Dos versiones para un documento

El primer pedido de moratoria que hizo la ex Ciccone Calcográfica fue el más polémico de todos. Y aunque al final esa solicitud inicial fue rechazada, demostró la disposición que había en el Gobierno por beneficiar a la empresa con beneficios especiales.

Este intento incluyó una jugada desconocida hasta ahora. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, buscó otorgarle a la empresa una quita explosiva, que poco después, cuando La Nación difundió la decisión, intentó diluir con un desprolijo agregado a mano en el expediente para atenuar el grado de beneficios.

El primer pedido que hizo la ex Ciccone para afrontar su deuda consistió en un plan de 20 cuotas anuales –una por año–, sin intereses, y sólo por el capital adeudado. Es decir, que sobre una deuda total de más de $ 247 millones, sólo devolvería $ 62,7 millones. Es decir, el 25,3% del total.

Así se inició el expediente administrativo 1-257899-2010, que es el que trata en la AFIP el pedido de la imprenta. Ese documento circuló por varias áreas de la agencia, en las que se sostuvo que Echegaray podía arrogarse facultades propias del juez de la quiebra, Javier Cosentino, y disponer quitas sobre las deudas de la empresa, apoyado en las facultades discrecionales que le otorga el artículo 32 de la ley 11683, que es la que define el funcionamiento de la AFIP.

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Acertijo doble

El misterio alrededor de la ex Ciccone Calcográfica es cada vez mayor. Tras revisar informes que sumados acumularon cientos de páginas, el síndico que controla su resurgimiento de la quiebra no logró resolver los dos grandes enigmas que rodean a la empresa que preside Alejandro Vandenbroele: quiénes son sus nuevos dueños y quiénes aportaron más de $ 47,5 millones que la imprenta utilizó para afrontar salarios y deudas durante los meses previos a obtener sus primeros contratos con el Gobierno.

Ambas incógnitas quedaron expuestas en el expediente de la quiebra de la ex Ciccone que tramita ante el juez en lo Comercial Javier Cosentino, luego de que el síndico Martín Stolkiner presentó su último informe el viernes último, pero que sólo resultó accesible desde ayer.

Stolkiner expuso que pudo revisar balances, estados contables, auditorías y otros documentos de la empresa, pero en lo que quedó claro que Vandenbroele –investigado por la Justicia por lavado de activos y como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou– intentó afrontar ambos enigmas del modo más escueto posible.

La ex Ciccone, por el contrario, sí aportó más detalles sobre cómo incumplió con el pago de los aportes previsionales de sus trabajadores, rojo que luego cubrió con múltiples moratorias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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Lázaro, la AFIP y las facturas truchas

La megainvestigación penal sobre las facturas truchas sigue viva. En terapia intensiva, pero viva al fin. Ahora, resta saber por cuánto tiempo más. Acaso por eso, y a pesar de los múltiples escollos, los sabuesos judiciales decidieron ahondar en una de las empresas más sensibles, la constructora Gotti SA, vinculada al poderoso empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Los investigadores solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informara si el acogimiento de Gotti SA a la polémica moratoria impulsada por el Gobierno en 2009, por entre 75 y 100 millones de pesos, abarcó todas sus deudas tributarias.

El requerimiento a la AFIP se concentra en dos ejes. El primero es analizar si abarcó las eventuales deudas correspondientes a 2008; el segundo, revisar las facturas falsas que canceló Gotti para determinar si son todas las detectadas.

En público, y hasta acogerse a la moratoria, la constructora liderada por Sergio Gotti siempre negó sus problemas tributarios. En noviembre de 2008 publicó una solicitada en un diario de Río Gallegos para afirmar que no tenía "ninguna deuda, ni fiscal, ni provisional, ni aduanera" y que no había sido intimada por la AFIP, lo que calificó de versión "antojadiza".

La mudanza del domicilio fiscal a Buenos Aires también le permitió a Gotti SA que su legajo tributario recalara en la Región Sur Metropolitana de la AFIP, en manos del director Andrés Vázquez, protagonista de polémicas resonantes.

De ésa y otra causa en las que se investigan las usinas de facturas surgen datos incómodos para el poder político y económico. Entre ellos, los vínculos entre un presunto "intermediario mayorista" de esos remitos apócrifos, Diego Díaz Bonilla, y el jefe de asesores del ministro Julio De Vido, José María Caula.

Sin embargo, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comenzó a tomar medidas que afectaron la investigación. Así, no sólo modificó toda la línea jerárquica en la Región Sur Metropolitana, por debajo de Vázquez, que debía revisar los papeles de Gotti, sino que ordenó el retiro de los dos contadores que colaboraban con los fiscales en la "megacausa Viazzo" desde hacía años.

Al menos hasta el año 2000 inclusive, el propio Echegaray trabajó como abogado de esa constructora, según reveló Perfil, para representarla incluso ante organismos públicos como la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

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