La
presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso una serie de medidas que
le permitirá al Gobierno evitar que la Justicia ordene la quiebra de la ex
Ciccone Calcográfica, intervenida desde agosto pasado. Pero a un costo elevado. Para empezar, porque habilitó a la empresa a dejar de cumplir con sus obligaciones impositivas, previsionales y
aduaneras.
Los problemas financieros y económicos de la empresa ya habían llevado a la Justicia a convocar a una audiencia para el martes
próximo entre el interventor, el ministro de Economía, Hernán
Lorenzino, y el síndico del concurso, Martín Stolkiner, como paso previo a
evaluar su quiebra, riesgo que ahora se disiparía.
La
Presidenta también autorizó a compensar el costo de expropiar a la ex Ciccone –rebautizada
como Compañía de Valores Sudamericana– con las deudas tributarias y previsionales
que la imprenta arrastraba desde hace años con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
De
este modo, la expropiación de la empresa le costará al Estado al menos $ 240
millones que la AFIP dejará de percibir en impuestos, intereses, multas,
honorarios y cargas sociales impagos, a pesar de los planes
excepcionales de pago que gestionó y obtuvo el entonces presidente de la
imprenta, Alejandro Vandenbroele, investigado por la Justicia como presunto
testaferro del vicepresidente Amado Boudou.
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