En silencio, y por fuera de los canales formales previstos
por la normativa vigente, el Ministerio de Economía solicitó a la Inspección General
de Justicia (IGJ) información sensible sobre las 1000 empresas más importantes del
país, según surge de documentos verificados con
fuentes del organismo al tanto de la operatoria.
La información requerida por el Ministerio de Economía durante
los últimos nueve meses incluye los balances de esas compañías, de los que
extraen información para cruzarla con sus propias bases de datos y mejorar su margen
de acción a la hora de negociar con los responsables de esas empresas para que
tomen ciertas medidas reclamadas por el Gobierno o suspendan otras, como posibles
aumentos de precios o tarifas.
El Ministerio de Economía se encuentra habilitado a obtener
esa información, pero sólo para fines taxativamente previstos por la ley. Pero debe presentar
un pedido formal y dejar constancia de su solicitud en cada expediente
requerido. Y, desde el arribo del nuevo titular de la IGJ, Norberto Berner [foto, arriba, él al micrófono, el ministro Julio Alak, detrás], cumplir
con las polémicas circulares 1 y 4, que imponen a todo aquel que requiera
información pública del organismo oficial a demostrar su “interés legítimo”
para obtenerla.
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