...y Vandenbroele, en el Ministerio de Economía

La hija de Nicolás Ciccone, Olga Beatriz, declaró ayer ante la Justicia que el socio del actual vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, la llevó al Ministerio de Economía, junto a Alejandro Vandenbroele, para firmar allí el escrito que le permitió a la empresa obtener un plan de pagos excepcional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Bettina Ciccone, como se la conoce, era la presidenta de la imprenta cuando ingresó al Palacio de Hacienda la primera quincena de septiembre de 2010. Allí, según testificó ayer, Núñez Carmona se movió con absoluta discrecionalidad. Tanto, que abrió las puertas con una tarjeta electrónica que tenía en su poder y la guió por el Ministerio como amplio conocedor de pasillos y oficinas.

Ante el juez federal Ariel Lijo, sin embargo, Ciccone (foto arriba, entre sus abogados) aclaró que "nunca" vio al vicepresidente Amado Boudou. Ni ese día, ni ningún otro. Redujo a Vandenbroele al rol de mero empleado de Núñez Carmona, al que identificó como el controlante en las sombras de The Old Fund.

Bettina Ciccone, de 53 años, se convirtió en el cuarto testigo que vinculó a Boudou y Núñez Carmona con Vandenbroele y el fondo dueño de la "nueva" Ciccone hasta su intervención y expropiación. Primero fue el director de la firma Boldt, Guillermo Gabella, y la semana pasada se sumaron su padre, Nicolás Ciccone, y su cuñado, Guillermo Reinwick.

Según declaró la mujer ayer bajo juramento, Núñez Carmona la llevó hasta una sala de reuniones con una mesa de madera para 20 personas en el Ministerio, donde la hicieron esperar, junto a Vandenbroele y a su marido, Pablo Amato, quien la acompañó y que deberá presentarse mañana ante la Justicia. Los cuatro habían ingresado a la cochera del Palacio de Hacienda en la camioneta BMW X6 del socio de Boudou.

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Los Ciccone se despegan

Apenas horas después de que se conociera el fallo de la Cámara Federal que rechazó derrumbar la investigación en contra del vicepresidente Amado Boudou, la familia Ciccone dio su primer gesto formal de distanciamiento del Gobierno y del grupo al que califica como “los usurpadores”. Le pidió al ministro de Economía e interventor en la imprenta, Hernán Lorenzino, que le rinda cuentas de su labor en la empresa por expropiar desde hace meses.

La inesperada presentación lleva las firmas de Nicolás Ciccone [foto, abajo] y de Silvia, una de las hijas del otro fundador de la empresa, Héctor, que juntos retienen el 30% de las acciones que no quedó bajo el control de The Old Fund. Juntos, también, le pidieron a Lorenzino que convoque a una asamblea societaria en menos de 40 días.

El objetivo de los Ciccone para esa asamblea elevará la presión arterial de unos cuantos: quieren iniciar un “juicio de responsabilidad contra el accionista The Old Fund y sus controlantes”, como así también radicar una “acción judicial para invalidad actos de la sociedad celebrados en violación” de la Ley de Sociedades Comerciales. Es decir, contra el propio yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, contra Alejandro Vandenbroele y, según cómo haya actuado la intervención oficial, contra el Estado nacional.

El escrito de los Ciccone marca, así, el primer gesto público y formal de distanciamiento desde que estalló el escándalo en febrero del año pasado. Para eso, optaron por la vía comercial, pero sólo luego de que la investigación penal aportara una primera señal firme de consistencia, con la validación de las pruebas por la Cámara Federal en contra de las pretensiones de Boudou.

Las firmas de Nicolás y Silvia Ciccone dejaron en evidencia, además, la ausencia de otra rúbrica. Faltó la del yerno de Ciccone y dueño en los papeles de The Old Fund, Reinwick, señalado por una parte de la propia familia como “el traidor” que habría facilitado el desembarco de Vandenbroele en la empresa.

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Un Palacio pedigüeño

En silencio, y por fuera de los canales formales previstos por la normativa vigente, el Ministerio de Economía solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sensible sobre las 1000 empresas más importantes del país, según surge de documentos verificados con fuentes del organismo al tanto de la operatoria.

La información requerida por el Ministerio de Economía durante los últimos nueve meses incluye los balances de esas compañías, de los que extraen información para cruzarla con sus propias bases de datos y mejorar su margen de acción a la hora de negociar con los responsables de esas empresas para que tomen ciertas medidas reclamadas por el Gobierno o suspendan otras, como posibles aumentos de precios o tarifas.

El Ministerio de Economía se encuentra habilitado a obtener esa información, pero sólo para fines taxativamente previstos por la ley. Pero debe presentar un pedido formal y dejar constancia de su solicitud en cada expediente requerido. Y, desde el arribo del nuevo titular de la IGJ, Norberto Berner [foto, arriba, él al micrófono, el ministro Julio Alak, detrás], cumplir con las polémicas circulares 1 y 4, que imponen a todo aquel que requiera información pública del organismo oficial a demostrar su “interés legítimo” para obtenerla.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Secreto fiscal - desmentida y ratificación

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, afirmó esta tarde que “el Gobierno no proyecta levantar el secreto fiscal, tal como informaron algunos medios de comunicación", en alusión al artículo que publicó LA NACION ayer (ver, acá).

"La AFIP siempre ejerce su accionar respetando el marco normativo de la ley 11.683 de Procedimiento Tributario", sostuvo Echegaray durante la conferencia de prensa a la que convocó para informar la recaudación de noviembre.

Echegaray respondió así a la nota que publiqué ayer revelando que el Gobierno prepara un Plan Antievasión III, que permitirá a la AFIP levantar el secreto fiscal y utilizarlo la información tributaria en contra del propio contribuyente cuando éste critique públicamente a ese organismo o a cualquier otra área del Poder Ejecutivo.

Para que quede claro: ratifico lo que publiqué ayer, según consta en el borrador de ese plan cuya copia obtuve y confirmaron luego fuentes oficiales al tanto de las discusiones.

pd: la desmentida de Echegaray, acá.

La AFIP y el secreto fiscal como garrote

El Gobierno prepara un Plan Antievasión III, que permitirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) levantar el secreto fiscal y utilizarlo en contra del propio contribuyente cuando éste critique públicamente a ese organismo o a cualquier otra área del Poder Ejecutivo Nacional, según consta en el borrador de ese plan cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron fuentes oficiales al tanto de las discusiones.

La reforma tributaria, que lleva más de dos años de redacción y debate dentro del Gobierno, legitimará en la práctica que los funcionarios -incluida la presidenta Cristina Kirchner- puedan exponer incluso por cadena nacional los detalles de la situación tributaria de la persona o empresa que se queje ante la prensa, algo que ya ocurrió durante los últimos meses con el cineasta Eliseo Subiela y con uno de los socios de una conocida inmobiliaria.

El proyecto que circula por la AFIP, que lidera Ricardo Echegaray [foto, arriba], el Ministerio de Economía y algunos despachos de la Casa Rosada también habilita otra opción para levantar el secreto fiscal. Será cuando algún área del Ejecutivo desarrolle un programa de "subsidios o beneficios" y necesite o quiera hurgar en los ingresos y gastos declarados por el contribuyente.

Pero la primera de las nuevas excepciones sería la más polémica. Regirá cuando "un contribuyente, responsable o titular de los datos cuestione públicamente -por cualquier medio de difusión- acciones de control o actos administrativos del organismo"; la segunda, "cuando ministerios y organismos del Poder Ejecutivo Nacional tengan que ejecutar o implementar programas de subsidios o beneficios".

Pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

ALERTA: cayó Ciccone

Comunicado del Ministerio de Economía:

De: Prensa Ministerio de Economía [mailto:meconprensa@gmail.com]
Enviado el: Martes, 07 de Agosto de 2012 02:43 p.m.
Asunto: PRENSA MECON -Intervención y declaración de utilidad pública de Compañía de Valores Sudamericana S.A.

(SE ADJUNTA COMUNICADO)

Intervención y declaración de utilidad pública de Compañía de Valores Sudamericana S.A.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que en el día de la fecha el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia  número 1338/12 mediante el cual se dispone la intervención de Compañía de Valores Sudamericana S.A. y ha enviado al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación  de la empresa mediante el mensaje número 1337/12. La intervención estará a cargo del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino y de la Presidenta de Casa de Moneda Katya Daura.

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Prensa
Ministerio de Economía
República Argentina

De manzanas y peras - de Ciccone a Kicillof

Hay veces (unas cuantas) en las que mientras busco manzanas, me cruzo con peras. En esta ocasión, seguía una pista sobre el “caso Ciccone” cuando me avisaron que habían desplazado a dos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que intervinieron en los vericuetos administrativos de ese escándalo.

Obvio, mi hipótesis inicial fue que los habían rajado por el escándalo Amado Boudou - Alejandro Vandenbroele (porque siempre el hilo se corta por lo más fino). Pero como también suele ocurrirme, esa premisa originaria pronto quedó atrás y derivó en algo distinto, más amplio y con otros protagonistas. Es decir, lo que publiqué hoy en LA NACIÓN.

"La estatización de YPF ya causó cinco bajas en las filas oficiales. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, forzó el desplazamiento de cinco altos funcionarios de la AFIP que avanzaron a toda velocidad contra la empresa cuando todavía la controlaban los españoles, pero cuya ofensiva, por casi $ 410 millones, impactó de lleno contra la firma cuando ya estaba en manos del Gobierno".

"El reclamo de la AFIP se había centrado en supuestas inconsistencias detectadas en el pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural por $ 267,1 millones, más otros $ 142,2 millones en intereses resarcitorios. Pero lo que comenzó contra la chequera española terminó en la billetera del Estado".

Uno de los cinco funcionarios no fue solo desplazado. También lo rebajaron de la jefatura y lo destinaron a sacar fotocopias.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.