Facturas truchas: ahora Cristóbal cruza a Lázaro

Furioso por lo que interpretó como un intento por meterlo en otra causa judicial, el "zar del juego" Cristóbal López salió al cruce del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y desmintió que una de sus empresas opere o haya operado con una firma de Bahía Blanca sospechada de funcionar como usina de facturas truchas.

El inesperado cortocircuito entre dos empresarios icónicos de la década kirchnerista ocurrió luego de que la nacion revelara que Báez afirmó que la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones, no acumulaba facturas truchas en sus balances ni operaba con sociedades fantasmas. Y para eso sostuvo que la firma cuestionada, Grupo Penta y Cía SA, era real y que otras siete empresas comerciaban con ella, como Tsuyoi SA, la concesionaria de López.

El problema es que el "zar del juego" desmintió a Báez. "Chequeamos todas las cuentas corrientes y nos da como resultante [que] Grupo Penta y Cía no figura como proveedor de Tsuyoi en todo nuestro historial; [y] Grupo Penta y Cía no figura como cliente de Tsuyoi", afirmó el gerente general de esa concesionaria, Juan Menestrina, en una carta que debió enviarle a Toyota para fijar su posición, según una copia que facilitaron colaboradores de López a la nacion.

"Me molesta tremendamente la poca seriedad con la que se involucra el buen nombre de Tsuyoi en un caso ajeno a nosotros", lamentó Menestrina, quien también consideró malintencionada la publicación de la nacion. "Tsuyoi, desde su constitución en el año 1994, ha sido honesta y transparente en todos sus actos y tiene todos sus números disponibles para ser auditados en cualquier momento, sin tener que ocultar nada, ya que su operatoria es ciento por ciento en blanco", añadió.

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Facturas truchas: Lázaro mete a Cristóbal

Dispuesto a todo para defenderse, el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca, según consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuya copia obtuvo LA NACION.

Baéz señaló a una de las empresas más queridas por el "zar del juego", Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti. 

Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.

El argumento de Báez es sencillo: Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le "abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas" -como Tsuyoi-, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por tanto, las facturas que emitió Penta son reales.

Tsuyoi es una de las empresas más queridas por Cristóbal López. La creó en 1994 junto con su esposa e hijos, y se convirtió en la primera concesionaria de la marca Toyota en la Patagonia. Allí Carlos Zannini, compró su camioneta, según consta en la última declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después de que LA NACION reveló la operatoria bajo sospecha, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización. 

Durante aquella conferencia de prensa, sin embargo, Echegaray evitó detallar los resultados de la pesquisa de sus sabuesos locales.

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Facturas truchas: la AFIP protegió a Lázaro

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de Lázaro Báez, Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias obtuvo LA NACION y fuentes al tanto de la operatoria.

La protección de Báez quedó en manos del entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional Bahía Blanca, Norberto Filipini. Detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de este empresario con múltiples vínculos comerciales con la familia Kirchner.

Ese requerimiento de la AFIP se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno de la AFIP sobre la Constructora Patagónica Argentina -una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas-, cuya copia obtuvo LA NACION.

La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió "anulado" y se consignó sobre el encabezado la leyenda "=Sin enviar=".

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Lázaro & Echegaray = ¿asociación ilícita fiscal?

El empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fueron denunciados ayer ante la Justicia como integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal" por los millones de pesos en facturas truchas que salieron de Bahía Blanca para beneficiar a la empresa Austral Construcciones.

La denuncia la radicó la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien consideró que esa operatoria podría representar el delito precedente para acusar a Báez por lavado de activos en la causa por "la ruta del dinero K" que instruye el juez federal Sebastián Casanello. 

Stolbizer también apuntó contra los empresarios de Bahía Blanca dueños de las usinas de facturas truchas -en particular, la familia de Enzo, Franco y Silvio Ficcadenti-, así como contra varios funcionarios de la AFIP en esa ciudad, como el jefe de la Regional, Juan Pablo Fridemberg, y uno de sus colaboradores, Norberto Filipini.

"La investigación de las maniobras, profundizando en las operatorias, empresas y sus contabilidades, personas involucradas y el cotejo del circuito de los beneficios económicos podría constituir el delito precedente necesario para configurar luego la maniobra de encubrimiento y/o lavado de dinero ilícito", le planteó Stolbizer a Casanello, al que le solicitó ampliar su investigación en marcha.

"Del entramado de relaciones entre todas las personas participantes de los hechos, tanto los que conducen organismos públicos como los que integran sociedades particulares, podría concluirse también la existencia de una asociación ilícita fiscal que debería investigarse", añadió la legisladora.

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Lavado - Lázaro vs juez, medios y AFIP

Molesto por los datos que salen a la luz sobre las facturas sospechadas que terminaron en los balances de Austral Construcciones, el empresario Lázaro Báez acusó al juez federal Sebastián Casanello de dejarse manipular por los medios de comunicación. También contradijo al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien señaló como usina fantasma a una de las empresas que operó con Austral Construcciones.

La andanada de Báez se plasmó en un extenso escrito que presentó en el juzgado de Casanello, luego de que el magistrado le pidiera a la AFIP que le entregue datos sobre los tres grupos de empresas de Bahía Blanca sospechadas de emitir facturas falsas, según reveló LA NACION el 19 de octubre pasado. 

El fastidio del empresario que mantiene "vínculos comerciales" con la presidenta Cristina Kirchner, y al que la Justicia investiga por presunto lavado, asociación ilícita, sobreprecios y evasión tributaria, entre otros delitos, es evidente desde la primera de las 26 carillas de su escrito, que su vocero facilitó a la nacion.

"Una vez más, se dejó llevar por los medios de comunicación para dictar una medida de prueba en esta causa", le endilgó a Casanello, al que incluyó en lo que definió como "un verdadero círculo vicioso". Es decir, "una sinergia mediático-judicial verdaderamente preocupante" por la que los medios publican versiones que llevarían al juez -al que algunos periodistas críticos califican, sin embargo, de "tortuga"- a ordenar nuevas medidas de prueba que, a su vez, permiten a los medios publicar más noticias.

Báez presentó su escrito con la firma de sus abogados penalistas Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, quienes registran otros clientes con problemas por delitos de cuello blanco como lavado y sobornos. Entre otros, el ex banquero Raúl Moneta y el ex director del Banco Nación Mario Dadone, quien reconoció su conducta delictiva en el escándalo de corrupción con IBM.

A lo largo de su escrito, Báez afirmó varias veces que su nave insignia, Austral Construcciones, no recibió "ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas" que sea trucha. Y para eso, defendió su actuación con las firmas Constructora Patagónica, Terrafari, Grupo Penta y Calvento.

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Lázaro & Bahía Blanca, ¿delito precedente?

La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tres grupos de empresas de esa ciudad por servicios que jamás prestaron o por los que inflaron sus precios a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario santacruceño.

Báez afronta varias investigaciones judiciales, tanto en la Argentina como en Uruguay y Suiza, pero recién el martes pasado, por primera vez, un fiscal pidió que se lo cite a indagatoria como sospechoso de lavar millones de dólares. Y lo hizo con un ejemplo concreto: la compra de un campo en Mendoza por US$ 5 millones, con el financista Leonardo Fariña como intermediario.

Sin embargo, para concretar esa indagatoria y, llegado el caso, procesar a Báez, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez de la causa, Sebastián Casanello, deben precisar cuál habría sido el delito precedente de esas supuestas operatorias de blanqueo. Es decir, ¿por qué ese dinero que se pretende lavar es ilícito?, ya que la investigación sobre el empresario se inició antes de que se reformara la legislación y se fijara al lavado como delito autónomo.

La sospecha de los investigadores es que ese delito precedente podría encontrarse en Bahía Blanca. Austral Construcciones utilizó facturas falsas por decenas de millones de pesos emitidas por tres grupos de empresas de esa ciudad.

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Lázaro Báez - indagatoria en puerta

Sólo 24 horas después de que la Cámara Federal porteña reclamó una investigación "integral y completa" sobre Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió ayer la indagatoria del empresario ultrakirchnerista por presuntas maniobras de lavado de activos por millones de dólares.

Marijuan consideró que Báez actuó como inversor en las sombras cuando el supuesto empresario Leonardo Fariña compró "en comisión" la estancia mendocina de El Carrizalejo, por US$ 5 millones, una de las maniobras a las que habría recurrido el dueño de Austral Construcciones para lavar decenas de millones de dólares. El arribo de Báez a los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse de los cargos por lavado de activos, sin embargo, podría demorarse durante meses o incluso extenderse más allá de 2015, ya que el propio fiscal solicitó también una larga lista de medidas de pruebas previas, tanto dentro como fuera de la Argentina.

El juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, apuntará ahora a completar esas medidas previas, y para eso podría delegar parte de la labor en el propio fiscal Marijuan, y así repartir la carga entre ambos, según adelantaron fuentes judiciales a LA NACION. El objetivo clave es determinar cuál sería el delito precedente de esas maniobras de activos. Es decir determinar, si Báez lavó dinero negro, ¿de dónde provinieron esos fondos que buscó blanquear? En esa línea, y sólo un par de horas después de recibir su escrito, Casanello accedió a una de las medidas que pidió el fiscal y ordenó el allanamiento de la casa de cambio Maxinta, que, junto con el Banco Supervielle, se encargó de mover los US$ 5 millones con una serie de operaciones bajo sospecha.

Una segunda hipótesis pasa por la facturación falsa detectada en varias empresas de Báez, según adelantaban anoche los investigadores de Comodoro Py. La última vez fue cuando LA NACION reveló a fines de octubre pasado cómo tres grupos de empresas de Bahía Blanca -de las familias de Silvio Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza- emitieron facturas falsas por decenas de millones de pesos a favor de Austral Construcciones, que así pudo evadir impuestos, pagar sobornos u otras acciones irregulares.

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AFIP, dos versiones para unas facturas truchas

La historia oficial es benévola. Sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó a decenas de sociedades de Bahía Blanca, detectó que varias emitían o recibían facturas truchas, pero sólo admite que una le había facturado a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Y expone que el cierre de su Regional en esa ciudad bonaerense se debió a un conflicto gremial y que ningún funcionario del organismo fue desplazado.

Documentos de la propia AFIP que recolectó LA NACION en los últimos diez meses cuentan, sin embargo, otra historia. Confirman que Austral Construcciones recibió facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad, que dentro de la AFIP se desplazó a 49 funcionarios, que se remitieron las investigaciones a Mar del Plata cuando se cerró la Regional Bahía Blanca y que allí, una división creada para la ocasión, se encargó de archivar actuaciones y emprolijar papeles, si los hubo. Porque, al menos, una de las firmas fantasma informó que le habían robado su documentación.

Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sólo identificó a Calvento SA como una firma trucha durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para despegar de Báez a la presidenta Cristina Kirchner, y criticar a la prensa con un argumento incriminatorio: concentrarse sólo en el empresario patagónico por delitos cometidos por otras 1200 firmas.

En efecto, Calvento SA es una firma fantasma, creada por Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. Pero documentos internos de la AFIP exponen que sus sabuesos también avanzaron sobre otras dos sociedades de esa familia: Grupo Penta y Terrafari. También emitieron facturas millonarias, que los inspectores consideraron apócrifas y terminaron en manos de Báez.

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Echegaray, el confirmador

Sólo un día después de que LA NACION informara sobre una millonaria madeja de evasión con centro en Bahía Blanca, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad se encuentran bajo fiscalización y que al menos una firma "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas".

Un trío que se las trae: Toninelli, Echegaray y Michel

Echegaray confirmó, además, que la nave insignia del empresario Lázaro Báez, Austral Construcciones, recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició esa supuesta investigación o cuánto dinero se estima que podría haber evadido.

Con la ayuda del jefe de la DGI, Ángel Toninelli, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense- y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como informó LA NACION anteayer.

Según reconstruyó este diario, y a diferencia de lo que sostuvo Echegaray ayer, todas las fiscalizaciones fueron archivadas mientras los expedientes administrativos se encontraban bajo el control de la Regional Mar del Plata.

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Bustos, el "misionero" de Lázaro

BAHÍA BLANCA.- El entramado de empresas reales y sociedades fantasma, facturas truchas, cheques correlativos y millones de pesos en danza incluyó el rol clave de un puñado de profesionales contables de esta ciudad. Ellos negociaron la regularización fiscal con un lugarteniente de Lázaro Báez, Claudio Bustos, y con las nuevas autoridades de la Regional de la AFIP en esta ciudad, según reconstruyó LA NACION durante los últimos 10 meses, período en el que viajó cuatro veces a Bahía Blanca.

Al menos uno de esos encuentros entre los apoderados del Grupo Penta y de Juan Suris, Bustos y autoridades locales de la AFIP reflejó cuán poderoso es Báez (foto, arriba). Ocurrió en el séptimo piso de las oficinas del organismo, sobre la calle San Martín, a metros de la plaza Rivadavia. Allí, el lugarteniente del socio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó la voz cantante sobre qué hacer en consulta permanente por teléfono con Buenos Aires.

Como apoderado de Austral, Bustos conoce las calles bahienses. El miércoles 23 de julio pasado, por ejemplo, llegó hasta la ciudad en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió a las 7.30 de Buenos Aires. Se quedó unas pocas horas en Bahía Blanca. Las suficientes para imponer que el Grupo Penta se acogiera a un plan de 24 cuotas de regularización fiscal. Y a las 14.30 emprendió su regreso.

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Lázaro + facturas truchas + AFIP = evasión

BAHÍA BLANCA.- Lázaro Báez lo hizo de nuevo. Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de esta ciudad. Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos cuyas copias obtuvo LA NACION durante los últimos diez meses.

La facturación le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.

El descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria sacudió la regional de la AFIP en esta ciudad. Mientras avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 que la redujo a "agencia", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización.

La facturación apócrifa que benefició a Báez se apoyó en por lo menos tres conjuntos de compañías de esta ciudad. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular por al menos $ 50 millones, aunque algunos expertos estiman que podría ser más elevada.

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Suris, otro "panadero" del Sur

Procesado ya como supuesto jefe de una banda narco, Juan Ignacio Suris admitió ante la Justicia su responsabilidad en otro delito: contó que emitió facturas truchas por millones de pesos, que beneficiaron a empresas de la provincia de Santa Cruz, algunas de ellas relacionadas con el Gobierno nacional.

El amigo del "valijero" Leonardo Fariña afirmó, sin embargo, que no le consta haber operado con firmas del empresario Lázaro Báez, como investigó un equipo de sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "Que yo sepa, no", dijo, aunque de inmediato relativizó su negativa: "No sé cuáles son las empresas de Lázaro Báez".

Fariña - Suris - Báez

Suris también buscó mejorar su suerte procesal al desvincular a su padre, a su contador y a otros colaboradores de la operatoria con las facturas truchas. De ese modo, pretendió evitar que se lo acuse de liderar una asociación ilícita, con una pena prevista mucho más alta.

Durante más de dos horas, Suris detalló que vendió cientos de facturas apócrifas a las empresas Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar SA, Autocar SA y Málaga Construcciones, firma que efectuó obras públicas en Bahía Blanca, entre ellas, la edificación de viviendas del Plan Federal, en la órbita del Ministerio de Planificación, que lidera Julio De Vido.

Al ampliar anteayer su declaración indagatoria, Suris también relató que a esas empresas se sumaron otras de la Patagonia. "Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, [y] con municipios de esa zona", declaró, según consta en la copia de su declaración indagatoria que obtuvo el diario La Nueva Provincia. "En la zona de Santa Cruz, con empresas -abundó-, algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial."

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De Suris a Lázaro y Cristóbal, vía Echegaray

La justicia federal investiga a Juan Ignacio Suris como supuesto jefe de una red de narcotráfico. También, por presunto lavado de activos y tráfico de personas. Pero el amigo del "valijero" Leonardo Fariña arrastra otra pesquisa más importante, que llega hasta lo más alto del kirchnerismo.

La investigación contra Suris se desarrolló dentro de la AFIP desde junio de 2011, a pedido del fiscal Antonio Castaño. Fue por la emisión de facturas falsas para repartir entre 200 empresas de, entre otros, Cristóbal López y Lázaro Báez, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y el testimonio de media docena de fuentes.

Esa pesquisa se plasmó en el expediente administrativo 65.846/2011, que avanzó en la Delegación Bahía Blanca de la AFIP y comenzó a dar sus frutos a mediados de 2012. Hasta que irrumpió el titular del organismo, Ricardo Echegaray, quien el 9 de agosto de ese año emitió la disposición 299/12 y bajó esa delegación al nivel de "agencia". Cuatro días después removió autoridades y desarticuló el área local de Fiscalización, que investigaba el caso.

La ofensiva sobre las oficinas de la AFIP en Bahía Blanca mostraron una notable correlación con el desembarco, en tres viajes, de funcionarios nacionales que llegaron desde Buenos Aires, según reconstruyó LA NACION. El primer viaje relámpago lo encabezó el propio Echegaray. Según cuentan en Bahía Blanca, se habría reunido con uno de los abogados de Suris en las oficinas de la AFIP en esa ciudad.

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