"Como todo, es un tema de precio", responde el experto. Y ese precio "se pone por la cara" del candidato, acota un segundo especialista. Una tarifa que será para atacar a otros -y escuchar o leer sus comunicaciones- o para que sus charlas permanezcan privadas.
Bienvenido, pues, al mundo de las escuchas telefónicas.
Bienvenido, pues, al mundo de las escuchas telefónicas.
La premisa es sencilla: hay escuchas legales e ilegales. Las primeras las pide un fiscal o una parte en un expediente judicial -una persona, por ejemplo, que sufre amenazas-, pero siempre debe ordenarlas un juez, que decide qué números serán interceptados y por cuánto tiempo. En cuanto a las otras, las hay hechas por agentes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) con filones propios de negocios, por agencias privadas de seguridad y por hackers especializados.
En la Argentina formal, sin embargo, sólo la ex SIDE puede pinchar teléfonos. Así lo impone la ley de inteligencia de 2001, que veda esa competencia a la Policía Federal, la Gendarmería, el Ejército, o cualquier otra fuerza de seguridad o armada. Ésa, claro está, es la teoría.
Pero si las escuchas son ilegales, las metas son muy distintas. Permiten obtener una ventaja desleal en los negocios o frente a un competidor electoral -y Francisco de Narváez podría relatar aquí cómo se obsesionó por esquivar pinchaduras durante su campaña de 2009-. O pueden ser para extorsionar a un rival, sea empresario o político. Y en ese rubro, la ex SIDE forjó su fama con especial fuerza durante la última década.
pd: el resto del artículo publicado hoy en LA NACIÓN, acá.
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