Paradise Papers - ¿por qué publicamos?

¿Operar en los paraísos fiscales o ser el dueño de una sociedad offshore es delito? No. Recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Pero si el "beneficiario final" de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Entonces, ¿por qué publicamos los nombres de ciertas personas y empresas?

Aquí van algunos criterios que sustentan nuestra decisión de publicar:

1. Porque el sujeto investigado (sea funcionario o trabaje en el sector privado) se trata de una persona políticamente expuesta (PEP)

2. Porque hay un claro interés público. ¿Acaso no merecen los lectores saber que un empresario, ahora, o un funcionario (en su anterior etapa laboral en el mundo privado) movió decenas de millones de dólares (de dudosa legalidad) por algunos de los paraísos fiscales más oscuros del planeta?

3. Porque el caso en sí es noticiable. ¿Un paralelo posible? El ministro español Juan Manuel Soria renunció el año pasado cuando se publicó que había operado una sociedad en un paraíso fiscal y sus explicaciones no eran contundentes.

4. Porque podemos estar ante un caso de incompatibilidad o, en el caso de un funcionario, de una potencial violación de la Ley de Ética Pública.

5. Porque la información registra una clara cercanía con el lector.

6. Porque puede tratarse, en efecto, de un acto ilícito. ¿Esa persona o empresa declaró ante la AFIP los fondos que operó en un paraíso fiscal?

7. Porque el contexto político internacional avanza contra los paraísos fiscales. El grupo de las 20 naciones más poderosas del planeta (el G-20) impulsa una campaña desde hace años en contra de la operatoria secreta que impera en esos territorios (ver, entre otros, estos artículos sobre las últimas reuniones del G-20 en 2016: http://www.elmundo.es/internacional/2016/09/05/57cd8cddca4741580f8b46b6.html y http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/16/57116f5ee5fdeac5298b4575.html). Y vale recordar aquí que la Argentina asumirá la presidencia del G-20 en apenas 26 días, el 1° de diciembre.

8. Porque, en efecto, en ciertos casos, sí evadieron.

9. En el caso de empresas y/o empresarios (sean argentinos o de otros países), se suman otros argumentos posibles:
- porque, en ciertos casos, sí evaden o evadieron o no declararon toda la operatoria ante las autoridades locales de sus respectivos países.

- porque mantienen vínculos diversos con el Estado (son contratistas públicos, operan concesiones)

- porque mantienen vínculos con la clase política (son donantes de campaña, etc)

- porque son o han sido investigados por la Justicia local o de otros países y distintos organismos públicos (por ejemplo, por presunto lavado)

BONUS TRACK: la legalidad de las operaciones offshore de una persona o empresa es apenas una de las muchas preguntas sobre las que basamos la investigación. Muchas aristas del mundo offshore son “legales” pero eso no quiere decir que no escondan historias  tremendas de hipocresía, conflicto de interés, falta de transparencia y más. En los “Panamá Papers”, por ejemplo, la sociedad offshore del ex primer ministro islandés no era necesariamente ilegal pero le costó el puesto por lo que significaba en el contexto de su país tener una firma offshore asociada con inversiones en los bancos que casi tiraron abajo la economía mundial. Ahora, en los “Paradise Papers”, hemos detectado empresas offshore del secretario de comercio de Trump que tampoco son ilegales, pero el hecho de que el este lucrando de una relación comercial con el círculo íntimo de Vladimir Putin y que apenas haya declarado la empresa en un footnote constituye una gran historia en el contexto político actual de Estados Unidos. Después de los “Panamá Papers”, el presidente Barack Obama dijo que la mayoría de las estructuras son legales, sí, y ese, precisamente, es el problema...

UIF: otra vez chispas con la FinCen

Por segunda vez en apenas seis años, la unidad antilavado estadounidense (FinCen, en inglés) cortó todo tipo de colaboración con su par argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF). Tomó esa decisión tras verificar que la información confidencial que envió a las entonces autoridades del organismo en Buenos Aires, liderado por José Sbattella, terminó por filtrarse para otros fines.

La cooperación bilateral se cortó en junio de 2015, pero continúa vigente hasta hoy, según reveló ayer el propio gobierno de Estados Unidos al presentar su Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, en inglés).

La FinCen, precisó ese informe, "suspendió el intercambio de información con la UIF debido a la difusión no autorizada [de información] de inteligencia por parte de la Argentina que la FinCen había compartido con la UIF", y anticipó que Washington evalúa sus "próximos pasos" ante lo que definieron como una "ofensa seria".

Ese mismo informe, elaborado por el Departamento de Estado, recordó que no es la primera vez que ocurre ese tipo de incidente bilateral: "La primera suspensión ocurrió en julio de 2009, y se prolongó durante tres años y medio".

En aquella ocasión, el cortocircuito se produjo cuando información que la FinCen había enviado a la unidad antilavado local sobre el empresario y candidato opositor Francisco de Narváez se publicó en el diario oficialista Página 12, según reveló entonces LA NACION.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Hotesur: Rafecas quiere abrirse

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente ayer para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles de la familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini.

Rafecas decidió quedarse, sin embargo, con otros tres tramos del expediente. El primero, centrado en el controvertido acuerdo comercial que el hotel Alto Calafate mantiene con Aerolíneas Argentinas; el segundo, los supuestos delitos cometidos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) para obviar las inconsistencias de la sociedad Hotesur, y por último, las supuestas falencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta.

Ercolini debe analizar ahora si acepta el planteo de Rafecas y se queda con el tramo de la causa Hotesur, que llega hasta Lázaro Báez, Cristóbal López y el fallecido Juan Carlos Relats, entre otros, o si, por el contrario, rechaza la decisión de su colega. En ese caso, será la Cámara Federal porteña la que definirá quién asumirá la instrucción.

La decisión de Rafecas de declararse incompetente para investigar la licitud de esa operatoria llegó en un momento sensible de la pesquisa. Ocurrió después de que el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió que ordenara un peritaje contable sobre toda la actividad sospechada. Y en momentos en que la Sala I de la Cámara de Casación Penal -integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana Figueroa-, la máxima instancia penal del país, se apresta a resolver tres incidentes simultáneos de competencia.

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Ciccone: Moneta se abre la ruta del dinero

Casi cuatro años después de que estalló el "caso Ciccone", el supuesto financista Raúl Moneta se abrió de la operatoria y complicó aún más las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Moneta desistió de su amparo contra el Estado nacional que tramitaba en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y dejó así de reclamar los millones de pesos que tanto él como Vandenbroele sostenían hasta entonces que habían servido para financiar la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica por parte de la sociedad The Old Fund.

El abandono de Moneta -quien afronta muy serios problemas de salud y cuenta ahora con una curadora judicial- reavivó así los dos grandes misterios detrás de la empresa que imprimió millones de billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda: ¿quiénes son los verdaderos dueños detrás de The Old Fund?, ¿quién aportó el dinero para ese polémico desembarco?

La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. Según el juez federal Ariel Lijo -y confirmó luego la Cámara Federal porteña-, el verdadero dueño detrás de The Old Fund sería Boudou. En tanto, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió varias medidas de prueba para determinar si el titular del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo, fueron los financistas que aún permanecen en las sombras.

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Entrevista a Federico Di Pasquale

"La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos los ciudadanos", afirma el ex director de la Unidad Fiscal Antilavado, Federico di Pasquale. "La ley del arrepentido sirve", añade, aunque aclara que para investigar al poder se necesita transparencia.

pd: la entrevista completa del ciclo Conversación de LA NACIÓN, acá.

Un avión (de Lázaro) en llamas

Lima Víctor-Zulú Sierra Zulú. El ya legendario Learjet matrícula LV-ZSZ del empresario patagónico Lázaro Báez se incendió ayer en el aeropuerto de San Fernando, minutos después de padecer problemas en uno de sus motores y despistarse.

El incidente ocurrió a las 6.40 de la mañana, cuando el avión -sospechado de servir durante los últimos años para el transporte de dinero en efectivo, de funcionarios del Gobierno y de "valijeros" como Leonardo Fariña- se aprestaba a despegar rumbo a Río Gallegos para buscar a la esposa y la hija de Báez.

La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil inició una investigación para determinar el origen de la falla en el motor. "La aeronave realizó una excursión de pista, en la cual colapsó el conjunto del tren de aterrizaje y se desprendió parcialmente uno de los tanques de combustible de puntera, hecho que inició el incendio", precisó la Junta en un comunicado, y aclaró que dentro del avión, que quedó destruido, sólo se encontraban el piloto y el copiloto, que salieron "por sus propios medios, sin sufrir lesiones". La aeronave quedaría bajo la lupa judicial.

Báez adquirió el Learjet en 2007 en US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión (ver aparte).

Fariña y Federico Elaskar, el dueño de SGI, una financiera ubicada en Puerto Madero y que se conocía como "la Rosadita", aportaron datos sobre la supuesta "ruta del dinero K" y sobre cómo se transportaban presuntas bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay a bordo de esa aeronave -que se encuentra a nombre de la firma Top Air, de la que es accionista Austral Construcciones-. Además, ambos dieron otros detalles sobre una presunta operatoria de lavado por más de 55 millones de euros.

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Hotesur - la Cámara define si aparta a Rafecas

La Cámara Federal porteña deberá definir si admite la recusación del juez federal Daniel Rafecas en el "caso Hotesur" que presentó la diputada nacional Margarita Stolbizer por supuesta parcialidad e incumplimiento de las normas vigentes.

El contrapunto llegó hasta la Sala I de la Cámara luego de que Rafecas rechazara in limine el planteo de Stolbizer, a la que le indicó que ni siquiera puede plantear ese reclamo ya que, aunque denunciante, no es parte en el expediente, además de que presentó su reclamo fuera de término.

Por ahora, sin embargo, la legisladora continúa en la causa contra la presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, mientras se define si puede, en efecto, asumir el rol de "querellante".

El propio Rafecas también expuso su rechazo a esa pretensión y los indicios que ofreció ayer mismo la Cámara tampoco son alentadores para Stolbizer. Con el voto unánime de sus tres miembros, la Sala I convalidó la posición del juez y le negó la posibilidad de participar como "querellante", lo que forzará a la legisladora a recurrir a la Cámara de Casación -la máxima instancia penal- en un último intento por revertir su suerte.

Ya no por unanimidad, sin embargo, sino por 2 votos contra 1, la Cámara también redobló sus críticas sobre la investigación y concentró sus dardos sobre las supuestas imprecisiones en su "objeto procesal", es decir, qué se investiga en el expediente.

Según los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, la pesquisa debe concentrarse en las presuntas irregularidades registrales de la sociedad Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ), mientras que para el tercer integrante de la Sala I, Eduardo Farah, se debe verificar si se está ante presuntas maniobras de lavado de dinero a través del hotel Alto Calafate.

Freiler y Ballestero llevaron más lejos sus críticas, al sostener que después de tantos meses de trabajo todavía "no existe definición alguna acerca de cuál es el acontecimiento histórico reñido con la ley penal" que se investiga en el expediente, por lo que "se carece de precisiones sobre la plataforma fáctica de la que se trata". Y esto, a su vez, "impide establecer qué bien tutelado jurídicamente se ha visto afectado".

Farah coincidió con sus colegas en que Stolbizer no puede asumir el rol de querellante en el expediente, pero discrepó con ellos sobre cuál es el objeto de la pesquisa. Según él, resulta indiscutible que se investiga una posible operatoria de lavado por parte de las empresas hoteleras de la familia presidencial. Y que el dinero negro que se buscó blanquear podría ser un retorno de la obra pública con que la Casa Rosada favoreció a Báez, operatoria que se desarrollaría por medio de una simulación en la facturación de las habitaciones en los hoteles de los Kirchner a Báez, sin importar si se ocuparon o no.

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Caso Hotesur - piden apartar a Rafecas

La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió ayer la recusación del juez federal a cargo del "caso Hotesur", Daniel Rafecas. Lo acusó de perder la imparcialidad propia de un magistrado e incumplir con las normas vigentes para instruir el expediente que protagonizan la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Stolbizer consideró que Rafecas violó "las garantías de juez imparcial" por dos motivos. El primero, por los modos ofensivos y prejuiciosos con que abordó sus planteos en el expediente, en el que la legisladora figura como "pretensa querellante". El segundo, porque estimó que el magistrado incumplió con las normas desde que reemplazó como juez de esa causa a su colega Claudio Bonadio.

En Tribunales, se descuenta ahora que Rafecas rechazará los planteos de Stolbizer, por lo que será la Cámara Federal la que deberá definir si el juez conserva el expediente o si lo suma a Bonadio en la lista de jueces apartados de la investigación en marcha por presunto lavado de activos en el hotel Alto Calafate de los Kirchner.

Salvo que Rafecas admita su recusación, el planteo de Stolbizer terminará en la Cámara, donde los integrantes de la Sala I -Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- definirán qué hacer.

En la Cámara, sin embargo, Stolbizer afrontará otro desafío. Al reafirmar que el expediente debe continuar en Buenos Aires -en vez de girarse a Río Gallegos, como pretendían Báez y la familia presidencial-, tanto Ballestero como Freiler ya expresaron duras críticas sobre la causa, al punto que el segundo llegó a caracterizarla como una "excursión de pesca" (ver aparte).

De todos modos, el propio Freiler también afronta sus propios problemas judiciales. Por un lado, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi admitió la primera tanda de medidas de prueba que requirió el fiscal Ramiro González para determinar si el camarista se enriqueció de manera ilegal, como denunció Ricardo Monner Sans.

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Los Kirchner, Lázaro y sus empleados viajeros

El empresario patagónico Lázaro Báez afirmó que contrató cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para hospedar al personal jerárquico de sus empresas a cargo de la ejecución de varias obras públicas. Pero con un detalle: esas obras se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros del hotel presidencial, según surge de los datos aportados por el propio Báez ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obtuvo LA NACION.

Báez argumentó que optó por alojar en El Calafate a los responsables de dirigir y controlar esas obras por "la calidad de los servicios, infraestructura y conectividad" de esa ciudad turística, al mismo tiempo que afirmó que sus constructoras Kank y Costilla SA y Loscalzo y del Curto SA no contaban "con alojamiento y/o obradores para tal fin ni en los parajes próximos" a las obras, en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre.

Ese argumento choca, sin embargo, con la realidad. Primero, porque Báez pudo alojar a sus colaboradores en hoteles más cercanos en cada una de esas localidades. O pudo mantenerlos en Río Gallegos -sede central de sus empresas- en vez de alojarlos en El Calafate, que se encuentra a similar o incluso mayor distancia de las obras que la capital santacruceña.

En efecto, Piedrabuena se encuentra a 280 kilómetros de El Calafate por ruta de ripio -intransitable la mayor parte del año- o 470 kilómetros por asfalto -el más utilizado por los locales-, pero a 231 kilómetros de Río Gallegos. Y lo mismo se repite con Puerto San Julián, que queda a 404 kilómetros de Calafate por ripio o a 592 por asfalto, pero a 360 kilómetros de Gallegos.

Por su parte, Río Turbio queda a 252 kilómetros de El Calafate y a 261 kilómetros de la capital provincial, y, por último, 28 de Noviembre queda a 249 kilómetros de la ciudad turística y a 250 kilómetros de Gallegos, según los datos oficiales de Vialidad Provincial que difunde a través del área de Turismo.

Del análisis elaborado por los técnicos de la AFIP, identificado como "actuación 10780-1041-2014", que obtuvo LA NACION, surge por qué Báez se inclinó por alojar a su personal jerárquico en el Alto Calafate en vez de optar por otros hoteles más baratos en El Calafate. De hecho, en esa ciudad pudo optar por otros 13 establecimientos de 4 o 5 estrellas con características similares al hotel de los Kirchner, bajo investigación de la Justicia por sospechas de lavado.

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Hotesur - trabas a los operativos

Los libros de la sociedad hotelera presidencial, Hotesur, no estaban en su sede legal. Tampoco en el hotel Alto Calafate. Ni en las oficinas del contador. Por eso, los emisarios del juez federal Claudio Bonadio, que los buscaron en Buenos Aires, El Calafate y Río Gallegos, terminaron los operativos con las manos vacías. Sólo los entregó luego una sobrina de la Presidenta, Romina Mercado.

Las dificultades para capturar documentos sensibles de los hoteles de la familia Kirchner para la investigación por presunto lavado de activos no terminaron allí. Los colaboradores de Bonadio tampoco encontraron los archivos de Alto Calafate y Las Dunas mientras los administró Lázaro Báez, según surge de las actas de los operativos del 13 de julio que pudo ver LA NACION. Báez los gerenció por medio de Valle Mitre SA entre 2009 y 2013, período en el que recibió más de $ 8000 millones de obra pública. Los Kirchner lo apartaron cuando estalló el escándalo del valijero Leonardo Fariña.

Desde entonces lo administra Idea SA, creada por el ex gobernador Carlos Sancho, otro socio de Máximo Kirchner, aunque un tercer socio, Osvaldo Sanfelice, asumió el rol público más predominante.

Todo ese material sensible no estaba ni siquiera en los hoteles, donde sólo guardan desde 2013 en adelante. Es decir, desde que pasó a gerenciarlos "Bochi" Sanfelice, también socio y empleado de Cristóbal López.

No sólo eso. Porque cuando fueron a buscar al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares -el mismo que el juez Norberto Oyarbide tomó como "perito de parte" en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner-, se encontraron con que ya no trabajaba en su domicilio declarado. Y que en su nueva oficina tampoco estaba el material. De hecho, había borrado archivos de una PC.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

FIFAGate - ¿protección para dos prófugos?

Con pedidos de captura local e internacional desde el 1° de este mes, la Justicia argentina sospecha que los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, dueños de Full Play, cuentan con algún tipo de protección policial o cobertura política, ya que llevan dos semanas en la clandestinidad sin que haya pistas sólidas sobre su paradero.

"La policía está «trabajando a reglamento»", indicó una fuente judicial a la nacion, que explicitó su fastidio. "Cuando la policía no quiere encontrar a alguien, no lo encuentra. Y parece que en este caso, sólo los van a detener si se llegan a tropezar con ellos en algún semáforo", ironizó.

Desde la clandestinidad, los Jinkis (fotos, arriba) alcanzaron hoy su primer objetivo. La Cámara Federal porteña escuchará desde las 11 los argumentos de sus abogados, quienes piden que se los exima de ser enviados a prisión durante el tiempo que le tome a la Justicia argentina definir si los extradita a Estados Unidos, que los reclama para juzgarlos por sus presuntos roles en el FIFA-gate.

Dueños de Full Play SA, Hugo y su hijo Mariano Jinkis intervenían en los contratos para la televisación de partidos de fútbol. Pero la Justicia de Estados Unidos los acusó de integrar una supuesta asociación ilícita vinculada con los sobornos en la FIFA y, sobre todo, en la Conmebol.

Inhallables para la Policía Federal, el entorno de los Jinkis sostiene que ambos continúan dentro del país, a la espera de que la sala II de la Cámara Federal -integrada por Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun- defina si les concede la eximición de prisión, acaso la semana próxima.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Gils Carbó no se piensa ir

No se irá en diciembre. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó que no piensa renunciar al cargo cuando concluya el mandato de Cristina Kirchner, sino que desea completar el plan de "fortalecimiento" del Ministerio Público que puso en marcha, lo que estima que podría tomar "años".

Gils Carbó desechó así las especulaciones de la oposición ante las críticas por algunas de sus decisiones, como denunciar al fiscal José María Campagnoli mientras investigaba la "ruta del dinero K" y la promoción de fiscales subrogantes que militan en Justicia Legítima, a la que considera "un aporte muy positivo" para transparentar el Poder Judicial.

La procuradora, que goza de la misma estabilidad constitucional en su cargo que los ministros de la Corte, reafirmó que no se siente un alfil de la Casa Rosada. "Nunca tuve una actividad militante y, menos, oficialista", sostuvo en el ciclo Conversaciones en LA NACION.



"Cuando impugné la fusión Multicanal y Cablevisión, el presidente Néstor Kirchner la estaba aprobando", dijo Gils Carbó en su defensa. Y siguió: "Otra actuación importante mía fue por Sociedad Comercial del Plata, en el que la carátula del expediente era 'Banco Nación s/estafa', y en el momento del hecho la titular del Banco era Felisa Miceli, y en el momento que hice la denuncia era ministra de Economía de Kirchner. Y más adelante seguí con la misma conducta. Cuando el fiscal Brito pidió la indagatoria de Milani (César, jefe del Ejército), Milani solicitó su remoción e inmediatamente lo rechacé. Durante mi gestión fue procesado el vicepresidente de la Nación (por Amado Boudou), un hecho que jamás había tenido lugar, fue condenada Felisa Miceli, y el fiscal Pollicita impulsó y apeló el desestimiento de la denuncia promovida por Alberto Nisman. El mismo Nisman, al día siguiente de presentar la denuncia, estuvo en la pantalla de TN agradeciendo lo gentil que había sido yo siempre y el apoyo que siempre recibió de mí."

-¿Por qué cree entonces que la tildan de oficialista?

-Creo que eso proviene de sectores políticos y grandes corporaciones económicas interesadas en instalar esa versión.

pd: el resto de la entrevista publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Para el fiscal antilavado, "es difícil investigar al poder"

"Es difícil investigar al poder", dice Carlos Gonella.

Y si lo dice él...

Titular de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Gonella es protagonista, para bien o para mal, de algunas de las investigaciones judiciales sobre lavado más sensibles y relevantes que se registraron en el país durante la última década.



En 2009, Gonella logró la primera condena contra el lavado en la historia del país y ahora acaba de lograr el procesamiento de un supuesto narcotraficante y el embargo de sus bienes por $ 750 millones y otros $ 500 millones sobre los de su esposa. Pero ése es su currículum positivo. También arrastra su propio procesamiento, confirmado ya por la Cámara Federal, que consideró probado que protegió a Lázaro Báez cuando estalló el escándalo con el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña.

Según Gonella, eso no es verdad. "De ninguna manera. Ése es un caso que se ha politizado, un caso resonante que se mediatizó", y destacó que la Procelac actuó de oficio sólo horas después de que Elaskar y Fariña aparecieron en el programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, el domingo 13 de abril de 2013, y envió el material a la Justicia apenas cinco días después. "Se cursó la imputación contra Elaskar y Fariña, y se dejó abierta con respecto al resto de las personas", insistió, en una entrevista dentro del ciclo Conversaciones, de LA NACION.

pd: el link a la nota en la edición impresa, acá.

Hotesur - un largo camino hacia los Kirchner

El juez federal Claudio Bonadío dejó atrás ayer el primero de los varios escollos que afronta para investigar la operatoria hotelera de la familia Kirchner y la ruta del dinero que la une con dos de los empresarios más controvertidos de la última década: Lázaro Báez y Cristóbal López.

La Cámara de Casación Penal se encargó de ese primer escollo. Lo confirmó al frente del "caso Hotesur" -como se llama la sociedad controlante del hotel Alto Calafate-, a pesar de los esfuerzos por recusarlo por la supuesta vulneración de los derechos de defensa de los imputados.

Sin embargo, el juez afronta aún al menos otros dos desafíos. El primero es un intento que llegó del Sur para quitarle la pesquisa por razones de competencia. El objetivo es que Bonadio se desprenda del expediente y lo envíe a Río Gallegos. El segundo pasa por el rol que debe asumir -o no- el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien semanas atrás se tomó una licencia inesperada.

¿Por qué tantas dificultades alrededor de esta investigación? Porque si Bonadio retiene el expediente, avanzará sobre Máximo Kirchner. Y más tarde o más temprano lo citará a indagatoria.

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Lázaro, en el mar de los piratas

Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.

La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.

Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.

¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro, una víctima política...

Dispuesto a jugar a fondo, el empresario patagónico Lázaro Báez reclamó otra vez a la Justicia que lo sobresea de las acusaciones que afronta por lavado. Para eso, apeló a dos cartas: se colocó en el rol de víctima de una persecución más política que judicial y planteó que aun cuando las maniobras bajo sospecha pueden ser hoy cuestionables, no eran delito cuando ocurrieron.

Báez jugó las dos cartas mediante un par de escritos que presentó ante el juez Sebastián Casanello, quien investiga el presunto lavado de fondos a través de la compra de un campo en Mendoza que negoció el valijero Leonardo Fariña.

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"Aunque fuera cierto que el «hombre en las sombras» en la compra del campo de Mendoza hubiese sido" Báez, dijeron sus abogados defensores, Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, "ello no podría configurar el delito de lavado de dinero, pues esa compra se llevó a cabo en diciembre de 2010 y, como es sabido, el denominado «autolavado de dinero» recién adquirió estatus de tipo penal al año siguiente".

Sin la opción del autolavado, avanzaron sus abogados, tanto el fiscal Guillermo Marijuan como el juez Casanello deberían buscar el "delito precedente" por el cual Báez habría obtenido ese dinero negro que luego habría lavado Fariña. Pero, insistieron, "no existe hipótesis de delito previo que pueda imputársele" a Báez.

A partir de allí, el dueño de Austral Construcciones cargó contra quienes considera que lo llevaron al banquillo de acusados, con "denuncias de, por lo general, un mismo grupo de personas vinculadas a cierto sector de la política y cierto sector de la prensa".

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá

Vandenbroele, arrestado nomás

Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, fue arrestado anoche en Mendoza a pedido de la justicia uruguaya, que reclama su extradición por las presuntas operatorias de lavado de activos que le adjudican en ese país para financiar luego su desembarco en la ex Ciccone Calcográfica.

La detención de Vandenbroele se concretó en Chacras de Coria, Mendoza, horas después de que efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Policía Federal comenzaran a buscarlo en esa provincia y en la ciudad de Buenos Aires, tras recibir vía Interpol la orden de captura internacional.

El juez uruguayo contra el Crimen Organizado, Néstor Valetti, había ordenado su captura tras dos intentos fallidos de indagarlo, ya que Vandenbroele -cuyo procesamiento en el caso Ciccone confirmó anteayer la Cámara Federal porteña- nunca se presentó a declarar en Montevideo.

El arresto se concretó minutos después de que llevara a su hija hasta la casa de su ex mujer, Laura Muñoz. Al salir, agentes de la PSA lo detuvieron sin esposarlo, y lo trasladaron a la celda que la fuerza mantiene en el aeropuerto provincial a la espera de órdenes del juzgado federal con competencia en Mendoza.

Horas antes de que se concretara el arresto de Vandenbroele, el juez Valetti había confirmado ante la prensa su "pedido de captura internacional, con alerta roja", aunque se mostró cauto sobre los tiempos judiciales: "Una vez que lo detengan, los tiempos para que esta persona sea extraditada dependerán de la justicia argentina o de la del país donde sea detenido".

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Vandenbroele, Interpol te busca para arrestarte

Un día después de que la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento en el "caso Ciccone", Interpol cursó la orden de captura inmediata en la Argentina de Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou. 

Interpol busca a Vandenbroele en todo el país a pedido de la Justicia uruguaya, donde el juez contra el Crimen Organizado, Néstor Valetti, pretende indagarlo desde hace más de un año por presuntas operatorias de lavado de activos, pero ex abogado monotributista nunca se presentó a declarar.

Con la circular roja ya en Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal comenzaron a buscar a Vandenbroele, por lo que se presentaron en el departamento 3° "B" de la calle Quirno Costa 1273 -domicilio que había declarado ante la Justicia uruguaya-, con resultados negativos.

pd: el resto del anticipo publicado en lanacion.com, acá.

HSBC - cómo operaba en secreto en Suiza

La oferta era tentadora. ¿Necesita sacar fondos del país? No hay problema, firme acá. ¿Quiere evitar que la correspondencia llegue a su casa? Tampoco hay problema, nombre a un intermediario para recibir los papeles. O, mejor, directamente se los guardamos en la sucursal. ¿Desea un eslabón opaco entre usted y su dinero? Le recomendamos una sociedad en un paraíso fiscal. ¿Quiere que su nombre ni aparezca en la cuenta? Para eso tenemos códigos alfanuméricos. Ah, y por cierto, no tiene que viajar a Europa para abrir una cuenta en Suiza: vamos a domicilio.

El HSBC tentó durante años a sus potenciales clientes con ofrecimientos que pocos rechazaron. Al igual que otros muchos bancos que operan en la plaza local, los archivos filtrados por el técnico informático Hervé Falciani al diario Le Monde, que luego compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, en inglés), integrado por LA NACION, revelan asombrosos detalles de la operatoria del HSBC Ginebra.

Las fichas de clientes que los propios empleados del banco escribían exponen estas situaciones. "El cliente informó que la garantía fue cancelada en la sede Buenos Aires", escribieron después de una llamada telefónica del economista David Goldfarb en noviembre de 2005. ¿Qué significa eso? Que los interesados en transferir fondos al exterior no tenían que pasar por Ezeiza o cualquier otro aeropuerto. Y así, por ejemplo, el socio de Miguel Abadi, el argentino que lidera la lista global del HSBC suizo, sólo tuvo que pasar por las oficinas porteñas para ponerse al día con esos papeles.

Si prefiere Nueva York para evitar las leyes argentinas, también podemos oficiar anfitriones. Eso sucedió en junio de 2005, cuando Amalia Lacroze de Fortabat concretó la venta de Loma Negra cerca del Central Park, para evitar, así, el encaje bancario que ordenaba el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna. Aunque se trataba de una empresa argentina, el dinero nunca pasó por aquí: de Estados Unidos a Suiza sin escalas.

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Uruguay pide la captura de Vandenbroele

Mientras la muerte de Alberto Nisman domina la Argentina, la Justicia uruguaya ordenó la detención del presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, por su reiterada negativa a presentarse en Montevideo a defenderse de las sospechas por lavado de activos que lo rodean en ese país.

La orden de detención se sumó así al pedido de extradición que dispuso el juez penal en Crimen Organizado Néstor Valetti. Lo ordenó luego de que Vandenbroele faltara dos veces a las citaciones indagatorias en las que debía explicar una transferencia desde Uruguay con la que financió a The Old Fund y tomó el control de la ex Ciccone Calcográfica.

De este modo, si Vandenbroele ingresara a territorio uruguayo como otros miles de turistas argentinos durante la temporada de verano quedaría detenido en el acto.

El único rostro visible de The Old Fund optó, sin embargo, por refugiarse en Mendoza durante el verano, donde cumple con el régimen de visitas de la hija menor de edad que tuvo con su ex mujer Laura Muñoz.

Procesado por el juez federal Ariel Lijo como presunto partícipe necesario de Boudou y de su socio José María Núñez Carmona en los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles y a la espera de una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, Vandenbroele sobrellevó contratiempos públicos durante los últimos meses. El último, en una plaza de Mendoza, donde afrontó las recriminaciones de quienes lo reconocieron.

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