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domingo, 5 de noviembre de 2017

Paradise Papers - ¿por qué publicamos?

¿Operar en los paraísos fiscales o ser el dueño de una sociedad offshore es delito? No. Recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Pero si el "beneficiario final" de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Entonces, ¿por qué publicamos los nombres de ciertas personas y empresas?


Aquí van algunos criterios que sustentan nuestra decisión de publicar:

1. Porque el sujeto investigado (sea funcionario o trabaje en el sector privado) se trata de una persona políticamente expuesta (PEP)

2. Porque hay un claro interés público. ¿Acaso no merecen los lectores saber que un empresario, ahora, o un funcionario (en su anterior etapa laboral en el mundo privado) movió decenas de millones de dólares (de dudosa legalidad) por algunos de los paraísos fiscales más oscuros del planeta?

3. Porque el caso en sí es noticiable. ¿Un paralelo posible? El ministro español Juan Manuel Soria renunció el año pasado cuando se publicó que había operado una sociedad en un paraíso fiscal y sus explicaciones no eran contundentes.

4. Porque podemos estar ante un caso de incompatibilidad o, en el caso de un funcionario, de una potencial violación de la Ley de Ética Pública.

5. Porque la información registra una clara cercanía con el lector.

6. Porque puede tratarse, en efecto, de un acto ilícito. ¿Esa persona o empresa declaró ante la AFIP los fondos que operó en un paraíso fiscal?

7. Porque el contexto político internacional avanza contra los paraísos fiscales. El grupo de las 20 naciones más poderosas del planeta (el G-20) impulsa una campaña desde hace años en contra de la operatoria secreta que impera en esos territorios (ver, entre otros, estos artículos sobre las últimas reuniones del G-20 en 2016: http://www.elmundo.es/internacional/2016/09/05/57cd8cddca4741580f8b46b6.html y http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/16/57116f5ee5fdeac5298b4575.html). Y vale recordar aquí que la Argentina asumirá la presidencia del G-20 en apenas 26 días, el 1° de diciembre.

8. Porque, en efecto, en ciertos casos, sí evadieron.

9. En el caso de empresas y/o empresarios (sean argentinos o de otros países), se suman otros argumentos posibles:
- porque, en ciertos casos, sí evaden o evadieron o no declararon toda la operatoria ante las autoridades locales de sus respectivos países.
- porque mantienen vínculos diversos con el Estado (son contratistas públicos, operan concesiones)
- porque mantienen vínculos con la clase política (son donantes de campaña, etc)
- porque son o han sido investigados por la Justicia local o de otros países y distintos organismos públicos (por ejemplo, por presunto lavado)


BONUS TRACK: la legalidad de las operaciones offshore de una persona o empresa es apenas una de las muchas preguntas sobre las que basamos la investigación. Muchas aristas del mundo offshore son “legales” pero eso no quiere decir que no escondan historias  tremendas de hipocresía, conflicto de interés, falta de transparencia y más. En los “Panamá Papers”, por ejemplo, la sociedad offshore del ex primer ministro islandés no era necesariamente ilegal pero le costó el puesto por lo que significaba en el contexto de su país tener una firma offshore asociada con inversiones en los bancos que casi tiraron abajo la economía mundial. Ahora, en los “Paradise Papers”, hemos detectado empresas offshore del secretario de comercio de Trump que tampoco son ilegales, pero el hecho de que el este lucrando de una relación comercial con el círculo íntimo de Vladimir Putin y que apenas haya declarado la empresa en un footnote constituye una gran historia en el contexto político actual de Estados Unidos. Después de los “Panamá Papers”, el presidente Barack Obama dijo que la mayoría de las estructuras son legales, sí, y ese, precisamente, es el problema...

domingo, 3 de enero de 2016

Facturas truchas: ahora Cristóbal cruza a Lázaro

Furioso por lo que interpretó como un intento por meterlo en otra causa judicial, el "zar del juego" Cristóbal López salió al cruce del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y desmintió que una de sus empresas opere o haya operado con una firma de Bahía Blanca sospechada de funcionar como usina de facturas truchas.

El inesperado cortocircuito entre dos empresarios icónicos de la década kirchnerista ocurrió luego de que la nacion revelara que Báez afirmó que la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones, no acumulaba facturas truchas en sus balances ni operaba con sociedades fantasmas. Y para eso sostuvo que la firma cuestionada, Grupo Penta y Cía SA, era real y que otras siete empresas comerciaban con ella, como Tsuyoi SA, la concesionaria de López.


El problema es que el "zar del juego" desmintió a Báez. "Chequeamos todas las cuentas corrientes y nos da como resultante [que] Grupo Penta y Cía no figura como proveedor de Tsuyoi en todo nuestro historial; [y] Grupo Penta y Cía no figura como cliente de Tsuyoi", afirmó el gerente general de esa concesionaria, Juan Menestrina, en una carta que debió enviarle a Toyota para fijar su posición, según una copia que facilitaron colaboradores de López a la nacion.

"Me molesta tremendamente la poca seriedad con la que se involucra el buen nombre de Tsuyoi en un caso ajeno a nosotros", lamentó Menestrina, quien también consideró malintencionada la publicación de la nacion. "Tsuyoi, desde su constitución en el año 1994, ha sido honesta y transparente en todos sus actos y tiene todos sus números disponibles para ser auditados en cualquier momento, sin tener que ocultar nada, ya que su operatoria es ciento por ciento en blanco", añadió.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

jueves, 3 de octubre de 2013

AFIP - haz lo que digo, no lo que hago

Mientras que en público el Gobierno prometía “látigo” contra las cerealeras por especular con el precio del trigo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) volvió sobre sus propios pasos y determinó que la multinacional Cargill no tiene que pagar más de $ 44 millones que se disputaban por el Impuesto a las Ganancias, según consta en la presentación de la AFIP cuya copia obtuvo LA NACION.

El inesperado y multimillonario giro de la AFIP se centró en un solo balance de Cargill, correspondiente a 2005, aunque ya generó una correlación con lo que reclamaba a la firma por su balance de 2006. Más aún, podría disparar un efecto dominó sobre otras compañías con las que mantiene una agria disputa por los llamados “precios de transferencia”.

El allanamiento del organismo que lidera Ricardo Echegaray se plasmó en un expediente administrativo que tras años de debate dentro del organismo tributario pasó al Tribunal Fiscal. Allí, el ente recaudador comunicó por escrito que renunciaba a su reclamo, a pesar de que ya contaba con una “consulta vinculante” contraria a Cargill desde 2004 y fallos favorables para la AFIP de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo en casos similares. Ahora el Tribunal debe decidir si se encuentra obligado a homologar esa decisión aún cuando contradice su posición histórica y la expuesta por la Justicia.


El giro de la AFIP llegó en un momento singular. Se firmó el 11 de julio, sólo una semana después de que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, anunciara que aplicaría la ley de abastecimiento y amenazara con decomisar trigo a los exportadores y volcarlo al mercado interno para bajar su precio.

Ese mismo jueves 11 de julio, incluso, el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, afirmó que “hace falta ponerse el látigo en la mano para que el trigo aparezca” y sostuvo que tras la reunión con “los componentes de la cadena de trigo y harina” y que por eso “el precio bajó entre un 25 y 28 por ciento”.

Pero mientras algunos funcionarios amenazaban con leyes y “látigos”, la AFIP cedió más de $ 44 millones en impuestos e intereses reclamados a Cargil por el ejercicio 2005, según consta en la resolución 5/2013, monto al que también habría que sumar el correspondiente a 2006, también reclamado.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

miércoles, 18 de enero de 2012

Y de ambos lados del ring...

Enfrentados por el control final de un gigantesco paquete de información secreta, los jefes de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, protagonizan una sorda disputa que amenaza con complicar las negociaciones con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para sacar al país de su "lista gris".


La puja acumula varios rounds y abarca incluso un borrador que promueve la disolución de la UIF y el armado de una nueva unidad antilavado dentro de la AFIP, con más de 250 integrantes, muchos de ellos militantes de La Cámpora, según indicaron fuentes al tanto de las pujas entre ambos organismos.

También obligó a la publicación de resoluciones de la AFIP y de la UIF, y provocó reuniones ministeriales y un cónclave decisivo con Carlos Zannini, el colaborador más cercano y de mayor confianza de la Presidenta. Pero que aun así continúa abierta.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.