"Aimè" y "el Negro", dos viejos rivales

Se conocen desde hace 30 años y se recelan desde entonces. El vicepresidente Amado Boudou y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acumulan chicanas, zancadillas y acusaciones cruzadas por negocios indebidos, según reconstruyó LA NACION de allegados a ambos funcionarios durante meses.

Ambos militaban en Mar del Plata, dentro de la UPAU, pero con perfiles muy distintos. "El Negro" descollaba en la Facultad de Derecho por sus frases incendiarias. Y "Aimé" dividía su tiempo entre la Facultad de Ciencias Económicas y su pasión por pasar música en boliches.

Echegaray se recibió de abogado y enfiló hacia Punta Alta, donde debió sobrellevar su primera tormenta por el llamado Grupo Los Cóndores. El cabecilla, Roberto Nicolás Lucero, se fugó con los ahorros y tiempo después la Justicia lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión. Y Echegaray enfiló luego hacia el Sur, donde pronto se contactó con Rudy Ulloa y ejerció como abogado de Gotti Hermanos, la firma que luego adquirió Lázaro Báez y que terminó siendo investigada por la AFIP por facturación falsa por más de $ 400 millones.

Boudou, mientras tanto, sobrellevó sus propios contratiempos en Mar del Plata, donde además de trabajar como disc-jockey asumió como gerente y luego gerente general de la empresa monopólica de recolección de basura de la ciudad, Venturino, que terminó por quebrar. Pero ya recibido, él siguió su camino entre el Municipio de la Costa -donde afrontó sus primeros traspiés con la Justicia y el Tribunal de Cuentas bonaerense-, y la Anses.

El punto de inflexión -y de reencuentro- para ambos llegó con el kirchnerismo, al que ninguno de los dos adscribía.

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Usuna, el "telefonista" del caso Ciccone

Se presentaba como concuñado de Amado Boudou, pero no era cierto. Había trabajado con él en la firma de recolección de basura Venturino. En realidad es el concuñado de Juan Bautista, el hermano menor del vicepresidente, a quien conoce de Mar del Plata desde hace casi cuatro décadas.

También se presentaba como "facilitador" de trámites millonarios dentro de la AFIP, y eso sí era cierto. Pero lo más importante es que Rodolfo Usuna es el dueño del enigmático teléfono que la Justicia considera decisivo en el caso Ciccone.

Según el juez Ariel Lijo, desde ese número se hicieron más de 900 llamadas en días clave de la trama Ciccone con el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, con su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y, en particular, con Rafael Resnick Brenner, entonces jefe de Asesores de la AFIP. Así lo confirmó LA NACION sobre la base de los testimonios de doce funcionarios, empresarios, técnicos de la AFIP y miembros y allegados a la familia Ciccone.

A lo largo de las 333 fojas de la resolución en la que Lijo procesó a Boudou surge el rol protagónico que asumió ese teléfono celular de Mar del Plata.

Registrado a nombre de Sin Fronteras SRL, Lijo detalló que sus accionistas son Usuna y Rosana Venturino, y recordó los vínculos de esa pareja con los hermanos Boudou (con Amado, además de haber trabajado juntos en Venturino, según los memoriosos habrían sido socios en el legendario boliche Frisco Bay, dentro del predio Waterland).

Así, concluyó que "es posible presumir que ese abonado telefónico era utilizado por el propio Amado Boudou o, en su defecto, por alguien de su entorno directo designado por él".

Ese teléfono es el de Usuna, según verificó LA NACION. Pero él intentó montar su propia operatoria junto con un amigo, Fernando Villaverde, para asesorar a empresas y personas con problemas con la AFIP, a cambio de comisiones millonarias.

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Lo que calló Echegaray (e investiga la Justicia)

Ante una treintena de periodistas convocados a su conferencia de prensa, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no contó todo lo que sabía sobre el caso Ciccone. Y mucho menos detalló su rol en las negociaciones con Alejandro Vandenbroele, el que ahora investiga la Justicia.

El 9 de marzo, Echegaray calló que a los antiguos dueños de la imprenta –Nicolás y Héctor Ciccone– les rechazaron un pedido para obtener una moratoria. Habían rogado por un plan de pagos muchísimo menos excepcional que el que luego sí le concedió a la empresa, con más cuotas y menos tasa de interés, pero cuando ya la presidía Vandenbroele.

Echegaray también omitió que lejos de haberle girado el singular pedido de la “nueva” Ciccone al entonces ministro de Economía, Amado Boudou, como si se tratara de un expediente más, le remarcó por escrito que su opinión sería “determinante” para concederle esa moratoria excepcionalísima, que sería de 20 cuotas anuales (una por año), sin interés y con quita de intereses resarcitorios y punitorios, multas y honorarios.

Echegaray obvió incluso explicar que el rol de la AFIP no se terminó al entregarle el plan de facilidades excepcional a la nueva Ciccone. Porque en realidad le concedió varios planes. ¿Por qué? Porque la primera que le otorgaron la congelaron cuando LA NACIÓN reveló que incluiría una quita, en la práctica, del 75%, algo prohibido de manera taxativa por la ley 25.678. Quita que igual así reactivó la AFIP meses después, aunque dividida en dos planes distintos.

Todo eso, y más, es lo que calló Echegaray en su conferencia de prensa del 9 de marzo. Eso, y más, es lo que investiga ahora la Justicia.

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Las huellas de una traición

“Me mandaron a hablar con ‘Nariga’. Me está matando”, dijo el octogenario Nicolás Ciccone, a modo de introducción. Era su enésima reunión con interlocutores del Gobierno entre fines de 2009 y mediados de 2010 en su afán por salvar a su imprenta del colapso, siempre con la misma respuesta: no.

Hasta que irrumpió José María Núñez Carmona (foto), "Nariga", el íntimo amigo y socio comercial del entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Entonces, llegó el colapso y resurgimiento de la empresa, pero con otra conformación accionaria.

"Pedimos nafta común, nos dijeron que no; pedimos nafta súper, nos dijeron que no; pedimos diésel, y también que no; pero cuando llegaron estos tipos, pidieron la Fangio XXI y les dijeron que sí y que podían pagarla después", resumió uno de los más íntimos colaboradores de Ciccone. Los "tipos" eran Núñez Carmona y el rostro visible de la misteriosa The Old Fund SA, Alejandro Vandenbroele, que pasó a presidir la nueva Ciccone.

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Un changarín, dos patovas y $1 millón

El título me recuerda a la película de Guy Ritchie, "Juego, trampas y dos armas humeantes". Pero esto de ficción no tiene una pizca (y de patético, mucho).

De mendigo a millonario, de productor rural a mendigo otra vez y, ahora, a acusado ante la Justicia. El changarín que figuró como supuesto dueño de un feedlot fantasma para embolsar casi $ 1 millón en subsidios de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) deberá ahora explicar ante la Justicia qué pasó y quiénes lo metieron en esa operatoria.

El juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi citó al changarín Juan Benjamín Tapia [foto], a dos patovicas y a otros cinco imputados a indagatoria, sospechados de cometer varias irregularidades con fondos millonarios de la Oncca, que el Gobierno disolvió a raíz del escándalo. Todos ellos deberán declarar entre el 13 y 27 de este mes, acusados de fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentos.

Tras la difusión pública de lo ocurrido con Tapia (gran mérito gran del colega de Clarín, Matías Longoni), el entonces titular de la Oncca, Emilio Eyras, revocó las órdenes de pago que él mismo había autorizado. No sólo eso. El escándalo aportó otro fruto inesperado. Reapareció el $ 1 millón birlado.

Según el polémico presidente de la Cámara Pesquera Marplatense, Daniel Tunoni, quien lo transportó desde Buenos Aires hasta Mar del Plata para devolverlo al Banco Nación fue Fernando Villaverde, uno de los colaboradores más cercanos desde hace dos décadas del ex titular de la Oncca y luego de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

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Echegaray y su incómodo testigo

Amenazas, presuntas extorsiones y dinero negro condimentan la sorda disputa judicial que protagoniza desde hace meses el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Su rival es un empresario marplatense que antes lo benefició como testigo en la causa sobre los subsidios irregulares de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

La ofensiva judicial de Echegaray se concentra en el presidente de la Cámara Pesquera Marplatense, Daniel Tunoni, a quien demandó en los fueros civil y penal tras acusarlo de intentar mancharle su imagen e intentar extorsionarlos a él y a sus principales colaboradores para sacarles dinero o algún otro beneficio.

Mar del Plata, vale aclarar por las dudas, es una ciudad neurálgica para el zar de los impuestos. Allí estudió Derecho tras arribar de Punta Alta y allí conoció a sus mejores amigos, como Fernando Villaverde, hoy reconvertidos en su equipo todoterreno en la Oncca, primero, y la AFIP, después.

Tunoni [foto] tampoco se quedó atrás. Afirmó que varios colaboradores de Echegaray lo abordaron para que callara lo que sabía sobre los subsidios irregulares de la Oncca, le pagaron para negar ante la Justicia lo que ya le había contado a la prensa y así salvar al actual titular de la AFIP en una causa penal sensible.

El empresario/testigo negó haber recibido dinero ante mi consulta directa. Pero hizo mención a un supuesto pago en un mail que le envió a Echegaray. "Me hicieron entrega de 15.000 dólares para que amplíe a favor suyo y de otros miembros de la ex Oncca y actual AFIP, en las distintas causas penales que se encuentran en trámite", le planteó. Y así fue. Repetidas veces.

La incógnita del millón es qué hace (o hacía) el zar de los impuestos inmiscuido en una disputa casi de arrabal con un empresario/testigo tan opaco como Tunoni. ¿Por qué le envió emisario? ¿Para qué?

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