"Si soy amiga de él, necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta una de las pocas veces que aludió a Lázaro Báez en público, aunque sin nombrarlo, mientras lo comparaba con otros contratistas de obra pública que, según el Ministerio de Planificación Federal, recibieron más fondos del Estado nacional.
Otros empresarios reciben, en efecto, más dinero de las arcas públicas nacionales que Báez. Pero ninguno acumula tantos lazos con la familia presidencial como él. Tantos, que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, al intentar desmentir que fueran "socios", admitió que mantienen múltiples "vínculos comerciales" entre sí.
Parte de esos vínculos aparecieron en cajones del escritorio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, Negocios Inmobiliarios SA, en el allanamiento que el juez Claudio Bonadio ordenó a mediados de julio. Días después lo apartó la Sala I de la Cámara Federal porteña -la más cercana al Gobierno-.
¿Qué encontraron los colaboradores de Bonadio? Facturas, cheques, poderes y contratos de alquiler cruzados entre Báez y Néstor Kirchner, una relación comercial que siguió con Máximo, según surge del acta del allanamiento, cuya copia reveló LA NACION a mediados de agosto.
Pero la relación es más profunda. Al mismo tiempo que Báez pagaba por miles de habitaciones y salones en los hoteles de la familia Kirchner, se convertía en condómino con la Presidenta en un terreno de El Calafate, prestaba millones de Austral Construcciones al ex presidente -sin cobrarle intereses-, y compraba la casa familiar en Río Gallegos.
Mientras Báez colaboraba con los ingresos familiares de los Kirchner, el Gobierno le otorgó más de $ 8800 millones en contratos de obra pública, en particular a través de Austral Construcciones, creada días antes del ingreso de los patagónicos en la Casa Rosada, en mayo de 2003, y que terminó de registrarse ante la AFIP semanas después.
pd; el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.
