Cien días después de la intervención de la ex Ciccone Calcográfica ,
el misterio continúa. Se ignora aún quiénes son sus verdaderos dueños, no se
sabe cuánto le costará al Estado quedarse con la imprenta, la ruta de los $ 50
millones que se utilizó para financiar la desembarco de Alejandro Vandenbroele
todavía muestra zonas negras y el juicio de expropiación aún no se inició.
Aquella “intervención transitoria” por 60 días se dispuso,
sin embargo, sin que mediara una orden judicial previa. Se ordenó a través del
decreto 1338/2012, que firmó la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, pero en el que no se mencionó quiénes
son los dueños de la empresa, ni explicitó los motivos para ordenar el avance
oficial.
Para el Gobierno es innecesario resolver ese acertijo.
“Nosotros no tenemos que avanzar sobre los dueños de Ciccone. Como máximo,
cuando se tome una decisión administrativa se le notificará a quien figura en
los papeles como representante legal de la compañía, como se hace con cualquier
otra empresa”, argumentó una alta fuente oficial ante LA NACION.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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