Otro desafío judicial a CFK: ahora por el Tribunal Fiscal

La Justicia sumó otro desafío al kirchnerismo que se va. Ahora suspendió el concurso para llenar las vacantes en el estratégico Tribunal Fiscal, sólo horas antes de que la presidenta Cristina Kirchner firmara las designaciones pendientes de nueve jueces y se publicaran en el Boletín Oficial. La jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra, le impuso ese brusco freno a la Casa Rosada, al admitir la petición de otro concursante que reclamaba transparentar el concurso y que el Gobierno explicara cómo escogió a los ganadores.

Marra tomó su decisión días antes del ballottage del domingo 22, ante el riesgo concreto de que las designaciones para el Tribunal Fiscal se publicaran el lunes 23 o el martes 24 en el Boletín Oficial, mientras que el país concentraba su atención en los resultados electorales.

La decisión de Marra provocó la reacción inmediata del Ministerio de Economía, que pretende apurar los tiempos procesales al mínimo y levantar la medida cautelar antes del 10 de este mes. De ese modo, la Presidenta podría colocar a los candidatos que ella desea en el Tribunal Fiscal en vez de dejarle esa oportunidad a Mauricio Macri.

La urgencia del kirchnerismo con el Tribunal Fiscal tiene una explicación. Ese organismo funciona como ámbito de apelación de las decisiones que toma la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presunta evasión o discusiones impositivas y aduaneras, ya sea con personas o empresas, a menudo con consecuencias multimillonarias.

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Boudou, Núñez Carmona y facturas truchas

Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la presunta evasión de impuestos a través de facturas apócrifas a las que recurrió para reducir sus pagos por IVA y Ganancias.

La operatoria irregular, que involucraría un monto cercano al medio millón de pesos, se concentra en Action Media SA, la firma en la que aparece como dueño el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, pero que Boudou incorporó como parte del mismo grupo económico en documentos societarios que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Macro, por lo que comparten sus beneficios.

Action Media no aparece aún en el listado con más de 1200 "usinas" o empresas "usuarias" de facturas truchas que la AFIP subió a Internet luego de que LA NACION reveló que empresas de Bahía Blanca emitieron documentos falsos por decenas de millones de pesos, que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez.

Eso se debe a que el reclamo de la AFIP aún no tiene sentencia. El caso se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 14 de febrero de 2013. Se registró con el número 37253-I, y quedó en la Sala D, que integran Edith Gómez -asumió en el Tribunal gracias a una polémica renovación impulsada desde el Palacio de Hacienda- e Ignacio Buitrago, como subrogante.

La AFIP detectó la operatoria irregular años antes, cuando inspectores de la Regional Mar del Plata del organismo analizaron la contabilidad de Action Media, hasta que en diciembre de 2012 completaron lo que en la jerga interna se denomina una "determinación de oficio" sobre cuál sería la deuda acumulada por Ganancias e IVA.

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AFIP - haz lo que digo, no lo que hago

Mientras que en público el Gobierno prometía “látigo” contra las cerealeras por especular con el precio del trigo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) volvió sobre sus propios pasos y determinó que la multinacional Cargill no tiene que pagar más de $ 44 millones que se disputaban por el Impuesto a las Ganancias, según consta en la presentación de la AFIP cuya copia obtuvo LA NACION.

El inesperado y multimillonario giro de la AFIP se centró en un solo balance de Cargill, correspondiente a 2005, aunque ya generó una correlación con lo que reclamaba a la firma por su balance de 2006. Más aún, podría disparar un efecto dominó sobre otras compañías con las que mantiene una agria disputa por los llamados “precios de transferencia”.

El allanamiento del organismo que lidera Ricardo Echegaray se plasmó en un expediente administrativo que tras años de debate dentro del organismo tributario pasó al Tribunal Fiscal. Allí, el ente recaudador comunicó por escrito que renunciaba a su reclamo, a pesar de que ya contaba con una “consulta vinculante” contraria a Cargill desde 2004 y fallos favorables para la AFIP de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo en casos similares. Ahora el Tribunal debe decidir si se encuentra obligado a homologar esa decisión aún cuando contradice su posición histórica y la expuesta por la Justicia.

El giro de la AFIP llegó en un momento singular. Se firmó el 11 de julio, sólo una semana después de que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, anunciara que aplicaría la ley de abastecimiento y amenazara con decomisar trigo a los exportadores y volcarlo al mercado interno para bajar su precio.

Ese mismo jueves 11 de julio, incluso, el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, afirmó que “hace falta ponerse el látigo en la mano para que el trigo aparezca” y sostuvo que tras la reunión con “los componentes de la cadena de trigo y harina” y que por eso “el precio bajó entre un 25 y 28 por ciento”.

Pero mientras algunos funcionarios amenazaban con leyes y “látigos”, la AFIP cedió más de $ 44 millones en impuestos e intereses reclamados a Cargil por el ejercicio 2005, según consta en la resolución 5/2013, monto al que también habría que sumar el correspondiente a 2006, también reclamado.

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El Antonini de Lázaro Báez

Justo antes de la feria judicial de invierno, el empresario patagónico Lázaro Báez cosechó dos silenciosas buenas noticias. La Justicia debió cerrar una causa penal que lo tuvo contra las cuerdas por la presunta evasión de más de $ 400 millones. Y el Tribunal Fiscal, con nuevos miembros, revocó la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que lo dejaba al borde de otra causa penal por presunto lavado de activos.

El juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, debió suspender la tramitación de una investigación contra una de las firmas vinculadas a Báez, Gotti Hermanos, ya que la constructora se acogió a la ley 26.476 de moratoria y blanqueo por al menos $ 75 millones, una cifra que, sin embargo, quedó muy por debajo de los $ 400 millones que habían estimado los inspectores de la AFIP antes de que los removieran junto con sus superiores.

El otrora socio del fallecido ex presidente Néstor Kirchner también cosechó una buena noticia desde el Tribunal Fiscal para otra constructora: Badial SA. Por dos votos contra uno, logró que la sala A revocara las conclusiones de los inspectores de la AFIP, que le enrostraron una evasión, lo que conllevaría la apertura de otra causa penal, con presuntas maniobras de lavado de activos.

Ante la AFIP, Báez había detallado cómo un directivo de la sociedad uruguaya Reloway Company SA, Carlos Calvo López, solía viajar en avión o por Buquebus a la Argentina con fortunas en efectivo -por encima de los montos permitidos por la AFIP-, que luego transportaba hasta Río Gallegos, donde se depositaban en la cuenta de la constructora en los bancos Patagonia o de Santa Cruz, o se lo daba a Báez en mano.

La línea de la AFIP procuró entonces ubicar al imitador de Guido Alejandro Antonini Wilson, pero resultó inhallable. Al final, sólo se logró verificar que Calvo era director de la firma Invernes SA.

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De manzanas y peras - de Ciccone a Kicillof

Hay veces (unas cuantas) en las que mientras busco manzanas, me cruzo con peras. En esta ocasión, seguía una pista sobre el “caso Ciccone” cuando me avisaron que habían desplazado a dos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que intervinieron en los vericuetos administrativos de ese escándalo.

Obvio, mi hipótesis inicial fue que los habían rajado por el escándalo Amado Boudou - Alejandro Vandenbroele (porque siempre el hilo se corta por lo más fino). Pero como también suele ocurrirme, esa premisa originaria pronto quedó atrás y derivó en algo distinto, más amplio y con otros protagonistas. Es decir, lo que publiqué hoy en LA NACIÓN.

"La estatización de YPF ya causó cinco bajas en las filas oficiales. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, forzó el desplazamiento de cinco altos funcionarios de la AFIP que avanzaron a toda velocidad contra la empresa cuando todavía la controlaban los españoles, pero cuya ofensiva, por casi $ 410 millones, impactó de lleno contra la firma cuando ya estaba en manos del Gobierno".

"El reclamo de la AFIP se había centrado en supuestas inconsistencias detectadas en el pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural por $ 267,1 millones, más otros $ 142,2 millones en intereses resarcitorios. Pero lo que comenzó contra la chequera española terminó en la billetera del Estado".

Uno de los cinco funcionarios no fue solo desplazado. También lo rebajaron de la jefatura y lo destinaron a sacar fotocopias.

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