De bolsos de $$, Báez y el director de la DGI

Acaso sea una mera (e infortunada) coincidencia, pero... Al mismo tiempo que iba y venía con bolsos cargados de dólares, Martín Báez, el hijo del empresario patagónico Lázaro Báez, voló desde y hacia Río Gallegos con el entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Angel Rubén Toninelli, en tiempos de Ricardo Echegaray.

¿Cómo es eso?

Martín Báez y Toninelli volaron juntos el jueves 1° de noviembre de 2012 rumbo a la capital santacruceña. Lo hicieron en el avión de los Báez, matrícula LV-ZSZ. Y volaron junto al hijo del funcionario de la AFIP, Federico Toninelli, cuyo estudio colaboraba desde las sombras con la defensa jurídica y contable del dueño de Austral Construcciones.

Así, Martín Báez y los Toninelli protagonizaron un viaje relámpago. El jueves 1° partieron del aeropuerto de San Fernando –conocido en el ambiente por sus controles más laxos– y retornaron al día siguiente, el viernes 2 de noviembre, según surge de los registros de vuelo.

El problema es que, horas después de retornar a Buenos Aires con los Toninelli, según surge de las cámaras de video que difundió Telenoche esta semana, Martín Báez aparece junto al contador de su padre, Daniel Pérez Gadín, contando cerca de US$ 3,5 millones en la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita” de Puerto Madero.

Martín Báez, parado, a la izquierda de la imagen, con fajos en su mano.

Pero Martín Báez no se quedó quieto. Porque ese mismo viernes 2, voló otra vez rumbo a Río Gallegos, a bordo del jet LV-ZSZ, que también utilizó el valijero Leonardo Fariña y que tiempo después terminaría por incendiarse.

Esto, en rigor, no debiera ser una sorpresa. Porque el viaje que compartieron los Toninelli y el hijo de Lázaro Báez consta en documentos que recabó la Justicia. El fiscal federal Guillermo Marijuán incluso aludió a esos periplos cuando le pidió al juez Sebastián Casanello que citara a los Báez a indagatoria.

“Del registro de aeronaves y pasajeros de vuelos no regulares”, sostuvo Marijuán, “se demostraría la vinculación entre Jorge Leonardo Fariña, Ángel Rubén Toninelli, Federico Toninelli, Martín Báez y Melina Báez; y todos ellos con el imputado Lázaro Antonio Báez”.

La relación entre los Toninelli y los Báez también comenzó a salir a la luz años atrás, cuando en LA NACION expusimos varios puntos de contacto. Y vale aclarar, Echegaray (hoy en la AGN) siempre reafirmó en su cargo. Entre otros:

- Báez constituyó su domicilio legal para litigar contra la AFIP ante el Tribunal Fiscal en las oficinas privadas del propio titular de la Dirección General Impositiva (DGI), según consta en las copias del expediente interno de la AFIP que obtuvo LA NACION.

- la abogada de Báez, Paola Martínez Naifleisch, también consignó como el teléfono de su estudio jurídico en ese expediente un número que en algunas guías telefónicas aún figuraba a nombre del hijo del funcionario, el también abogado Federico Toninelli.

- Báez y su letrada Martínez Naifleisch fijaron su domicilio legal en las oficinas de Toninelli en el expediente administrativo de la AFIP en el que el propio Báez... detalló cómo traían valijas con dinero desde el Uruguay -incluso por Buquebus-, para capitalizar Badial SA, una de sus firmas constructoras.

Ángel Toninelli

Molesto con las publicaciones de LA NACION, Toninelli envió entonces una carta al diario, en la que se desligó de cualquier vínculo con los Báez y sostuvo que ignoraba cuál era la cartera de clientes de su hijo, cuya esposa trabajaba a su vez dentro de la AFIP... en el área de litigios.

¿Un par de perlas más?

- el Learjet en que los Toninelli con Martín Báez tiene su propia historia singular. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez lo compró en 2007. Pagó US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión.

- ese mismo avión entraría luego en un cono de sombras cuando Fariña y el ex dueño de “La Rosadita” detallaron cómo se utilizaba para transportar bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay.

- ese mismo avión terminó inutilizado por un incendio.

Y, de remate, dos datos más: Toninelli también aparece en el entramado de las facturas truchas que rodean a Lázaro Báez en Bahía Blanca y que terminaron con el cierre... de la regional Bahía Blanca de la AFIP durante varios meses, Y también, según los datos que empiezan a salir a la luz, resultó decisivo en el entramado que le permitió a Cristóbal López acumular $ 8000 millones de deuda fiscal.

Lázaro y sus US$ 6,2 millones para los Kirchner

Lázaro Báez reconoció ante la AFIP lo que en público calla. Admitió que pagó por un total de 2300 habitaciones en el hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia presidencial a lo largo de tres años, al mismo tiempo que alquiló dos de sus salones, según consta en los convenios confidenciales que entregó al órgano recaudador y cuya copia obtuvo LA NACION.

Fruto de esa operatoria hotelera, los Kirchner recaudaron por lo menos US$ 4 millones, más otros $ 11,5 millones entre fines de 2008 y mediados de 2013 a través de Hotesur, la firma con que controlan el hotel Alto Calafate, según surge de documentación adicional del grupo de empresas de Báez a la que accedió LA NACION. Es decir, un total cercano a los US$ 6,2 millones según la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo ese período.

La operatoria que admitió Báez alcanzó a siete de sus empresas, según consta en esos y otros documentos a los que accedió este diario, que exponen una maniobra con dos grandes pasos. El primero fue que esas empresas firmaran convenios con Valle Mitre, la firma del propio Báez con la que gerenció el Alto Calafate entre 2008 y 2013. Y el segundo paso ocurrió cuando Valle Mitre, con los $ 23,7 millones que le aportaron esas siete empresas, comenzó a justificar los millones que empezó a pagarles a los Kirchner.

¿Qué decían esos tres contratos? Según reconstruyó la AFIP sobre la base de los documentos que aportó el propio Báez ante distintos organismos públicos, el primer contrato se selló el 10 de noviembre de 2008.

Es decir, apenas tres días después de que los Kirchner tomaron el control del Alto Calafate a través de Hotesur SA. Entonces firmaron un contrato "de locación" con Báez, quien aceptó pagarles US$ 80.000 más IVA por mes a los Kirchner entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, cerca de US$ 2,5 millones, más IVA.

Con el segundo contrato -"de cesión de explotación"- entre Báez y Hotesur, en tanto, el contratista de obra pública acordó un pago inicial de US$ 100.000 más otros US$ 40.000 por mes, también entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, otros 1,34 millones de dólares. Por último, con el tercero contrato "de locación" que reemplazó al primero y rigió entre mayo de 2011 y hasta su rescisión en julio de 2013, los Kirchner y Báez establecieron un canon de $ 408.000 por mes, más un seguro de US$ 5 millones. Es decir, casi $ 11,5 millones adicionales (cerca de US$ 2,4 millones según la evolución del tipo de cambio), más el seguro.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

Brito - "cerrajero" de los escándalos K

La presidenta Cristina Kirchner zarandeó el jueves al banquero Jorge Brito. Lo acusó, sin nombrarlo, de pretender convertirse en "salvador de la patria", pero para lo cual, le recordó, "hace falta, además del caballo, honestidad". Un dardo envenenado para quien hasta hace poco era señalado como "el banquero de Kirchner" y guarda las llaves para acceder a los secretos del "caso Ciccone", de Lázaro Báez y hasta de los fondos de Santa Cruz.

Una de esas llaves de Brito se llama Carlos Andrés Calvo López, un ejecutivo de extremo bajo perfil del Banco Macro que participó en algunas de las operatorias más controvertidas de la Argentina de la última década, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos públicos obtenidos en la Argentina, Bahamas y Uruguay, y los testimonios de cinco funcionarios de la AFIP, financistas y empresarios.

Empleado del Macro en Uruguay, donde operó incluso con una cuenta de correo electrónico de la entidad (acalvo@macrobank.com.uy , ahora dada de baja), Calvo López también aparece en el listado de "personal registrado" por el Macro ante la Securities Commission de Bahamas, el equivalente a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Movedizo, Calvo López viajó repetidas veces a la Argentina con valijas repletas de dinero con las que capitalizó Badial, una constructora de Lázaro Báez, según el propio socio de la Presidenta detalló en el expediente por evasión de impuestos que le abrió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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"¡Cerrame la IGJ!"

“¡Cerrame la cuatro!”, es uno de los gritos que, no sé por qué, más me gusta desde que era un tierno gurrumín cada vez que iba a un restaurante. (Acaso porque no iba mucho a comer afuera de chico… ja ja ja).

Ahora, en la misma línea, se vino la movida sobre lo que, en teoría, es un registro público.

El primer cerrojo fue en respuesta al “caso Ciccone”; el segundo candado llegó ahora, por el “caso Báez”. La Inspección General de Justicia (IGJ) restringió aún más el acceso a la información que acumula desde hace décadas sobre decenas de miles de entidades comerciales y civiles que operan en la ciudad de Buenos Aires.

La IGJ tomó esa polémica decisión sólo horas después de que LA NACION revelara graves inconsistencias e irregularidades en los legajos de varias sociedades del empresario patagónico Lázaro Báez que se encuentran bajo su órbita jurisdiccional.

Desde ambos organismos no emitieron comentarios públicos tras las revelaciones periodísticas. Pero en silencio, la IGJ restringió aún más el acceso a su información. Al punto que bloqueó las posibilidades de consultar a través de su página oficial de Internet sobre las sociedades por su nombre o por su número de legajo. Sólo dejó habilitada la opción por el número de trámite específico, e incluso complicó la verificación de homonimia de sociedades. Para la tarde del viernes, incluso, la página misma con el servicio de búsqueda estaba caída.

O dicho de otro modo: “¡Cerrame la IGJ!”.

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Báez y otro regalo por $ 254 millones

Austral Construcciones, la nave insignia del emporio de Lázaro Báez, registró un ingreso extraordinario por más de $ 254,3 millones durante 2011, a través de un misterioso fideicomiso radicado en Uruguay y un agente fiduciario de raigambre holandesa por una supuesta inversión en Belice que no prosperó, según surge del balance de la compañía correspondiente a ese año cuya copia obtuvo LA NACION.

Esa inyección multimillonaria de fondos desde dos paraísos fiscales de América Latina llegó a Austral Construcciones en el momento más indicado. Le permitió mantener a flote sus números y evitar un déficit que de otro modo habría trepado hasta los $ 217,8 millones, en momentos en que gestionaba distintos préstamos del Banco de la Nación Argentina (BNA).

El misterioso flujo de fondos arroja, sin embargo, nuevas sombras sobre las finanzas de la compañía del ex socio del fallecido presidente Néstor Kirchner, que se suman a los problemas ya registrados en otras de sus compañías. Entre ellas, Badial SA, con valijas transportadas desde Uruguay, Gotti Hermanos, con facturas truchas por más de $ 400 millones, y los reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por Epsur, Kank y Costilla, y las propias Austral Construcciones y Gotti, como reveló LA NACION el lunes pasado.

El aporte por 254.399.692 pesos figura en el balance general de Austral Construcciones que cerró el 31 de diciembre de 2011 y que debió presentarse ante la Inspección General de Justicia (IGJ), que cerró aún más sus grifos de información.

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Lázaro Báez y la confluencia de las casualidades

Lázaro Báez contó con ayuda para ingresar valijas repletas de dinero en la Argentina. Y las ramificaciones de esas ayudas, que él mismo detalló, llegan a tocarse con algunos de los mayores escándalos de los últimos años en el país: el “caso Ciccone”, la gestión de los préstamos garantizados de la Anses y hasta la “causa Armas”, según surge de documentos judiciales, de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) y del Tribunal Fiscal.

La suma de casualidades es notoria. Abarca como uno de los protagonistas al hijo del traficante de armas Diego Palleros, también al ladero de Ernesto Clarens, un financista clave para comprender los manejos de los fondos patagónicos de las últimas décadas, y hasta a la sociedad bursátil Facimex, vinculada al banquero Jorge Brito, que es la misma que participó en el “caso Ciccone” para traer $ 2,4 millones de Uruguay de una sociedad que opera con acciones al portador.

Todos esos factores confluyeron alrededor de Badial SA, una de las constructoras del emporio Báez. Los sabuesos de la AFIP comenzaron a investigarla cuando detectaron ingresos millonarios en sus cuentas sin justificación y sospecharon que podía esconder operaciones de lavado de dinero proveniente de ilícitos locales.

Forzado a dar explicaciones, el ex cajero del Banco de Santa Cruz devenido en multimillonario afirmó que esos millones no provenían del mercado interno, sino que llegaban desde Uruguay en auto, avión y barco, transportados por Carlos Adrián Calvo López y otros valijeros, a los que no identificó por sus nombres.

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Lázaro, con el caballo del comisario en la AFIP

A la hora de pelear por sus impuestos, el empresario kirchnerista Lázaro Báez corre con el caballo del comisario. Su abogada constituyó su domicilio legal para litigar contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las oficinas privadas del propio titular de la Dirección General Impositiva (DGI), según consta en las copias del expediente interno de la AFIP que obtuvo LA NACION.

La insólita situación tiene como protagonistas a la abogada de Báez, Paola Martínez Naifleisch, y al titular de la DGI, Angel Toninelli. Pero hay más: la letrada difunde como teléfono de su estudio jurídico una línea que aún figura, en algunas guías telefónicas, a nombre del hijo del funcionario, el también abogado Federico Toninelli.

Al tanto de los rumores que dentro de la AFIP lo vinculaban a Báez y otros empresarios patagónicos, Toninelli los calificó de "disparate" al asumir al frente de la DGI, en agosto de 2008. "No tengo ningún tipo de relación con las empresas, no los conozco", añadió ante la consulta de la prensa.

Martínez Naifleisch fijó, sin embargo, su domicilio legal en las oficinas comerciales de Toninelli en un asunto por demás sensible para la AFIP. Fue en el expediente administrativo en el que Báez detalló cómo traían valijas con dinero desde el Uruguay -incluso por Buquebus-, para capitalizar Badial SA, una de sus firmas constructoras, según reveló LA NACION este jueves.

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Lázaro Báez - valijeros por admisión propia

La duda, entre los técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), era de dónde habían salido los millones para capitalizar la constructora Badial SA. Sin vueltas, la respuesta la dio su presidente, Lázaro Báez. Detalló que el dinero llegó en valijas, desde Uruguay. Algunas en avión. Otras en barco. "Buquebus", para más precisión. Y que de allí se trasladaban a Río Gallegos, donde se depositaban en un par de bancos.

La respuesta de Báez consta en el expediente administrativo de la AFIP y, de manera más sucinta, en la actuación posterior del Tribunal Fiscal, cuyas copias obtuvo LA NACION. Porque los sabuesos avanzaron con la pesquisa. Fue un largo proceso que comenzó en junio de 2005 y llegó hasta estos días. A la línea técnica la removieron y, el año pasado, revocaron todo lo actuado, para beneficio de Báez.

El empresario kirchnerista, sin embargo, sí señaló a uno de los transportistas de ese dinero en efectivo, Carlos Adrián Calvo, a quien los sabuesos buscaron durante meses sin resultados. Hasta que salieron a la luz sus vínculos con la firma Invernes y el financista Ernesto Clarens, de bajo perfil, pero vínculo aceitado con el kirchnerismo más puro.

Báez y Clarens forman parte de un entramado más complejo, en el que también aparecen otros nombres sensibles, como el responsable de la regional Sur Metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez, y el tributarista Horacio Díaz Sieiro, según confirmaron seis fuentes dentro del organismo tributario, del Tribunal Fiscal y del sector financiero durante meses.

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Invernes - el recuadro fallido

Por estrictas razones de espacio (la nota central iba a saltar de tapa y al final quedó adentro), este recuadro no se publicó en el diario LA NACION. Iba a acompañar al artículo sobre el doble triunfo que cosechó Lázaro Báez en el Tribunal Fiscal y en la Justicia en lo Penal Económico (ver acá). Un doble triunfo ligado a las empresas constructoras Gotti Hermanos y Badial, ambas a la vez con notables, fluidos y permanentes vínculos con la firma Invernes SA. 

De ahí, pues el siguiente (y fallido) recuadro:

Conocida en la Patagonia como “Inversiones Néstor”, por el ex presidente Néstor Kirchner, Invernes SA debe su nombre a un financista de extremo bajo perfil, Ernesto Clarens, de profusos vínculos con el núcleo del kirchnerismo empresarial.

En los registros societarios, sin embargo, Clarens apenas aparece como un empleado en relación de dependencia en Invernes, aunque los libros de la sociedad muestran como directores a Carlos Calvo López –el portador de los millones en efectivo traídos desde Uruguay según el testimonio ante la AFIP del propio Lázaro Báez–, y a Guido Santiago Blondeau, que también figura en Austral Construcciones junto a Báez.

A través de Austral Construcciones, Báez se asoció con Kirchner para construir 10 departamentos en Río Gallegos. El ex presidente se quedó con cinco unidades por un valor total de 325.000 pesos. Según su declaración jurada de 2007, embolsó cerca de $ 200.000 en un año en alquileres. (Y eso, sin nombrar el mausoleo que Lázaro construyó tras la muerte de Kirchner).

Bajo presión política, cuentan dentro de la AFIP, los inspectores debieron volver sobre sus pasos en el expediente Badial cuando se fue el entonces titular del organismo recaudador, Alberto Abad. De hecho, la resolución que dejó sin efecto la “determinación de oficio” perjudicial para Báez se fechó en marzo de 2008, cuando Abad renunció a la AFIP tras un cruce con el entonces jefe de la Aduana, Ricardo Echegaray.

Báez también movió sus fichas. Cambió el domicilio fiscal de sus empresas. Las sacó de la Patagonia y las radicó en Buenos Aires. Y así quedaron bajo la órbita de la Regional Sur Metropolitana que dirige Andrés Vázquez, el mismo que lideró un operativo con más de 200 inspectores contra el Grupo Clarín y que en tiempos de Abad cosechó un sumario por su vinculación con el Casino Flotante de Puerto Madero.

Investigado por la Justicia y por la unidad antilavado (UIF) por mantener una cuenta en el exterior por más de 500.000 dólares sin declarar ante la propia AFIP, Vázquez continúa sin embargo al frente de esa regional gracias a sus contactos con el área del inteligencia del Gobierno.

Por su parte, y al igual que en los casos de Badial, Austral Construcciones y Gotti, Báez también sorteó otro escollo judicial con la constructora Palma SA, en la que su mano derecha, Fernando Butti, llegó a ser citado a indagatoria a fines de 2009 por la presunta evasión de más de $ 6 millones. En esa firma, también figuraban su hermana, Irene Beatriz Báez, y su cuñado, Diego Palleros, el hijo del intermediario de la venta de armas a Croacia y Ecuador por la que el ex presidente Carlos Menem llegó a quedar detenido.

El Antonini de Lázaro Báez

Justo antes de la feria judicial de invierno, el empresario patagónico Lázaro Báez cosechó dos silenciosas buenas noticias. La Justicia debió cerrar una causa penal que lo tuvo contra las cuerdas por la presunta evasión de más de $ 400 millones. Y el Tribunal Fiscal, con nuevos miembros, revocó la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que lo dejaba al borde de otra causa penal por presunto lavado de activos.

El juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, debió suspender la tramitación de una investigación contra una de las firmas vinculadas a Báez, Gotti Hermanos, ya que la constructora se acogió a la ley 26.476 de moratoria y blanqueo por al menos $ 75 millones, una cifra que, sin embargo, quedó muy por debajo de los $ 400 millones que habían estimado los inspectores de la AFIP antes de que los removieran junto con sus superiores.

El otrora socio del fallecido ex presidente Néstor Kirchner también cosechó una buena noticia desde el Tribunal Fiscal para otra constructora: Badial SA. Por dos votos contra uno, logró que la sala A revocara las conclusiones de los inspectores de la AFIP, que le enrostraron una evasión, lo que conllevaría la apertura de otra causa penal, con presuntas maniobras de lavado de activos.

Ante la AFIP, Báez había detallado cómo un directivo de la sociedad uruguaya Reloway Company SA, Carlos Calvo López, solía viajar en avión o por Buquebus a la Argentina con fortunas en efectivo -por encima de los montos permitidos por la AFIP-, que luego transportaba hasta Río Gallegos, donde se depositaban en la cuenta de la constructora en los bancos Patagonia o de Santa Cruz, o se lo daba a Báez en mano.

La línea de la AFIP procuró entonces ubicar al imitador de Guido Alejandro Antonini Wilson, pero resultó inhallable. Al final, sólo se logró verificar que Calvo era director de la firma Invernes SA.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.