Báez - ahora Casanello apura a la AFIP

El juez federal Sebastián Casanello intimó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a que entregue "en el plazo de 72 horas" toda la información que posea sobre Lázaro Báez y todo el conglomerado de colaboradores y empresas que lo rodean para avanzar con el análisis contable de toda su operatoria.

Casanello (foto, abajo) había impartido esa orden a mediados de septiembre, pero recién se concretó esta semana, previa a la segunda vuelta electoral, cuando el oficio llegó a la sede de la AFIP para que aporte el material "imprescindible" que necesitan los peritos para analizar la solidez de las cuentas del empresario ultrakirchnerista.

La AFIP recibió, así, la orden de informar el "legajo completo con toda la información (compras, ventas, consumos relevantes, acreditaciones bancarias) obrante en la base de datos de la AFIP sobre cada una de las personas jurídicas (suman 22) y físicas (14)", según indicó el magistrado, que está a cargo de investigar la llamada "ruta del dinero K".
Los documentos

En especial, abundó Casanello, la AFIP deberá remitir "las copias de cada una de las distintas declaraciones juradas impositivas y las impresiones de pantallas que muestran la composición de cada uno de los rubros que integran tales declaraciones", durante el "período 2008 -2013".

Esos son los años en que se sospecha que Báez habría canalizado fondos negros de la familia presidencial Kirchner.

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Caso Hotesur - piden apartar a Rafecas

La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió ayer la recusación del juez federal a cargo del "caso Hotesur", Daniel Rafecas. Lo acusó de perder la imparcialidad propia de un magistrado e incumplir con las normas vigentes para instruir el expediente que protagonizan la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Stolbizer consideró que Rafecas violó "las garantías de juez imparcial" por dos motivos. El primero, por los modos ofensivos y prejuiciosos con que abordó sus planteos en el expediente, en el que la legisladora figura como "pretensa querellante". El segundo, porque estimó que el magistrado incumplió con las normas desde que reemplazó como juez de esa causa a su colega Claudio Bonadio.

En Tribunales, se descuenta ahora que Rafecas rechazará los planteos de Stolbizer, por lo que será la Cámara Federal la que deberá definir si el juez conserva el expediente o si lo suma a Bonadio en la lista de jueces apartados de la investigación en marcha por presunto lavado de activos en el hotel Alto Calafate de los Kirchner.

Salvo que Rafecas admita su recusación, el planteo de Stolbizer terminará en la Cámara, donde los integrantes de la Sala I -Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- definirán qué hacer.

En la Cámara, sin embargo, Stolbizer afrontará otro desafío. Al reafirmar que el expediente debe continuar en Buenos Aires -en vez de girarse a Río Gallegos, como pretendían Báez y la familia presidencial-, tanto Ballestero como Freiler ya expresaron duras críticas sobre la causa, al punto que el segundo llegó a caracterizarla como una "excursión de pesca" (ver aparte).

De todos modos, el propio Freiler también afronta sus propios problemas judiciales. Por un lado, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi admitió la primera tanda de medidas de prueba que requirió el fiscal Ramiro González para determinar si el camarista se enriqueció de manera ilegal, como denunció Ricardo Monner Sans.

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Cristóbal también gatilla $$$

Dos socios de Máximo Kirchner recibieron casi $ 1.200.000 por mes del empresario patagónico Cristóbal López por el alquiler de inmuebles y maquinarias, y por brindarle "asesoramiento inmobiliario", según surge de constancias que obtuvo LA NACION durante las últimas semanas.

Los receptores de esos pagos son Osvaldo Sanfelice, responsable de la gerenciadora del hotel Alto Calafate en la actualidad, y el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho, ambos socios del hijo de la Presidenta en una inmobiliaria de Río Gallegos.

Los movimientos se hicieron a través de una sociedad que en la actualidad figura con el CUIT inhabilitado por la AFIP y en la que figura como socio un ex docente fallecido meses atrás. Sanfelice y Sancho recibieron esos millones del bolsillo personal del propio López y de tres de sus empresas del Grupo Indalo: la petrolera Oil M&S, la fábrica Álcalis de la Patagonia y la constructora CPC SA.

Esos pagos aportan así un nuevo vínculo comercial entre el llamado "zar del juego" y el entorno más íntimo de la familia presidencial. Se suman así a los alquileres de dos departamentos y cinco cocheras de la Presidenta en el complejo Madero Center de Puerto Madero, y el histórico departamento de la familia Kirchner en la esquina de Uruguay y Juncal, en Recoleta.

Consultados por LA NACION, desde el Grupo Indalo confirmaron la veracidad de esos pagos, a los que restaron cualquier arista política. "Cristóbal conoce desde hace años a Sanfelice y mantiene vínculos personales y comerciales con él", indicó uno de sus voceros, que indicó que las facturas corresponden a "servicios" que prestó el socio en común que López mantiene con Máximo Kirchner. "Entre todas las empresas del Grupo [Indalo] tenemos alquilados más de 400 equipos de una larga lista de proveedores, no sólo de Sanfelice", explicaron.

Para recibir dinero de López, Sanfelice y Sancho recurrieron en especial a la firma Agosto SA, una sociedad constituida con fines inmobiliarios y comerciales, para la construcción y hasta como agencia de viajes, según consta en los registros societarios que obtuvo LA NACION.

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Kirchner y Báez - repaso de una relación

"Si soy amiga de él, necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta una de las pocas veces que aludió a Lázaro Báez en público, aunque sin nombrarlo, mientras lo comparaba con otros contratistas de obra pública que, según el Ministerio de Planificación Federal, recibieron más fondos del Estado nacional.

Otros empresarios reciben, en efecto, más dinero de las arcas públicas nacionales que Báez. Pero ninguno acumula tantos lazos con la familia presidencial como él. Tantos, que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, al intentar desmentir que fueran "socios", admitió que mantienen múltiples "vínculos comerciales" entre sí.

Parte de esos vínculos aparecieron en cajones del escritorio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, Negocios Inmobiliarios SA, en el allanamiento que el juez Claudio Bonadio ordenó a mediados de julio. Días después lo apartó la Sala I de la Cámara Federal porteña -la más cercana al Gobierno-.

¿Qué encontraron los colaboradores de Bonadio? Facturas, cheques, poderes y contratos de alquiler cruzados entre Báez y Néstor Kirchner, una relación comercial que siguió con Máximo, según surge del acta del allanamiento, cuya copia reveló LA NACION a mediados de agosto.

Pero la relación es más profunda. Al mismo tiempo que Báez pagaba por miles de habitaciones y salones en los hoteles de la familia Kirchner, se convertía en condómino con la Presidenta en un terreno de El Calafate, prestaba millones de Austral Construcciones al ex presidente -sin cobrarle intereses-, y compraba la casa familiar en Río Gallegos.

Mientras Báez colaboraba con los ingresos familiares de los Kirchner, el Gobierno le otorgó más de $ 8800 millones en contratos de obra pública, en particular a través de Austral Construcciones, creada días antes del ingreso de los patagónicos en la Casa Rosada, en mayo de 2003, y que terminó de registrarse ante la AFIP semanas después.

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Hotesur - trabas a los operativos

Los libros de la sociedad hotelera presidencial, Hotesur, no estaban en su sede legal. Tampoco en el hotel Alto Calafate. Ni en las oficinas del contador. Por eso, los emisarios del juez federal Claudio Bonadio, que los buscaron en Buenos Aires, El Calafate y Río Gallegos, terminaron los operativos con las manos vacías. Sólo los entregó luego una sobrina de la Presidenta, Romina Mercado.

Las dificultades para capturar documentos sensibles de los hoteles de la familia Kirchner para la investigación por presunto lavado de activos no terminaron allí. Los colaboradores de Bonadio tampoco encontraron los archivos de Alto Calafate y Las Dunas mientras los administró Lázaro Báez, según surge de las actas de los operativos del 13 de julio que pudo ver LA NACION. Báez los gerenció por medio de Valle Mitre SA entre 2009 y 2013, período en el que recibió más de $ 8000 millones de obra pública. Los Kirchner lo apartaron cuando estalló el escándalo del valijero Leonardo Fariña.

Desde entonces lo administra Idea SA, creada por el ex gobernador Carlos Sancho, otro socio de Máximo Kirchner, aunque un tercer socio, Osvaldo Sanfelice, asumió el rol público más predominante.

Todo ese material sensible no estaba ni siquiera en los hoteles, donde sólo guardan desde 2013 en adelante. Es decir, desde que pasó a gerenciarlos "Bochi" Sanfelice, también socio y empleado de Cristóbal López.

No sólo eso. Porque cuando fueron a buscar al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares -el mismo que el juez Norberto Oyarbide tomó como "perito de parte" en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner-, se encontraron con que ya no trabajaba en su domicilio declarado. Y que en su nueva oficina tampoco estaba el material. De hecho, había borrado archivos de una PC.

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De los Kirchner a Lázaro, vía un escritorio

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

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Lázaro y el piso de los $ 8000 millones

Después de años de especulaciones y cálculos oficiosos, el Gobierno al fin informó cuánto dinero le entregó a Lázaro Báez. Mientras el empresario, socio de los Kirchner, pagaba (sin usar) cientos de habitaciones y salones en los hoteles de la familia presidencial, la Casa Rosada le otorgó más de $ 8000 millones en decenas de contratos de obra pública durante la última década. Así consta en un informe reservado que el Gobierno envió a la Justicia, del cual LA NACION obtuvo una copia.

Hay de todo. Desde pavimentación de calles hasta construcción de hospitales, cloacas y escuelas. Pero su fuerte son las obras viales: cientos de cuadras, rutas, avenidas, rotondas, empalmes y circunvalaciones. Casi 60 obras a un valor promedio de $ 146 millones por contrato.

Los montos son variados. Van de $ 3,1 millones a $ 637 millones, con decenas de contratos, casi todos firmados por Austral Construcciones, la nave insignia del grupo Báez. Entre otros, para obras en la cuenca del río Salado, en la inundada provincia de Buenos Aires, por $ 239,1 millones, en sociedad con Ecodyma, una constructora que atravesó turbulencias por facilitarle un helicóptero al vicepresidente Amado Boudou.

Fechado el 15 de marzo pasado, el informe oficial, de diez carillas, duerme dentro de la causa sobre los negocios y sociedades de la familia presidencial que empezó con la denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer e instruyó durante meses el juez federal Claudio Bonadio. Hasta que la Cámara Federal porteña le quitó el expediente, que quedó en manos de su colega Daniel Rafecas.

¿Por qué pidió Bonadio ese informe? Porque quería verificar si existía un circuito de dinero entre los Kirchner y Báez. ¿Cuál era la hipótesis? Que el Gobierno le giraba fortunas en obra pública a Báez, que luego entregaba parte de esos fondos a la familia presidencial mediante los alquileres de las habitaciones y los salones de los hoteles, y de los inmuebles de los Kirchner en El Calafate y Río Gallegos.

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AFIP confirma negocios entre los Kirchner y Lázaro

Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadío hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.

Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.

Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.

¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.

Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.

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Zuvic, los Kirchner y los negocios

Entrevista a la líder de la Coalición Cívica en Santa Cruz, Mariana Zuvic.

Hotesur - un largo camino hacia los Kirchner

El juez federal Claudio Bonadío dejó atrás ayer el primero de los varios escollos que afronta para investigar la operatoria hotelera de la familia Kirchner y la ruta del dinero que la une con dos de los empresarios más controvertidos de la última década: Lázaro Báez y Cristóbal López.

La Cámara de Casación Penal se encargó de ese primer escollo. Lo confirmó al frente del "caso Hotesur" -como se llama la sociedad controlante del hotel Alto Calafate-, a pesar de los esfuerzos por recusarlo por la supuesta vulneración de los derechos de defensa de los imputados.

Sin embargo, el juez afronta aún al menos otros dos desafíos. El primero es un intento que llegó del Sur para quitarle la pesquisa por razones de competencia. El objetivo es que Bonadio se desprenda del expediente y lo envíe a Río Gallegos. El segundo pasa por el rol que debe asumir -o no- el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien semanas atrás se tomó una licencia inesperada.

¿Por qué tantas dificultades alrededor de esta investigación? Porque si Bonadio retiene el expediente, avanzará sobre Máximo Kirchner. Y más tarde o más temprano lo citará a indagatoria.

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Máximo, las cuentas y la grieta periodística

Durante los últimos días salieron a la luz datos sobre supuestas cuentas secretas de Máximo Kirchner, el primogénito del matrimonio presidencial. Por Twitter (ver acá) sugerí cautela anoche y ahora hasta Víctor Hugo Morales me cita para defenestrar que existan esas cuentas.

Vamos de nuevo a ver si se entiende:

1. Respeto a Daniel Santoro del diario Clarín como a pocos colegas;

2. Sólo digo que información sobre esas supuestas cuentas circula desde 2011, que desde entonces la tenemos en el diario y que los papeles disponibles muestran inconsistencias;

3. Planteo que hay que moverse con cautela;

4. ¿Pueden existir esas cuentas? Sí, pero la data que circula contiene errores; y

5. Agradezco a Víctor Hugo (al que de verdad le deseo lo mejor) que me cite al aire en su programa como supuesto auditor de calidad de información sobre esas supuestas cuentas. Espero que haga lo mismo al abordar mi trabajo sobre Hotesur, Ciccone, Lázaro Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime, Embajada Paralela, Muertos durante la inundación de La Plata y varias investigaciones más que publiqué durante los últimos años.

Porque si ahora me van a insultar de un lado de la grieta porque me "vendí" al kirchnerismo y que no entiendo nada, y van a responder del otro lado de esa grieta con que soy un cipayo de Héctor Magnetto y un gorilón de doble apellido, la verdad es más simple: me importa un bledo. Seguiré con mi trabajo de periodista como en los tiempos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, como ahora con Cristina Fernández y como será, si Dios quiere y me lo permite, con quien venga después.

¿Se entendió ahora mi posición?

salutes,

"Bochi", el puente entre Máximo y Cristóbal

El dueño de todos los secretos inmobiliarios de la familia presidencial Kirchner, Osvaldo Sanfelice, fue el enlace clave para concretar los millonarios contratos de alquiler que unen a la familia Kirchner con el empresario patagónico Cristóbal López, confirmaron a LA NACION fuentes del Grupo Indalo al tanto de la operatoria.

Conocido como "Bochi", Sanfelice es un agente de bienes raíces de 65 años, de Río Gallegos, donde conoció y se convirtió en íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Ya con él en la Casa Rosada, en 2005, se convirtió en socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios, y en 2008 apareció como socio de López en la firma Talares de Posadas.

López siempre negó ser socio de Sanfelice, aun cuando los documentos así lo consignan. Sostiene que nunca prosperó el proyecto hotelero que evaluaron juntos. Pero el vínculo -Sanfelice también aparece como empleado suyo en la empresa Alcalis de la Patagonia SA- terminó por fructificar en los alquileres de un departamento, una oficina y cinco cocheras que los Kirchner poseen en el complejo Madero Center, de la ciudad de Buenos Aires.

Sólo entre junio de 2014 y enero de este año, López pagó $ 2,8 millones por esos alquileres en Puerto Madero a través de dos de sus empresas, Inversora M&S SA y, otra vez, Alcalis de la Patagonia SA, según reveló LA NACION el domingo pasado. Molesto, el empresario salió al ruedo con una solicitada en la que destacó que la operatoria es legal, y que la nacion y Clarín intentan una "extorsión pública".

Junto al llamado "zar del juego" indicaron a LA NACION, además, que la operatoria comenzó hace dos años "por lo menos". Y que esos contratos con valores pactados en dólares los firmó Máximo Kirchner, por lo que la familia presidencial embolsó varios millones de pesos más por esa operatoria comercial.

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Lázaro, una víctima política...

Dispuesto a jugar a fondo, el empresario patagónico Lázaro Báez reclamó otra vez a la Justicia que lo sobresea de las acusaciones que afronta por lavado. Para eso, apeló a dos cartas: se colocó en el rol de víctima de una persecución más política que judicial y planteó que aun cuando las maniobras bajo sospecha pueden ser hoy cuestionables, no eran delito cuando ocurrieron.

Báez jugó las dos cartas mediante un par de escritos que presentó ante el juez Sebastián Casanello, quien investiga el presunto lavado de fondos a través de la compra de un campo en Mendoza que negoció el valijero Leonardo Fariña.

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"Aunque fuera cierto que el «hombre en las sombras» en la compra del campo de Mendoza hubiese sido" Báez, dijeron sus abogados defensores, Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, "ello no podría configurar el delito de lavado de dinero, pues esa compra se llevó a cabo en diciembre de 2010 y, como es sabido, el denominado «autolavado de dinero» recién adquirió estatus de tipo penal al año siguiente".

Sin la opción del autolavado, avanzaron sus abogados, tanto el fiscal Guillermo Marijuan como el juez Casanello deberían buscar el "delito precedente" por el cual Báez habría obtenido ese dinero negro que luego habría lavado Fariña. Pero, insistieron, "no existe hipótesis de delito previo que pueda imputársele" a Báez.

A partir de allí, el dueño de Austral Construcciones cargó contra quienes considera que lo llevaron al banquillo de acusados, con "denuncias de, por lo general, un mismo grupo de personas vinculadas a cierto sector de la política y cierto sector de la prensa".

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Cristóbal y la sucesión de Néstor Kirchner

A los millones que los Kirchner recibieron del "zar del juego", Cristóbal López,  por los alquileres de Puerto Madero se suma otra fuente de ingresos: el Grupo Indalo también alquila el histórico departamento de la familia presidencial en el barrio porteño de Recoleta. Y la operación tiene una particularidad: se factura a través de la sucesión aún abierta del ex presidente Néstor Kirchner, según documentos, recibos y testimonios que obtuvo y verificó LA NACION.

Los Kirchner embolsaron más de $ 200.000 en ocho meses gracias a este nuevo alquiler -a razón de 26.000 pesos mensuales por un contrato con precios pactados en dólares-, aunque el vínculo comercial por esa propiedad lleva al menos dos años, según informaron voceros del Grupo Indalo. Se suma así a los otros $ 2,8 millones que cobró la familia presidencial, también en apenas ocho meses, por los inmuebles de Puerto Madero.

Las rentas por el departamento de la esquina de las calles Uruguay y Juncal aportan además un nuevo vínculo comercial que une a los Kirchner con Cristóbal López, uno de los empresarios que más crecieron durante la última década, con ramificaciones en las industrias del juego, petrolera, inmobiliaria y de medios de comunicación, entre otras.

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Los Kirchner y Cristóbal, negocios en marcha

Lázaro Báez no está solo a la hora de pagar millones a la familia presidencial. El "zar del juego", Cristóbal López, también mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, según consta en documentos que obtuvo LA NACION.

Como resultado de ese vínculo comercial, hasta ahora secreto, la Presidenta y sus hijos recibieron al menos $ 2,8 millones de López durante los últimos ocho meses, aunque la operatoria y los pagos a los Kirchner comenzaron mucho antes, hace por lo menos dos años.

La operatoria abarca un departamento, una oficina y cinco cocheras en la meca del kirchnerismo, el complejo de lujo Madero Center. Allí compraron los Kirchner, vive el vicepresidente Amado Boudou y funcionó "La Rosadita", la financiera por la que se sospecha que Báez sacó decenas de millones de dólares de la Argentina.

Para facturar esos ingresos millonarios, la familia presidencial recurrió a la sociedad Los Sauces SA, mientras que López -uno de los empresarios que más se expandieron durante la última década- dividió los pagos entre dos de sus empresas, Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, en las que también aparecen su socio y lugarteniente, Fabián de Sousa. 

Consultados por LA NACION, los voceros del Grupo Indalo confirmaron los alquileres, pero le restaron relevancia. "Sí, en efecto, esos alquileres comenzaron hace al menos dos años, cuando Máximo y De Sousa firmaron el contrato", precisaron.

El propio De Sousa resultó un factor decisivo en la operatoria. Él vivió en uno de esos departamentos de los Kirchner, según indicaron vecinos y el servicio de seguridad del complejo, como también voceros del Grupo Indalo que controlan López y De Sousa, quien ya no vive allí.

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Los Kirchner - primeras inconsistencias contables

La deuda ya era conocida. Pero no el escueto documento que así lo expone y las preguntas que deja abiertas. El empresario Lázaro Báez figuró como acreedor del ex presidente Néstor Kirchner por $ 8,3 millones sin que la deuda aumentara por intereses con el paso de los años. Ahora, por primera vez, sale a la luz ese documento. Es apenas una carilla, escueta y cuestionable, según tres contadores consultados por LA NACION.

Firmado por un apoderado de Austral Construcciones, Martín Jacobs, ese documento sólo detalla que la firma contaba con un "crédito a cobrar al 31/12/2007" sobre Kirchner por $ 8.329.596,50 repartidos en cuatro facturas: una de diciembre de 2006 y las tres restantes de diciembre de 2007. Pero en las declaraciones juradas de los Kirchner esa deuda apareció detallada de un modo muy distinto. O ni siquiera apareció.

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Esos y otros datos llamativos en la contabilidad de la familia presidencial quedaron dentro de la investigación que instruye el juez federal Claudio Bonadío. El magistrado solicitó las declaraciones juradas que los Kirchner y su sociedad hotelera Hotesur presentaron ante la AFIP.

Esas declaraciones podrían exponer incongruencias en el reparto del acervo sucesorio tras la muerte de Kirchner. Por ejemplo, que la presidenta Cristina Fernández registró $ 31,6 millones por la disolución de la sociedad conyugal, mientras que sus hijos, Máximo y Florencia, declararon cerca de $ 40 millones por la otra mitad.

Los movimientos societarios y bancarios de Máximo Kirchner también son ahora observados, con algunos primeros datos curiosos. Entre otros, que al abrir una cuenta bancaria en 2013 fijó su domicilio en el piso 3 de la avenida Belgrano 265 de Buenos Aires. Allí trabajaba el contador del primer accionista de Hotesur, Jorge Giovanakis. Pero ese contador se mudó de allí hace años, según recuerdan en el edificio.

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Báez - control total sobre los hoteles K

Los contadores de Lázaro Báez no sólo se encargaron de los números de Valle Mitre, la firma con que el empresario gerenció los hoteles Alto Calafate y La Aldea, y la hostería Las Dunas. También controlaron, revisaron y ajustaron la operatoria interna de los tres establecimientos, según consta en los registros contables del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

Ese acceso irrestricto de Báez a los números internos de los hoteles de la familia Kirchner le permitió conocer en detalle, por ejemplo, la facturación neta de IVA, mes a mes y durante años, de los tres establecimientos, como así también del restaurante La Usina.

No sólo eso. Los contadores del empresario patagónico sospechado de ser testaferro de la familia presidencial también supervisaron las reservas y ventas de habitaciones de los tres establecimientos desde mediados de 2009, con análisis por gráficos de los índices de ocupación de cada hotel, ya fuera en temporada alta, media o baja. 

Ese acceso a los números internos de cada establecimiento llegó a tal punto que Báez pudo conocer, entre otros, los ingresos y gastos de lavandería o telefonía en el hotel Alto Calafate.

Esos registros internos, a los que accedió LA NACION, muestran por ejemplo que, en enero de 2011, el Alto Calafate registró ingresos por $ 934.486 en concepto de habitaciones, otros $ 1145 por lavandería y tintorería, y $ 11.503 en el rubro "health club".

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Hotesur - contadores de Lázaro al mando

Un grupo de contadores del empresario patagónico Lázaro Báez se encargó durante años de la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate, según surge de documentos internos del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

El control contable fue total y profundo. Desde 2009 manejó la facturación del Alto Calafate. También supervisó sus índices de ocupación y sus gastos operativos, a tal punto de conocer la cifra exacta y hasta en centavos, por ejemplo, de sus gastos declarados de telefonía, lavandería, desayuno, tintorería y health club, entre otros.

La operatoria la lideró un estrecho colaborador de Báez, César Gerardo Andrés, quien también supervisó la contabilidad de Austral Construcciones y del resto del grupo de empresas y sociedades del ex empleado del Banco de Santa Cruz, que durante más de un año y medio pagó más de 1100 habitaciones por mes en los hoteles de la familia presidencial sin usar esas reservas.

Andrés actuó -y aún lo sigue haciendo- desde su oficina de la calle Libertad 141 de Río Gallegos. Pero no fue el único lugarteniente del grupo Báez que se involucró en los registros de Hotesur y del Alto Calafate. También lo hizo otro contador de extrema confianza del empresario, Daniel Pérez Gadín, quien antes de desembarcar en la financiera SGI de Federico Elaskar subió a Internet su propio currículum, en el que detalló entre sus "clientes" al hotel de lujo de los Kirchner.

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Hotesur - sin reporte antilavado desde IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) no emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de activos ante las irregularidades detectadas en la sociedad de la familia Kirchner Hotesur SA, pese a las normativas de la propia IGJ y de la unidad antilavado (UIF). Pero para el organismo que depende del Ministerio de Justicia se trató de apenas una "falta administrativa leve", punible con una multa.

La obligación de emitir esa alerta surge de dos resoluciones de la UIF y de un manual de procedimientos que emitió la IGJ. Las tres normativas imponen reportar a las autoridades antilavado cuando una sociedad oculta información interna que está obligada a entregar o entrega datos falsos. Por ejemplo, sobre su domicilio, sus balances o sus beneficiarios finales.

Ese reporte de operación sospechosa (ROS) debió abarcar a la sociedad en sí, Hotesur SA, como también a sus accionistas, de modo de abrirle la puerta a la UIF para que analizara por su cuenta si correspondía iniciar una investigación por presunto lavado.

La obligación de la IGJ respecto de Hotesur debió incluso ser superior a la normal porque la normativa antilavado así lo dispone cuando algún protagonista bajo sospecha es una "persona políticamente expuesta", como la presidenta Cristina Kirchner y sus familiares.

Sin embargo, la posición oficial sobre la sociedad hotelera de la familia Kirchner es una "irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo", según la caracterizó anteayer el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

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Hotesur (Kirchner) admite, promete y ataca

En un duro comunicado sin firma de ninguno de sus accionistas o directivos, la sociedad hotelera de la familia Kirchner, Hotesur SA, admitió ayer que incurrió en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque afirmó que inició "un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable".

Hotesur relativizó esas falencias y criticó a los medios. Los acusó de "presentar como delictivo" el incumplimiento de trámites ante la IGJ como el cambio de domicilio de la sociedad. También criticó al juez de la causa, Claudio Bonadio, y, sin mencionarla, a la diputada Margarita Stolbizer, que radicó la denuncia penal ante el juez, sin sorteo de por medio. Días después, Bonadio allanó la IGJ y una sede "fantasma" de la empresa.

Pese a que Hotesur es una empresa privada, su comunicado se difundió a través de tres canales oficiales: la agencia Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter. Ocurrió horas después de que LA NACION y Clarín revelaran múltiples faltantes, irregularidades e inconsistencias de esa sociedad ante la IGJ. Para la empresa de Cristina Kirchner, fueron "notas aparecidas en forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al Gobierno".

Con sus explicaciones, sin embargo, Hotesur confirmó que adeuda el pago de tasas, no presenta los balances y varios otros trámites ante la IGJ, como impone la ley, y dejó al descubierto nuevas contradicciones y faltantes.

Entre otras, sostuvo que en marzo de 2010 se decidió mudar el domicilio legal a la provincia de Santa Cruz con la firma de uno de sus socios, el ex presidente Néstor Kirchner. Pero tanto su hijo, Máximo Kirchner, durante una asamblea celebrada en 2011, como el presidente del directorio, Osvaldo Sanfelice, al firmar una declaración jurada en 2012, reafirmaron el domicilio social en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, que la Justicia ya verificó que para entonces ya no ocupaban. ¿Ambos presentaron documentos ante la IGJ con un domicilio falso, según el propio comunicado de Hotesur?

Con respecto a los balances, la firma indicó que está en un "proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable de los períodos 2011, 2012 y 2013", que de todos modos aclaró que fue presentada "en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI".

Pero ambos organismos cumplen distintas funciones dentro de la administración pública, con regulaciones y prácticas distintas. Mientras los documentos presentados ante la AFIP quedan protegidos por el "secreto fiscal" -sin que terceros puedan acceder a ellos-, la IGJ actúa por ley como un Registro Público de Comercio y cualquier particular podría pedir copia de la documentación, aun cuando el "cepo" informativo que se montó desde el "caso Ciccone" lo impide en la práctica.

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