Tres empresas de Lázaro Báez recibieron una protección
especial dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ), que evitó responder
a pedidos de informes realizados por la Justicia.
La polémica actuación del organismo, que depende del Ministerio de Justicia, se centró en
Austral Construcciones y en las petroleras Epsur y Misahar, que comenzaron a
recibir una protección especial desde el 21 de junio del año pasado, cuando la
Justicia requirió datos sobre ambas empresas.
La demora permitió que esas firmas comenzaron a ordenar y
completar sus legajos societarios, según consta en los registros oficiales del organismo
y confirmaron fuentes dentro de la propia IGJ.
Dentro de la IGJ, los oficios judiciales que llegaron el 21
de junio pasado sobre Austral Construcciones y Misahar se encuentran "bajo
proceso de análisis". Lo mismo ocurre con el oficio
"reiteratorio" que, en el caso de la primera, llegó el 28 de marzo de
este año. Las autoridades de la IGJ no respondieron ninguno aún.
pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.
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