Báez - ahora Casanello apura a la AFIP

El juez federal Sebastián Casanello intimó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a que entregue "en el plazo de 72 horas" toda la información que posea sobre Lázaro Báez y todo el conglomerado de colaboradores y empresas que lo rodean para avanzar con el análisis contable de toda su operatoria.

Casanello (foto, abajo) había impartido esa orden a mediados de septiembre, pero recién se concretó esta semana, previa a la segunda vuelta electoral, cuando el oficio llegó a la sede de la AFIP para que aporte el material "imprescindible" que necesitan los peritos para analizar la solidez de las cuentas del empresario ultrakirchnerista.

La AFIP recibió, así, la orden de informar el "legajo completo con toda la información (compras, ventas, consumos relevantes, acreditaciones bancarias) obrante en la base de datos de la AFIP sobre cada una de las personas jurídicas (suman 22) y físicas (14)", según indicó el magistrado, que está a cargo de investigar la llamada "ruta del dinero K".
Los documentos

En especial, abundó Casanello, la AFIP deberá remitir "las copias de cada una de las distintas declaraciones juradas impositivas y las impresiones de pantallas que muestran la composición de cada uno de los rubros que integran tales declaraciones", durante el "período 2008 -2013".

Esos son los años en que se sospecha que Báez habría canalizado fondos negros de la familia presidencial Kirchner.

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Entrevista a Alicia López

Alicia López, veedora oficial en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), analiza el entramado de corrupción, impunidad y lavado imperante. "La obra pública es un foco de corrupción nunca tratado", afirma.

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AFIP confirma negocios entre los Kirchner y Lázaro

Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadío hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.

Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.

Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.

¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.

Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.

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FIFAgate - un clásico bajo sospecha

La justicia suiza investiga si el dinero que pagó Qatar por el partido amistoso que jugaron la Argentina y Brasil, en Doha, tres semanas antes de la votación de la FIFA que definió la sede del Mundial 2022, fue una forma de comprar los votos de ambos países. 

La investigación se centra en la ruta que siguió ese dinero, estimado en al menos US$ 8,6 millones, desde que salió de las arcas de Qatar y hasta que llegó a su destino final, lo que incluyó escalas en dos empresas de Buenos Aires, según reveló ayer el diario inglés The Guardian, pero cuyos nombres todavía no trascendieron.

Los entonces presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, y su par Ricardo Teixeira, por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), integraban el Comité Ejecutivo de 24 miembros de la FIFA que debían definir si, en efecto, Qatar se quedaría con el Mundial 2022 en desmedro de otros cinco países que habían presentado sus candidaturas.

La pesquisa suiza determinó hasta ahora que GSSG, una empresa constructora qatarí que financió y auspició el partido, recurrió a una firma helvética, Swiss Mideast, para ajustar los contratos. A su vez, esta firma giró los US$ 8,6 millones del partido a Kentaro, una agencia también suiza, que organizó el amistoso, vendió los derechos de televisación, y cubrió los gastos de viajes, entre otros rubros.

De esos US$ 8,6 millones, se desconoce el destino final de cerca de US$ 2,5 millones. Según se verificó, Kentaro giró US$ 2 millones a BCS Ltd, una compañía de Singapur que se encargó de las "introducciones" (es decir, la intermediación entre Kentaro y los qataríes), en tanto que transfirió otros US$ 1,15 millón y 345.833 euros a ISE Ltd, una firma de las Islas Caimán que actúa de representante de la CBF. Kentaro giró, por último, otros US$ 2 millones a World Eleven SRL, la firma argentina que por entonces gestionaba los partidos amistosos de la AFA, por lo que ese agente cobró su comisión, prevista por contrato, y le transfirió el resto de los fondos a la AFA.

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HSBC - Suiza cierra su pesquisa

La justicia de Suiza cerró la investigación por lavado de activos contra el HSBC sin formular cargos en su contra, aunque el banco deberá pagar unos US$ 42,8 millones por "deficiencias organizativas" detectadas en sus sistemas de control, según informaron ayer las autoridades helvéticas.

"Creemos que alcanzamos un buen acuerdo", planteó el fiscal de Ginebra, Olivier Jornot, quien criticó la legislación de su país e indicó que el monto a pagar por el HSBC se calculó sobre la base de sus ganancias por las operaciones cuestionadas.

Desde HSBC Argentina, en tanto, remarcaron que la investigación suiza determinó que "ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno", y que el "banco cooperó plenamente y no enfrentará ningún cargo".

Buscaron aclarar que la investigación no se cerrará a cambio de esos US$ 42,8 millones, lo que de otro modo serviría como precedente para las autoridades de otros países, como las de la AFIP, que buscan multar al HSBC.

La investigación en Ginebra comenzó el 18 de febrero pasado, luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) comenzó a difundir "Swiss Leaks, una investigación a escala global -en la que participó LA NACION- sobre cómo el HSBC manejó los fondos de decenas de miles de ahorristas, pero también de evasores y criminales de todo el mundo.

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Vandenbroele comienza hoy a definir su futuro

Tras dos días y tres noches detenido en una celda aislada y sin luz solar, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, comenzará hoy a decidir si su futuro inmediato será en la Argentina o en Uruguay, donde lo reclama la justicia contra el crimen organizado por sospechas de lavado. 

El juez federal con competencia en Mendoza, Walter Bento, mantendrá por la mañana su primer encuentro con Vandenbroele, para notificarle de manera formal el requerimiento de la justicia uruguaya, en tanto se espera que su defensa solicite su inmediata excarcelación.

Según las leyes argentinas, Vandenbroele puede acceder al pedido de la justicia uruguaya, en cuyo caso sería extraditado de inmediato. Pero también puede rechazar ese pedido, en cuyo caso se abriría un proceso formal cuya suerte definiría Bento. Como tercera opción, su defensa también podría solicitar que se lo juzgue en la Argentina por los delitos que se le imputan en Montevideo.

Bento debe recibir, además, un informe de la cancillería argentina sobre la petición de las autoridades uruguayas, que llegará a sus manos a través de un informe que le enviará su colega de los tribunales federales de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi.

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HSBC - amas de casa (nada) desesperadas

Las cuentas secretas del HSBC ofrecen una realidad argentina singular: las amas de casa criollas figuraron como el oficio más común entre quienes giraron fondos a Ginebra.

Manejaron millones de dólares, operaron en paraísos fiscales y en ciertos casos realizaron viajes de negocios, aunque no llegaron al nivel de sus compañeras de oficio internacionales, que llegaron a acudir a las más coquetas fiestas sociales con reyes y princesas.

Mujeres de entre 55 y 60 años que se definen a sí mismas como "amas de casa" conforman, en efecto, el número más representativo de clientes que giraron fondos a Ginebra desde la Argentina. Con otro rasgo adicional: muchas sacaron sus ahorros del país huyendo del fin de la convertibilidad, el corralito, el corralón, el default y todo lo que vino después.

El 41% de las cuentas secretas de argentinos en el HSBC en Suiza se abrió entre 2000 y 2002. Sólo durante ese último año -el primero de Eduardo Duhalde como presidente interino- se abrieron el 24% de las cuentas. Otro pico fue 1997. ¿Por qué? ¿Influyeron acaso los coletazos de la llamada "Crisis del Tequila" de 1994? ¿O los primeros síntomas de agotamiento de la convertibilidad?

Esos dos grandes picos de aperturas muestran, además, montos de ahorros muy distintos. Así, mientras que el promedio de fondos -al momento en que Falciani se llevó la información del HSBC- entre las cuentas de argentinos abiertas en 1997 trepó a US$ 10,8 millones, bajó a US$ 1,6 millones entre quienes huyeron del país en 2002.

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Lázaro Báez - indagatoria en puerta

Sólo 24 horas después de que la Cámara Federal porteña reclamó una investigación "integral y completa" sobre Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió ayer la indagatoria del empresario ultrakirchnerista por presuntas maniobras de lavado de activos por millones de dólares.

Marijuan consideró que Báez actuó como inversor en las sombras cuando el supuesto empresario Leonardo Fariña compró "en comisión" la estancia mendocina de El Carrizalejo, por US$ 5 millones, una de las maniobras a las que habría recurrido el dueño de Austral Construcciones para lavar decenas de millones de dólares. El arribo de Báez a los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse de los cargos por lavado de activos, sin embargo, podría demorarse durante meses o incluso extenderse más allá de 2015, ya que el propio fiscal solicitó también una larga lista de medidas de pruebas previas, tanto dentro como fuera de la Argentina.

El juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, apuntará ahora a completar esas medidas previas, y para eso podría delegar parte de la labor en el propio fiscal Marijuan, y así repartir la carga entre ambos, según adelantaron fuentes judiciales a LA NACION. El objetivo clave es determinar cuál sería el delito precedente de esas maniobras de activos. Es decir determinar, si Báez lavó dinero negro, ¿de dónde provinieron esos fondos que buscó blanquear? En esa línea, y sólo un par de horas después de recibir su escrito, Casanello accedió a una de las medidas que pidió el fiscal y ordenó el allanamiento de la casa de cambio Maxinta, que, junto con el Banco Supervielle, se encargó de mover los US$ 5 millones con una serie de operaciones bajo sospecha.

Una segunda hipótesis pasa por la facturación falsa detectada en varias empresas de Báez, según adelantaban anoche los investigadores de Comodoro Py. La última vez fue cuando LA NACION reveló a fines de octubre pasado cómo tres grupos de empresas de Bahía Blanca -de las familias de Silvio Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza- emitieron facturas falsas por decenas de millones de pesos a favor de Austral Construcciones, que así pudo evadir impuestos, pagar sobornos u otras acciones irregulares.

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Lázaro + facturas truchas + AFIP = evasión

BAHÍA BLANCA.- Lázaro Báez lo hizo de nuevo. Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de esta ciudad. Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos cuyas copias obtuvo LA NACION durante los últimos diez meses.

La facturación le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.

El descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria sacudió la regional de la AFIP en esta ciudad. Mientras avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 que la redujo a "agencia", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización.

La facturación apócrifa que benefició a Báez se apoyó en por lo menos tres conjuntos de compañías de esta ciudad. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular por al menos $ 50 millones, aunque algunos expertos estiman que podría ser más elevada.

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Núñez Carmona, bajo la lupa de la AFIP

Durante los últimos cuatro años la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició por lo menos tres investigaciones sobre José María Núñez Carmona, el socio comercial del vicepresidente Amado Boudou, sospechado de evasión tributaria y blanqueo fraudulento de activos, según reconstruyó LA NACION gracias a registros oficiales del organismo.

Las investigaciones, que todavía están abiertas y en trámite, surgieron por las sospechas que provocaron la compra y venta de divisas, operaciones de blanqueo de capitales y la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama.

Estas investigaciones aportan un nuevo elemento sobre la tensa relación que mantienen Boudou y el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y que esta semana llegó a su punto más bajo cuando Rafael Resnick Brenner, ex jefe de asesores de Echegaray, involucró aún más al vicepresidente con su declaración ante el juez Ariel Lijo.

Fuera del país desde hace semanas, Núñez Carmona quedó en el ojo de la tormenta del caso Ciccone. El jueves deberá presentarse ante Lijo, que quiere indagarlo como presunto traficante de influencias entre la familia dueña de la imprenta y Boudou, entonces ministro de Economía.

Famoso en Mar del Plata por la pequeña motocross en la que se movió durante años, mientras pedía a sus amigos que le invitaran un café, Núñez Carmona registró un gran salto en los bienes personales que declaró en 2008. Y a eso sumó compras y ventas millonarias de dólares y títulos. Hasta aprovechar el primer blanqueo que impulsó el Gobierno para exteriorizar $ 7.267.850 durante 2009. Unos US$ 2 millones al tipo de cambio vigente, justo cuando Boudou salió de la Anses y asumió en Economía.

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Boudou, bajo la lupa de bancos y AFIP por lavado

El vicepresidente Amado Boudou figura en los registros de la Unidad de Información Financiera (UIF), que debe investigar si una de las sociedades comerciales que controla junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona lavó unos 7 millones de pesos.

Las sospechas se concentran en una de las dos únicas sociedades que Boudou reconoce como propias ante la Oficina Anticorrupción (OA), Inversiones Inmobiliarias Aspen. Pero en las actas de asamblea de esa sociedad consta que su grupo empresario es más amplio e incluye otras cinco firmas: dos agencias de publicidad (Action Media y WSM), una firma organizadora de eventos (Rock Argentina), otra dueña de un yate (Embarcaciones Argentinas) y, por último, Beaver Cheek.

El HSBC emitió el reporte de operación sospechosa (ROS) a fines de 2012, meses después de que estallara el caso Ciccone. En el informe que remitió a la UIF, detalló que Boudou y Núñez Carmona jamás aportaron la documentación que sus oficiales de cumplimiento antilavado les solicitaron para verificar la legalidad de los movimientos por unos $ 7 millones en sus cuentas.

En su reporte a la UIF, el HSBC completó los pasos de rigor. Detalló todos los movimientos bancarios de Aspen, así como remitió el análisis preliminar que desarrollaron sus oficiales sobre el vicepresidente, su socio y un amigo de ambos, Juan Carlos López, "el Sordo".

Sin embargo, el reporte del HSBC que incluyó a Boudou no es el único que apuntó a su entorno inmediato, y tampoco sobre la operatoria del caso Ciccone. Al menos otros seis ROS alertaron sobre posibles operaciones de lavado vinculadas a esta trama durante los últimos años por un monto global que supera los $ 38 millones. Y a eso se sumó un requerimiento de colaboración desde las autoridades antilavado de España.

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Lázaro y el investigador investigado

El máximo responsable de la prevención del lavado del Banco Nación hasta principios de 2012 es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) por no haber reportado un sospechoso depósito por US$ 7,5 millones que efectuó el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, según surge de documentos confidenciales cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron tres fuentes de distintas reparticiones públicas.

Las sospechas se centran en el ex miembro del directorio del Banco Nación Jorge Omar Maldonado Santechia, quien presidió durante años el Comité de Auditoría de la mayor entidad bancaria del país, pero cuyo nombre ahora también figura en el expediente sobre Báez que instruye el juez federal Sebastián Casanello.

A cargo de supervisar toda el área antilavado del Banco, Maldonado quedó en la mira luego de que la sucursal en Comodoro Rivadavia del Banco Nación abrió cinco plazos fijos por un total de US$ 7,5 millones a nombre de la petrolera Epsur y de Austral Construcciones, dos empresas controladas por Báez.

La primera reacción de los oficiales de cumplimiento antilavado de la entidad resultó la correcta. Le pidieron al ex socio del ex presidente Néstor Kirchner que justificara el origen de esos fondos, que se repartieron en cuatro plazos fijos a nombre de Epsur y el restante bajo la titularidad de la constructora Austral.

"La respuesta que dio fue que el dinero correspondía al flujo normal de los negocios y que los plazos fijos eran también propios de la operatoria comercial, lo cual no resultó satisfactorio", detalló una fuente oficial al tanto de lo ocurrido.

Los problemas dentro del Banco Nación comenzaron a partir de ese momento. 

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Lavado: sin herramientas, no hay fiscales

Para el ex jefe de la división de Investigaciones en la Oficina del Fiscal de Nueva York, Adam S Kaufmann, hay una premisa central cuando se trata de investigar delitos de cuello blanco, lavado de activos o corrupción política. “La clave es darle a los fiscales las herramientas necesarias para que puedan investigar e ir hacia arriba, más allá de los peces chicos”, dice. Y, de eso, sabe.

Por “culpa” de Kaufmann [foto, abajo], gigantes de las finanzas mundiales como HSBC –que lavó montañas de dinero físico de carteles de la droga de México y Colombia–, Credit Suisse, Standard Chartered Bank, Barclays, ING Bank y Lloyds pagaron multas por más de US$ 2400 millones. Es decir, más dinero que el que jamás recuperó la Justicia argentina.

Kaufmann trabajó durante más de 18 años en la Fiscalía de Nueva York, de los que los últimos 10 se concentró en las pesquisas por lavado de activos y corrupción política, como cuando puso contra las cuerdas al ex alcalde de San Pablo, Paulo Maluf. Pero también tiró de la cuerda de unas empresas fantasmas con ramificaciones en Manhattan y las pistas lo llevaron por la Triple Frontera, el Líbano e Irán, con movimientos por cientos de millones de dólares que, en ciertos casos, llegaron hasta las familias de terroristas suicidas.

Por esa experticia, Kaufmann se reunió junto a su entonces jefe, el fiscal Cyrus Vance, en Manhattan, con el titular de la Unidad AMIA, Alberto Nisman, con quien cruzaron información. “Habíamos detectado mucho dinero que fluía desde Irán hacia Venezuela, incluso para proyectos militares”, recuerda.

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UIF - de cacería en el zoológico

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.

El controvertido límite impuesto en la UIF provocó el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años.

Esto fue lo que ocurrió con varios reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru (entre Australia y Hawai).

El cambio de política fue confirmado a LA NACION por cuatro fuentes familiarizadas con toda la operatoria que se realiza en la UIF, un organismo del Estado que responde políticamente al Gobierno.

La decisión de concentrarse sólo en las operaciones locales y no en las alertas internacionales comenzó hace ya algunos años, sobre la base de pautas que regulan su funcionamiento.

"En la práctica, lo que ocurre es que la UIF se dedica a cazar dentro del zoológico", ironizó uno de los informantes. "Eso implica que el sospechoso que logró sortear el cerco local, después es muy raro que tenga problemas."

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Nace una oportunidad antipiratas - que así sea

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anunció la creación de toda una nueva área especializada en delitos económicos con facultades para investigar por su cuenta y colaborar con pesquisas en marcha, incluso en otros fueros que no sean el penal.

La flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quedará bajo el mando de Carlos Gonella, un fiscal general subrogante que hasta ahora se abocó en Córdoba a causas sobre violaciones de derechos humanos y colaboró desde 2010 con la investigación sobre la voladura de Río Tercero.

Gonella liderará una superestructura con tres grandes áreas: la operativa -con especialidades en lavado, fraude económico y bancario, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras-; de asistencia técnica -con un cuerpo de investigadores y una sección para el recupero de activos- y la administrativa.

En la práctica, la nueva estructura implicará la disolución inmediata de las unidades fiscales de investigaciones sobre lavado (Ufilavdin) y contrabando (Ufitco), como también de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap). El personal y las competencias de esas tres áreas fueron absorbidos por la Procuraduría Adjunta, pero sus responsables, Raúl Plee, Valeria Calaza y Sabrina Namer, respectivamente, quedaron fuera de la nueva distribución de cargos.

Polémica en puerta, obvio. Porque la salida de Plee, por ejemplo, ocurrió justo cuando debía presentar sus informes en el caso Ciccone (sobre la ruta de dinero, Raúl Moneta y la comisión de $ 7,6 millones del gobierno de Formosa a Alejandro Vandenbroele). Pero también porque Gonella y sus principales colaboradores llegan a la Procuraduría como subrogantes o fiscales “ad hoc”. Es decir, sin estabilidad en sus cargos y con dependencia absoluta de Gils Carbó.

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¡Gracias, GDA!

El Grupo de Diarios América celebra este año dos décadas de fundación con la primera entrega de los Premios Periodísticos GDA, creados para reconocer la excelencia periodística y estimular el intercambio de contenido entre las once casas de medios líderes en la región.

El jurado seleccionó a los trabajos ganadores en cuatro categorías, que serán rotadas cada año para premiar la producción periodística de GDA tomando en cuenta criterios de calidad tales como la trascendencia y originalidad de los temas, manejo de las fuentes, uso del lenguaje y calidad técnica o visual, según corresponda. Dos de las categorías de este año reconocen además el alcance que los contenidos ganadores han tenido en otros medios del grupo.

Los premios serán entregados durante la Reunión Semestral de GDA que se realizará en la sede del diario El Universal en Ciudad de México, el 9 y 10 de octubre.

Estas son las cuatro categorías y nombres de los concursantes galardonados: 

1. Premio al Mejor Reportaje o Cobertura Periodística publicada en otros medios de GDA:

Ganador: Hugo Alconada Mon, La Nación, Argentina

Reportaje: “Argentina, una escala logística del lavado”

Describe cómo el país se ha convertido en un importante centro logístico para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

pd1: GRACIAS!

pd2: gracias, Patus, por postularme. Sin tu insistencia, esto sería sólo una fantasía.

pd: los links al trabajo de agosto de 2011 premiado, acá y acá y acá.

The Old Fund - más fondos negros (y cash)

El vicepresidente de la ex Ciccone Calcográfica, Máximo Lanusse, depositó cerca de $ 5,4 millones en efectivo en una cuenta de la sociedad The Old Fund, semanas antes de que estallara el escándalo alrededor del vicepresidente Amado Boudou, confirmaron fuentes familiarizadas con la ruta del dinero que financió a la nueva imprenta.

Lanusse [foto] completó la operatoria a principios de este año. Lo hizo en cuatro depósitos sucesivos cercanos a $ 1,2 millones -las primeras dos veces-, trepó a $ 1,3 millones la tercera ocasión y orilló los $ 1,7 millones la última vez que se presentó en las oficinas del Banco Macro para engrosar la cuenta del fondo.

Se desconoce el origen de ese dinero. Y la operatoria de Lanusse encendió las alarmas del sistema antilavado del Macro, que optó por enviarle un reporte de operación sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se acumuló al llamado "expediente Boudou".

Pero ese ROS tuvo varias particularidades. Entre otras, que vinculó a Vandenbroele y a The Old Fund con la operación. Pero omitió a Lanusse.

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"No somos lavadores", dice... el jefe antilavado

Horas después de que LA NACION reveló ayer el desplazamiento de expertos antilavado de la Unidad de Información Financiera (UIF) y su reemplazo con militantes, parientes y amigos, el titular del organismo, José Sbattella, admitió que contrató a varios familiares, pero defendió su “capacidad técnica y profesional para el cargo”.

Sbattella reconoció incluso que tanto él como sus principales colaboradores cuentan con una dilatada experiencia en combatir la evasión tributaria, pero que no lo son en el flagelo que debe prevenir y combatir el organismo. “No somos especialistas en temas de lavado”, confesó.

Peor aún, y sin que mediara una pregunta, el jefe de la unidad antilavado sorprendió a los periodistas con una aclaración inesperada. “Bueno, en el tema de lavado, no somos lavadores de dinero”, precisó, lo que generó una irónica respuesta de la entrevistadora. “¡Gracias a Dios no son lavadores de dinero, si no estaríamos en serios problemas!”.

Y fue aún más lejos. Porque Sbattella aportó otra definición inesperada. “Este sistema nos ha permitido salir de la lista de persecución o de sanción que teníamos por no estar en el estándar internacional”, remarcó. Y confirmó así que la Argentina había ingresado a la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), situación que había negado desde que LA NACION lo reveló en junio de 2011, lo que también provocó entonces una furibunda negativa por televisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llegó a sostener días días, el 5 de julio, que no existía tal lista.

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UIF - poco antilavado, mucho acomodo

De a uno o de a dos por vez, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a los técnicos especializados en investigaciones antilavado. Sólo queda un puñado testimonial. Y al resto lo reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna, según los testimonios de cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido, documentos públicos y privados, y un relevamiento del Boletín Oficial.

La politización de la UIF, que se agudizó desde el arribo de Sbattella, en marzo de 2010, incluyó casos singulares, como el nombramiento de un militante al que debieron pedirle la renuncia tras aparecer por televisión en los disturbios causados por los barrabravas de River cuando el club quedó a un paso de descender, en junio de 2011. Sin embargo, lo reincorporaron cuando se diluyó el riesgo de un escándalo público.

"Hay una dinámica permanente de politizar el discurso, las acciones y al personal de la UIF", lamentó una de las fuentes que aceptó dialogar bajo estricta reserva de su nombre durante los últimos tres meses. ¿El motivo? Luego de que este diario reveló el 20 de agosto la protección brindada al vicepresidente Amado Boudou y al empresario patagónico Lázaro Báez, entre otros, Sbattella y sus colaboradores amenazaron: "Por cada nueva nota [que se publique] echaremos a dos empleados".

Sin embargo, mientras por un lado se discrimina a parte del personal técnico por razones políticas, por el otro se designan nuevos empleados también por razones políticas o de parentesco con el propio Sbattella y sus principales colaboradores.

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GAFI - bien, pero no te apures

El principal foro intergubernamental del mundo para la lucha contra el lavado elogió ayer los “pasos sustanciales” dados por el Gobierno para prevenir y combatir el blanqueo de activos, pero decidió mantener al país bajo el proceso de revisión especial, conocida en la jerga como “lista gris”. Así lo dispuso luego de que la delegación argentina intentó acelerar los tiempos y abrió una discusión que terminó por resultarle contraproducente, indicaron testigos del encuentro.

La Argentina quedó así en una situación incómoda al concluir la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Roma. Por un lado cosechó un elogio contundente por sus avances, pero provocó que el foro rechazara su pedido para que una nueva delegación oficial del propio foro visite el país. Más aún, agudizó sus diferencias con algunos países clave, incluido Estados Unidos, que definieron la posición del plenario.

El error estratégico de apurar los tiempos de la comitiva local provocó algo más dentro del GAFI. “Generó molestia y fue considerado como un acto de soberbia que empañó lo que habría sido un resultado más favorable”, detalló un informante, que consignó que Brasil empezó por apoyar la moción argentina hasta que derivó en un enfrentamiento abierto con varias delegaciones

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