Uberti y un llamado al Congreso

Con un pedido explícito al Congreso de la Nación para que restablezca la figura agravada del lavado de dinero cuando intervenga un funcionario público, el juez en lo Penal Económico a cargo del “caso Antonini”, Marcelo Aguinsky, rechazó ayer el pedido de sobreseimiento definitivo del otro gran protagonista de la trama, Claudio Uberti.

Aguinksy concluyó que “la investigación no se encuentra completa”, ni tampoco prescripta, por lo que solicitó a la Cancillería argentina que tome las medidas necesarias “para obtener una más pronta respuesta” a los pedidos cursados a Estados Unidos y Venezuela para las extradiciones deGuido Alejandro Antonini Wilson, Diego Uzcátegui Matheus y su hijo, Daniel Uzcátegui Specht.

Tras analizar los planteos del abogado defensor de Uberti [foto], Diego Pirota, y de la fiscal María Luz Rivas Diez, Aguinsky también determinó que la investigación debe continuar por la figura del contrabando agravado, mientras que la del lavado “se encontraría lisa y llanamente prescripta”.

Durante los próximos días se verá, sin embargo, si Uberti opta por quedarse quieto y esperar una nueva oportunidad para pedir su sobreseimiento o si, por el contrario, apela a la Cámara. Si lo hace, quizá tenga suerte ya que el fallecimiento de uno de los miembros del tribunal de Alzada podría torcer a su favor el equilibrio de fuerzas. En ese caso, luego sería el turno de la Cámara Nacional de Casación Penal, aunque hablar de eso es casi futurología.

En tanto, el juez que quedó a cargo tras el ascenso a un tribunal oral de Daniel Petrone consideró necesaria una “reflexión” sobre la eliminación de la figura agravada en el delito de lavado de dinero que aprobó el Congreso, con el voto del oficialismo y varios bloques de la oposición, y que en este caso beneficiaría a Uberti, el verdadero jefe del vuelo que se anunció a las autoridades de Aeroparque como de “Presidencia de la Nación”.

“La necesaria vinculación del funcionario a su actividad en nombre del Estado hace que su intervención en ciertos delitos no sólo la posibilidad de una mayor capacidad de impunidad –remarcó Aguinsky–, sino una lesión directa al bien jurídico ‘administración pública’”. Por eso, libró oficios a las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, ya que esa omisión “debería ser subsanada”.

pd: la nota, recortada, en LA NACION, acá.