En
plena tormenta política y judicial por el presunto cajoneo de los reportes de
operaciones sospechosas de lavado que recibió durante los últimos años
sobre Lázaro Báez, Leonardo Fariña y otros supuestos valijeros, financistas y banqueros, el Gobierno jerarquizó y potenció ayer a la Unidad de Información
Financiera (UIF), con cargos más altos, más presupuesto y más áreas.
La
reforma y ampliación de la UIF se plasmó en el decreto 269/2013, que se publicó
en el Boletín Oficial con el fin declamado de otorgarle a la unidad "una
estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su
creación". Es decir, "prevenir e impedir los delitos de lavado de
activos y de financiación del terrorismo".
El
decreto, que lleva la firma de la Presidenta, elevó además al jefe de la UIF,
José Sbattella, al rango de secretario de Estado, aunque en la práctica se
mueve con plena autonomía de su superior jerárquico, el ministro de Justicia,
Julio Alak. Llegados ambos de La Plata, donde aún residen, Sbattella mantiene
una sorda disputa con Alak, al igual que con el titular de la (AFIP), Ricardo
Echegaray, con quien puja por el control de las bases de datos bancarias,
financieras, patrimoniales y tributarias.
En
la práctica, el decreto representa, además, un claro respaldo presidencial a
Sbattella, quien arrastra varias denuncias penales y una investigación en manos
del fiscal federal Carlos Stornelli por la presunta politización del organismo,
la designación de familiares y amigos, la selección discrecional de las
investigaciones para perseguir a "enemigos" del Gobierno y proteger a
distintos aliados.
pd:
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