Lázaro y el encubrimiento desde el Estado

Por triplicado, la diputada Margarita Stolbizer avanzó otro paso sobre la familia Kirchner y su supuesto socio y testaferro Lázaro Báez. Ahora les pidió al Gobierno y a la Justicia que investiguen el entramado de complicidades dentro del Estado nacional que le habrían permitido al empresario, afirmó, amasar fortunas sin ningún tipo de control ni contratiempo durante la última década. En particular, en el Banco Nación y en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Stolbizer sostuvo que el banco y la IGJ facilitaron que Báez instrumentara el paulatino blanqueo de la fortuna de la familia Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Así lo planteó en tres escritos complementarios. Dos los presentó ayer, ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; y el restante lo entregará hoy, al juez federal Sebastián Casanello.

Según Stolbizer, el primer paso del presunto contubernio se plasmó cuando "el Gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas de Báez y a su vez le otorgaba créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias". Y luego, añadió, "como garantía Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata". De ese modo, resumió, "el Estado daba las obras, el Estado le pagaba cifras millonarias por las obras, el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar. Lázaro Báez no puso un peso en estos años para pagar los préstamos".

Mientras eso ocurría dentro del Banco Nación, la legisladora y ex candidata a presidenta sostuvo que la IGJ toleró múltiples "irregularidades e incumplimientos" a la empresa Austral Construcciones. Entre otros, que no inscribiera sus autoridades, no presentara sus estados contables y fijara un capital social "ridículo para afrontar las millonarias deudas" que acumuló, mientras que, al mismo tiempo, recibió más de $ 8800 millones de fondos nacionales en obra pública, según un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal que reveló LA NACION en agosto.

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Facturas truchas: Lázaro mete a Cristóbal

Dispuesto a todo para defenderse, el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca, según consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuya copia obtuvo LA NACION.

Baéz señaló a una de las empresas más queridas por el "zar del juego", Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti. 

Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.

El argumento de Báez es sencillo: Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le "abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas" -como Tsuyoi-, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por tanto, las facturas que emitió Penta son reales.

Tsuyoi es una de las empresas más queridas por Cristóbal López. La creó en 1994 junto con su esposa e hijos, y se convirtió en la primera concesionaria de la marca Toyota en la Patagonia. Allí Carlos Zannini, compró su camioneta, según consta en la última declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después de que LA NACION reveló la operatoria bajo sospecha, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización. 

Durante aquella conferencia de prensa, sin embargo, Echegaray evitó detallar los resultados de la pesquisa de sus sabuesos locales.

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Un avión (de Lázaro) en llamas

Lima Víctor-Zulú Sierra Zulú. El ya legendario Learjet matrícula LV-ZSZ del empresario patagónico Lázaro Báez se incendió ayer en el aeropuerto de San Fernando, minutos después de padecer problemas en uno de sus motores y despistarse.

El incidente ocurrió a las 6.40 de la mañana, cuando el avión -sospechado de servir durante los últimos años para el transporte de dinero en efectivo, de funcionarios del Gobierno y de "valijeros" como Leonardo Fariña- se aprestaba a despegar rumbo a Río Gallegos para buscar a la esposa y la hija de Báez.

La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil inició una investigación para determinar el origen de la falla en el motor. "La aeronave realizó una excursión de pista, en la cual colapsó el conjunto del tren de aterrizaje y se desprendió parcialmente uno de los tanques de combustible de puntera, hecho que inició el incendio", precisó la Junta en un comunicado, y aclaró que dentro del avión, que quedó destruido, sólo se encontraban el piloto y el copiloto, que salieron "por sus propios medios, sin sufrir lesiones". La aeronave quedaría bajo la lupa judicial.

Báez adquirió el Learjet en 2007 en US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión (ver aparte).

Fariña y Federico Elaskar, el dueño de SGI, una financiera ubicada en Puerto Madero y que se conocía como "la Rosadita", aportaron datos sobre la supuesta "ruta del dinero K" y sobre cómo se transportaban presuntas bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay a bordo de esa aeronave -que se encuentra a nombre de la firma Top Air, de la que es accionista Austral Construcciones-. Además, ambos dieron otros detalles sobre una presunta operatoria de lavado por más de 55 millones de euros.

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Lázaro y sus US$ 6,2 millones para los Kirchner

Lázaro Báez reconoció ante la AFIP lo que en público calla. Admitió que pagó por un total de 2300 habitaciones en el hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia presidencial a lo largo de tres años, al mismo tiempo que alquiló dos de sus salones, según consta en los convenios confidenciales que entregó al órgano recaudador y cuya copia obtuvo LA NACION.

Fruto de esa operatoria hotelera, los Kirchner recaudaron por lo menos US$ 4 millones, más otros $ 11,5 millones entre fines de 2008 y mediados de 2013 a través de Hotesur, la firma con que controlan el hotel Alto Calafate, según surge de documentación adicional del grupo de empresas de Báez a la que accedió LA NACION. Es decir, un total cercano a los US$ 6,2 millones según la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo ese período.

La operatoria que admitió Báez alcanzó a siete de sus empresas, según consta en esos y otros documentos a los que accedió este diario, que exponen una maniobra con dos grandes pasos. El primero fue que esas empresas firmaran convenios con Valle Mitre, la firma del propio Báez con la que gerenció el Alto Calafate entre 2008 y 2013. Y el segundo paso ocurrió cuando Valle Mitre, con los $ 23,7 millones que le aportaron esas siete empresas, comenzó a justificar los millones que empezó a pagarles a los Kirchner.

¿Qué decían esos tres contratos? Según reconstruyó la AFIP sobre la base de los documentos que aportó el propio Báez ante distintos organismos públicos, el primer contrato se selló el 10 de noviembre de 2008.

Es decir, apenas tres días después de que los Kirchner tomaron el control del Alto Calafate a través de Hotesur SA. Entonces firmaron un contrato "de locación" con Báez, quien aceptó pagarles US$ 80.000 más IVA por mes a los Kirchner entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, cerca de US$ 2,5 millones, más IVA.

Con el segundo contrato -"de cesión de explotación"- entre Báez y Hotesur, en tanto, el contratista de obra pública acordó un pago inicial de US$ 100.000 más otros US$ 40.000 por mes, también entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, otros 1,34 millones de dólares. Por último, con el tercero contrato "de locación" que reemplazó al primero y rigió entre mayo de 2011 y hasta su rescisión en julio de 2013, los Kirchner y Báez establecieron un canon de $ 408.000 por mes, más un seguro de US$ 5 millones. Es decir, casi $ 11,5 millones adicionales (cerca de US$ 2,4 millones según la evolución del tipo de cambio), más el seguro.

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Lázaro Báez y otra usina de facturas truchas

Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, sumó un nuevo proveedor de facturas truchas a su historial. Ahora es una firma rosarina que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica como "usina" desde hace años, según confirmó el propio organismo a la justicia en lo penal tributario.

Su nueva proveedora de facturas apócrifas es Conde Marketing SRL, una agencia de publicidad que acumula incidentes que llegan hasta Panamá y Bahía Blanca, con otro proveedor de facturas truchas, el bahiense Juan Ignacio Suris, el amigo de Leonardo Fariña que espera detenido en prisión un juicio oral por narcotráfico.

Austral Construcciones acumuló facturas de Conde Marketing durante al menos dos años -2011 y 2012-, por lo que la AFIP le reclamó más de $ 520.000 en sus rendiciones por IVA y Ganancias, más una tasa. Y la empresa de Báez pagó, aunque bajo reserva.

Con los informes de la AFIP en sus manos, sin embargo, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart dio por cerrada la impugnación fiscal, ya que "el monto evadido" no superó los $ 400.000 "por tributo y por ejercicio anual" que exige la ley para iniciar una pesquisa por evasión tributaria simple. Eso salvó a Báez de otra causa penal, porque al momento en que acumuló esas facturas ese piso mínimo era de $ 100.000 y el accionar de Báez era delito.

Aun así, el hallazgo de Conde Marketing SRL en sus libros contables significa para el ex empleado bancario patagónico un nuevo contratiempo. Sumó otra marca al listado de sus empresas con facturas truchas que acumularon cientos de millones de pesos durante años, al tiempo que la justicia federal investiga si Báez integra una "asociación ilícita fiscal" junto a funcionarios de la AFIP, incluido su titular, Ricardo Echegaray.

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Una buena para Báez (por los impuestos)

El empresario patagónico Lázaro Báez cosechó una buena noticia de la Justicia en dos de los ejes que lo tienen a maltraer desde hace un par de años: sus vínculos con los hoteles de la familia presidencial Kirchner y el ingreso de $ 254 millones a los balances de Austral Construcciones que llegaron desde un paraíso fiscal.

El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart concluyó que no correspondía avanzar contra Austral Construcciones y otras empresas de Báez, como tampoco contra dos de sus máximos colaboradores, luego de que la AFIP determinó que los montos exigibles por impuestos impagos por un global de $ 1,1 millón no superan el monto mínimo exigido por ley, o se abordan figuras penales ajenas a su competencia.

El juez dio entonces por cerrada la pesquisa contra las empresas de Báez y sobreseyó a sus colaboradores Julio Enrique Mendoza y César Gerardo Andrés, y remitió copias del expediente a la Cámara Federal para que sortee el Juzgado que deberá investigar si se registraron maniobras de lavado, entre otras figuras penales, lo que ya lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.

López Biscayart, -que durante la presidencia de Néstor Kirchner investigó el "caso Skanska" sobre presuntos sobreprecios en la obra pública- tomó esa decisión el miércoles pasado, pero sólo trascendió ayer, cuando venció el plazo para que apelara la Fiscalía -que no recurrió su fallo-, y colaboradores de Báez se encargaron de difundirlo.

Según verificó López Biscayart, los inspectores de la AFIP objetaron las declaraciones impositivas que presentaron varias empresas de Báez durante los últimos años en relación con los convenios que firmaron con los hoteles de la familia presidencial, y verificaron que Austral Construcciones operó con otro "proveedor apócrifo" de facturas, "Conde Marketing SRL".

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Facturas truchas: la AFIP protegió a Lázaro

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de Lázaro Báez, Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias obtuvo LA NACION y fuentes al tanto de la operatoria.

La protección de Báez quedó en manos del entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional Bahía Blanca, Norberto Filipini. Detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de este empresario con múltiples vínculos comerciales con la familia Kirchner.

Ese requerimiento de la AFIP se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno de la AFIP sobre la Constructora Patagónica Argentina -una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas-, cuya copia obtuvo LA NACION.

La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió "anulado" y se consignó sobre el encabezado la leyenda "=Sin enviar=".

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Lázaro, en el mar de los piratas

Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.

La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.

Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.

¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.

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Lázaro, una víctima política...

Dispuesto a jugar a fondo, el empresario patagónico Lázaro Báez reclamó otra vez a la Justicia que lo sobresea de las acusaciones que afronta por lavado. Para eso, apeló a dos cartas: se colocó en el rol de víctima de una persecución más política que judicial y planteó que aun cuando las maniobras bajo sospecha pueden ser hoy cuestionables, no eran delito cuando ocurrieron.

Báez jugó las dos cartas mediante un par de escritos que presentó ante el juez Sebastián Casanello, quien investiga el presunto lavado de fondos a través de la compra de un campo en Mendoza que negoció el valijero Leonardo Fariña.

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"Aunque fuera cierto que el «hombre en las sombras» en la compra del campo de Mendoza hubiese sido" Báez, dijeron sus abogados defensores, Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, "ello no podría configurar el delito de lavado de dinero, pues esa compra se llevó a cabo en diciembre de 2010 y, como es sabido, el denominado «autolavado de dinero» recién adquirió estatus de tipo penal al año siguiente".

Sin la opción del autolavado, avanzaron sus abogados, tanto el fiscal Guillermo Marijuan como el juez Casanello deberían buscar el "delito precedente" por el cual Báez habría obtenido ese dinero negro que luego habría lavado Fariña. Pero, insistieron, "no existe hipótesis de delito previo que pueda imputársele" a Báez.

A partir de allí, el dueño de Austral Construcciones cargó contra quienes considera que lo llevaron al banquillo de acusados, con "denuncias de, por lo general, un mismo grupo de personas vinculadas a cierto sector de la política y cierto sector de la prensa".

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Lázaro y $254M de una firma inactiva de Curazao

Las sospechas que rodean al empresario Lázaro Báez por lavado de activos crecen cada semana, a medida que nuevos datos salen a la luz. Ahora, también por el ingreso de $ 254,3 millones en Austral Construcciones a través de una compleja operación con supuestos capítulos en Curazao, Belice y Uruguay, pero que en esos países arroja más dudas que certezas.

El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Se concretó gracias a una mediación que Báez declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.

Sin embargo, desde el Registro Público de Comercio de Curazao informaron a LA NACION esta semana que la sociedad J+J Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989. Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao, "inhallable".

"Su legajo no está más activo. Por favor, para más información contacte al Registro Comercial", indica la página de la Cámara de Comercio de Curazao, que sólo aporta un dato adicional sobre J+J Holding: su número identificatorio en la isla ubicada frente a la costa de Venezuela era el 16.453.

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Lázaro & Echegaray = ¿asociación ilícita fiscal?

El empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fueron denunciados ayer ante la Justicia como integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal" por los millones de pesos en facturas truchas que salieron de Bahía Blanca para beneficiar a la empresa Austral Construcciones.

La denuncia la radicó la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien consideró que esa operatoria podría representar el delito precedente para acusar a Báez por lavado de activos en la causa por "la ruta del dinero K" que instruye el juez federal Sebastián Casanello. 

Stolbizer también apuntó contra los empresarios de Bahía Blanca dueños de las usinas de facturas truchas -en particular, la familia de Enzo, Franco y Silvio Ficcadenti-, así como contra varios funcionarios de la AFIP en esa ciudad, como el jefe de la Regional, Juan Pablo Fridemberg, y uno de sus colaboradores, Norberto Filipini.

"La investigación de las maniobras, profundizando en las operatorias, empresas y sus contabilidades, personas involucradas y el cotejo del circuito de los beneficios económicos podría constituir el delito precedente necesario para configurar luego la maniobra de encubrimiento y/o lavado de dinero ilícito", le planteó Stolbizer a Casanello, al que le solicitó ampliar su investigación en marcha.

"Del entramado de relaciones entre todas las personas participantes de los hechos, tanto los que conducen organismos públicos como los que integran sociedades particulares, podría concluirse también la existencia de una asociación ilícita fiscal que debería investigarse", añadió la legisladora.

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Lavado - Lázaro vs juez, medios y AFIP

Molesto por los datos que salen a la luz sobre las facturas sospechadas que terminaron en los balances de Austral Construcciones, el empresario Lázaro Báez acusó al juez federal Sebastián Casanello de dejarse manipular por los medios de comunicación. También contradijo al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien señaló como usina fantasma a una de las empresas que operó con Austral Construcciones.

La andanada de Báez se plasmó en un extenso escrito que presentó en el juzgado de Casanello, luego de que el magistrado le pidiera a la AFIP que le entregue datos sobre los tres grupos de empresas de Bahía Blanca sospechadas de emitir facturas falsas, según reveló LA NACION el 19 de octubre pasado. 

El fastidio del empresario que mantiene "vínculos comerciales" con la presidenta Cristina Kirchner, y al que la Justicia investiga por presunto lavado, asociación ilícita, sobreprecios y evasión tributaria, entre otros delitos, es evidente desde la primera de las 26 carillas de su escrito, que su vocero facilitó a la nacion.

"Una vez más, se dejó llevar por los medios de comunicación para dictar una medida de prueba en esta causa", le endilgó a Casanello, al que incluyó en lo que definió como "un verdadero círculo vicioso". Es decir, "una sinergia mediático-judicial verdaderamente preocupante" por la que los medios publican versiones que llevarían al juez -al que algunos periodistas críticos califican, sin embargo, de "tortuga"- a ordenar nuevas medidas de prueba que, a su vez, permiten a los medios publicar más noticias.

Báez presentó su escrito con la firma de sus abogados penalistas Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, quienes registran otros clientes con problemas por delitos de cuello blanco como lavado y sobornos. Entre otros, el ex banquero Raúl Moneta y el ex director del Banco Nación Mario Dadone, quien reconoció su conducta delictiva en el escándalo de corrupción con IBM.

A lo largo de su escrito, Báez afirmó varias veces que su nave insignia, Austral Construcciones, no recibió "ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas" que sea trucha. Y para eso, defendió su actuación con las firmas Constructora Patagónica, Terrafari, Grupo Penta y Calvento.

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Lázaro & Bahía Blanca, ¿delito precedente?

La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tres grupos de empresas de esa ciudad por servicios que jamás prestaron o por los que inflaron sus precios a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario santacruceño.

Báez afronta varias investigaciones judiciales, tanto en la Argentina como en Uruguay y Suiza, pero recién el martes pasado, por primera vez, un fiscal pidió que se lo cite a indagatoria como sospechoso de lavar millones de dólares. Y lo hizo con un ejemplo concreto: la compra de un campo en Mendoza por US$ 5 millones, con el financista Leonardo Fariña como intermediario.

Sin embargo, para concretar esa indagatoria y, llegado el caso, procesar a Báez, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez de la causa, Sebastián Casanello, deben precisar cuál habría sido el delito precedente de esas supuestas operatorias de blanqueo. Es decir, ¿por qué ese dinero que se pretende lavar es ilícito?, ya que la investigación sobre el empresario se inició antes de que se reformara la legislación y se fijara al lavado como delito autónomo.

La sospecha de los investigadores es que ese delito precedente podría encontrarse en Bahía Blanca. Austral Construcciones utilizó facturas falsas por decenas de millones de pesos emitidas por tres grupos de empresas de esa ciudad.

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Los Kirchner - primeras inconsistencias contables

La deuda ya era conocida. Pero no el escueto documento que así lo expone y las preguntas que deja abiertas. El empresario Lázaro Báez figuró como acreedor del ex presidente Néstor Kirchner por $ 8,3 millones sin que la deuda aumentara por intereses con el paso de los años. Ahora, por primera vez, sale a la luz ese documento. Es apenas una carilla, escueta y cuestionable, según tres contadores consultados por LA NACION.

Firmado por un apoderado de Austral Construcciones, Martín Jacobs, ese documento sólo detalla que la firma contaba con un "crédito a cobrar al 31/12/2007" sobre Kirchner por $ 8.329.596,50 repartidos en cuatro facturas: una de diciembre de 2006 y las tres restantes de diciembre de 2007. Pero en las declaraciones juradas de los Kirchner esa deuda apareció detallada de un modo muy distinto. O ni siquiera apareció.

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Esos y otros datos llamativos en la contabilidad de la familia presidencial quedaron dentro de la investigación que instruye el juez federal Claudio Bonadío. El magistrado solicitó las declaraciones juradas que los Kirchner y su sociedad hotelera Hotesur presentaron ante la AFIP.

Esas declaraciones podrían exponer incongruencias en el reparto del acervo sucesorio tras la muerte de Kirchner. Por ejemplo, que la presidenta Cristina Fernández registró $ 31,6 millones por la disolución de la sociedad conyugal, mientras que sus hijos, Máximo y Florencia, declararon cerca de $ 40 millones por la otra mitad.

Los movimientos societarios y bancarios de Máximo Kirchner también son ahora observados, con algunos primeros datos curiosos. Entre otros, que al abrir una cuenta bancaria en 2013 fijó su domicilio en el piso 3 de la avenida Belgrano 265 de Buenos Aires. Allí trabajaba el contador del primer accionista de Hotesur, Jorge Giovanakis. Pero ese contador se mudó de allí hace años, según recuerdan en el edificio.

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AFIP, dos versiones para unas facturas truchas

La historia oficial es benévola. Sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó a decenas de sociedades de Bahía Blanca, detectó que varias emitían o recibían facturas truchas, pero sólo admite que una le había facturado a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Y expone que el cierre de su Regional en esa ciudad bonaerense se debió a un conflicto gremial y que ningún funcionario del organismo fue desplazado.

Documentos de la propia AFIP que recolectó LA NACION en los últimos diez meses cuentan, sin embargo, otra historia. Confirman que Austral Construcciones recibió facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad, que dentro de la AFIP se desplazó a 49 funcionarios, que se remitieron las investigaciones a Mar del Plata cuando se cerró la Regional Bahía Blanca y que allí, una división creada para la ocasión, se encargó de archivar actuaciones y emprolijar papeles, si los hubo. Porque, al menos, una de las firmas fantasma informó que le habían robado su documentación.

Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sólo identificó a Calvento SA como una firma trucha durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para despegar de Báez a la presidenta Cristina Kirchner, y criticar a la prensa con un argumento incriminatorio: concentrarse sólo en el empresario patagónico por delitos cometidos por otras 1200 firmas.

En efecto, Calvento SA es una firma fantasma, creada por Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. Pero documentos internos de la AFIP exponen que sus sabuesos también avanzaron sobre otras dos sociedades de esa familia: Grupo Penta y Terrafari. También emitieron facturas millonarias, que los inspectores consideraron apócrifas y terminaron en manos de Báez.

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CFK, Lázaro y sus "vínculos comerciales"

Sólo un día después de utilizar una conferencia de prensa sobre facturas truchas para aclarar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia del empresario Lázaro Báez, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, debió aclarar lo aclarado. Reiteró que no son socios "técnicamente", pero admitió, por primera vez, que ambos mantienen "vínculos comerciales".

"La Presidenta no es socia de Lázaro Báez, sí tiene vínculos comerciales", indicó Echegaray al dialogar con un programa de radio, frase que poco después quedó claro que no lanzó al azar. Casi con las mismas palabras, lo repitió en una segunda radio.

"En la vida en sociedad, todos tienen relaciones, no es que los funcionarios públicos son extraídos de un lugar donde no han tenido ningún tipo de vinculación o vida comercial", buscó bajar el tono Echegaray, al ser consultado sobre los nexos financieros, hoteleros, comerciales y personales que unen a la Presidenta con el empresario patagónico desde hace años. "La vinculación, la vida en sociedad forma parte del ser humano, sea presidente o el último ciudadano de la Argentina", añadió.

El titular de la AFIP, que antes fue abogado de Gotti Hermanos -otra empresa de Báez, que acumuló facturas truchas por más de $ 400 millones- reafirmó, no obstante, la línea formal que separa a la jefa del Estado del ex empleado bancario. "Técnicamente no hay sociedad constituida", indicó Echegaray, lo que luego repitió con palabras casi idénticas: "Cristina y Lázaro son conocidos desde hace bastante tiempo, pero técnicamente no son socios", reiteró.

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CFK y Lázaro, ¿son o no socios?

El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscó desvincular ayer a la presidenta Cristina Kirchner de los problemas tributarios y judiciales del empresario Lázaro Báez. Declaró de manera tajante que no son socios y que sostener eso es "falso" y "malintencionado", y que la operatoria mediante facturas falsas es una cuestión que tiene lugar sólo "entre privados".

Echegaray separó así a la Presidenta de la suerte de Báez durante una conferencia de prensa a la que convocó para aclarar la actuación de la AFIP frente a tres grupos de empresas de Bahía Blanca que, tal como informó LA NACION anteayer, emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos para Austral Construcciones, la nave insignia del cuestionado empresario patagónico.

El jefe de la AFIP, que años atrás fue abogado de Gotti Hermanos, otra empresa de Báez, confirmó que esas firmas de Bahía Blanca se encuentran bajo fiscalización del organismo desde hace años.

Dijo también que al menos una de ellas, Calvento SA, "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas". Echegaray sostuvo, además, que Austral Construcciones también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó dar precisiones. No informó cuándo se inició esa investigación, como tampoco el monto que los sabuesos de la AFIP sospechan que Báez podría haber evadido.

El pretendido despegue de la Presidenta de la suerte de Báez contrasta, sin embargo, con la larga lista de emprendimientos inmobiliarios, hoteleros, financieros y comerciales que los unen desde hace más de una década.

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Echegaray, el confirmador

Sólo un día después de que LA NACION informara sobre una millonaria madeja de evasión con centro en Bahía Blanca, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad se encuentran bajo fiscalización y que al menos una firma "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas".

Un trío que se las trae: Toninelli, Echegaray y Michel

Echegaray confirmó, además, que la nave insignia del empresario Lázaro Báez, Austral Construcciones, recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició esa supuesta investigación o cuánto dinero se estima que podría haber evadido.

Con la ayuda del jefe de la DGI, Ángel Toninelli, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense- y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como informó LA NACION anteayer.

Según reconstruyó este diario, y a diferencia de lo que sostuvo Echegaray ayer, todas las fiscalizaciones fueron archivadas mientras los expedientes administrativos se encontraban bajo el control de la Regional Mar del Plata.

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Bustos, el "misionero" de Lázaro

BAHÍA BLANCA.- El entramado de empresas reales y sociedades fantasma, facturas truchas, cheques correlativos y millones de pesos en danza incluyó el rol clave de un puñado de profesionales contables de esta ciudad. Ellos negociaron la regularización fiscal con un lugarteniente de Lázaro Báez, Claudio Bustos, y con las nuevas autoridades de la Regional de la AFIP en esta ciudad, según reconstruyó LA NACION durante los últimos 10 meses, período en el que viajó cuatro veces a Bahía Blanca.

Al menos uno de esos encuentros entre los apoderados del Grupo Penta y de Juan Suris, Bustos y autoridades locales de la AFIP reflejó cuán poderoso es Báez (foto, arriba). Ocurrió en el séptimo piso de las oficinas del organismo, sobre la calle San Martín, a metros de la plaza Rivadavia. Allí, el lugarteniente del socio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó la voz cantante sobre qué hacer en consulta permanente por teléfono con Buenos Aires.

Como apoderado de Austral, Bustos conoce las calles bahienses. El miércoles 23 de julio pasado, por ejemplo, llegó hasta la ciudad en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió a las 7.30 de Buenos Aires. Se quedó unas pocas horas en Bahía Blanca. Las suficientes para imponer que el Grupo Penta se acogiera a un plan de 24 cuotas de regularización fiscal. Y a las 14.30 emprendió su regreso.

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Banco Nación: trato premium para Lázaro Báez

El Banco Nación otorgó un trato preferencial al grupo de empresas de Lázaro Báez. Así logró financiarse por la vía de excepción y por encima de los límites preacordados, incluso con operaciones que ordenaron personas que no estaban autorizadas para ese fin. No sólo eso. La entidad demoró en actualizar su clasificación como deudor mientras que al mismo tiempo evitó reportar una operación por US$ 7,5 millones a la unidad antilavado (UIF), según surge de tres informes del BCRA cuya copia obtuvo LA NACION.

Ese trato singular otorgado al socio de Cristina Kirchner ocurrió durante el último año de Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Nación, lo que quedó expuesto en dos de esos informes que redactaron los técnicos del BCRA, la entidad que ahora preside el propio Fábrega.

El primero de esos informes, titulado "Memorando de Observaciones Preliminares" y fechado el 14 de agosto pasado, también alerta que el Banco Nación carecía de toda la información que exige la normativa antilavado de la UIF sobre Oil Combustibles, la petrolera del también empresario patagónico y "zar del juego", Cristóbal López.

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