Hotesur: Rafecas quiere abrirse

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente ayer para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles de la familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini.

Rafecas decidió quedarse, sin embargo, con otros tres tramos del expediente. El primero, centrado en el controvertido acuerdo comercial que el hotel Alto Calafate mantiene con Aerolíneas Argentinas; el segundo, los supuestos delitos cometidos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) para obviar las inconsistencias de la sociedad Hotesur, y por último, las supuestas falencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta.

Ercolini debe analizar ahora si acepta el planteo de Rafecas y se queda con el tramo de la causa Hotesur, que llega hasta Lázaro Báez, Cristóbal López y el fallecido Juan Carlos Relats, entre otros, o si, por el contrario, rechaza la decisión de su colega. En ese caso, será la Cámara Federal porteña la que definirá quién asumirá la instrucción.

La decisión de Rafecas de declararse incompetente para investigar la licitud de esa operatoria llegó en un momento sensible de la pesquisa. Ocurrió después de que el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió que ordenara un peritaje contable sobre toda la actividad sospechada. Y en momentos en que la Sala I de la Cámara de Casación Penal -integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana Figueroa-, la máxima instancia penal del país, se apresta a resolver tres incidentes simultáneos de competencia.

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"Que nos dejen investigar"

-¿Qué se necesita para investigar al poder?

-Que nos dejen tranquilos; que nos dejen trabajar. Que el poder político nos deje trabajar.

Tras 21 años en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Claudio Bonadio defendió ayer su trabajo en investigaciones sensibles para la Casa Rosada y planteó que no se necesitan reformas legales sustanciales para investigar al poder, sea político o económico. Falta, eso sí, una señal hacia el Poder Judicial.



"Si el juez tiene la voluntad, hace las cosas bien y no tiene nada que ocultar", planteó Bonadio, el Consejo de la Magistratura no representa un escollo relevante. Y eso, añadió durante una entrevista para el ciclo Conversaciones en la redacción del diario LA NACIÓN, que ese organismo fue "impiadoso" con él.

"Nunca dejé de hacer algo por eso", planteó Bonadio, tras repasar el trato que recibió del Consejo de la Magistratura mientras avanzaba con el caso Hotesur, en el que investigaba presuntas maniobras de lavado de dinero a través de los hoteles de la familia Kirchner con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

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Hotesur - la Cámara define si aparta a Rafecas

La Cámara Federal porteña deberá definir si admite la recusación del juez federal Daniel Rafecas en el "caso Hotesur" que presentó la diputada nacional Margarita Stolbizer por supuesta parcialidad e incumplimiento de las normas vigentes.

El contrapunto llegó hasta la Sala I de la Cámara luego de que Rafecas rechazara in limine el planteo de Stolbizer, a la que le indicó que ni siquiera puede plantear ese reclamo ya que, aunque denunciante, no es parte en el expediente, además de que presentó su reclamo fuera de término.

Por ahora, sin embargo, la legisladora continúa en la causa contra la presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, mientras se define si puede, en efecto, asumir el rol de "querellante".

El propio Rafecas también expuso su rechazo a esa pretensión y los indicios que ofreció ayer mismo la Cámara tampoco son alentadores para Stolbizer. Con el voto unánime de sus tres miembros, la Sala I convalidó la posición del juez y le negó la posibilidad de participar como "querellante", lo que forzará a la legisladora a recurrir a la Cámara de Casación -la máxima instancia penal- en un último intento por revertir su suerte.

Ya no por unanimidad, sin embargo, sino por 2 votos contra 1, la Cámara también redobló sus críticas sobre la investigación y concentró sus dardos sobre las supuestas imprecisiones en su "objeto procesal", es decir, qué se investiga en el expediente.

Según los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, la pesquisa debe concentrarse en las presuntas irregularidades registrales de la sociedad Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ), mientras que para el tercer integrante de la Sala I, Eduardo Farah, se debe verificar si se está ante presuntas maniobras de lavado de dinero a través del hotel Alto Calafate.

Freiler y Ballestero llevaron más lejos sus críticas, al sostener que después de tantos meses de trabajo todavía "no existe definición alguna acerca de cuál es el acontecimiento histórico reñido con la ley penal" que se investiga en el expediente, por lo que "se carece de precisiones sobre la plataforma fáctica de la que se trata". Y esto, a su vez, "impide establecer qué bien tutelado jurídicamente se ha visto afectado".

Farah coincidió con sus colegas en que Stolbizer no puede asumir el rol de querellante en el expediente, pero discrepó con ellos sobre cuál es el objeto de la pesquisa. Según él, resulta indiscutible que se investiga una posible operatoria de lavado por parte de las empresas hoteleras de la familia presidencial. Y que el dinero negro que se buscó blanquear podría ser un retorno de la obra pública con que la Casa Rosada favoreció a Báez, operatoria que se desarrollaría por medio de una simulación en la facturación de las habitaciones en los hoteles de los Kirchner a Báez, sin importar si se ocuparon o no.

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Caso Hotesur - piden apartar a Rafecas

La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió ayer la recusación del juez federal a cargo del "caso Hotesur", Daniel Rafecas. Lo acusó de perder la imparcialidad propia de un magistrado e incumplir con las normas vigentes para instruir el expediente que protagonizan la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Stolbizer consideró que Rafecas violó "las garantías de juez imparcial" por dos motivos. El primero, por los modos ofensivos y prejuiciosos con que abordó sus planteos en el expediente, en el que la legisladora figura como "pretensa querellante". El segundo, porque estimó que el magistrado incumplió con las normas desde que reemplazó como juez de esa causa a su colega Claudio Bonadio.

En Tribunales, se descuenta ahora que Rafecas rechazará los planteos de Stolbizer, por lo que será la Cámara Federal la que deberá definir si el juez conserva el expediente o si lo suma a Bonadio en la lista de jueces apartados de la investigación en marcha por presunto lavado de activos en el hotel Alto Calafate de los Kirchner.

Salvo que Rafecas admita su recusación, el planteo de Stolbizer terminará en la Cámara, donde los integrantes de la Sala I -Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- definirán qué hacer.

En la Cámara, sin embargo, Stolbizer afrontará otro desafío. Al reafirmar que el expediente debe continuar en Buenos Aires -en vez de girarse a Río Gallegos, como pretendían Báez y la familia presidencial-, tanto Ballestero como Freiler ya expresaron duras críticas sobre la causa, al punto que el segundo llegó a caracterizarla como una "excursión de pesca" (ver aparte).

De todos modos, el propio Freiler también afronta sus propios problemas judiciales. Por un lado, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi admitió la primera tanda de medidas de prueba que requirió el fiscal Ramiro González para determinar si el camarista se enriqueció de manera ilegal, como denunció Ricardo Monner Sans.

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Stolbizer vs Rafecas x Lázaro = Hotesur

La diputada Margarita Stolbizer (GEN) reclamó ayer al juez federal Daniel Rafecas que vuelva sobre sus pasos y revea su decisión de permitir que Lázaro Báez acceda al material informático secuestrado en la investigación sobre los hoteles de la familia Kirchner por presunto lavado.

Stolbizer le planteó a Rafecas (foto, abajo) que debe ordenar la nulidad de la resolución que firmó el jueves pasado, cuando autorizó a los abogados de Báez que, sin supervisión ni control alguno, obtengan una copia de un dispositivo que se descubrió durante los allanamientos realizados en Río Gallegos, a mediados de julio. Consideró que, de concretarse la medida, podrían "contaminar" las evidencias de manera irreversible.

Sin embargo, Stolbizer alertó que el material al que pretende acceder Báez se encontraba en realidad oculto en las oficinas de otra firma, Diagonal Sur SA, mientras que Austral Agro no es parte de la investigación penal en curso.

Más relevante, la legisladora que actúa en la causa como "pretensa querellante" le recordó a Rafecas que el argumento de los abogados de Báez choca con un límite insalvable: según los datos oficiales de la Inspección General de Justicia (IGJ), Austral Agro SA no registra movimientos desde hace años. "Resulta un contrasentido autorizar a esta empresa con el argumento de seguir con el giro normal y habitual cuando figura inactiva para el Estado y se puede advertir fácilmente con solo consultar la web de la IGJ", argumentó Stolbizer. 

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Lázaro y sus US$ 6,2 millones para los Kirchner

Lázaro Báez reconoció ante la AFIP lo que en público calla. Admitió que pagó por un total de 2300 habitaciones en el hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia presidencial a lo largo de tres años, al mismo tiempo que alquiló dos de sus salones, según consta en los convenios confidenciales que entregó al órgano recaudador y cuya copia obtuvo LA NACION.

Fruto de esa operatoria hotelera, los Kirchner recaudaron por lo menos US$ 4 millones, más otros $ 11,5 millones entre fines de 2008 y mediados de 2013 a través de Hotesur, la firma con que controlan el hotel Alto Calafate, según surge de documentación adicional del grupo de empresas de Báez a la que accedió LA NACION. Es decir, un total cercano a los US$ 6,2 millones según la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo ese período.

La operatoria que admitió Báez alcanzó a siete de sus empresas, según consta en esos y otros documentos a los que accedió este diario, que exponen una maniobra con dos grandes pasos. El primero fue que esas empresas firmaran convenios con Valle Mitre, la firma del propio Báez con la que gerenció el Alto Calafate entre 2008 y 2013. Y el segundo paso ocurrió cuando Valle Mitre, con los $ 23,7 millones que le aportaron esas siete empresas, comenzó a justificar los millones que empezó a pagarles a los Kirchner.

¿Qué decían esos tres contratos? Según reconstruyó la AFIP sobre la base de los documentos que aportó el propio Báez ante distintos organismos públicos, el primer contrato se selló el 10 de noviembre de 2008.

Es decir, apenas tres días después de que los Kirchner tomaron el control del Alto Calafate a través de Hotesur SA. Entonces firmaron un contrato "de locación" con Báez, quien aceptó pagarles US$ 80.000 más IVA por mes a los Kirchner entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, cerca de US$ 2,5 millones, más IVA.

Con el segundo contrato -"de cesión de explotación"- entre Báez y Hotesur, en tanto, el contratista de obra pública acordó un pago inicial de US$ 100.000 más otros US$ 40.000 por mes, también entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, otros 1,34 millones de dólares. Por último, con el tercero contrato "de locación" que reemplazó al primero y rigió entre mayo de 2011 y hasta su rescisión en julio de 2013, los Kirchner y Báez establecieron un canon de $ 408.000 por mes, más un seguro de US$ 5 millones. Es decir, casi $ 11,5 millones adicionales (cerca de US$ 2,4 millones según la evolución del tipo de cambio), más el seguro.

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El camarista y su caserón

El caserón blanco de dos plantas se levante justo frente a la quinta presidencial de Olivos. Nadie vive allí porque desde hace poco menos de un año se encuentra en remodelación. Es una coqueta zona residencial, pero esa propiedad de 1234 m2 no pasa inadvertida por sus dimensiones y por el muro de tres metros que la protege. ¿Su nuevo dueño? El camarista federal Eduardo Freiler, según consta en la escritura por esa compraventa cuya copia obtuvo LA NACION.

Protagonista de algunas de las decisiones más polémicas de los últimos tiempos, como el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la pesquisa por presunto lavado de activos en los hoteles de la familia Kirchner, Freiler consignó que pagó $ 2,8 millones por ese inmueble. Sin embargo, cuesta mucho más. A cinco cuadras de allí, otro caserón de dimensiones similares, pero incluso con menos metros cuadrados construidos se cotiza en US$ 1,4 millones. Más aún, ese también es el valor aproximado de la nueva propiedad que adquirió el juez, según los cálculos de las inmobiliarias de la zona. El número no incluye lo invertido hasta ahora en las refacciones.

"Hipotequé unos campos y, como dice en la escritura, una parte de la compra estuvo financiada [en cuotas]. No recuerdo exactamente cuánto pagué por la casa, pero lo que me comentaron en ese momento era que estaba cotizada en menos de 700.000 dólares", explicó Freiler ante la consulta de LA NACION.

El juez adquirió el inmueble en junio de 2014. La casa es imponente: se expande sobre un lote irregular de unos 30 metros de frente por 40 metros de fondo, en la esquina de Catamarca y Villate. Desde la segunda planta, incluso, se puede disfrutar de una vista privilegiada de la quinta presidencial.

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Hotesur - trabas a los operativos

Los libros de la sociedad hotelera presidencial, Hotesur, no estaban en su sede legal. Tampoco en el hotel Alto Calafate. Ni en las oficinas del contador. Por eso, los emisarios del juez federal Claudio Bonadio, que los buscaron en Buenos Aires, El Calafate y Río Gallegos, terminaron los operativos con las manos vacías. Sólo los entregó luego una sobrina de la Presidenta, Romina Mercado.

Las dificultades para capturar documentos sensibles de los hoteles de la familia Kirchner para la investigación por presunto lavado de activos no terminaron allí. Los colaboradores de Bonadio tampoco encontraron los archivos de Alto Calafate y Las Dunas mientras los administró Lázaro Báez, según surge de las actas de los operativos del 13 de julio que pudo ver LA NACION. Báez los gerenció por medio de Valle Mitre SA entre 2009 y 2013, período en el que recibió más de $ 8000 millones de obra pública. Los Kirchner lo apartaron cuando estalló el escándalo del valijero Leonardo Fariña.

Desde entonces lo administra Idea SA, creada por el ex gobernador Carlos Sancho, otro socio de Máximo Kirchner, aunque un tercer socio, Osvaldo Sanfelice, asumió el rol público más predominante.

Todo ese material sensible no estaba ni siquiera en los hoteles, donde sólo guardan desde 2013 en adelante. Es decir, desde que pasó a gerenciarlos "Bochi" Sanfelice, también socio y empleado de Cristóbal López.

No sólo eso. Porque cuando fueron a buscar al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares -el mismo que el juez Norberto Oyarbide tomó como "perito de parte" en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner-, se encontraron con que ya no trabajaba en su domicilio declarado. Y que en su nueva oficina tampoco estaba el material. De hecho, había borrado archivos de una PC.

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De los Kirchner a Lázaro, vía un escritorio

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

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Hotesur - más problemas con los domicilios

Pasan los años, pero la Justicia sigue sin lograr verificar dónde se encuentra la sede social de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate. Intenta ubicarla para llevarse toda la documentación societaria y contable, pero la última vez que lo intentó se topó con otra sorpresa más, según consta en las actas de los operativos que obtuvo LA NACION.

El último intento de ubicar a Hotesur se registró el 13 de julio pasado, aunque hasta ahora no había logrado trascender. El juez federal Claudio Bonadio firmó una serie de allanamientos y órdenes de presentación que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, apenas unos días antes de que la Cámara Federal porteña decidiera apartarlo definitivamente de ese expediente sensible.

Con la causa ya en sus manos, el juez Daniel Rafecas tuvo la posibilidad de acceder a esos libros societarios y contables. Pero aquello fue sólo cuando la titular del directorio de Hotesur y sobrina de la Presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, había decidido entregarlos. Ahora hay que verificar, entre otros puntos, si esos documentos son auténticos.

Antes, uno de los operativos de Bonadio que había pasado hasta ahora por debajo de los radares de la prensa, fue en el tercero y último domicilio en Buenos Aires que Hotesur había declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Es decir, la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.

Al llegar a esa supuesta sede, sin embargo, los agentes de la Policía Metropolitana que estaban a cargo del operativo se toparon con una respuesta negativa. Uno de los abogados que trabajan en la oficina declarada, Martín Tassero, les informó "que allí no funciona ni posee su dirección la empresa Hotesur SA",

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Hotesur, ¿un avance o retroceso?

Parece un avance, pero puede no serlo. La decisión que adoptó ayer el juez Daniel Rafecas es un gesto de aprobación al trabajo de su colega Claudio Bonadio en su pesquisa sobre los negocios de la familia presidencial. Pero eso no significa que la investigación pueda avanzar en el corto plazo. Por el contrario, aún corre serios riesgos de entrar en vía muerta.

¿Por qué? Porque la resolución de Rafecas será apelada por la defensa de la sobrina de la Presidenta, Romina Mercado, que como presidenta del directorio de Hotesur -sociedad controlante del Alto Calafate- lidera los esfuerzos por cerrar el expediente en Buenos Aires.

Las apelaciones que se avecinan son apenas el primer obstáculo para retomar la investigación, porque aun si la Cámara Federal porteña confirmara la decisión de Rafecas -y más allá de que luego suba o no hasta la Casación-, luego vendrá la segunda y más compleja batería de planteos defensivos.

¿Con qué objetivo? Que el expediente se remita al Sur, al juzgado federal con competencia en Río Gallegos, tal como ya esbozó el titular de Idea SA, la firma gerenciadora de los hoteles, Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA y socio de Cristóbal López en Talares de Posadas SA, además de su empleado en Álcalis de la Patagonia.

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AFIP confirma negocios entre los Kirchner y Lázaro

Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadío hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.

Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.

Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.

¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.

Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.

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Poder & Justicia: la familia en Santa Cruz

Todo queda en familia, o casi, cuando se trata del poder político, judicial y empresario de Santa Cruz. A pedido de dos fiscales, la jueza Valeria López Lestón se apresta a sobreseer al empresario Lázaro Báez en el expediente por presuntos sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz.

¿El otro imputado? El ya fallecido ex presidente Néstor Kirchner, su primo segundo. El inminente sobreseimiento se dictará sin siquiera una sola medida de prueba acumulada al expediente, por lo que se tratará de una no investigación. Pero aun así lo convalidará la jueza, hija de Josefa Kirchner. No es, claro, el único caso.

Una sobrina del ex presidente, Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, es a su vez quien debiera investigar a sus parientes por la compra de tierras fiscales en El Calafate a sólo $ 7,50 el metro cuadrado. Pero también a sí misma, dado que ella es otra de las beneficiarias de esos terrenos.

Por su parte, uno de los fiscales de la no investigación contra Báez también participó en el expediente local sobre los "fondos de Santa Cruz" junto al entonces juez -luego ascendido- Santiago Lozada, quien se dejaba ver mientras cafeteaba con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.

Pero incluso el Tribunal Superior de Justicia santacruceño refleja los vínculos que unen a los jueces con el poder local, aunque ya no resulte tan explícito, como cuando lo presidió Carlos Zannini hasta que renunció para irse con los Kirchner a la Casa Rosada.

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Hotesur - un largo camino hacia los Kirchner

El juez federal Claudio Bonadío dejó atrás ayer el primero de los varios escollos que afronta para investigar la operatoria hotelera de la familia Kirchner y la ruta del dinero que la une con dos de los empresarios más controvertidos de la última década: Lázaro Báez y Cristóbal López.

La Cámara de Casación Penal se encargó de ese primer escollo. Lo confirmó al frente del "caso Hotesur" -como se llama la sociedad controlante del hotel Alto Calafate-, a pesar de los esfuerzos por recusarlo por la supuesta vulneración de los derechos de defensa de los imputados.

Sin embargo, el juez afronta aún al menos otros dos desafíos. El primero es un intento que llegó del Sur para quitarle la pesquisa por razones de competencia. El objetivo es que Bonadio se desprenda del expediente y lo envíe a Río Gallegos. El segundo pasa por el rol que debe asumir -o no- el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien semanas atrás se tomó una licencia inesperada.

¿Por qué tantas dificultades alrededor de esta investigación? Porque si Bonadio retiene el expediente, avanzará sobre Máximo Kirchner. Y más tarde o más temprano lo citará a indagatoria.

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"Bochi", el puente entre Máximo y Cristóbal

El dueño de todos los secretos inmobiliarios de la familia presidencial Kirchner, Osvaldo Sanfelice, fue el enlace clave para concretar los millonarios contratos de alquiler que unen a la familia Kirchner con el empresario patagónico Cristóbal López, confirmaron a LA NACION fuentes del Grupo Indalo al tanto de la operatoria.

Conocido como "Bochi", Sanfelice es un agente de bienes raíces de 65 años, de Río Gallegos, donde conoció y se convirtió en íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Ya con él en la Casa Rosada, en 2005, se convirtió en socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios, y en 2008 apareció como socio de López en la firma Talares de Posadas.

López siempre negó ser socio de Sanfelice, aun cuando los documentos así lo consignan. Sostiene que nunca prosperó el proyecto hotelero que evaluaron juntos. Pero el vínculo -Sanfelice también aparece como empleado suyo en la empresa Alcalis de la Patagonia SA- terminó por fructificar en los alquileres de un departamento, una oficina y cinco cocheras que los Kirchner poseen en el complejo Madero Center, de la ciudad de Buenos Aires.

Sólo entre junio de 2014 y enero de este año, López pagó $ 2,8 millones por esos alquileres en Puerto Madero a través de dos de sus empresas, Inversora M&S SA y, otra vez, Alcalis de la Patagonia SA, según reveló LA NACION el domingo pasado. Molesto, el empresario salió al ruedo con una solicitada en la que destacó que la operatoria es legal, y que la nacion y Clarín intentan una "extorsión pública".

Junto al llamado "zar del juego" indicaron a LA NACION, además, que la operatoria comenzó hace dos años "por lo menos". Y que esos contratos con valores pactados en dólares los firmó Máximo Kirchner, por lo que la familia presidencial embolsó varios millones de pesos más por esa operatoria comercial.

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Rosada y Py, tregua en marcha

La Casa Rosada negocia con los jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py. Su objetivo es sellar una tregua con todos los magistrados que sea posible y por un plazo determinado: el 10 de diciembre próximo, día en que expirará el mandato de la presidenta Cristina Kirchner.

El secretario Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, lidera la negociación, que en la práctica quedó en manos del secretario de Justicia, Julián Álvarez, y otros funcionarios y operadores. Entre ellos, el número dos de la ex SIDE, Juan Martín Mena, y un estrecho colaborador del ministro Julio De Vido, José María Olazagasti, a quien también señalan con funciones dentro del área de Inteligencia.

Desde Comodoro Py, dos jueces aparecen como interlocutores o "amigables componedores" con el kirchnerismo. El primero es Rodolfo Canicoba Corral; la otra, María Servini de Cubría, confirmaron a LA NACION siete jueces y fiscales. "A nadie le interesa una guerra, porque en toda guerra hay muertos de ambos lados", resumió una de las fuentes judiciales ubicadas en la primera línea de negociación. "No les sirve ni a ellos [por el Gobierno] ni a nosotros."

Los esfuerzos del Gobierno se centran, casi en exclusividad, en los expedientes que afectan a la Presidenta. Es decir, la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal Alberto Nisman y la pesquisa sobre la sociedad Hotesur, con Máximo Kirchner y Lázaro Báez como primeros actores (ver aparte). Pero el plan es acordar una tregua con el mayor número posible de jueces y fiscales de Comodoro Py, y aislar a los más díscolos. Entre otros, el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, uno de los referentes de la marcha del 18 de febrero.

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Los Kirchner - primeras inconsistencias contables

La deuda ya era conocida. Pero no el escueto documento que así lo expone y las preguntas que deja abiertas. El empresario Lázaro Báez figuró como acreedor del ex presidente Néstor Kirchner por $ 8,3 millones sin que la deuda aumentara por intereses con el paso de los años. Ahora, por primera vez, sale a la luz ese documento. Es apenas una carilla, escueta y cuestionable, según tres contadores consultados por LA NACION.

Firmado por un apoderado de Austral Construcciones, Martín Jacobs, ese documento sólo detalla que la firma contaba con un "crédito a cobrar al 31/12/2007" sobre Kirchner por $ 8.329.596,50 repartidos en cuatro facturas: una de diciembre de 2006 y las tres restantes de diciembre de 2007. Pero en las declaraciones juradas de los Kirchner esa deuda apareció detallada de un modo muy distinto. O ni siquiera apareció.

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Esos y otros datos llamativos en la contabilidad de la familia presidencial quedaron dentro de la investigación que instruye el juez federal Claudio Bonadío. El magistrado solicitó las declaraciones juradas que los Kirchner y su sociedad hotelera Hotesur presentaron ante la AFIP.

Esas declaraciones podrían exponer incongruencias en el reparto del acervo sucesorio tras la muerte de Kirchner. Por ejemplo, que la presidenta Cristina Fernández registró $ 31,6 millones por la disolución de la sociedad conyugal, mientras que sus hijos, Máximo y Florencia, declararon cerca de $ 40 millones por la otra mitad.

Los movimientos societarios y bancarios de Máximo Kirchner también son ahora observados, con algunos primeros datos curiosos. Entre otros, que al abrir una cuenta bancaria en 2013 fijó su domicilio en el piso 3 de la avenida Belgrano 265 de Buenos Aires. Allí trabajaba el contador del primer accionista de Hotesur, Jorge Giovanakis. Pero ese contador se mudó de allí hace años, según recuerdan en el edificio.

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Báez - control total sobre los hoteles K

Los contadores de Lázaro Báez no sólo se encargaron de los números de Valle Mitre, la firma con que el empresario gerenció los hoteles Alto Calafate y La Aldea, y la hostería Las Dunas. También controlaron, revisaron y ajustaron la operatoria interna de los tres establecimientos, según consta en los registros contables del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

Ese acceso irrestricto de Báez a los números internos de los hoteles de la familia Kirchner le permitió conocer en detalle, por ejemplo, la facturación neta de IVA, mes a mes y durante años, de los tres establecimientos, como así también del restaurante La Usina.

No sólo eso. Los contadores del empresario patagónico sospechado de ser testaferro de la familia presidencial también supervisaron las reservas y ventas de habitaciones de los tres establecimientos desde mediados de 2009, con análisis por gráficos de los índices de ocupación de cada hotel, ya fuera en temporada alta, media o baja. 

Ese acceso a los números internos de cada establecimiento llegó a tal punto que Báez pudo conocer, entre otros, los ingresos y gastos de lavandería o telefonía en el hotel Alto Calafate.

Esos registros internos, a los que accedió LA NACION, muestran por ejemplo que, en enero de 2011, el Alto Calafate registró ingresos por $ 934.486 en concepto de habitaciones, otros $ 1145 por lavandería y tintorería, y $ 11.503 en el rubro "health club".

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Hotesur - contadores de Lázaro al mando

Un grupo de contadores del empresario patagónico Lázaro Báez se encargó durante años de la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate, según surge de documentos internos del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

El control contable fue total y profundo. Desde 2009 manejó la facturación del Alto Calafate. También supervisó sus índices de ocupación y sus gastos operativos, a tal punto de conocer la cifra exacta y hasta en centavos, por ejemplo, de sus gastos declarados de telefonía, lavandería, desayuno, tintorería y health club, entre otros.

La operatoria la lideró un estrecho colaborador de Báez, César Gerardo Andrés, quien también supervisó la contabilidad de Austral Construcciones y del resto del grupo de empresas y sociedades del ex empleado del Banco de Santa Cruz, que durante más de un año y medio pagó más de 1100 habitaciones por mes en los hoteles de la familia presidencial sin usar esas reservas.

Andrés actuó -y aún lo sigue haciendo- desde su oficina de la calle Libertad 141 de Río Gallegos. Pero no fue el único lugarteniente del grupo Báez que se involucró en los registros de Hotesur y del Alto Calafate. También lo hizo otro contador de extrema confianza del empresario, Daniel Pérez Gadín, quien antes de desembarcar en la financiera SGI de Federico Elaskar subió a Internet su propio currículum, en el que detalló entre sus "clientes" al hotel de lujo de los Kirchner.

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IGJ - adulteran un sumario vs una ex funcionaria

El Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.

La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez (foto, abajo), quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.

El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".

La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.

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