió que pagó por un total de 2300 habitaciones en el hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia presidencial a lo largo de tres años, al mismo tiempo que alquiló dos de sus salones, según consta en los convenios confidenciales que entregó al órgano recaudador y cuya copia obtuvo LA NACION.

Fruto de esa operatoria hotelera, los Kirchner recaudaron por lo menos US$ 4 millones, más otros $ 11,5 millones entre fines de 2008 y mediados de 2013 a través de Hotesur, la firma con que controlan el hotel Alto Calafate, según surge de documentación adicional del grupo de empresas de Báez a la que accedió LA NACION. Es decir, un total cercano a los US$ 6,2 millones según la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo ese período.

La operatoria que admitió Báez alcanzó a siete de sus empresas, según consta en esos y otros documentos a los que accedió este diario, que exponen una maniobra con dos grandes pasos. El primero fue que esas empresas firmaran convenios con Valle Mitre, la firma del propio Báez con la que gerenció el Alto Calafate entre 2008 y 2013. Y el segundo paso ocurrió cuando Valle Mitre, con los $ 23,7 millones que le aportaron esas siete empresas, comenzó a justificar los millones que empezó a pagarles a los Kirchner.

¿Qué decían esos tres contratos? Según reconstruyó la AFIP sobre la base de los documentos que aportó el propio Báez ante distintos organismos públicos, el primer contrato se selló el 10 de noviembre de 2008.

Es decir, apenas tres días después de que los Kirchner tomaron el control del Alto Calafate a través de Hotesur SA. Entonces firmaron un contrato "de locación" con Báez, quien aceptó pagarles US$ 80.000 más IVA por mes a los Kirchner entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, cerca de US$ 2,5 millones, más IVA.

Con el segundo contrato -"de cesión de explotación"- entre Báez y Hotesur, en tanto, el contratista de obra pública acordó un pago inicial de US$ 100.000 más otros US$ 40.000 por mes, también entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, otros 1,34 millones de dólares. Por último, con el tercero contrato "de locación" que reemplazó al primero y rigió entre mayo de 2011 y hasta su rescisión en julio de 2013, los Kirchner y Báez establecieron un canon de $ 408.000 por mes, más un seguro de US$ 5 millones. Es decir, casi $ 11,5 millones adicionales (cerca de US$ 2,4 millones según la evolución del tipo de cambio), más el seguro.

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Hotesur - trabas a los operativos

Los libros de la sociedad hotelera presidencial, Hotesur, no estaban en su sede legal. Tampoco en el hotel Alto Calafate. Ni en las oficinas del contador. Por eso, los emisarios del juez federal Claudio Bonadio, que los buscaron en Buenos Aires, El Calafate y Río Gallegos, terminaron los operativos con las manos vacías. Sólo los entregó luego una sobrina de la Presidenta, Romina Mercado.

Las dificultades para capturar documentos sensibles de los hoteles de la familia Kirchner para la investigación por presunto lavado de activos no terminaron allí. Los colaboradores de Bonadio tampoco encontraron los archivos de Alto Calafate y Las Dunas mientras los administró Lázaro Báez, según surge de las actas de los operativos del 13 de julio que pudo ver LA NACION. Báez los gerenció por medio de Valle Mitre SA entre 2009 y 2013, período en el que recibió más de $ 8000 millones de obra pública. Los Kirchner lo apartaron cuando estalló el escándalo del valijero Leonardo Fariña.

Desde entonces lo administra Idea SA, creada por el ex gobernador Carlos Sancho, otro socio de Máximo Kirchner, aunque un tercer socio, Osvaldo Sanfelice, asumió el rol público más predominante.

Todo ese material sensible no estaba ni siquiera en los hoteles, donde sólo guardan desde 2013 en adelante. Es decir, desde que pasó a gerenciarlos "Bochi" Sanfelice, también socio y empleado de Cristóbal López.

No sólo eso. Porque cuando fueron a buscar al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares -el mismo que el juez Norberto Oyarbide tomó como "perito de parte" en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner-, se encontraron con que ya no trabajaba en su domicilio declarado. Y que en su nueva oficina tampoco estaba el material. De hecho, había borrado archivos de una PC.

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De los Kirchner a Lázaro, vía un escritorio

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

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Hotesur - más problemas con los domicilios

Pasan los años, pero la Justicia sigue sin lograr verificar dónde se encuentra la sede social de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate. Intenta ubicarla para llevarse toda la documentación societaria y contable, pero la última vez que lo intentó se topó con otra sorpresa más, según consta en las actas de los operativos que obtuvo LA NACION.

El último intento de ubicar a Hotesur se registró el 13 de julio pasado, aunque hasta ahora no había logrado trascender. El juez federal Claudio Bonadio firmó una serie de allanamientos y órdenes de presentación que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, apenas unos días antes de que la Cámara Federal porteña decidiera apartarlo definitivamente de ese expediente sensible.

Con la causa ya en sus manos, el juez Daniel Rafecas tuvo la posibilidad de acceder a esos libros societarios y contables. Pero aquello fue sólo cuando la titular del directorio de Hotesur y sobrina de la Presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, había decidido entregarlos. Ahora hay que verificar, entre otros puntos, si esos documentos son auténticos.

Antes, uno de los operativos de Bonadio que había pasado hasta ahora por debajo de los radares de la prensa, fue en el tercero y último domicilio en Buenos Aires que Hotesur había declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Es decir, la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.

Al llegar a esa supuesta sede, sin embargo, los agentes de la Policía Metropolitana que estaban a cargo del operativo se toparon con una respuesta negativa. Uno de los abogados que trabajan en la oficina declarada, Martín Tassero, les informó "que allí no funciona ni posee su dirección la empresa Hotesur SA",

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Mi respuesta a la "desmentida" oficial

Tras la nota que publicamos hoy con Mariela Arias​ (Lázaro recibió $ 8000 M del Gobierno nacional), la Casa Rosada ordenó salir a desmentirnos (el comunicado, acá). De ese comunicado, sin embargo, surge que:

1. Las empresas de Lázaro Báez recibieron más $ 8000M (las UTE, salvo una, eran con firmas propias);

2. Aníbal Fernández paró la enumeración en el 5° puesto del listado; ¿el 6to? Marcelo Odebrecht, detenido en Brasil por corrupción;

3. En el listado de grandes beneficiarios aparecen junto a Lázaro, otros beneficiarios del "capitalismo de amigos" como Cristóbal López, Juan Carlos Relats, Electroingeniería, Esuco, Calcaterra, etc;

4. En el listado faltan varios grandes; x ej, IMPSA; y en el caso de Eurnekian, ¿sumaron obras públicas futuras (para inflar lo suyo) que aún no se desembolsaron?;

5. Según el Ministerio de Planificación, la mayoría de las obras fue EJECUTADA x las provincias; en informe a la Justicia se detalló el FONDEO;

6. Según el Ministerio de Planificación, el fondeo a Lázaro Báez no fue de $ 8000 millones; fue de $ 8866 millones;

7. Si el Ministerio de Planificación deslinda en las provincias las obras de Lázaro Báez HAY QUE RECORDAR POR QUÉ RENUNCIÓ ACEVEDO (ver acá);

Por todo esto, y a la luz de la reacción oficial, cuál será la valía de Lázaro Báez para el Gobierno que fue capaz de anteponer a Cristóbal López, Electroingeniería, Eskenazi, etc, en su listado...

¿Más? En la edición de mañana del diario La Nación.

Lázaro y el piso de los $ 8000 millones

Después de años de especulaciones y cálculos oficiosos, el Gobierno al fin informó cuánto dinero le entregó a Lázaro Báez. Mientras el empresario, socio de los Kirchner, pagaba (sin usar) cientos de habitaciones y salones en los hoteles de la familia presidencial, la Casa Rosada le otorgó más de $ 8000 millones en decenas de contratos de obra pública durante la última década. Así consta en un informe reservado que el Gobierno envió a la Justicia, del cual LA NACION obtuvo una copia.

Hay de todo. Desde pavimentación de calles hasta construcción de hospitales, cloacas y escuelas. Pero su fuerte son las obras viales: cientos de cuadras, rutas, avenidas, rotondas, empalmes y circunvalaciones. Casi 60 obras a un valor promedio de $ 146 millones por contrato.

Los montos son variados. Van de $ 3,1 millones a $ 637 millones, con decenas de contratos, casi todos firmados por Austral Construcciones, la nave insignia del grupo Báez. Entre otros, para obras en la cuenca del río Salado, en la inundada provincia de Buenos Aires, por $ 239,1 millones, en sociedad con Ecodyma, una constructora que atravesó turbulencias por facilitarle un helicóptero al vicepresidente Amado Boudou.

Fechado el 15 de marzo pasado, el informe oficial, de diez carillas, duerme dentro de la causa sobre los negocios y sociedades de la familia presidencial que empezó con la denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer e instruyó durante meses el juez federal Claudio Bonadio. Hasta que la Cámara Federal porteña le quitó el expediente, que quedó en manos de su colega Daniel Rafecas.

¿Por qué pidió Bonadio ese informe? Porque quería verificar si existía un circuito de dinero entre los Kirchner y Báez. ¿Cuál era la hipótesis? Que el Gobierno le giraba fortunas en obra pública a Báez, que luego entregaba parte de esos fondos a la familia presidencial mediante los alquileres de las habitaciones y los salones de los hoteles, y de los inmuebles de los Kirchner en El Calafate y Río Gallegos.

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Hotesur, ¿un avance o retroceso?

Parece un avance, pero puede no serlo. La decisión que adoptó ayer el juez Daniel Rafecas es un gesto de aprobación al trabajo de su colega Claudio Bonadio en su pesquisa sobre los negocios de la familia presidencial. Pero eso no significa que la investigación pueda avanzar en el corto plazo. Por el contrario, aún corre serios riesgos de entrar en vía muerta.

¿Por qué? Porque la resolución de Rafecas será apelada por la defensa de la sobrina de la Presidenta, Romina Mercado, que como presidenta del directorio de Hotesur -sociedad controlante del Alto Calafate- lidera los esfuerzos por cerrar el expediente en Buenos Aires.

Las apelaciones que se avecinan son apenas el primer obstáculo para retomar la investigación, porque aun si la Cámara Federal porteña confirmara la decisión de Rafecas -y más allá de que luego suba o no hasta la Casación-, luego vendrá la segunda y más compleja batería de planteos defensivos.

¿Con qué objetivo? Que el expediente se remita al Sur, al juzgado federal con competencia en Río Gallegos, tal como ya esbozó el titular de Idea SA, la firma gerenciadora de los hoteles, Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA y socio de Cristóbal López en Talares de Posadas SA, además de su empleado en Álcalis de la Patagonia.

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AFIP confirma negocios entre los Kirchner y Lázaro

Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadío hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.

Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.

Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.

¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.

Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.

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Zuvic, los Kirchner y los negocios

Entrevista a la líder de la Coalición Cívica en Santa Cruz, Mariana Zuvic.