Corte + escuchas = más poder para Comodoro Py

La Corte Suprema de Justicia evalúa delegar la oficina de escuchas telefónicas en la Cámara Federal porteña, lo que en la práctica implicará darle aún más poder a los tribunales de Comodoro Py, confirmaron altas fuentes judiciales a LA NACION.

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti (foto, abajo), ya le adelantó la propuesta al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, durante una reunión a fines de enero, en la que también se abordaron otras opciones destinadas a incluir otras cámaras del interior del país o con asiento en la ciudad de Buenos Aires, como la Cámara en lo Penal Económico.

La opción más firme, sin embargo, pasa por la Cámara Federal porteña, al punto de que Lorenzetti también le adelantó ese plan a la procuradora, Alejandra Gils Carbó. También le pidió que mantenga a su personal dentro del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) hasta que el nuevo equipo complete su capacitación.

La Corte podría respetar de ese modo el eje central del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2015, que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de diciembre pasado -que transfirió las interceptaciones telefónicas al máximo tribunal del país-, pero sin asumir de manera directa un área que podría generarle dolores de cabeza.

En rigor, el objetivo de Macri y sus colaboradores con ese decreto fue quitarle poder y recortarle facultades a Gils Carbó, a quien consideran demasiado afín al kirchnerismo, al mismo tiempo que buscaron reforzar los vasos comunicantes con Lorenzetti.

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Gils Carbó no se piensa ir

No se irá en diciembre. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó que no piensa renunciar al cargo cuando concluya el mandato de Cristina Kirchner, sino que desea completar el plan de "fortalecimiento" del Ministerio Público que puso en marcha, lo que estima que podría tomar "años".

Gils Carbó desechó así las especulaciones de la oposición ante las críticas por algunas de sus decisiones, como denunciar al fiscal José María Campagnoli mientras investigaba la "ruta del dinero K" y la promoción de fiscales subrogantes que militan en Justicia Legítima, a la que considera "un aporte muy positivo" para transparentar el Poder Judicial.

La procuradora, que goza de la misma estabilidad constitucional en su cargo que los ministros de la Corte, reafirmó que no se siente un alfil de la Casa Rosada. "Nunca tuve una actividad militante y, menos, oficialista", sostuvo en el ciclo Conversaciones en LA NACION.



"Cuando impugné la fusión Multicanal y Cablevisión, el presidente Néstor Kirchner la estaba aprobando", dijo Gils Carbó en su defensa. Y siguió: "Otra actuación importante mía fue por Sociedad Comercial del Plata, en el que la carátula del expediente era 'Banco Nación s/estafa', y en el momento del hecho la titular del Banco era Felisa Miceli, y en el momento que hice la denuncia era ministra de Economía de Kirchner. Y más adelante seguí con la misma conducta. Cuando el fiscal Brito pidió la indagatoria de Milani (César, jefe del Ejército), Milani solicitó su remoción e inmediatamente lo rechacé. Durante mi gestión fue procesado el vicepresidente de la Nación (por Amado Boudou), un hecho que jamás había tenido lugar, fue condenada Felisa Miceli, y el fiscal Pollicita impulsó y apeló el desestimiento de la denuncia promovida por Alberto Nisman. El mismo Nisman, al día siguiente de presentar la denuncia, estuvo en la pantalla de TN agradeciendo lo gentil que había sido yo siempre y el apoyo que siempre recibió de mí."

-¿Por qué cree entonces que la tildan de oficialista?

-Creo que eso proviene de sectores políticos y grandes corporaciones económicas interesadas en instalar esa versión.

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Todos contra Lilita (ella lo hizo)

La diputada nacional y precandidata a presidenta por la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, subió ayer la apuesta con el Gobierno al afirmar que el entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina se presentó ante el Congreso a brindar uno de sus informes "pasado de droga".

"Yo una vez pregunté en la Cámara «qué le pasa a este chico, que está a los gritos», porque la verdad es que mi generación no vivió la droga, «está duro», me contestaron", indicó Carrió, en el ciclo Conversaciones en LA NACION. "Era Abal Medina. Gritaba desaforadamente", añadió (la entrevista en WebTV, acá).

De inmediato, Abal Medina, hoy senador nacional, negó consumir cocaína y calificó los dichos de Carrió como una "delirante acusación" que "excede el límite de lo tolerable", por lo que anticipó que le iniciará "las acciones legales pertinentes".

"Estoy muy enojado, no puede decir que estoy pasado de droga, es muy delirante lo de Carrió -añadió Abal Medina-. Necesita la atención mediática, pero con esto ha cruzado un límite. Voy a hacerle una denuncia ante la Justicia."

Carrió acusó a Abal Medina de consumir cocaína como un ejemplo más de lo que consideró el "doble estándar" del Gobierno, que por un lado "agrede" a Fayt, al que dijo que buscan "matar por estrés, quebrarlo", mientras que sus funcionarios violan leyes y comportamientos éticos.

"Alguien tenía que decir la verdad y me tocó a mí, como desde hace 20 años", afirmó la legisladora. "Entonces, cuando agreden a un anciano como lo agreden, porque esto es casi una tortura, una vejación, respondo como hay que responder"

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Justicia y corrupción: ayer, 2015 y después

Primer acto. El juez y el periodista conversan en el despacho del juez. La secretaria del juez entra de improviso. Le informa que llama el operador. El juez, que estaba sentado, se pone de pie nada más que para atender esa llamada. Cual sargento ante la irrupción de su general.

Segundo acto. Semanas después, el operador y el periodista coinciden en la puerta del despacho del mismo juez. El operador sale; el periodista pensaba entrar, pero opta por dialogar con el operador. El operador le anticipa que en tres meses el juez cerrará "la" causa penal.

Tercer acto. Tres meses después, en efecto, el juez sobresee a los acusados. Los fiscales no apelan. Se cierra la causa -fina ironía- el Día de los Santos Inocentes.

Esto que cuento sucedió. Me sucedió. Es apenas una muestra de un amplio abanico similar, que resulta imposible denunciar sin más pruebas que los ojos y oídos del periodista. Conozco fiscales a los que, para apretarlos, les han enviado fotos suyas con alguna amante. Jueces que han llorado delante de mí. Testigos a los que les han puesto un revólver en el pecho para que callen.

Peritos que han firmado dictámenes falsos, por apriete o por dinero.

También conozco muchos funcionarios políticos honestos. Pero, acaso por cuestiones de mi trabajo, conozco muchos de los otros. De los que a la hora de pedir coimas ya calculan cuánto de ese dinero negro deberían destinar al abogado, al fiscal y al juez si el negociado saliera a la luz y afrontaran una investigación penal. Que más que investigación será, por tanto, una parodia.

Hay muchos jueces y fiscales probos y dignos. Pero también hay de los otros, de los que hasta mandan señales de complicidad a los acusados mediante el color de las corbatas que usan. O por la mano en que llevan el teléfono celular. O un prendedor en la solapa del saco. Todas señales preestablecidas por el enlace en las sombras para que el acusado al que le han pedido "que se ponga" sepa que el requirente no vende humo, sino que es, efectivamente, un emisario de Su Señoría.

Y así, mientras la Justicia es una dama vendada e inflexible para los ladrones de gallinas, se hinca ante los grandes tiburones. Sean funcionarios, empresarios o sindicalistas. O lo que fuere. Porque lo que importa es la billetera, rebosante, para comprar (o alquilar) voluntades.

Así las cosas, ¿no hay nada que hacer? ¿Bajamos la persiana y sálvese quien pueda o tenga los billetes? ¿Es acaso tan difícil revertir o corregir este panorama?

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El "caso Ciccone" llega a la Corte Suprema

Si ya no tenía suficiente, ahora la Corte Suprema de Justicia sumará un nuevo desafío. Deberá lidiar, por primera vez, con el “caso Ciccone”. Decidirá si es constitucional que el Gobierno esté de ambos lados del mostrador a la hora de negociar si la familia fundadora de la imprenta debe cobrar una indemnización por un contrato multimillonario que rescindió la Policía Federal.

El arribo del “caso Ciccone” a la Corte se definió el martes pasado, cuando la sala D de la Cámara Comercial admitió un recurso extraordinario de la familia fundadora, que considera que, en pleno de proceso de expropiación de la imprenta, el Gobierno viola sus derechos de defensa y de propiedad, según consta en la copia de la resolución judicial.

El reclamo de los Ciccone se centra en un tramo menor de toda la madeja judicial que los rodea junto al abogado Alejandro Vandenbroele y el vicepresidente Amado Boudou, pero que se convirtió en la senda para la discusión de fondo. Pero abarca una fortuna. Los Ciccone le reclaman a la Policía Federal una indemnización de $ 86,2 millones por los bienes y equipos de la compañía que la fuerza utilizó durante varios años para confeccionar los pasaportes y cédulas de identidad, para luego, de improviso, prescindir del servicio.

Al caerse el contrato, los Ciccone reclamaron por la vía administrativa, que incluyó una firma de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Hasta que tras casi dos años de idas y vueltas, la Policía concluyó el 16 de agosto pasado que correspondía indemnizarlos con sólo 13.203 pesos.

El bajísimo monto otorgado podría responder al contexto temporal. Para entonces, el escándalo por el “caso Ciccone” ya superaba los seis meses y había provocado la apertura de una investigación penal en la que Boudou se encuentra imputado por la presunta comisión de múltiples delitos. Y nueve días antes de la decisión de la Policía, el Gobierno había anunciado la intervención oficial de la imprenta, que por entonces imprimía decenas de millones de billetes de 100 pesos.

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Dos "paralelos" cesanteados

Un año y medio después de que lo publicara en LA NACION y estallara el escándalo, la Corte Suprema de Justicia ordenó este martes la cesantía de los dos secretarios involucrados en el presunto armado del  “Juzgado paralelo” en el fuero previsional para perjudicar en varios (muchos) millones de pesos a la Agencia Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La cesantía recayó sobre los secretarios del Juzgado N° 3 del fuero, Emmanuel Catardo y Fernando Mora, quienes habían sido suspendidos en sus cargos de manera preventiva y hasta que se completara el sumario, que concluyó este martes, según consta en la resolución 50/11.

Firmada por cinco de los siete ministros –Carlos Fayt. Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay–, la resolución expone las “gravísimas faltas” cometidas por ambos secretarios, alertadas por la Anses (que luego radicó una denuncia penal), abogados afectados del fuero y unos cuaaaaaantos empleados y funcionarios corajudos de ese mismo Juzgado.

¿El resumen? La esposa de Mora y los abogados "amigos" de Catardo lograron cobrar por autopista y a toda velocidad los juicios que presentaron contra la Anses, mientras que tooooodos los demás abogados del abarrotado fuero (y los jubilados que patrocinan) iban a 5 km/h por camino de tierra, bajo lluvia y con niebla.

Pese al escándalo, sin embargo, Catardo y Mora figuran aún como postulantes en el concurso N° 253 del Consejo de la Magistratura -al menos así figura en el último relevamiento oficial del Consejo, de principios de este mes- para ocupar tres cargos vacantes para jueces en el fuero de la Seguridad Social, es decir, en el mismo fuero del escándalo del que acaban de echarlos.

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