Corte + escuchas = más poder para Comodoro Py

La Corte Suprema de Justicia evalúa delegar la oficina de escuchas telefónicas en la Cámara Federal porteña, lo que en la práctica implicará darle aún más poder a los tribunales de Comodoro Py, confirmaron altas fuentes judiciales a LA NACION.

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti (foto, abajo), ya le adelantó la propuesta al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, durante una reunión a fines de enero, en la que también se abordaron otras opciones destinadas a incluir otras cámaras del interior del país o con asiento en la ciudad de Buenos Aires, como la Cámara en lo Penal Económico.

La opción más firme, sin embargo, pasa por la Cámara Federal porteña, al punto de que Lorenzetti también le adelantó ese plan a la procuradora, Alejandra Gils Carbó. También le pidió que mantenga a su personal dentro del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) hasta que el nuevo equipo complete su capacitación.

La Corte podría respetar de ese modo el eje central del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2015, que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de diciembre pasado -que transfirió las interceptaciones telefónicas al máximo tribunal del país-, pero sin asumir de manera directa un área que podría generarle dolores de cabeza.

En rigor, el objetivo de Macri y sus colaboradores con ese decreto fue quitarle poder y recortarle facultades a Gils Carbó, a quien consideran demasiado afín al kirchnerismo, al mismo tiempo que buscaron reforzar los vasos comunicantes con Lorenzetti.

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Espionaje ilegal en tiempos K

La puja por las escuchas excede a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Apunta a los doce años previos del kirchnerismo en el poder y a la forma en que manejaron las intervenciones telefónicas (y los carpetazos) cuando las manejaba (y manipulaba) la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE).

Fueron años en que el entonces presidente Néstor Kirchner se movió a gusto con la información que le pasaban los espías liderados por Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, al que los santacruceños mimaron y potenciaron durante una decada.

CFK, Pocino y Stiuso

Fueron años, además, en los que el kirchnerismo disfrutó de montar operaciones de desprestigio en cada campaña electoral, como las que padecieron Enrique Olivera o Francisco de Narváez, entre otros. Y fueron años en los que las escuchas (las legales y las otras) quedaron bajo la órbita de la infame "Ojota" de la ex SIDE, que se ganó su apodo gracias a sus iniciales formales: O. J.

Ese statu quo sólo comenzó a cambiar cuando, ya en su último año en la Casa Rosada, el kirchnerismo rompió con sus socios para los trabajos desagradables. Y no rompió por un súbito ataque de conciencia. La causa fue más práctica: la entonces presidenta Cristina Kirchner sospechó que los muchachos eran más fieles a si mismos que a ella y su poder.

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Macri corta los puentes con Gils Carbó

El gobierno del presidente electo, Mauricio Macri, abortó durante los últimos días los puentes de comunicación que buscó tender la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para trazar pautas de trabajo sobre la lucha contra el narcotráfico y otros asuntos sensibles, confirmaron a LA NACION fuentes de ambos sectores.

La decisión de cortar esos puentes la tomó el futuro ministro de Justicia, Germán Garavano, quien recibió a dos emisarios de la procuradora, pero les comunicó que Macri ya había indicado que su posición era buscar la salida o destitución de Gils Carbó.

El desencuentro se dio en dos fases, según reconstruyó LA NACION. Garavano mantuvo un primer contacto con un interlocutor de Gils Carbó, con quien abordó algunos puntos de cómo debería completarse la transferencia de ciertas competencias jurisdiccionales de órbita nacional a la porteña.

El segundo emisario que llegó desde la Procuración, sin embargo, buscó dar otro paso y, carpeta en mano, conversar "para adelante" cómo coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico entre el gobierno macrista y el Ministerio Público. Fue entonces cuando encontró el freno. Desde la Procuración afirmaron a LA NACION que Garavano indicó que no había nada para conversar porque Gils Carbó "no llega a fin de año" y que la única discusión posible era si presentaba su renuncia o si debía buscarse su eventual destitución.

Voceros del futuro ministro de Justicia confirmaron los encuentros, pero le bajaron el tono a su mensaje. "Garavano sólo le comunicó al colaborador de Gils Carbó que no hay temas que conversar «para adelante» porque él tiene la misma posición que el presidente", en alusión a Macri, y le transmitió que sí está dispuesto a "colaborar para que no sea una «salida traumática» y, por el contrario, sea lo más «prolija» e «institucional» posible".

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Gils Carbó no se piensa ir

No se irá en diciembre. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó que no piensa renunciar al cargo cuando concluya el mandato de Cristina Kirchner, sino que desea completar el plan de "fortalecimiento" del Ministerio Público que puso en marcha, lo que estima que podría tomar "años".

Gils Carbó desechó así las especulaciones de la oposición ante las críticas por algunas de sus decisiones, como denunciar al fiscal José María Campagnoli mientras investigaba la "ruta del dinero K" y la promoción de fiscales subrogantes que militan en Justicia Legítima, a la que considera "un aporte muy positivo" para transparentar el Poder Judicial.

La procuradora, que goza de la misma estabilidad constitucional en su cargo que los ministros de la Corte, reafirmó que no se siente un alfil de la Casa Rosada. "Nunca tuve una actividad militante y, menos, oficialista", sostuvo en el ciclo Conversaciones en LA NACION.



"Cuando impugné la fusión Multicanal y Cablevisión, el presidente Néstor Kirchner la estaba aprobando", dijo Gils Carbó en su defensa. Y siguió: "Otra actuación importante mía fue por Sociedad Comercial del Plata, en el que la carátula del expediente era 'Banco Nación s/estafa', y en el momento del hecho la titular del Banco era Felisa Miceli, y en el momento que hice la denuncia era ministra de Economía de Kirchner. Y más adelante seguí con la misma conducta. Cuando el fiscal Brito pidió la indagatoria de Milani (César, jefe del Ejército), Milani solicitó su remoción e inmediatamente lo rechacé. Durante mi gestión fue procesado el vicepresidente de la Nación (por Amado Boudou), un hecho que jamás había tenido lugar, fue condenada Felisa Miceli, y el fiscal Pollicita impulsó y apeló el desestimiento de la denuncia promovida por Alberto Nisman. El mismo Nisman, al día siguiente de presentar la denuncia, estuvo en la pantalla de TN agradeciendo lo gentil que había sido yo siempre y el apoyo que siempre recibió de mí."

-¿Por qué cree entonces que la tildan de oficialista?

-Creo que eso proviene de sectores políticos y grandes corporaciones económicas interesadas en instalar esa versión.

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Recondo: "El Gobierno busca su impunidad"

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, Ricardo Recondo, condenó la ofensiva "absolutamente fascista" del Gobierno contra la Corte Suprema, donde pretenden colocar a militantes para "conseguir impunidad", cuando restan meses para el fin del mandato de la Presidenta.

Desde el Gobierno "están tratando de conseguir impunidad frente a los hechos ilícitos que van surgiendo respecto de muchos funcionarios públicos", estimó Recondo, en el ciclo Conversaciones, de LA NACIÓN.



Recondo repudió, así, las críticas que desde el oficialismo lanzaron durante los últimos días contra el decano de los ministros de la Corte, Carlos Fayt, mientras protege a jueces como Norberto Oyarbide.

El objetivo del Gobierno "es aprovechar, de una manera absolutamente fascista, la edad del doctor Fayt para conseguir una vacante más en la Corte", indicó Recondo. De ese modo, buscan "debilitarla y conseguir militantes ministros en la Corte. Ya tienen militantes fiscales y militantes jueces para obtener impunidad".

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Nueva SIDE, nuevas escuchas, nuevas denuncias

La nueva "dueña" de las escuchas telefónicas en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Josefina Kelly Neira, acumuló las primeras dos denuncias penales en su contra. Ambas, por las supuestas trabas que un fiscal federal afirma que le interpuso mientras investigaba secuestros extorsivos en el conurbano.

El fiscal federal Paul Starc la denunció la semana pasada tras considerar que, como flamante jefa de la Dirección de Observaciones Judiciales, Kelly Neira "se negó" a cumplir con su labor. Es decir, se resistió a pinchar dos teléfonos -"o al menos demoró su cumplimiento"- durante la investigación de uno de los secuestros e impidió el acceso a dos policías designados para unas "escuchas directas" durante el segundo secuestro.

Starc también pidió ayuda a su jefa máxima, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para que "inste" a las nuevas autoridades de la ex SIDE, tanto Kelly Neira como su superior, Oscar Parrilli, "a abstenerse de realizar conductas tales como la denunciada", lo que consideró que causó "un injustificado retardo" para avanzar con sus investigaciones.

Con un paso previo en el Ministerio de Justicia, Kelly Neira llegó a la dirección conocida en la jerga tribunalicia y de los servicios como "Ojota" tras la asunción de Parrilli como nuevo titular de la ex SIDE, al igual que otros militantes de La Cámpora. De buena sintonía con el referente de esa agrupación y actual secretario general de la Presidencia, Wado de Pedro, Kelly Neira concentró el fastidio del fiscal Starc por su actuación durante los últimos días de febrero.

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Una fiscalía vacante (e incómoda)

Cinco años y medio después de la salida de su entonces titular, la silla máxima en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) continúa vacante. Ahora, ese vacío amenaza con extenderse por más tiempo. Los senadores nacionales Mario Cimadevilla y Gerardo Morales impugnaron el pliego del candidato que elevó la Casa Rosada, tras considerar que su elección surgió de un concurso con "arbitrariedades manifiestas" y "vicios graves de procedimiento" y que es, por tanto, "nulo".

Los legisladores radicales presentaron su impugnación el viernes pasado, aunque sólo trascendió ayer. Solicitaron además a la Comisión de Acuerdos que antes de evaluar el pliego del candidato, Sergio Leonardo Rodríguez, solicite a la Procuración que les envíe las carpetas en las que se tramitaron los concursos 81 y 88 para llenar esa vacante, más un tercer concurso, el 89, para comparar las decisiones que se adoptaron ante planteos similares.

Cimadevilla y Morales argumentaron que "brindar acuerdo senatorial a quienes resulten de un concurso afectado por arbitrariedades manifiestas y vicios graves de procedimiento es pretender convalidar decisiones teñidas de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad", ya que entendieron que son "violatorias de las normas esenciales del procedimiento concursal".

Los legisladores concentraron sus observaciones en el proceso en sí del concurso, más que en el candidato seleccionado, un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción (OA) que desde hace años es gerente de Asuntos Penales de la Anses.

Aun así, Rodríguez salió al cruce de las críticas al concurso, ya que consideró que "fue tramitado y resuelto de acuerdo con todas las formalidades legales y reglamentarias".
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Nace una oportunidad antipiratas - que así sea

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anunció la creación de toda una nueva área especializada en delitos económicos con facultades para investigar por su cuenta y colaborar con pesquisas en marcha, incluso en otros fueros que no sean el penal.

La flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quedará bajo el mando de Carlos Gonella, un fiscal general subrogante que hasta ahora se abocó en Córdoba a causas sobre violaciones de derechos humanos y colaboró desde 2010 con la investigación sobre la voladura de Río Tercero.

Gonella liderará una superestructura con tres grandes áreas: la operativa -con especialidades en lavado, fraude económico y bancario, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras-; de asistencia técnica -con un cuerpo de investigadores y una sección para el recupero de activos- y la administrativa.

En la práctica, la nueva estructura implicará la disolución inmediata de las unidades fiscales de investigaciones sobre lavado (Ufilavdin) y contrabando (Ufitco), como también de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap). El personal y las competencias de esas tres áreas fueron absorbidos por la Procuraduría Adjunta, pero sus responsables, Raúl Plee, Valeria Calaza y Sabrina Namer, respectivamente, quedaron fuera de la nueva distribución de cargos.

Polémica en puerta, obvio. Porque la salida de Plee, por ejemplo, ocurrió justo cuando debía presentar sus informes en el caso Ciccone (sobre la ruta de dinero, Raúl Moneta y la comisión de $ 7,6 millones del gobierno de Formosa a Alejandro Vandenbroele). Pero también porque Gonella y sus principales colaboradores llegan a la Procuraduría como subrogantes o fiscales “ad hoc”. Es decir, sin estabilidad en sus cargos y con dependencia absoluta de Gils Carbó.

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Para todo lo demás, MonsterCard

"Una procuradora dispuesta a ensuciar a un limpio
para limpiar a un sucio: no tiene precio".



Autor: Enrique Piñeyro, guionista y director del extraordinario "El Rati Horror Show" y, antes, de "Fuerza Aérea Sociedad Anómima" y "Whisky, Romeo, Zulu", ganador del Premio Konex de Platino en la categoría documentalista de la última década.

Porque hay cosas que no tienen precio...