¿Medio lleno o medio vacío?

¿El vaso medio lleno o su mitad vacía?

Ese es el debate que ciertos expertos mantienen en Estados Unidos ante la aplicación real de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la ley que penaliza los sobornos detectados en el extranjero por compañías (gringas o de un tercer país) que cotizan en Estados Unidos.

El “FCPA blog” reportó que más del 60% de las empresas que entre 2005 y 2010 llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia para cerrar las investigaciones en su contra por la FCPA no sufrieron luego problemas entre sus ejecutivos. Es decir, que sí debieron abonar multas, pero que los responsables de carne y hueso de “aceitar” jamás afrontaron una acusación penal.

¿Los ejemplos más patéticos? Según el prestigioso blog que lidera Richard L. Cassin, Siemens es uno de ellos. Así, aunque afrontó una multa en Estados Unidos por US$ 800 millones y el funcionario del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, lo caracterizó como “probablemente el más atroz ejemplo de corrupción sistémica en el extranjero jamás investigada”, ninguno de sus ejecutivos afrontó cargos penales en Estados Unidos. Y a Siemens se sumaron otras, como la británica BAE (multa: US$ 400 millones). O Daimler AG (US$ 185 millones). Y, más abajo en el ranking, la "argentina" Tenaris/Techint con su negociado uzbeko. En suma, mucho dinero (pero no tanto si se evalúan sus ganancias anuales), pero ningún ejecutivo tras las rejas.

Para James B. Stewart [foto], del New York Times (y para muchos uno de los mejores reporteros financieros de gringolandia), “las empresas parecen demasiado dispuestas a afrontar esto y transferir los costos del acuerdo [con el Departamento de Justicia] a sus accionistas, mientras que esconden los detalles –y los nombres de sus ejecutivos- debajo de la alfombra”. Es decir: “Las corporaciones tendrán activos y pasivos, pero no cometen crímenes. Sus ejecutivos y empleados, sí”.

Y aunque se puede disentir –de hecho, la nueva ley antilavado argentina abre la puerta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas-, Stewart se anota un punto. Porque la facultad de los fiscales de negociar un acuerdo de culpabilidad e imponer una multa millonaria permite elevar los índices de efectividad en los delitos "de cuello blanco", pero como contrapartida cierran la investigación e impiden conocer todo lo ocurrido y sancionar a los delincuentes (que, en definitiva, eso son los coimeros y los coimeados). Quizá por eso, el blog de Cassin desafía con una pregunta: “¿La aplicación práctica de la FCPA realmente refrena la corrupción? ¿O debilita el Estado de Derecho y alienta el cinismo?”.

pd: el links al “FCPA blog” acá; y al artículo de Stewart, acá.