EEUU vs UIF (Sbattella) x Nisman

El corte ocurrió hace nueve meses. Y el gobierno de Estados Unidos detuvo el flujo de datos de inteligencia financiera hacia la Argentina. Lo frenó por la filtración interesada en Buenos Aires de datos confidenciales sobre el patrimonio del fiscal Alberto Nisman cuando el kirchnerismo buscaba, tras su muerte, destruir su imagen pública, confirmaron tres fuentes oficiales a LA NACION.

El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.

Washington considera lo ocurrido como un "incidente serio", más aún porque no se trató de un incidente aislado, sino de una conducta reincidente del kirchnerismo. En 2009, en plena campaña electoral, datos de inteligencia que la FinCen había enviado a la UIF sobre Francisco de Narváez -por entonces candidato opositor- terminó en el diario entonces oficialista Página 12, por lo que cortó relaciones con la unidad, que estaba a cargo de Rosa Falduto.

Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.

El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.

Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como "secreta" llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.

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UIF: otra vez chispas con la FinCen

Por segunda vez en apenas seis años, la unidad antilavado estadounidense (FinCen, en inglés) cortó todo tipo de colaboración con su par argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF). Tomó esa decisión tras verificar que la información confidencial que envió a las entonces autoridades del organismo en Buenos Aires, liderado por José Sbattella, terminó por filtrarse para otros fines.

La cooperación bilateral se cortó en junio de 2015, pero continúa vigente hasta hoy, según reveló ayer el propio gobierno de Estados Unidos al presentar su Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, en inglés).

La FinCen, precisó ese informe, "suspendió el intercambio de información con la UIF debido a la difusión no autorizada [de información] de inteligencia por parte de la Argentina que la FinCen había compartido con la UIF", y anticipó que Washington evalúa sus "próximos pasos" ante lo que definieron como una "ofensa seria".

Ese mismo informe, elaborado por el Departamento de Estado, recordó que no es la primera vez que ocurre ese tipo de incidente bilateral: "La primera suspensión ocurrió en julio de 2009, y se prolongó durante tres años y medio".

En aquella ocasión, el cortocircuito se produjo cuando información que la FinCen había enviado a la unidad antilavado local sobre el empresario y candidato opositor Francisco de Narváez se publicó en el diario oficialista Página 12, según reveló entonces LA NACION.

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Fin de ciclo K: la mudanza

Algunos pugnan por acomodarse en un nuevo cargo público; otros, por no ir a la cárcel. Algunos evalúan irse del país; otros, volver. Y mientras muchos dicen que necesitan trabajar para llegar a fin de mes -y hasta alguno volvería hacerlo en su ferretería-, otros lo harán para blanquear parte del dinero que acumularon. Son los funcionarios nacionales que, tras más de una década de kirchnerismo en el poder, encaran el final.

La mayoría de ellos, según reconstruyó lanacion durante las últimas semanas, quiere además continuar en la política profesional o, al menos, en la militancia, aunque también hay varios que dan por cerrado ese capítulo. Y no son pocos los que, por las dudas, borran todas las huellas incómodas o comprometedoras.

De hecho, las máquinas trituradoras funcionan a pleno en algunas oficinas de la Casa Rosada, al igual que los procedimientos para eliminar archivos informáticos. También en el Ministerio de Economía -donde las bolsas con papel triturado y los canastos de mudanza son ya algo común-, la Casa de Moneda -donde también se acumulan bolsas gigantescas de papel trozado, al igual que en la unidad antilavado (UIF)- y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según testimonios coincidentes de funcionarios, empleados y testigos casuales que acumuló LA NACION. También en el PAMI, según denunció la legisladora porteña Graciela Ocaña.

En múltiples organismos, como el Senado, la Inspección General de Justicia (IGJ), Migraciones o los ministerios de Salud y Agricultura, entre otros, se acumulan las designaciones masivas de nuevos empleados. Y se suma la reubicación de personas que saben demasiado. ¿Un ejemplo? A varias secretarias privadas las mudaron a dependencias satelitales, para que "los nuevos" no puedan preguntarles nada ni ellas tampoco puedan contar lo que vieron o escucharon durante estos años. ¿Otros dos ejemplos? En el PAMI, varios funcionarios de carrera se encontraron con que se habían borrado todos sus mails o incluso que les habían cambiado sus computadoras. Y en el Ministerio de Justicia, que ciertos discos rígidos fueron eliminados.

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Boudou, bajo la lupa de bancos y AFIP por lavado

El vicepresidente Amado Boudou figura en los registros de la Unidad de Información Financiera (UIF), que debe investigar si una de las sociedades comerciales que controla junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona lavó unos 7 millones de pesos.

Las sospechas se concentran en una de las dos únicas sociedades que Boudou reconoce como propias ante la Oficina Anticorrupción (OA), Inversiones Inmobiliarias Aspen. Pero en las actas de asamblea de esa sociedad consta que su grupo empresario es más amplio e incluye otras cinco firmas: dos agencias de publicidad (Action Media y WSM), una firma organizadora de eventos (Rock Argentina), otra dueña de un yate (Embarcaciones Argentinas) y, por último, Beaver Cheek.

El HSBC emitió el reporte de operación sospechosa (ROS) a fines de 2012, meses después de que estallara el caso Ciccone. En el informe que remitió a la UIF, detalló que Boudou y Núñez Carmona jamás aportaron la documentación que sus oficiales de cumplimiento antilavado les solicitaron para verificar la legalidad de los movimientos por unos $ 7 millones en sus cuentas.

En su reporte a la UIF, el HSBC completó los pasos de rigor. Detalló todos los movimientos bancarios de Aspen, así como remitió el análisis preliminar que desarrollaron sus oficiales sobre el vicepresidente, su socio y un amigo de ambos, Juan Carlos López, "el Sordo".

Sin embargo, el reporte del HSBC que incluyó a Boudou no es el único que apuntó a su entorno inmediato, y tampoco sobre la operatoria del caso Ciccone. Al menos otros seis ROS alertaron sobre posibles operaciones de lavado vinculadas a esta trama durante los últimos años por un monto global que supera los $ 38 millones. Y a eso se sumó un requerimiento de colaboración desde las autoridades antilavado de España.

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Sbattella sale a buscar apoyo afuera

Debido a las impugnaciones que recibió su nominación para permanecer otros cuatro años al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF, el organismo antilavado), José Sbattella tomó una decisión inesperada: les pidió apoyo público a todos sus pares de la región. Y, para eso, incluso les envió una carta modelo que pretende que firmen, según surge de las copias del correo electrónico y de la nota que obtuvo LA NACION.

"Sería un gran honor para mí recibir su aval para la inminente renovación propuesta", planteó Sbattella a los receptores de su mail, en el que les explicaba que les adjuntaba "para su consideración, un modelo de nota para que expresen su apoyo". Quienes la completen deben enviarla a una casilla de correo de la UIF, que a su vez se encargaría de presentarla en el Ministerio de Justicia.

Con su solicitud de apoyo internacional (y otras similares que ya empezaron a circular en el país entre entidades cercanas al Gobierno), Sbattella aspira a contrarrestar la ola de impugnaciones que ya se anunciaron en contra de su nominación.

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Sbattella, con espaldas oficiales

A pesar de las denuncias y críticas que acumuló durante su gestión, el Gobierno postuló ayer al actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, para que continúe otros cuatro años al frente del organismo que debe combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en todo el país.

La decisión se explicitó a través de una solicitada que el Ministerio de Justicia publicó ayer en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y BAE, con una breve síntesis del currículum de Sbattella, así como del economista Germán Saller, el candidato a asumir como vicepresidente de la UIF.

La postulación de Sbattella para presidir la UIF por un segundo mandato, que LA NACION anticipó este domingo, amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto a la Casa Rosada, que deberá publicar sus antecedentes por tres días, para luego abrir una ventana de quince días para recibir eventuales notas de apoyo o impugnaciones.

El diputado por el Frente Renovador, Adrián Pérez, anticipó ayer que impugnará el pliego de Sbattella, algo que el senador radical Ernesto Sanz ya dejó claro que podría provocarle otro dolor de cabeza a la presidenta Cristina Kirchner.

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Sbattella - se vienen cuatro años más

Se avecina otra tormenta. El Gobierno se apresta a nominar al actual titular de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, para que continúe durante los próximos cuatro años al frente de ese organismo, en el que acumuló denuncias por múltiples irregularidades y presuntos delitos a lo largo de su gestión.

El Ministerio de Justicia podría anunciar esta misma semana la postulación de Sbattella, según anticiparon altas fuentes oficiales a LA NACION, aun cuando todavía suenan otros posibles nombres para reemplazarlo y oxigenar así la UIF, sospechada de actuar como un instrumento para la protección de distintos aliados políticos del Gobierno y de persecución de sus "enemigos".

El propio Sbattella deslizó repetidas veces que podría dar un paso al costado al concluir su mandato -que vencerá el próximo martes 11 de febrero-, en el que logró revitalizar la unidad, con nuevas y más potentes herramientas, pero en el que también acumuló denuncias penales por su actuación.

Sin embargo, Sbattella dejó de plantear esa posibilidad a medida que se acercó la fecha y el principal foro antilavado del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), no sacó a la Argentina de su "lista gris", uno de los objetivos de su gestión.

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Jefe antilavado & lobbista del blanqueo

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, pidió a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que impulsó el Gobierno.

Sbattella lanzó la frase, mezcla de pedido y orden, durante dos reuniones que mantuvo durante el último mes con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las normativas antilavado de los bancos y de las cámaras del sector. Los había convocado para debatir los alcances de la ley de blanqueo y para transmitirles el interés del Gobierno por alentar el ingreso de fondos frescos al país.

El deseo del titular de la unidad antilavado, sin embargo, chocó con la resistencia de los oficiales de cumplimiento. No por razones éticas, sino por una cuestión de preservación propia. Argumentaron que afrontarán cargos penales y multas millonarias de la propia UIF si algún día sale a la luz que uno de los beneficiarios del blanqueo lavó dinero del narcotráfico, como ocurrió con el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff durante 2009.

La respuesta de Sbattella –al que investiga la Justicia penal por presuntas irregularidades, la utilización política de la UIF y el cajoneo de legajos de Lázaro Báez, Amado Boudou y, mientras eran aliados del Gobierno, de Hugo Moyano y Sergio Schoklender– trazó otra visión a puertas cerradas. 

“Nos dijo que reportemos lo que consideremos que tenemos que reportar como operación sospechosa [de lavado], pero que la UIF analizará la buena o mala fe del reportante”, precisó uno de los oficiales de cumplimiento antilavado.

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La ruta negra de Lázaro - todo vuelve

El fiscal José María Campagnoli lo hizo otra vez. Primero acumuló evidencias sobre cómo se habrían sacado 50 millones de euros negros de la Argentina a través de la financiera SGI. También reconstruyó cómo su dueño, Federico Elaskar, cedió sus acciones bajo amenazas del entorno del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez. Y, ahora, completó la tarea: detalló cómo ese grupo habría repatriado su equivalente en dólares, 65 millones, ya blanqueados, y los reinsertó en el circuito legal a través de una cuenta bancaria de su nave insignia, Austral Construcciones.

El presunto círculo del lavado se cerró del modo más polémico, según surge de la ruta del dinero ya lavado. Porque entre fines de 2012 y abril de este año retornó al país en forma de títulos de la deuda pública argentina y se depositó en una cuenta del Banco Nación, frente a la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, ante la pasividad de su área antilavado y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Campagnoli expuso esos hallazgos en un escrito que presentó el miércoles en la causa que instruye la jueza María Gabriela Lanz por la presunta extorsión padecida por Elaskar para que entregara el control de la financiera, conocida en el mundillo financiero como “La Rosadita”, y que corre en paralelo a la investigación por presunto lavado de activos que instruye el juez federal Sebastián Casanello.

El fiscal solicitó, además, que se cite a prestar declaración indagatoria al hijo del empresario, Martín Báez, al igual que a dos miembros de la sociedad suiza que tomó el control de SGI, Helvetic Services Group, Verena Úrsula Fontana y Claudio Fontana. Los consideró protagonistas de toda la presunta operatoria de lavado desarrollada por lo que calificó como la “armada de valijeros y testaferros de Lázaro Báez y sus socios”.

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Lázaro - una manito amiga II (en la UIF)

La Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez. Ambas habían sido reportadas por “actividades sospechosas” y se verificó que arrastraban serias anomalías societarias, confirmaron fuentes oficiales.

La polémica actuación de la UIF se concentró en la petrolera Epsur SA y en la firma Austral Construcciones SA, que operan con especial fuerza en la Patagonia. Ambas figuran, además, en la cartera de clientes que mostraba el contador y dueño de la financiera “La Rosadita”, Daniel Pérez Gadín [foto, abajo, izquierda], en su currículum disponible en Internet.

La alerta sobre Epsur y Austral Construcciones, sin embargo, no es la única vinculada con Báez [foto, arriba, derecha] dentro de la UIF. Ya contaba con una, de 2006, proveniente de Liechtenstein, y varias de 2005, por las firmas Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA, dos empresas del socio del ex presidente Néstor Kirchner, según reconstruyó LA NACION.

En el caso de Epsur y Austral Construcciones, la UIF comenzó a moverse tras recibir el reporte de operación sospechosa (ROS) 2418/2010 y solicitó la colaboración de la Inspección General de Justicia (IGJ), que debe controlar a las sociedades en la ciudad de Buenos Aires.

Pero la petrolera Epsur y Austral Construcciones no son las únicas empresas de Báez reportadas ante la UIF por alertas llegados desde dentro y fuera del país, incluso desde Liechtenstein. También las constructoras Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA arrastraban varias alarmas desde 2005.

pd1: el resto de las dos notas publicadas hoy en LA NACIÓN, acá y acá.

pd2: bonus track: allá por agosto de 2012, revelé que la UIF protegía a Lázaro Báez y me tiraron con munición gruesa; ahora, salen más datos a la luz. Para quien quiera leer aquellas notas, acá y acá.

Una UIF reloaded

En plena tormenta política y judicial por el presunto cajoneo de los reportes de operaciones sospechosas de lavado que recibió durante los últimos años sobre Lázaro Báez, Leonardo Fariña y otros supuestos valijeros, financistas y banqueros, el Gobierno jerarquizó y potenció ayer a la Unidad de Información Financiera (UIF), con cargos más altos, más presupuesto y más áreas.

La reforma y ampliación de la UIF se plasmó en el decreto 269/2013, que se publicó en el Boletín Oficial con el fin declamado de otorgarle a la unidad "una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación". Es decir, "prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo".

El decreto, que lleva la firma de la Presidenta, elevó además al jefe de la UIF, José Sbattella, al rango de secretario de Estado, aunque en la práctica se mueve con plena autonomía de su superior jerárquico, el ministro de Justicia, Julio Alak. Llegados ambos de La Plata, donde aún residen, Sbattella mantiene una sorda disputa con Alak, al igual que con el titular de la (AFIP), Ricardo Echegaray, con quien puja por el control de las bases de datos bancarias, financieras, patrimoniales y tributarias.

En la práctica, el decreto representa, además, un claro respaldo presidencial a Sbattella, quien arrastra varias denuncias penales y una investigación en manos del fiscal federal Carlos Stornelli por la presunta politización del organismo, la designación de familiares y amigos, la selección discrecional de las investigaciones para perseguir a "enemigos" del Gobierno y proteger a distintos aliados.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

UIF - confirma lo que desmiente

La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó ayer su control sobre el flujo de datos que ingresa y sale del sistema local para la prevención y lucha del lavado de activos en coordinación con organismos del exterior. Lo logró a través de una nueva resolución que se publicó en el Boletín Oficial.

La publicación de la resolución 29/2013 se concretó apenas horas después de que LA NACION revelara que la UIF no investiga toda la información que recibe desde el exterior sobre ciudadanos y empresas argentinas, salvo que esos sujetos ya hubieran protagonizado un reporte de operación sospechosa (ROS) originado en el sistema local.

Por radio, el titular de la UIF, José Sbattella, [foto, arriba] sostuvo que era falso que no se investigara, aunque indicó que, en efecto, la información recibida desde el exterior "queda a la espera" hasta que una alerta local lo destrabe y genere una investigación dentro del organismo antilavado que preside.

"Hay que desmentir que no se investiga; [lo informado desde el exterior] entra en la matriz de riesgo [de la UIF] y si esa persona no tiene antecedentes en la Argentina no se archiva, pero sí queda a la espera en esa base a que aparezca otro dato que lo saque del anonimato y vuelva a entrar en el circuito de la investigación", afirmó Sbattella.

pd1: a confesión de parte, relevo de pruebas.

pd2: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

UIF - de cacería en el zoológico

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.

El controvertido límite impuesto en la UIF provocó el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años.

Esto fue lo que ocurrió con varios reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru (entre Australia y Hawai).

El cambio de política fue confirmado a LA NACION por cuatro fuentes familiarizadas con toda la operatoria que se realiza en la UIF, un organismo del Estado que responde políticamente al Gobierno.

La decisión de concentrarse sólo en las operaciones locales y no en las alertas internacionales comenzó hace ya algunos años, sobre la base de pautas que regulan su funcionamiento.

"En la práctica, lo que ocurre es que la UIF se dedica a cazar dentro del zoológico", ironizó uno de los informantes. "Eso implica que el sospechoso que logró sortear el cerco local, después es muy raro que tenga problemas."

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Caso Ciccone - cayó el cuarto, nomás

Primero apartaron al juez, luego el fiscal, luego cayó el Procurador General de la Nación y, ahora, llegó el turno del fiscal antilavado. El caso Ciccone se cobró ayer su cuarta víctima, el jefe de la Unidad Fiscal contra el Lavado (Ufilavdin), Raúl Plee.

La decisión la tomó el fiscal Jorge Di Lello, quien interviene en la causa desde mediados de mayo pasado, cuando se dispuso el apartamiento del primer fiscal a cargo de la causa, Carlos Rívolo, y de inmediato aminoró la marcha de la investigación.

Di Lello resolvió la salida de Plee [foto, arriba] con un giro llamativo. En el mismo oficio en que le informó al juez federal Ariel Lijo que la Ufilavdin había dado “acabado cumplimiento al pedido de colaboración”, le indicó que dispuso “solicitar nuevamente la colaboración de la Unidad de Información Financiera”.

El cambio de un equipo de investigadores por otro resulta notable porque, al contrario de lo que sostuvo Di Lello, la Ufilavdin aún debía completar dos misiones. La primera era ahondar en la comisión de $ 7,6 millones que el gobierno de Formosa le pagó a Vandenbroele por su supuesta colaboración en el canje de la deuda que la provincia negoció con el entonces ministro de Economía Boudou. 

¿Su segunda misión? Determinar el origen de los fondos con los que el ex banquero acusado de lavado, Raúl Juan Pedro Moneta canceló las deudas de The Old Fund y terminó como financista de la captación de Ciccone.

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UIF - el expediente Schoklender

La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el entonces apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, registró múltiples pasos llamativos, incluida una inusual escala por el despacho del presidente de la unidad, José Sbattella [foto, abajo], según surge de la hoja de ruta de ese legajo dentro del organismo que obtuvo LA NACION, que consultó con seis fuentes al tanto de los procedimientos de la unidad.

Cada uno de los movimientos del expediente 547/10 que se abrió dentro de la UIF muestra, además, una notable correlación con hechos públicos, acaso al punto de forzar esos movimientos dentro del organismo.

Sbattella se quedó con el expediente –algo inusual, según todos los analistas consultados–, durante 48 días. Hasta que el 30 de mayo lo remitió otra vez a la Secretaría General Ejecutiva. Con una curiosidad: volvió con 447 fojas en vez de 458 fojas. Algo quedó en el camino. Por eso volvió a Presidencia, que otra vez lo remitió a la Secretaría, pero esa vez sí con 458 fojas, aunque no surje de la hoja de ruta si eran las mismas 11 fojas faltantes.

Y en un solo día, el 31 de mayo, el expediente pasó por Presidencia, la Secretaría, la Dirección de Análisis, su par de Asuntos Jurídicos, la de Análisis otra vez, la de Jurídicos una vez más y la Secretaría General, que al día siguiente lo remitió a Tribunales.

pd: el texto completo publicado en LA NACIÓN, acá.

La UIF - como Pancho Lamolina

La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó por la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que evidenció graves problemas de aplicación, según reportes internos donde se alertaron sobre sus riesgos y dificultades.

La falta de análisis de casi el 65% de los reportes que la Unidad de Información Financiera (UIF) acumuló durante ocho años de labor, y que confirmaron tres fuentes al tanto de la operatoria dentro del organismo, contrasta con el énfasis que le dio su presidente, José Sbattella, a las investigaciones contra “enemigos” del Gobierno. Entre otros, el Grupo Clarín, el líder de la CGT disidente, Hugo Moyano, y Sergio Schoklender, desde que se distanció de la Casa Rosada y de la titular de Madres,  Hebe de Bonafini.

La desatención de esos 7400 reportes responde a los problemas verificados en el sistema, conocida en la jerga como “matriz de riesgo”. Se activó a mediados del año pasado, tras un largo proceso de desarrollo que paralizó a un amplio sector de la UIF durante seis meses.

La primera falencia de la “matriz” fue que cuando al fin se implementó, no incluyó los ROS que hasta entonces llegaban impresos en papel y se procesaban con el sistema anterior, el “SAIR”, según dejó asentado por escrito la entonces directora de Análisis de la UIF, Ana Helbardt.

pd1: el resto de la nota publicada hoy por LA NACIÓN, acá.

pd2: a esta altura, la UIF se parece a Francisco "Pancho" Lamolina, aquel árbitro de cuando era pibe que salvo patadas voladoras que provocaran fracturas expuestas no te ponía tarjeta amarilla; salvo, claro, que te metieras con él...

(Al menos) 7 ROS para un escándalo

Alejandro Vandenbroele y Máximo Lanusse compartían una cuenta corriente en el Santander Río. Y juntos cosecharon un reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado de activos que el banco envió a principios de este año a la Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José Sbattella.

Ese ROS, sin embargo, no fue el único que protagonizó Vandenbroele o algunos de los otros personajes del “caso Ciccone”. La unidad antilavado cosechó al menos 7 alertas emitidos por alarmas locales e, incluso, desde el exterior.

Junto a The Old Fund acumuló otros dos reportes, y desde Madrid también llegó un informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la unidad antilavado española, tal como LA NACION reveló el 22 de abril último.

Investigado por la Justicia como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Vandenbroele avanzó a su vez sobre la ex Ciccone junto con José María Núñez Carmona, el íntimo amigo y socio del ex ministro de Economía, según indicaron múltiples fuentes durante los últimos meses a LA NACION. Y Núñez Carmona también cosechó un par de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

"No somos lavadores", dice... el jefe antilavado

Horas después de que LA NACION reveló ayer el desplazamiento de expertos antilavado de la Unidad de Información Financiera (UIF) y su reemplazo con militantes, parientes y amigos, el titular del organismo, José Sbattella, admitió que contrató a varios familiares, pero defendió su “capacidad técnica y profesional para el cargo”.

Sbattella reconoció incluso que tanto él como sus principales colaboradores cuentan con una dilatada experiencia en combatir la evasión tributaria, pero que no lo son en el flagelo que debe prevenir y combatir el organismo. “No somos especialistas en temas de lavado”, confesó.

Peor aún, y sin que mediara una pregunta, el jefe de la unidad antilavado sorprendió a los periodistas con una aclaración inesperada. “Bueno, en el tema de lavado, no somos lavadores de dinero”, precisó, lo que generó una irónica respuesta de la entrevistadora. “¡Gracias a Dios no son lavadores de dinero, si no estaríamos en serios problemas!”.

Y fue aún más lejos. Porque Sbattella aportó otra definición inesperada. “Este sistema nos ha permitido salir de la lista de persecución o de sanción que teníamos por no estar en el estándar internacional”, remarcó. Y confirmó así que la Argentina había ingresado a la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), situación que había negado desde que LA NACION lo reveló en junio de 2011, lo que también provocó entonces una furibunda negativa por televisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llegó a sostener días días, el 5 de julio, que no existía tal lista.

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UIF - poco antilavado, mucho acomodo

De a uno o de a dos por vez, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a los técnicos especializados en investigaciones antilavado. Sólo queda un puñado testimonial. Y al resto lo reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna, según los testimonios de cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido, documentos públicos y privados, y un relevamiento del Boletín Oficial.

La politización de la UIF, que se agudizó desde el arribo de Sbattella, en marzo de 2010, incluyó casos singulares, como el nombramiento de un militante al que debieron pedirle la renuncia tras aparecer por televisión en los disturbios causados por los barrabravas de River cuando el club quedó a un paso de descender, en junio de 2011. Sin embargo, lo reincorporaron cuando se diluyó el riesgo de un escándalo público.

"Hay una dinámica permanente de politizar el discurso, las acciones y al personal de la UIF", lamentó una de las fuentes que aceptó dialogar bajo estricta reserva de su nombre durante los últimos tres meses. ¿El motivo? Luego de que este diario reveló el 20 de agosto la protección brindada al vicepresidente Amado Boudou y al empresario patagónico Lázaro Báez, entre otros, Sbattella y sus colaboradores amenazaron: "Por cada nueva nota [que se publique] echaremos a dos empleados".

Sin embargo, mientras por un lado se discrimina a parte del personal técnico por razones políticas, por el otro se designan nuevos empleados también por razones políticas o de parentesco con el propio Sbattella y sus principales colaboradores.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Aquella cuenta, aquella cueva

El eje coyuntural, por el que arranca la nota de hoy, es el siguiente: “La unidad antilavado local (UIF) pidió a la Justicia que la acepte como querellante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se instruye contra el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán, señalado a su vez por las autoridades uruguayas como el supuesto protagonista de un intento de soborno en la licitación del dragado del canal Martín García”.

Sin embargo, en un plano más “egoísta”, lo interesante para mí de la movida de la UIF consistió en que también alcanzó a otros dos funcionarios. Y uno de ellos es el jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez

Aquella cueva del BNP Paribas, sobre la avenida Alem, frente a Puerto Madero.

Allá por octubre de 2010, revelé que Vázquez –uno de los funcionarios más poderosos dentro de la AFIP– había acumulado casi medio millón de dólares junto a su hermana en dos cuentas bancarias secretas en el Caribe y en Europa, a través de la misma “cueva” del BNP Paribas con la que operó García Moritán.

Lo que siguió fue singular. Porque mientras que Vázquez retuvo (y aún retiene) su cargo de jefe de la Regional Sur Metropolitana, yo terminé con una denuncia penal en mi contra (la primera y única que he afrontado) por presunto violación de secreto.

Ahora, casi dos años después, el saldo (también provisorio) es que la causa en la que figuré se archivó sin que siquiera fuera imputado. Y el juez federal a cargo de la investigación, Sergio Torres, determinó según informó la UIF “que ninguna de las dos cuentas fueron indicadas en las declaraciones juradas de los Vázquez”.

pd: el texto publicado hoy en LA NACIÓN, acá; el comunicado de la UIF, acá; y la investigación de octubre de 2010, acá.