Corte + escuchas = más poder para Comodoro Py

La Corte Suprema de Justicia evalúa delegar la oficina de escuchas telefónicas en la Cámara Federal porteña, lo que en la práctica implicará darle aún más poder a los tribunales de Comodoro Py, confirmaron altas fuentes judiciales a LA NACION.

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti (foto, abajo), ya le adelantó la propuesta al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, durante una reunión a fines de enero, en la que también se abordaron otras opciones destinadas a incluir otras cámaras del interior del país o con asiento en la ciudad de Buenos Aires, como la Cámara en lo Penal Económico.

La opción más firme, sin embargo, pasa por la Cámara Federal porteña, al punto de que Lorenzetti también le adelantó ese plan a la procuradora, Alejandra Gils Carbó. También le pidió que mantenga a su personal dentro del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) hasta que el nuevo equipo complete su capacitación.

La Corte podría respetar de ese modo el eje central del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2015, que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de diciembre pasado -que transfirió las interceptaciones telefónicas al máximo tribunal del país-, pero sin asumir de manera directa un área que podría generarle dolores de cabeza.

En rigor, el objetivo de Macri y sus colaboradores con ese decreto fue quitarle poder y recortarle facultades a Gils Carbó, a quien consideran demasiado afín al kirchnerismo, al mismo tiempo que buscaron reforzar los vasos comunicantes con Lorenzetti.

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Espionaje ilegal en tiempos K

La puja por las escuchas excede a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Apunta a los doce años previos del kirchnerismo en el poder y a la forma en que manejaron las intervenciones telefónicas (y los carpetazos) cuando las manejaba (y manipulaba) la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE).

Fueron años en que el entonces presidente Néstor Kirchner se movió a gusto con la información que le pasaban los espías liderados por Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, al que los santacruceños mimaron y potenciaron durante una decada.

CFK, Pocino y Stiuso

Fueron años, además, en los que el kirchnerismo disfrutó de montar operaciones de desprestigio en cada campaña electoral, como las que padecieron Enrique Olivera o Francisco de Narváez, entre otros. Y fueron años en los que las escuchas (las legales y las otras) quedaron bajo la órbita de la infame "Ojota" de la ex SIDE, que se ganó su apodo gracias a sus iniciales formales: O. J.

Ese statu quo sólo comenzó a cambiar cuando, ya en su último año en la Casa Rosada, el kirchnerismo rompió con sus socios para los trabajos desagradables. Y no rompió por un súbito ataque de conciencia. La causa fue más práctica: la entonces presidenta Cristina Kirchner sospechó que los muchachos eran más fieles a si mismos que a ella y su poder.

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Escuchas ilegales: apunten contra Stiuso

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) abrió una investigación interna para determinar si espías de la ex SIDE a las órdenes de Antonio "Jaime" Stiuso armaron una causa para escuchar cientos de teléfonos "sensibles" durante los últimos años, según surge de un memorando del área de Contrainteligencia de la AFI. LA NACION obtuvo una copia de ese memo.

La investigación de la AFI se abrió como derivación del expediente que durante más de tres años se manejó con extremo sigilo en los tribunales de Comodoro Py. Esa causa permitió recolectar más de 16.400 fojas de conversaciones editadas sobre políticos, empresarios, funcionarios, jueces, sindicalistas, banqueros y periodistas, entre otros, dentro y fuera de la casa de los espías.

El memorando no identifica a los sospechosos por sus nombres, pero el primero de la fila sería Stiuso [foto, arriba], jefe operativo de la SIDE durante la última década, devenido en enemigo de la Casa Rosada.

Firmado por el actual director general de Contrainteligencia, el memorando se envió el 14 de mayo a la Dirección General de Asuntos Legales y Técnicos de la AFI para alertar que, en principio, "no surgirían elementos que acrediten la hipótesis fundante" para pedir esas pinchaduras de teléfonos.

Apenas un día después, el titular de la AFI, Oscar Parrilli, envió un informe a la Justicia. Allí afirmó que había ordenado "un profundo relevamiento de las tareas desarrolladas" con esas escuchas por la Dirección General de Operaciones, que lideraba Stiuso, para determinar si los espías cometieron algún acto "irregular" durante los últimos años, "deslindar las responsabilidades" y, llegado el caso, radicar "las denuncias penales correspondientes".

Parrilli envió ese informe al juez federal Sergio Torres, que tiene en sus manos el expediente de la discordia. Se inició en octubre de 2011 con una denuncia de la ex SIDE contra la consultora privada Dark Star, a la que se acusó de espiar para Gran Bretaña, lo que tras casi cuatro años se verificó que carecía de sustento.

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Un atisbo a las guerras intestinas de la ex Side

Hay un expediente en el que duerme una larga lista de potenciales escándalos: sobornos a jueces, amenazas de carpetazos entre funcionarios, seguimientos a periodistas, vínculos ocultos con barrabravas, testigos falsos en el juicio por la tragedia de Once, el rol del teniente general César Milani en tareas de inteligencia interna, datos sobre el titular de la Corte y cruces de facturas dentro de la ex SIDE, entre otros.

Ese expediente se encuentra en manos del juez federal Sergio Torres. Comenzó hace tres años, incluye 82 carpetas con 16.400 fojas de transcripciones telefónicas que se acumularon hasta agosto pasado y aporta indicios sobre la disputa entre dos referentes de los espías: Antonio "Jaime" Stiuso y Fernando Pocino.

Tras revisar ese material, el fiscal federal Federico Delgado recomendó anteayer al juez que informe de inmediato sobre esos hallazgos al Congreso y a la Casa Rosada para que evalúen qué hacer. También le planteó al juez que archive la causa, pero que extraiga testimonios para que otros jueces investiguen y determinen si se cometieron delitos.

La causa madre se inició en octubre de 2011, cuando la ex SIDE le pidió a Torres que autorizara la intervención de teléfonos y una cuenta de correo electrónico. Todas vinculadas a la firma Dark Star Security, a la que acusó de "desarrollar tareas de espionaje y contraespionaje en beneficio de una potencia extranjera".

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El exilio de Stiuso, que teme y espera

Antonio "Jaime" Stiuso calla y espera. Quienes aún mantienen contacto con él afirman que el hombre que dominó los hilos de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) durante todo el kirchnerismo espera el momento adecuado para iniciar lo que mejor sabe hacer desde hace décadas: operaciones de contraofensiva.

El Gobierno lo citó para que pasado mañana se presente en la sede de la central de inteligencia para "dar explicaciones" sobre su vínculo con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Pero muy pocos creen que lo vaya a hacer. Casi todos aseguran que no está en el país, tal como afirmó su abogado, Santiago Blanco Bermúdez. Y dicen que por ahora no piensa volver, ¿desde Miami? Otros se preguntan si se cuida solo o, como cuentan sus allegados, acaso como maniobra de distracción, lo custodian servicios extranjeros con los que supo trabar buena relación.

Stiuso está convencido de que si reaparece ahora, el Gobierno buscará meterlo preso. También teme terminar muerto. Como Pedro "el Lauchón" Viale, otro agente de la ex SIDE de su máxima confianza, que murió regado de balas del Grupo Halcón, de la policía bonaerense, en un operativo de julio de 2013 que la Justicia sospecha que fue un asesinato apenas disimulado.

Stiuso, "Jaime" o "Aldo Stiles" -su nombre oficial como espía-, ahora ex director general de Operaciones de la SIDE, sabe mucho de todas estas cosas, dicen seis fuentes que lo conocen -tres de las cuales aún mantienen contacto con él- y que accedieron a dialogar con LA NACIÓN bajo estricta reserva de sus nombres.

Sabe de operativos legales y de los inconfesables, de aprietes y de muertes. Por eso calla y espera su momento, cuando sólo pasaron unos días desde que la Cámara Federal confirmó la desestimación de la denuncia de Nisman contra la Presidenta y otros funcionarios por el pacto con Irán.

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Nueva SIDE, nuevas escuchas, nuevas denuncias

La nueva "dueña" de las escuchas telefónicas en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Josefina Kelly Neira, acumuló las primeras dos denuncias penales en su contra. Ambas, por las supuestas trabas que un fiscal federal afirma que le interpuso mientras investigaba secuestros extorsivos en el conurbano.

El fiscal federal Paul Starc la denunció la semana pasada tras considerar que, como flamante jefa de la Dirección de Observaciones Judiciales, Kelly Neira "se negó" a cumplir con su labor. Es decir, se resistió a pinchar dos teléfonos -"o al menos demoró su cumplimiento"- durante la investigación de uno de los secuestros e impidió el acceso a dos policías designados para unas "escuchas directas" durante el segundo secuestro.

Starc también pidió ayuda a su jefa máxima, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para que "inste" a las nuevas autoridades de la ex SIDE, tanto Kelly Neira como su superior, Oscar Parrilli, "a abstenerse de realizar conductas tales como la denunciada", lo que consideró que causó "un injustificado retardo" para avanzar con sus investigaciones.

Con un paso previo en el Ministerio de Justicia, Kelly Neira llegó a la dirección conocida en la jerga tribunalicia y de los servicios como "Ojota" tras la asunción de Parrilli como nuevo titular de la ex SIDE, al igual que otros militantes de La Cámpora. De buena sintonía con el referente de esa agrupación y actual secretario general de la Presidencia, Wado de Pedro, Kelly Neira concentró el fastidio del fiscal Starc por su actuación durante los últimos días de febrero.

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Pinchaduras para todos y todas

"Como todo, es un tema de precio", responde el experto. Y ese precio "se pone por la cara" del candidato, acota un segundo especialista. Una tarifa que será para atacar a otros -y escuchar o leer sus comunicaciones- o para que sus charlas permanezcan privadas.

Bienvenido, pues, al mundo de las escuchas telefónicas.

La premisa es sencilla: hay escuchas legales e ilegales. Las primeras las pide un fiscal o una parte en un expediente judicial -una persona, por ejemplo, que sufre amenazas-, pero siempre debe ordenarlas un juez, que decide qué números serán interceptados y por cuánto tiempo. En cuanto a las otras, las hay hechas por agentes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) con filones propios de negocios, por agencias privadas de seguridad y por hackers especializados.

En la Argentina formal, sin embargo, sólo la ex SIDE puede pinchar teléfonos. Así lo impone la ley de inteligencia de 2001, que veda esa competencia a la Policía Federal, la Gendarmería, el Ejército, o cualquier otra fuerza de seguridad o armada. Ésa, claro está, es la teoría.

Pero si las escuchas son ilegales, las metas son muy distintas. Permiten obtener una ventaja desleal en los negocios o frente a un competidor electoral -y Francisco de Narváez podría relatar aquí cómo se obsesionó por esquivar pinchaduras durante su campaña de 2009-. O pueden ser para extorsionar a un rival, sea empresario o político. Y en ese rubro, la ex SIDE forjó su fama con especial fuerza durante la última década.

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Las pinchaduras del Señor Timerman

El canciller Héctor Timerman y varios de los más altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron sometidos a escuchas telefónicas durante algunas de las más complejas negociaciones diplomáticas de los últimos años, con países como Irán, Estados Unidos y Uruguay, entre otros. Así surge de documentos oficiales secretos, que fueron vistos por LA NACION.

Las escuchas telefónicas alcanzaron, al menos durante 2011, a Timerman; al entonces vicecanciller, Alberto D'Alotto; al secretario de Cooperación y Coordinación Internacional, Hernán Orduna, e incluso a Ulises Kandiko, jefe de la Dirección de Seguridad del ministerio (Diseg), que vela por la limpieza de las comunicaciones más sensibles de la diplomacia argentina.

La propia Diseg detectó el espionaje durante dos de los monitoreos que desarrolla de manera periódica con la Policía Federal de todas las vías de comunicación de la Cancillería. Descubrió "anomalías" en las líneas de esos funcionarios, que estaban redireccionadas, según los documentos MRE:0104597/2011 y otros posteriores.

La pesquisa permitió comprobar que la interceptación sería local y se sospechó de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) como posible responsable, algo que, sin embargo, no quedó asentado en uno de los expedientes secretos que se iniciaron, registrado como EXPE-MRE:0038291/2011.

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