El tiempo todo lo acomoda. Al menos, en el “caso Ciccone”.
Dos funcionarios sospechados de haber actuado a favor del presunto testaferro
del vicepresidente Amado Boudou fueron premiados con nuevos cargos y sueldos
más altos, mientras que un tercero, que había objetado su intervención como
ministro de Economía a favor de la imprenta, debió presentar su renuncia, según
surge de documentos públicos y fuentes
oficiales.
El beneficiario más reciente es Rafael Resnick Brenner [foto], que
como jefe del gabinete de asesores del titular de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, resultó decisivo para que el
organismo le concediera los planes excepcionales de pago a la "nueva"
Ciccone. Cuando estalló el escándalo, su jefe lo desplazó y bajó su perfil,
pero lo mantuvo dentro de la AFIP con salario, coche y chofer incluidos. Y
ahora que pareció menguar el escándalo, lo reactivó y colocó al frente de la delegación
regional en Salta, con un sueldo neto que puede ascender a los $ 75.000 por
mes.
El primer beneficiario se registró meses antes. Es Marcelo
Mamberti, quien lideró la Inspección General de Justicia (IGJ) cuando ocurrió
el extravío o robo en ese organismo de tres legajos vinculados al "caso
Ciccone". Cuando debió renunciar a la IGJ, el propio Boudou lo designó
como asesor en el Senado, en la categoría más alta posible, según consta en la
copia del nombramiento.
El funcionario despedido, en tanto, es el ahora ex director
general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo
Capdevila, quien alertó por escrito a su superior, Boudou, que no podía ni
debía opinar sobre el pedido de moratoria presentado por la "nueva"
Ciccone porque carecía de facultades para intervenir y porque la información
recopilada por la AFIP en el expediente administrativo era, cuanto menos,
incompleta. Aún así, Boudou firmó una nota favorable.
pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.
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