La red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) llega hasta la cúspide misma del poder. Porque al "cepo informativo" que se montó para cuidar al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se sumó una cobertura especial para Hotesur, la sociedad anónima con la que el matrimonio Kirchner controla el hotel Alto Calafate. Así surge de los registros internos del organismo que fueron vistos por LA NACION y analizados por tres expertos.
Hotesur adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos que dictó la IGJ, que obliga a detallar si alguno de ellos son "personas políticamente expuestas" (PEP).
Los incumplimientos de la firma controlante del Alto Calafate no terminan allí. Presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de vencido el plazo. A diferencia de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por los otros fue sancionada con las multas previstas por la normativa vigente.
Pero el caso de Hotesur es más sensible. Se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que después de su muerte quedó bajo el control de su esposa y sus dos hijos, Máximo y Florencia.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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